Víctor Alejandro Vázquez Váldez

Expediente 31/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
31/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
24/02/2017

Partes del expediente

  • Víctor Alejandro Vázquez Váldez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra del proveído de treinta de enero de dos mil diecisiete (fojas 53 a 56), que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; sin que las partes hayan hecho valer medio de impugnación alguno; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 86 y demás relativos de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el referido proveído, para todos los efectos legales. Por otro lado, toda vez que de la segunda certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción II del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción una vez trascurrido cinco años, por haberse sobreseído fuera de audiencia el amparo.

  2. Principal

    (CITATORIO Y AVISO) Toda vez que la parte tercero interesada y quejosa y no acudieron a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio dejado a la parte quejosa el dos del mes y año en curso recibido en su domicilio, y el aviso fijado a la tercero interesada en esa misma fecha; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el acuerdo de treinta de enero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual remite copia certificada de la resolución de término constitucional de veintiséis de enero del presente año, en la que se dictó auto de formal prisión contra el aquí quejoso ********************. Documental que se admite y desahoga por su propia y especial naturaleza y, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atento a lo previsto en el diverso precepto legal 2°, se les otorga el valor probatorio correspondiente. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese orden de ideas, tal y como consta del contenido del oficio y anexo de cuenta, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, toda vez que dentro de la causa penal ********************, el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, determinó lo siguiente: "R E S U E L V E PRIMERO.- Siendo las CATORCE HORAS CON TREINTA MINUTOS, del día de la fecha del encabezado, se decreta AUTO DE FORMAL PRISIÓN en contra ********************, como probable responsable del delito de DAÑOS en su modalidad de Culposos, ilícito previsto en el artículo 161 con relación a los artículos 14 Párrafo Tercero, 16 Fracción I y Sancionado con Pena Privativa de Libertad por el numeral 54, todos del Código Penal Vigente en el Estado, cometido en agravio del ciudadano MARIO ALBERTO CASTRO SAMBRANO, cometido en lugar, tiempo y circunstancias especificadas en esta resolución y por el cual se le seguirá este proceso.". Ahora, conviene precisar que el acto reclamado por la parte quejosa lo hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalada como responsable ordenadora reclamo: La ilegal orden de aprehensión girada en contra del suscrito. De las autoridades señaladas como responsables ejecutoras reclamo: La ejecución y/o cumplimiento de la ilegal orden de aprehensión girada en contra del suscrito." Establecido lo anterior, cabe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentando por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." En el presente asunto, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con la de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, las que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Los preceptos transcritos prevén el sobreseimiento del juicio de amparo cuando sobrevenga alguna de las causales de improcedencia, entre otras, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo. Al respecto, el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, al rendir su informe justificado reconoció la existencia de la orden de aprehensión reclamada (foja 17), ya que manifestó que la misma fue dictada en la causa penal ******************** de su índice. De ese modo, se acredita la existencia de la orden de aprehensión reclamada en esta vía. Empero, del oficio y anexo de cuenta, como ha quedado establecido, se advierte que el Juez Penal responsable, en los autos de la causa penal ********************, en la que giró la orden de aprehensión reclamada, emitió una resolución en la que dictó auto de formal prisión en contra del aquí quejoso ********************. Por lo anterior, es que se actualiza la citada causal de improcedencia porque válidamente se puede establecer que el juicio de amparo deviene improcedente cuando durante la tramitación del mismo promovido en contra de una orden de aprehensión, se dé un cambio de situación jurídica que imposibilita el estudio de la misma, pues las violaciones que contra ella pudieran alegarse, quedaron consumadas irreparablemente con el dictado del auto de formal prision. En efecto, cuando la causal de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Lo anterior tiene sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En ese contexto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que alude la fracción XVII del artículo 61 de la ley de la materia, por virtud de un cambio de situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 95/2007, que sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 50, tomo XXVI, agosto de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos.". La determinación que antecede se hace extensiva a las autoridades ejecutoras, toda vez que no se les reclaman actos por vicios propios, sino en vía de consecuencia de la orden de aprehensión reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro 232437, de la Séptima Época, que se localiza en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, Página: 134, Materia Común, que dice: "SOBRESEIMIENTO, RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE POR LOS ACTOS DE LAS EJECUTORAS SI NO SE COMBATEN ESTOS POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de los de las autoridades que tienen el carácter de ejecutoras, ya que no se puede examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propio.". Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las diez horas con treinta minutos del diez de febrero de dos mil diecisiete. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual informa que el aquí quejoso *** se presentó voluntariamente ante dicha autoridad el día veinte del mes y año que transcurren, a efecto de rendir su declaración preparatoria, dentro de la causa penal *** y, con motivo de ello, se canceló la orden de aprehensión librada en su contra; asimismo, para acreditar lo anterior allega copia certificada de las constancias relativas; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ante esas circunstancias, toda vez que el término constitucional fenecerá el día veintiséis de enero de dos mil diecisiete, requiérase al Juez responsable para que, en su momento, remita a este órgano de control constitucional, el resultado de la resolución de término constitucional del aquí quejoso, tal como lo impone el numeral 64 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, mediante el cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad oficiante, la documental consistente en: ***. Misma que se desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla al celebrarse la audiencia constitucional. Por otra parte, de las constancias que remite la autoridad responsable se advierte que a ***, le reviste el carácter de tercero interesado en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, de quien se advierte su domicilio de la constancia que remitió la autoridad responsable (foja 40 tomo de pruebas I). En consecuencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 115, primer párrafo, en relación al 116, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo, túrnense los autos a cualquiera de los actuarios adscritos a este Órgano Jurisdiccional, a fin de que al que le corresponda, emplace a juicio al tercero interesado en este juicio de amparo, esto es, a ***, en el domicilio que obra en la causa penal de origen (foja 40 tomo de pruebas I); a quien deberá hacerle de su conocimiento el contenido del presente proveído, corriéndole traslado con copia simple del mismo, de la demanda de amparo y auto de radicación; asimismo, que se han señalado las diez horas con treinta minutos del diez de febrero de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional, también, deberá hacerle saber el derecho que tiene para comparecer al presente juicio y señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, en el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal se le realizaran en el domicilio donde se le emplace por ser el único que obre en autos y encontrarse en la demarcación territorial en la que este juzgado federal ejerce su jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, del ordenamiento legal en cita. Finalmente, en atención a que la autoridad responsable aceptó que en la causa penal *** de su índice, se dictó la orden de aprehensión contra el aquí quejoso, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5, fracción, III, inciso e), de la Ley de Amparo, asiste el carácter de tercero interesado en este asunto al ***; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la ley de la materia, se ordena su emplazamiento a través de oficio, al cual deberá anexarse copia de la demanda de amparo y transcripción autorizada del auto de radicación.

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