Víctor Alejandro Neri Guerrero y Otros.

Expediente 821/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
821/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
26/10/2020

Partes del expediente

  • Víctor Alejandro Neri Guerrero y Otros.
  • Víctor Alejandro Neri Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    De la cuenta secretarial y del estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días concedido a las partes en acuerdo de siete de octubre del año en curso, para realizar manifestaciones respecto al cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en este asunto, sin que lo hayan hecho. Por tanto, se procede a determinar, si conforme a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido, en términos del artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo... Por sentencia dictada el catorce de febrero de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional determinó conceder el amparo y protección constitucional a la parte quejosa, en los siguientes términos: ".En consecuencia, dadas las irregularidades especificadas en el emplazamiento practicado a la parte demandada -aquí quejosa- en el juicio de origen, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente todo lo actuado a partir del emplazamiento, de cinco de septiembre de dos mil trece, en el juicio ejecutivo mercantil identificado con el número ****, por lo que hace a la demandada ****, y ordene se lleve a cabo su llamado a juicio, cumpliendo con las formalidades de ley. En el entendido de que el juez responsable, debe dejar sin efectos todos los actos procesales realizados posteriormente durante el procedimiento, incluida la sentencia definitiva y la etapa de ejecución, en lo que respecta a la indicada demandada, pues esta determinación obedece a las consecuencias lógico-jurídicas del presente fallo de amparo, siendo innecesario que en ésta se mencionen específicamente los actos que deben quedar insubsistentes, ya que la expresión "todo lo actuado" abarca cualquier diligencia o actuación llevada a cabo en el procedimiento." Dicha sentencia fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por lo que en acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se ordenó requerir su cumplimiento a la autoridad responsable. Mediante oficios y anexos recibidos el seis de octubre de dos mil veinte, la autoridad responsable Juez Municipal Civil y Penal de ****, ****, informó que en acuerdo de treinta de septiembre del año en curso, dejó insubsistente el emplazamiento realizado a **** el cinco de septiembre de dos mil trece, así como todas sus consecuencias legales y ordenó el emplazamiento de la aquí quejosa; de igual forma, dado que la concesión del amparo se hizo extensiva a todas las actuaciones posteriores, ordenó girar oficio al Notario Público Número **** de la ciudad de ****, ****, para que cancelara el instrumento notarial ****, volumen ****, de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, que contiene la escritura pública de adjudicación de bienes en ejecución de sentencia judicial otorgada a favor de ****, respecto del inmueble ubicado en el ****, **** de la calle **** de la Unidad Habitacional **** en ****, ****, derivada del juicio ejecutivo mercantil ****, del índice del citado órgano jurisdiccional; y a la Registradora Pública del mismo distrito judicial, en tanto que a la segunda de las nombradas cancelara la partida jurídica ****, a fojas ciento veintiocho, tomo ****, del libro **** de veinte de junio de dos mil dieciocho. En torno a esto último, el notario en comento remitió al juez copias certificadas mediante las cuales el Notario Público Número **** del Distrito Judicial de ****, ****, canceló la escritura correspondiente a la adjudicación de bienes en ejecución de sentencia Judicial, y el la Registradora mencionada, informó haber realizado la cancelación el de octubre actual. Así en proveído de siete de octubre actual, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada con todas y cada una de las constancias remitidas por las responsables para que se impusieran de su contenido y en su caso manifestaran lo que a su interés conviniera, sin que manifestaran inconformidad alguna. En ese sentido, analizadas que fueron las constancias antes relatadas, se estima que se ha logrado el cumplimiento a la sentencia protectora, en razón de que el juez responsable, el treinta de septiembre actual, dejó insubsistente el emplazamiento realizado a **** el cinco de septiembre de dos mil trece y ordenó se realizara éste con las formalidades de ley; también dejó insubsistentes todas sus consecuencias pues ordenó al Notario Público Número **** de la ciudad de ****, **** y a la Registradora Pública del mismo distrito judicial, para que se cancelara el instrumento notarial que contenía la escritura pública de adjudicación de bienes en ejecución de sentencia judicial, así como la inscripción correspondiente de dicha adjudicación de bienes, lo que así hicieron dichas autoridades Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida en su totalidad la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, sin excesos ni defectos; por lo que se ordena el archivo del expediente, una vez que adquiera firmeza el presente proveído. Por otra parte, se precisa que la fecha del cumplimiento por parte de la autoridad responsable es el dos de octubre de dos mil veinte; lo que se hizo del conocimiento de esta autoridad de amparo el seis de octubre del año en curso, fecha en que se recibieron los oficios informando lo conducente; lo anterior, con el objeto de registrar dicha información en los libros de gobierno y SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes).

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ****, por propio derecho, contra actos a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Puebla, por considerarlos violatorios de los derechos reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente y regístrese bajo el número ****/2020-III. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Así, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable lo siguiente: "La omisión de calificar las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral ****/2019, del índice de la Junta Especial Núm.33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en la Ciudad de Puebla, Puebla." Sin embargo, en el caso se actualiza de manera indudable y notoria la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5 y 6º, párrafo primero, de la misma ley, y el diverso artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, el primero de los numerales en cita, establece que el juicio biinstancial es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la ley de la materia, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por su parte, el mencionado artículo 107 Constitucional, fracción I, dispone que las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, y que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En tanto que, el artículo 6° de la Ley de Amparo, en su párrafo primero, indica que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5° de esa Ley; que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. En el caso, de la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que carece de la firma del promovente; de ahí que resulte improcedente el juicio de amparo que intenta, dado que éste se rige por principios fundamentales entre los que destaca el consagrado en el artículo 107 constitucional y que recogen los diversos numerales 5° y 6° de la Ley de Amparo; mismos que se hacen consistir en la iniciativa o instancia de parte agraviada, esto es, que la vía constitucional de amparo debe promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame. Así, para que la parte agraviada exteriorice su voluntad, debe estampar su firma en la demanda por sí o mediante representante legal, siendo ésta una formalidad indispensable para accionar al órgano jurisdiccional, así como para determinar la autenticidad de la propia demanda. En esa tesitura, si la demanda de amparo no está suscrita por quien aparece como promovente en su texto, se llega a la conclusión de que no existe parte agraviada y que la demanda resulta improcedente, al actualizarse la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos preceptos legales 5° y 6°, todos de la Ley de Amparo... De ahí que no se cumplió con el requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente como la autenticidad del documento y en consecuencia lograr la eficacia prevista en el artículo 6° de la Ley de Amparo, entonces debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada respecto a éste, dado que no se encuentra exteriorizada su voluntad en la promoción del juicio de garantías en estudio y se estima que la misma es un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza... Máxime que -de acuerdo con la certificación secretarial- tanto en la boleta de turno de demanda realizada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla como en el sello de recibo de oficialía de este juzgado, se advierte que al momento de su presentación no contaba con firma autógrafa, de modo que no se puede presumir que se recibió con firma original del promovente. Por lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia del tenor siguiente: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." En tales condiciones, al inexistir parte agraviada a quien le perjudique el acto reclamado, con fundamento en los artículos 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos 5° y 6°, párrafo primero, de la misma ley, así como el numeral 107, fracción I, de la Carta Magna, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo por su notoria e indudable improcedencia. Notifíquese de manera personal por única ocasión al quejoso en el domicilio que precisó en su escrito de demanda, sin que haya lugar a tener por autorizado a la persona que se indica en el capítulo correspondiente, debido a las consideraciones establecidas anteriormente, al no existir manifestación expresa de la voluntad de quien intenta promover el juicio de amparo. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los Actuarios Judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como 3 fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se comisiona al secretario que integre la presente en el expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 2, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordena al Secretario, a los Oficiales Administrativos correspondientes de mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a su debida integración del expediente impreso a más tardar el quince de octubre de dos mil veinte. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuáles son: Copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan; copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas, así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una debida integración del expediente electrónico. Por último, en atención a lo dispuesto en los artículos 9°, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; hágase saber a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad.

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