Víctor Alberto Rodríguez de la Torre

Expediente 1938/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1938/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
09/01/2018

Partes del expediente

  • Víctor Alberto Rodríguez de la Torre

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, nueve de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete (foja 178), se ordenó dar vista a la parte quejosa y a la autoridad tercera interesada con las constancias aportadas por la responsable en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera; dicho acuerdo les fue notificado a la parte quejosa el siete de diciembre del año pasado (folio 180), y a la autoridad tercera interesada el tres de enero del presente año (folio 183), sin que hubieran realizado manifestación alguna. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la ley de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Al respecto, debe decirse lo siguiente: El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete (fojas 79 a 88), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto siguiente: "el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, deberá: En continuidad al procedimiento de ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 481/2010-E1, de su índice, deberá acreditar su prosecución procesal, después de la resolución interlocutoria de planilla de liquidación de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, así como del proveído de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, de lo cual se advierta que continuó con la ejecución, condenado a la demandada Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara a pagar al actor, la cantidad de $821,278.45 (ochocientos veintiún mil doscientos setenta y ocho pesos 00/45 moneda nacional), por concepto de las prestaciones demandadas. " El veinte de septiembre del año pasado (fojas 92 y 93), causó ejecutoria la sentencia y se requirió al tribunal responsable por el cumplimiento del fallo. Así, el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete (foja 178), el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Gobierno del Estado de Jalisco, anexó copia certificada de diversas actuaciones correspondientes, al juicio laboral 481/2010-E1 de su índice, posteriores al veintiséis de septiembre del año pasado de las que se desprenden las gestiones realizadas por la responsable para dar continuidad a la ejecución del laudo, por lo que se ordenó dar vista a la parte quejosa y a la autoridad tercera interesada para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera. Constancia, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documento público, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Por lo tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que la responsable en el presente sumario constitucional, acató el fallo protector, lo que se demuestra con la documental señalada con anterioridad, cumpliéndose así con los deberes exigidos en la sentencia dictada en el presente sumario. En consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. En virtud de que el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis de destrucción previstas en alguno de los supuestos del Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente; este órgano jurisdiccional considera, que el presente juicio de garantías es susceptible de depuración, en virtud de que en él, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; asimismo, es preciso señalar que el presente asunto no es de relevancia documental. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y a la autoridad tercera ineteresada. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta. Doy fe. LAPT/DANH/jacobo

  2. Principal

    CITATORIO PRINCIPAL.- EN TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL QUEJOSO: VICTOR ALBERTO RODRIGUEZ DE LA TORRE EL ACUERDO DE NUEVE DE ENERO DOS MIL DIECIOCHO MISMO QUE DICE: Visto el estado de autos, se advierte que el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete (foja 178), se ordenó dar vista a la parte quejosa y a la autoridad tercera interesada con las constancias aportadas por la responsable en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera; dicho acuerdo les fue notificado a la parte quejosa el siete de diciembre del año pasado (folio 180), y a la autoridad tercera interesada el tres de enero del presente año (folio 183), sin que hubieran realizado manifestación alguna. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la ley de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Al respecto, debe decirse lo siguiente: El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete (fojas 79 a 88), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto siguiente: "el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, deberá: En continuidad al procedimiento de ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 481/2010-E1, de su índice, deberá acreditar su prosecución procesal, después de la resolución interlocutoria de planilla de liquidación de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, así como del proveído de diecinueve de julio de dos mil diecisiete, de lo cual se advierta que continuó con la ejecución, condenado a la demandada Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara a pagar al actor, la cantidad de $821,278.45 (ochocientos veintiún mil doscientos setenta y ocho pesos 00/45 moneda nacional), por concepto de las prestaciones demandadas. " El veinte de septiembre del año pasado (fojas 92 y 93), causó ejecutoria la sentencia y se requirió al tribunal responsable por el cumplimiento del fallo. Así, el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete (foja 178), el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Gobierno del Estado de Jalisco, anexó copia certificada de diversas actuaciones correspondientes, al juicio laboral 481/2010-E1 de su índice, posteriores al veintiséis de septiembre del año pasado de las que se desprenden las gestiones realizadas por la responsable para dar continuidad a la ejecución del laudo, por lo que se ordenó dar vista a la parte quejosa y a la autoridad tercera interesada para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera. Constancia, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documento público, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Por lo tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que la responsable en el presente sumario constitucional, acató el fallo protector, lo que se demuestra con la documental señalada con anterioridad, cumpliéndose así con los deberes exigidos en la sentencia dictada en el presente sumario. En consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. En virtud de que el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis de destrucción previstas en alguno de los supuestos del Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente; este órgano jurisdiccional considera, que el presente juicio de garantías es susceptible de depuración, en virtud de que en él, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; asimismo, es preciso señalar que el presente asunto no es de relevancia documental

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