Víctor Alberto Ortiz Pérez
Expediente 757/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 18 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 757/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 12/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Víctor Alberto Ortiz Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Sobreseimiento fuera de audiencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "JUICIO DE AMPARO 757/2019/V-A SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA En mérito de lo anterior, opera el sobreseimiento en el presente juicio, en razón de lo establecido en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo y 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Cierto, el artículo 26, fracción I, inciso c, de la Ley de Amparo, que disciplina los supuestos en que debe ordenarse la notificación personal, entre otros, el del tercero perjudicado; empero, cuando no conste en autos domicilio del tercero perjudicado, ni designación de casa o despacho para oír notificaciones previa razón en autos del diligenciante se dará cuenta al Juzgador a fin de que se dicten las medidas necesarias con el propósito de investigar el domicilio de la parte tercera interesada en este caso de ********; si a pesar de esa investigación no se llega a conocer su paradero, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso. De lo que se sigue que si una vez agotada la investigación de mérito y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero interesado por medio de edictos a costa del quejoso y éste no acude a recibirlos ni paga su publicación ni exhibe ésta, ello implica que la litis constitucional no llega a integrarse, ante la renuencia del quejoso. Así es, el emplazamiento de la aludida tercera interesada permite tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal y así éste se condiciona a que el quejoso realice el pago de los edictos respectivos, por lo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en sus derechos sustantivos, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional, por falta de integración. Bajo estas premisas y analizadas las constancias del juicio de amparo en que se actúa, se advierte lo siguiente: 1. Mediante proveído de once de septiembre de dos mil diecinueve, le fue reconocido el carácter de tercera interesada a *****; y debido a que no se advirtió ningún domicilio de la referida tercera interesada, se requirió al quejoso para que en el término de tres días, proporcionara el domicilio actual y correcto de la misma (foja 68 vuelta). 2. Así, dado que la parte quejosa no proporcionó el domicilio donde pudiera llevarse a cabo la diligencia de emplazamiento de trato, por auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, se ordenó la investigación de domicilio respectiva, girando los oficios a las autoridades auxiliares correspondientes, a fin de que informaran lo conducente en relación a lo solicitado (foja 74). 3. En razón de que diversas autoridades señalaron domicilios, se comisionó a los actuarios de la adscripción a fin de que se constituyeran en los mismos, sin que pudieran llevar a cabo dicho emplazamiento, por lo que en auto de siete de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 113 y 114), se procedió a ordenar el emplazamiento de ****, por medio de edictos, requiriendo a la parte quejosa para que en el término de tres días legalmente computado, compareciera ante este juzgado federal a recibir y acreditar la publicación de los mismos, sin que así lo hiciera, no obstante de encontrarse debidamente notificado de dicho proveído de manera personal (foja 116). Ahora bien, de lo anterior se advierte que no fue posible el llamamiento a juicio de la tercera interesada *****, no obstante de las medidas adoptadas a fin de investigar el domicilio de la parte nombrada, motivo por el cual, se ordenó que dicho emplazamiento se efectuara por medio de edictos a costa de la parte quejosa. En este contexto, una vez agotadas las medidas empleadas por este órgano, a fin de lograr el emplazamiento de la tercera interesada, este juzgado por acuerdo de siete de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 113 y 114) ordenó el emplazamiento de la citada tercera por medio de edictos, por lo que a partir de la fecha en que se encontrara notificada de dicho acuerdo, contaba con el plazo de veinte días hábiles, con el objeto de que le fuera entregados los edictos y oficios correspondientes para su oportuna publicación, apercibiéndolo que de no cumplir con lo requerido en el plazo indicado, podría conducir al sobreseimiento del presente juicio. En esta tesitura, debe decirse que el quejoso ha puesto de manifiesto su desinterés en la prosecución del presente juicio de amparo, pues ha transcurrido el plazo concedido a la misma, sin que hubiera comparecido para que le fueran entregados los edictos ordenados, no obstante de estar legalmente notificado de ello, provocando con su silencio que se paralice a su voluntad el juicio de amparo en que se actúa, además de que también provoca que se retarde la pronta y expedita administración de justicia. De modo que, se actualiza de forma notoria y manifiesta la causa de sobreseimiento prevista en los artículos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, en relación con el diverso 63, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, pues al comparecer por los edictos y mucho menos su publicación, queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la quejosa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, ya que se entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, lo que no resulta atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Asimismo, es necesario precisar que en el presente juicio de amparo, tampoco quedó acreditado que el quejoso sea una persona de escasos recursos económicos como lo refiere el artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo; por tanto, no es procedente establecer que no cuenta con la capacidad suficiente para sufragar el pago de la publicación de los edictos con efectos de emplazamiento al tercero interesado, como enseguida se expone. Así, de la reproducción previa se pueden apreciar dos elementos básicos para que el juzgador pueda, en determinado momento, estimar que el quejoso no puede solventar el gasto para publicar los edictos y emplazar a la tercero interesada, de tal suerte que sea el Consejo de la Judicatura Federal quien se encargue de cubrirlo. Dichos elementos son los siguientes: I. La manifestación del quejoso de estar imposibilitado para correr con un gasto de esa naturaleza, y; II. Que en los autos de juicio existan elementos suficientes que corroboren su dicho, es decir, demuestren que no cuenta con capacidad económica para solventar el consumo. Ello, invariablemente se traduce en que la parte quejosa no tenga posibilidad económica suficiente para hacer frente al gasto de la publicación de los edictos en cuestión, por cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Lo precario de sus ingresos. b) Las particularidades de su condición y capacidad económica, como serían estar desempleado o tener alguna discapacidad que le impida laborar o condicione sus percepciones. c) El grado de extrema pobreza en que se viva. Así, es indispensable que dentro de los autos del juicio se revele en forma contundente la imposibilidad de la promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto; de tal manera que al no haber quedado comprobado que el quejoso carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que en el presente caso, no existe obligación de realizar los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En las relatadas condiciones, como se adelantó, el quejoso no comprobó ante este órgano jurisdiccional carecer de recursos económicos para que se ordenará la publicación de los aludidos edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, al actualizarse de forma notoria y manifiesta los presupuestos previstos en el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. "
- Principal
No ha lugar a celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo.
- Principal
Se ordena emplazar a tercero interesada por medio de edictos; Se requiere a la parte quejosa para que en el término de tres días legalmente computado, comparezca a este juzgado con objeto que le sean entregados los edictos y oficios correspondientes para su publicación.
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