Víctor Alberto Guerrero Acevedo
Expediente 1170/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1170/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Víctor Alberto Guerrero Acevedo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y en específico el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso *******************, hubiese recurrido el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, mediante el cual se ordenó desechar de plano la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el auto de mérito ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se desechó la demanda; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Escrito aclaratorio. Agréguese el escrito de la parte quejosa, a través del cual desahoga la prevención realizada en acuerdo de tres de marzo del año en curso, para lo cual señala que: "A) (.) con fecha 16 de diciembre de 2020, me fue ejecutada una orden de aprehensión emitido por el C. Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de México dentro de la causa penal 151/2015-II, y a partir de esa fecha me encuentro recluido en el Penal Neza Bordo (.), por lo que no me encuentro desempañando las funciones propias de mi cargo, en la Subsede G.A.M. (Gustavo A. Madero), de la Delegación Metropolitana de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, hasta antes de dicha fecha me encontraba adscrito para (sic) en la Subsede G.A.M. (Gustavo A. Madero), de la Delegación Metropolitana de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, desde el día 7 de mayo de 2015. Deseando aclarar que desde mediados del mes de mayo de 2015, fui incapacitado por un padecimiento de trastorno de disco lumbar y otros con radiculopatías, razón por la que no acudía a desempeñar mis funciones por haberme sido concedidas dichas licencias médicas con fecha de vencimiento la última de ellas, el 19 de diciembre de 2020. (.) B) (.) a la fecha me encuentro privado de mi libertad, por lo que no estoy laborando, siendo de mi conocimiento que hasta el día de hoy me encuentro en el (sic) activo en la Fiscalía General de la República. (.) si bien es cierto que me encuentro en el (sic) activo, laboralmente no estaba acudiendo a desempeñar mis funciones, por estar incapacitado (.), y al día de hoy no he sido suspendido de mi trabajo y funciones, ni tampoco ha sido separado o removido de mi cargo de mi cargo de Policía Ministerial, lo cual es posible con motivo del inicio del procedimiento de separación CP/SEP/041/13, incoado en mi contra.". Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo, ya que -como se explicará más adelante- se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Precisión del acto reclamado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez deber atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. A partir de las anteriores ideas y de una interpretación íntegra de la demanda de amparo, se concluye que Víctor Alberto Guerrero Acevedo reclama el acto siguiente: "La emisión y contenido del acuerdo de fecha 13 de noviembre de 2020, dentro del expediente de procedimiento administrativo de separación número CP/SEP/041/13, notificado por lista el día de la fecha de su emisión.". Ahora bien, de la consulta de datos realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, los cuales constituyen un hecho notorio para este juzgado de Distrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que ante este Juzgado de Distrito, se encuentran radicados los juicios de amparo 1007/2013, 1418/2016 y 936/2020, promovidos por la misma parte quejosa, los cuales se encuentran concluidos y archivados. Antecedentes relevantes. 1. Víctor Alberto Guerrero Acevedo manifiesta que se desempeñaba como policía federal ministerial de la Fiscalía General de la Republica, cuando le fue notificado el acuerdo de inicio de procedimiento de separación CP/SEP/041/2013, con motivo de la queja PGR/PFM/OT/0186/2012. 2. Por lo que, promovió el juicio de amparo en contra del inicio de procedimiento de separación, del que tocó conocer a este Juzgado de Distrito, quien lo registro bajo el juicio de amparo 1007/2013, y seguidos los tramites de ley, el doce de noviembre de dos mil catorce emitió la sentencia correspondiente en la que concedió el amparo y protección para el efecto de que: "a) Deje insubsistente el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación número CP/SEP/041/13, dictado el uno de febrero de dos mil trece y todo lo actuado posteriormente. b) Con libertad de jurisdicción resuelva lo que conforme a derecho proceda en relación con la situación jurídica que guarda el impetrante del amparo con la institución. c) Para el caso de que decida emitir un acto similar al impugnado, deberá limitarse a ejercer el cúmulo de sus facultades legales, proveyendo lo que en derecho corresponda, integrando debidamente el expediente y debiendo precisar las razones, motivos y circunstancias objetivas del por qué considera que la evaluación conjunta realizada al quejoso arrojó un resultado de NO APROBADO, a fin de proporcionarle los elementos objetivos para ejercer una buena defensa al mismo; sin incurrir en el vicio de legalidad advertido, con independencia de que para resolver sobre lo pretendido pueda ejercer plenamente su libertad de jurisdicción. Concesión que se hace extensiva respecto de los actos derivados del acuerdo de inicio del procedimiento, a fin de lograr una restitución total de los derechos que indebidamente le fueron afectados al justiciable con la emisión del acuerdo declarado inconstitucional, pues es claro que todas las actuaciones emitidas con posterioridad al acuerdo de inicio del procedimiento, son fruto de un acto viciado." Por auto de veinte de enero de dos mil quince, este Juzgado determino que estaba cumplida la determinación antes precisada sin que hubiera sido recurrida por la parte quejosa. 3. El veinticuatro de marzo de dos mil quince, le fue notificado el oficio STCP/OAI/3756/2014, de dieciséis de diciembre de dos mil catorce, consistente en el nuevo acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de separación dictado en cumplimiento a la sentencia de amparo. Inconforme con la determinación antes precisada el ahora quejoso promovió juicio de amparo del que tuvo conocimiento el Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, registrado bajo el expediente 369/2015, mismo que en sentencia de veinte de mayo de dos mil quince, determinó sobreseer en el juicio. 4. El catorce de abril de dos mil quince, el quejoso compareció al órgano Auxiliar de Instrucción de la Fiscalía General de la República, al procedimiento de separación CP/SEP/041/2013, informando que había promovió un diverso juicio de amparo radicado en el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, bajo el expediente 383/2015, en que se le concedido la suspensión provisional y definitiva para el efecto de que se continuara con la tramitación del procedimiento administrativo de separación sin que se dictara la resolución correspondiente. Y, seguidos los tramites de ley, por auto de veintiséis de mayo de dos mil quince, dicho juzgado se declaró incompetente recayendo en este juzgado de distrito, bajo el expediente 1418/2016, que a su vez, en sentencia de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, se declaró incompetente remitiendo el citado juicio al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México, radicándolo este último bajo el expediente 44/2017-IV, quien sobreseyó y negó el amparo, determinación que fue confirmada mediante resolución de seis de julio de dos mil diecisiete, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito en el amparo en revisión 142/2017. 5. El siete de agosto de dos mil diecisiete, el quejoso promovió el juicio de amparo del que tocó conocer al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, registrado bajo el juicio de amparo 930/2017, en el que señaló como acto destacado: "la omisión por parte del Secretario Instructor del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de profesionalización de la entonces Procuraduría General de la República, para decretar la improcedencia o sobreseimiento en el expediente administrativo no obstante que su facultad sancionadora se ha extinguido o prescrito.". Seguidos los trámites de ley, mediante sentencia de catorce de mayo de dos mil diecinueve se sobreseyó en el juicio, resolución que fue recurrida por el ahora quejoso mediante recurso de revisión del que tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en el Estado de Hidalgo, radicándolo bajo el número R.A. 170/2019. 6. Por escrito de veintiuno de agosto de dos mil veinte, el quejoso solicitó al Secretario Instructor del Órgano Auxiliar de Instrucción de la Fiscalía General de la República, diera por terminado el procedimiento administrativo de separación CP/SEP/041/13. A lo que la autoridad antes señalada, mediante acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veinte, no acordó de conformidad dicha petición. 7. Por lo que, promovió el juicio de amparo en contra de la respuesta dada por el Secretario Instructor del Órgano Auxiliar de Instrucción de la Fiscalía General de la República, del que tocó conocer a este Juzgado de Distrito, quien lo registro bajo el juicio de amparo 936/2020, y seguidos los tramites de ley, el veintitrés de octubre de dos mil veinte fue desechada dicha demanda. 8. Mediante resolución de veinte de octubre de dos mil veinte, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito determinó confirmar la sentencia recurrida y sobreseer el juicio de amparo 930/2017-VI, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo. 9. Por escrito de veintisiete de octubre de dos mil veinte, el quejoso solicitó de nueva cuenta al Secretario Instructor del Órgano Auxiliar de Instrucción de la Fiscalía General de la República, diera por terminado el procedimiento administrativo de separación CP/SEP/041/13. A lo que la autoridad antes señalada, mediante acuerdo de treinta de octubre de dos mil veinte, no acordó de conformidad dicha petición ya que no acompañaba la documental pública que acreditara la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 10. Por escrito de nueve de noviembre de dos mil veinte, con las constancias y pruebas correspondientes, el quejoso solicitó de nueva cuenta al Secretario Instructor, diera por terminado el procedimiento administrativo de separación CP/SEP/041/13. A lo que la autoridad antes señalada, mediante acuerdo de terce del citado mes y año, respondió lo siguiente: "(.) si bien es cierto la vigencia de los resultados de los procesos de evaluación de control confianza y de competencias profesionales es de tres años, también lo es que la vigencia del resultado de no aprobado se contará a partir de la fecha de conclusión del proceso de evaluación, en la que el servidor público causó baja de la institución o en la que se emitió la resolución firme de separación. Lo que quedó de manifiesto en esta última, es decir, de acuerdo al precepto jurídico citado a partir del auto de veinte de octubre de los veinte en que se notificó a las partes la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, emitida en el recurso de revisión 170/2019, se reanuda el procedimiento administrativo que se cita al rubro, quedando sin efectos la suspensión concedida en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 930/2017-VI, para resolver en definitiva el expediente CP/SEP/041/13, en consecuencia no opera la vigencia de las evaluaciones solicitadas por el involucrado, puesto que había impedimento por la autoridad jurisdiccional de resolver el asunto.". Esta determinación constituye el acto reclamado por la parte quejosa. Fundamento de la causa de improcedencia. Respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por tratarse de actos intraprocesales que no son de imposible reparación, en la medida en que no afectan derechos sustantivos del promovente. Con el fin de demostrar la anterior conclusión, es necesario conocer el contenido de dichos artículos, que es el siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en alguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el artículo 107 de la Ley de Amparo se establecen supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, en ellos se especifican diversas hipótesis que de actualizarse, hacen procedente el juicio de amparo. Tomando en consideración lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, es dable concluir que si no se actualiza de manera expresa el supuesto de procedencia, entonces el juicio de amparo resultará improcedente. En efecto, en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo se establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio cuando éstos sean de imposible reparación. En ese precepto se define a los actos de imposible reparación como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. Dicha norma alude a los derechos sustantivos, los cuales se diferencian de los derechos adjetivos o procesales, toda vez que la afectación de estos últimos podría no trascender a la resolución que se dicte en el fondo y, en caso contrario, es necesario que se impugnen junto con dicha resolución, en términos del propio artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Con la Ley de Amparo vigente, la concepción jurídica de los actos dentro de juicio de imposible reparación ha cambiado, pues la afectación en grado predominante o superior ha dejado de ser un criterio que sirva para identificarlos. En la Ley de Amparo abrogada, no se definía a los actos de imposible reparación, razón por la cual fue en la jurisprudencia en donde se definieron; sin embargo, en la Ley de Amparo que rige el procedimiento actual, sí se definen a dichos actos. Así, al hacer lo que antes no había hecho -definir los actos de imposible reparación- el propio legislador excluyó la posibilidad de que se introdujera dentro de dicho concepto a los actos intraprocesales que generan una afectación en grado predominante o superior, es decir, limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados dentro de juicio. Bajo esa tesitura, al haber cambiado sustancialmente el marco normativo sobre los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once y del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, se advertía que: "(.) el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables". Lo anterior, implica que a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, los actos de imposible reparación dentro de juicio que justifican la procedencia del amparo indirecto, son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos, pero no procesales, con independencia del grado de afectación que generen. De modo que resulta válido sostener que las afectaciones procesales en grado predominante o superior han dejado de ser parámetro para identificar los actos de imposible reparación, pues éstos únicamente pueden ser aquellos que afectan, por sí mismos, derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales. Razones de la improcedencia. Como se precisó, el quejoso reclama el acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinte, dictado en el procedimiento administrativo de separación CP/SEP/041/13, por el Secretario Instructor del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización de la Fiscalía General de la República. A través del cual, la autoridad responsable acordó lo siguiente: "(.) si bien es cierto la vigencia de los resultados de los procesos de evaluación de control confianza y de competencias profesionales es de tres años, también lo es que la vigencia del resultado de no aprobado se contará a partir de la fecha de conclusión del proceso de evaluación, en la que el servidor público causó baja de la institución o en la que se emitió la resolución firme de separación. Lo que quedó de manifiesto en esta última, es decir, de acuerdo al precepto jurídico citado a partir del auto de veinte de octubre de los veinte en que se notificó a las partes la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, emitida en el recurso de revisión 170/2019, se reanuda el procedimiento administrativo que se cita al rubro, quedando sin efectos la suspensión concedida en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 930/2017-VI, para resolver en definitiva el expediente CP/SEP/041/13, en consecuencia no opera la vigencia de las evaluaciones solicitadas por el involucrado, puesto que había impedimento por la autoridad jurisdiccional de resolver el asunto.". Es importante señalar que dicho acto debe entenderse como acto intraprocesal, pues es evidente que el acuerdo combatido no puede considerarse como un acto que afecte derechos sustantivos. En otras palabras, a través del acuerdo reclamado, la autoridad responsable no causa afectación a sus derechos sustantivos, puesto que lo que pretende el quejoso es que se dé por terminado el procedimiento de origen, sin embargo, ello no sucederá, ya que en dicho acuerdo la autoridad determinó reanudar y resolver en definitiva el procedimiento administrativo CP/SEP/041/13, motivo por el cual no opera la vigencia de las evaluaciones solicitadas por el quejoso, puesto que la autoridad se encontraba impedida para resolver en definitiva. De ahí que, puede estimarse para efectos de la procedencia del juicio de amparo, que el acuerdo reclamado es de carácter intraprocesal, puesto que no es definitivo, pues no pone fin a la instancia administrativa, ni tampoco es de imposible reparación, por los motivos que ya se expusieron. De esta manera, dicho acto en sí no impide el ejercicio de algún derecho sustantivo en forma presente, y en todo caso, las afectaciones que pudiera generar son de carácter adjetivo y procesal, pues como se señaló, la petición formulada por el quejoso dentro del citado expediente administrativo, generó que la autoridad responsable decretara la caducidad del mismo, de lo cual se desprende no es una cuestión que haya elevado como un derecho de petición simple, sino que dicha respuesta fue derivada del propio procedimiento. Así, debe considerarse que respecto del acto bajo análisis se actualiza la causa de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de una cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezcan en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará.6 En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda de amparo son claros; (ii) hay pruebas documentales [anexos de la demanda que contienen el acto reclamado] que demuestran su naturaleza jurídica; (iii) deriva de la naturaleza del acto reclamado (lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos); (iv) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del acto reclamado no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta. Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiará. Finalmente, es importante hacer énfasis en que la presente determinación no implica desatender lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en materia de administración de justicia, pues la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, ya que los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados a analizar previamente los supuestos de procedencia previstos tanto en la Constitución Federal como en la propia Ley de Amparo. Conclusión Por lo tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b) y, 113, todos de la Ley de Amparo, y por los motivos expuestos en este auto, se desecha de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones necesarias en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Consideraciones previas. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal adoptó medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general, así como acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo. Así, el Pleno del Consejo emitió los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020 y 18/2020, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En dichos acuerdos se decretó, en lo que interesa, la suspensión de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en su totalidad del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte y, como consecuencia de ello, se decretó que no transcurrirían plazos y términos procesales, no se celebrarían audiencias y tampoco se llevarían a cabo sesiones de los Plenos de Circuito. Posteriormente, el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. En el artículo 2° del referido Acuerdo General, se ordenó el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Sin embargo, en atención al incremento en los contagios por virus COVID-19, mediante sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad COVID-19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México", por el que adoptó medidas del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, plazo que fue extendiéndose a través de las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, hasta el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Dichas medidas, consistieron en regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1°, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; sin que se actualizara alguna de las hipótesis a las que se hizo referencia por cuanto a este juicio de amparo. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por Víctor Alberto Guerrero Acevedo, contra actos del Secretario Instructor del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización de la Fiscalía General de la República. Integración del expediente Fórmese el expediente 1170/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación Una vez analizada la demanda de amparo y previo a determinar lo que en derecho corresponda, debe prevenirse al quejoso para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, subsane las inconsistencias que más adelante se señalan. Fundamento de la prevención. Artículo 114, fracciones I y IV, en relación con el diverso 108, fracción V, de la Ley de Amparo. Motivos de la prevención. 1. Justificación de la competencia por territorio. El quejoso deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, actualmente donde se encuentra desempeñando sus funciones, precisando el nombre de la institución o dependencia en la que presta sus servicios y el lugar de residencia de ésta; esto en virtud que del capítulo de hechos señalado con el número doce, señala lo siguiente: "A partir del mes de mayo del año 2015, el suscrito he desempeñado mis funciones en la Delegación Metropolitana de la Procuraduría General de la República (ahora) Fiscalía General de la República, encontrándome actualmente incapacitado, siendo ésta mi última adscripción.". No obstante en el punto veintiuno, señala que el siete de agosto de dos mil diecisiete promovió un juicio de amparo del que conoció el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, registrado bajo el expediente 930/2017. Esto, con la finalidad de poder establecer la competencia de este órgano jurisdiccional, pues no debe perderse de vista que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, por tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de amparo y en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, principio a que se encuentra constreñido en este juzgado de Distrito por mandato expreso del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Aclaración de situación laboral. Requiérasele al promovente para que, bajo protesta de decir verdad, informe a este juzgado si a la fecha se encuentra laboralmente en activo ante la institución o dependencia que refiera en atención al punto preventivo anterior, pues de los antecedentes de lo reclamado refiere que se encuentra "incapacitado" y en el capítulo de la suspensión respectiva señala que se encuentra laborando y teme que sea separado de su cargo, debiendo precisar su situación laboral y el cargo que actualmente desempeña. 3. Copia o transcripción del acuerdo impugnado. Con el fin de analizar de manera integral el acto que reclama el justiciable, deberá exhibir copia del acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinte, dictado dentro del expediente administrativo CP/SEP/041/13, o en su defecto, realice la transcripción íntegra del mismo en su escrito aclaratorio. En el entendido que, el desahogo de la presente prevención deberá ser de forma clara y precisa sin contener omisiones, ni afirmaciones obscuras e imprecisas. Para lo anterior, se le hace saber al promovente que el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, a la parte quejosa que para obtener una ventaja procesal indebida, afirme hechos falsos u omita aquellos que le consten en relación con el acto reclamado. 4. Exhibición de copias. En términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, el quejoso deberá exhibir el original y, cuatro copias legibles y suficientes del escrito en que dé cumplimiento al requerimiento del presente acuerdo, esto es, para la autoridad responsable que se señala y para el Ministerio Público de la adscripción; así como para el incidente de suspensión, ya que el mismo formará parte de la presente demanda de amparo. Apercibimiento. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a los anteriores requerimientos, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y por autorizados en términos amplios a Gustavo Enrique Hernández Briones, Julián Hernández Briones, Cynthia del Carmen Hernández Briones, Gustavo Romero y Bernardo Cárdenas Jiménez, de conformidad con lo establecido en el artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo; asimismo, respecto a las diversas personas mencionadas se autoriza únicamente para efecto de oír y recibir notificaciones. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Protección de datos personales y transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx., respectivamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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