Victor Alberto Garcia

Expediente 132/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
132/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
17/02/2022

Partes del expediente

  • Victor Alberto Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los autos, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa pudiera interponer recurso de queja contra el auto de cuatro de febrero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2º de dicha ley, se declara que dicho auto causa estado y en consecuencia queda firme..... Notifíquese.....

  2. Principal

    Desechamiento. Por otra parte, el presente caso, conforme a lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso numeral 62, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano, toda vez que, de su contenido integral, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 6º, ambos de la Ley de Amparo, preceptos que a la letra establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción ni del artículo 5 de esta Ley. "El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". El primer precepto, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando resulte de alguna disposición de la Ley; por su parte, el numeral 6º citado con antelación, expresa que el amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley. Esto es, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, que quien presente la demanda de amparo en su calidad de promovente deberá presentarla debidamente firmada o en su caso de no saber hacerlo, deberá plasmar su huella digital, ya que, de lo contrario, no se insta al órgano de control constitucional para que conozca de la demanda de los solicitantes de amparo. Lo anterior, no puede ser corregido por este órgano federal mediante una prevención, ya que dicha omisión no se encuentra contemplada en las irregularidades establecidas en el artículo 114 de la Ley de Amparo; toda vez que la voluntad de las partes al exigir un derecho, debe hacerlo a través de su firma y cuando no pueda hacerlo, lo podrá hacer diversa persona. En ese contexto, se colige que, si una demanda de amparo carece de firma, no es posible apreciar la voluntad del que aparece como promovente, por lo que no hay instancia de parte y, por ende, deviene improcedente el juicio constitucional. Ahora, como se advierte de autos y de la certificación secretarial de cuenta, la demanda que dio origen a este juicio fue remitida vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), sin evidencia criptográfica de la firma de Víctor Alberto García, quien promueve, por lo que, al carecer de la firma electrónica de la persona física que legalmente la representa- la cual tiene los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, como se adelantó, se desecha de plano la presente demanda de amparo, al no advertirse la voluntad del referido promovente. No se inadvierte que la demanda constitucional de cuenta, contiene la firma electrónica y evidencia criptográfica de Jorge Rodríguez Merino; sin embargo, quien aquí promueve lo es, Víctor Alberto García, por lo que al ser la persona legitimada en términos de la legislación procesal aplicable, el certificado digital de firma electrónica para promover el presente asunto debe corresponder al mismo; sin que se advierta dicha circunstancia.... Notifíquese personalmente a la parte quejosa....

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