Victor Alberto Blum Medina

Expediente 167/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
167/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Victor Alberto Blum Medina
  • Víctor Alberto Blum Medina y/o Víctor Blum Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veinte de febrero de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en términos del artículo 98 de la Ley de Amparo, contra el auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, en relación con el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. En ese sentido, se evidencia que no existe más por cumplimentar, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente ordenar el archivo del expediente, como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso d), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; ocho de febrero de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, del cual se advierte que remite como nueva demanda el escrito firmado electrónicamente por ******************** únicamente respecto de la orden de cateo número ******************** emitida por el Juez de Control Especializado en Cateos, Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo ********************. DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En el caso, Este órgano jurisdiccional conocerá respecto de la orden de cateo emitida el uno de febrero de dos mil veintidós, llevada a cabo el dos posterior en el domicilio ubicado en ********************, tal y como se advierte del oficio remitido por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. Del anterior acto reclamado se considera actualizada de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.)". En efecto, es menester precisar que los actos consumados en general, se entienden como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. En ese orden de ideas, para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) Actos consumados de modo reparable, y b) Actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia favorable; en cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de amparo en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo antes citado. En ese orden de ideas, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así, tenemos que los efectos y consecuencias de los actos reclamados ya ejecutados no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el sólo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, si la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. De esta forma, los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los propios actos reclamados; lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados. Es aplicable a lo anterior, la tesis I. 3o. A. 150 K, publicada la página 325, tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." En el caso, la parte quejosa se duele de la orden de cateo de treinta de enero de dos mil veintiuno, llevada a cabo en el domicilio ubicado en la ********************; sin embargo, dicho cateo se ejecutó el dos de febrero del año en curso. Máxime, que de lo narrado por el promovente se aprecia que se finalizó la diligencia sin que encontraran algún indicio. Luego, si la orden de cateo reclamada se llevó a cabo con todas sus consecuencias jurídicas, se colige que dicha circunstancia hace física y materialmente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada; por tal virtud, queda evidenciada la actualización de la causal de improcedencia en estudio. Atento a ello, si el dos de febrero pasado se llevó a cabo el cateo que se reclama, la posible transgresión al citado derecho fundamental y las diligencias acontecidas en la ejecución del mismo quedaron agotadas de manera irreparable, en virtud de que no es posible restituir a la parte quejosa en ese derecho, pues una eventual concesión no podría dar lugar a retrotraer los hechos al estado en que se encontraban antes de la introducción al inmueble, por lo que es materialmente imposible restablecer a la inconforme en el goce del derecho que aduce fue infringido, como lo ordena el numeral 77 de la Ley de Amparo, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos volver la situación al estado que guardaba antes de la diligencia en comento, además, de que existe confesión expresa del quejoso de que en dicha diligencia no se encontró algún indicio. Apoya a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 484, Materia Común, Octava Época, con registro 211211, que establece: "CATEO EJECUTADO. AMPARO IMPROCEDENTE. Cuando el acto reclamado lo constituye la orden de cateo, misma que según consta en autos ya fue ejecutada sin que se hubiese constituido el depósito de los bienes embargados, es incuestionable que tal acto quedó consumado de un modo irreparable, por lo que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción IX de la Ley de Amparo". En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 61, fracción XVI, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En atención a lo anterior, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el usuario "********************" por lo que se comisiona al oficial judicial "A", para que habilite los campos necesarios para ello. DOMICILIO. Dado que la parte quejosa señala como domicilio procesal el usuario referido en el párrafo que antecede, el cual ha sido corroborado de acuerdo con la certificación de cuenta, en términos del artículo 30 de la Ley de Amparo, todas las notificaciones que emanen de este procedimiento, hágansele por vía electrónica. Sin que pase inadvertido que el promovente señaló diverso domicilio para oír y recibir notificaciones, sin embargo, también solicitó se realizaran las notificaciones por medio del usuario que se precisó en párrafo que antecede. Por ello sólo se tiene dicho medio electrónico como domicilio procesal, en razón de que se tendrían dos domicilios procesales lo cual generaría incertidumbre. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, se tienen por autorizadas a las personas que refiere la parte quejosa y para los efectos que precisa, siempre y cuando cuenten con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese de forma electrónica a la parte quejosa.

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