Victor Agustín Pérez Salvador
Expediente 1123/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1123/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/11/2023
Partes del expediente
- Victor Agustín Pérez Salvador
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de veintiséis de octubre del año en curso, se advierte la imposibilidad que tuvo la Fedataria Judicial de la adscripción para notificar personalmente a la parte quejosa la sentencia terminada de engrosar el veinticinco del mes próximo pasado, ello en virtud de no tener señalado un domicilio para esos efectos en esta ciudad. En ese sentido, resulta pertinente precisar que en acuerdo de diez de octubre del año en curso, en el que se aceptó la competencia planteada por el Juez Decimoprimero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, se libró el exhorto 607/2023-II (orden 815/2023-II) al Juzgado de Distrito en turno en aquella localidad, para el efecto de que notificara tal situación al agraviado, así como para que le requiriera señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que a la fecha se tenga noticia de la citada comunicación oficial. Atento a lo anterior, estése a la espera del exhorto en comento, y una vez que se cuente él, se ordenará la práctica de la notificación personal de la sentencia a la parte quejosa en el lugar que al efecto se señale. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo 1123/2023-II, promovido por Víctor Agustín Pérez Salvador, contra actos del Consejo de Desarrollo Policial de las Instituciones de Seguridad Pública, con sede en Ciudad Victoria; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Trámite. Mediante escrito recibido el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Víctor Agustín Pérez Salvador, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Consejo de Desarrollo Policial de las Instituciones Preventivas de Seguridad Pública, con residencia en esa misma ciudad, por estimar violatorio de sus derechos fundamentales tutelados en los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Demanda que le tocó su conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con residencia en dicha localidad, quien en auto de veintinueve de marzo de la actual anualidad, el Magistrado Presidente del citado órgano colegiado, tuvo por recibida la demanda de mérito y sus anexos, radicándola como amparo directo 188/2023; asimismo, determinó el acto reclamado no constituía una sentencia definitiva o resolución que pusiera fin al juicio para efectos de la procedencia del amparo en la vía directa, en términos de lo dispuesto por el numeral 170 de la ley de la materia; consecuentemente, declinó la competencia para conocer de la demanda a favor del Juzgado de Distrito en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en aquella localidad, por lo que le correspondió conocer del asunto al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en dicha ciudad, el cual el pasado treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, se declaró incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto, por lo que remitió los autos a este tribunal federal; en tal razón, se recepcionó dicho asunto el pasado seis de octubre del año en curso, por lo que este juzgado federal registró el expediente bajo el número 1123/2023-II, y aceptó dicha competencia, por lo que se avocó al conocimiento del mismo. Ahora bien, la parte quejosa de mérito solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en la cual señaló como autoridad y acto reclamado lo siguiente: Autoridad responsable: Consejo de Desarrollo Policial de las Instituciones de Seguridad Pública, con sede en Ciudad Victoria. Acto reclamado: "La resolución administrativa definitiva de fecha siete de febrero del año dos mil veintitrés, que le recayó al expediente No CDP/132/2020/S1 ANTES CDP/682/2019, formado con motivo del recurso de reconsideración, interpuesto por el suscrito quejoso, en contra esta resolución administrativa dictada en primera instancia dentro del procedimiento administrativo contencioso, dictada por el consejo de desarrollo policial, de las instituciones de seguridad público en el estado de Tamaulipas de esta ciudad capital." Asimismo, narró los antecedentes del caso, señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales y formuló el concepto de violación que consideró pertinente. Dado que el presente asunto se encontraba integrado por el juzgado declinante, se emite la sentencia correspondiente. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, reitera su competencia para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiado de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que el quejoso, reclama: La resolución de siete de febrero de dos mil veintitrés, relativa al recurso de reconsideración emitida por el Consejo de Desarrollo Policial de las instituciones de Seguridad Pública, con sede en Ciudad Victoria, que confirmó la diversa dictada el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, mediante la cual se decretó aplicar al aquí quejoso ********************, una sanción consistente en una suspensión temporal de sus funciones por un término de quince días. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Consejo de Desarrollo Policial de las Instituciones de Seguridad Pública, con sede en Ciudad Victoria, al rendir su informe justificado (foja 62) aceptó la existencia del acto que se le atribuye. Cobra aplicación la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, esa existencia se constata, ya que al informe justificado rendido, se adjuntó copia certificada de del expediente ********************, a las cuales se atribuye valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número 226, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, es de destacarse que las partes no hacen valer causas de improcedencia, sin que de oficio se advierta la actualización de alguna de esta naturaleza. QUINTO. Estudio de fondo. El concepto de violación es infundado e inoperante por las razones que a continuación se expondrán. Ello es así, pues contrario a lo que aduce la parte quejosa la autoridad responsable, no lo dejó en un estado de indefensión, ni violentó sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales, pues el procedimiento se llevó a cabo de conformidad con las disposiciones legales que rige la ley de la materia y por ende, observándose lo previsto por dichos numerales, sin que se haya aportado por la parte quejosa prueba en contrario. El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del tenor siguiente: "(.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." En torno a dicho precepto constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que la disposición en comento, otorga al justiciable el derecho a una defensa adecuada previamente a la emisión de un acto privativo, lo que implica para la autoridad el deber de respetar las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de evitar que el gobernado quede en estado de indefensión. Así las cosas, el derecho a una defensa adecuada en términos generales se traduce en: i) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. ii) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. iii) La oportunidad de alegar. iv) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Corrobora lo anterior la jurisprudencia P./J. 47/95, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, registro 200234, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Establecido lo anterior, conviene tener presente el contenido de los siguientes preceptos de la ley que rige el acto reclamado: Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas "ARTÍCULO 90. 1.- Las sanciones por infracción a la presente ley podrán consistir en: I.- Amonestación; II.- Apercibimiento; III.- Arresto hasta por 36 horas; IV.- Suspensión hasta por un término de noventa días; V.- Remoción; y ARTÍCULO 92. Los Consejos de Desarrollo Policial del Estado y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, conocerán y resolverán las controversias que se susciten en relación con los procedimientos de la carrera policial, la profesionalización y el régimen disciplinario, de conformidad con lo dispuesto en las leyes en materia de seguridad pública, sus reglamentos y los manuales que se expidan al efecto ARTÍCULO 93. 1.- El procedimiento que se instaure con motivo de incumplimiento de los requisitos de permanencia en el servicio profesional de carrera policial o por infracción al régimen disciplinario, que sea competencia de los Consejos de Desarrollo Policial, se iniciará por solicitud fundada y motivada del titular de la institución policial que corresponda o del Director de Asuntos Internos, dirigida al Presidente del Consejo, remitiendo para tal efecto el expediente integrado. 2.- El Consejo resolverá si procede iniciar procedimiento; en caso contrario devolverá el expediente a la institución policial o en su caso a la Dirección de Asuntos Internos, fundando y motivando la improcedencia. ARTÍCULO 94. Resuelto el inicio del procedimiento, se notificará por escrito al presunto infractor las causas que motivan el procedimiento, citándolo a una audiencia que se verificará dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación, para que manifieste a lo que sus intereses convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos, por sí o asistido de un defensor, previniéndole de que, en caso de no comparecer, se tendrán por admitidos los hechos que motivaron el procedimiento administrativo. ARTÍCULO 95. 1.- La notificación del citatorio se realizará en el domicilio oficial de la adscripción del presunto infractor, en el último que hubiera reportado, o en el lugar en que se encuentre físicamente y se le hará saber el lugar donde quedará a disposición en tanto se dicte la resolución definitiva respectiva. 2.- Asimismo, el presunto infractor deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del lugar de residencia del Consejo que conozca del asunto, apercibiéndolo de que, en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se realizarán en un lugar visible al público dentro de las instalaciones que ocupe el propio Consejo. 3.- El Presidente del Consejo podrá determinar la suspensión de las funciones del presunto infractor, si a su juicio es conveniente para la continuación del procedimiento o de las investigaciones. Esta medida no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, debiéndose asentar expresamente esta salvedad." Ahora, dentro del expediente administrativo ********************, se llevó a cabo cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento, mismas que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos. Le fue notificado personalmente el inicio del procedimiento y sus consecuencias, como se advierte de la cédula de notificación de diecisiete de junio de dos mil veintidós, realizada por el actuario habilitado, quien asentó que siendo las once horas con cuarenta minutos de esa data, se constituyó en la coordinación municipal de la Policía Estatal Acreditable de San Fernando, Tamaulipas (lugar de trabajo), en donde hizo entrega al quejoso Víctor Agustín Pérez Salvador (quien se identificó con credencial para votar número de folio IDMEX1295248793, expedida por el Instituto Nacional Electoral, de un ejemplar de la cédula de notificación y anexo consistente en copia fotostática del auto de inicio de tres de agosto de dos mil veintidós, así como de los documentos que dieron origen al Procedimiento Administrativo número CDP/132/2020/S1 ANTES CDP/682/2019, suscrito por los integrantes del Consejo de Desarrollo Policial de las Instituciones de Seguridad Pública, firmando el notificado para constancia (foja 190). 2. Se le otorgó la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas, como se advierte del escrito recepcionado el pasado veintinueve de junio de dos mil veintidós (foja 148), asimismo, el pasado dos y veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo el desahogo de pruebas (foja 226 y 244) 3. Se le otorgó la oportunidad de alegar, tal y como se observa en el acuerdo de siete de octubre de dos mil veintidós, en el cual se asentó que el aquí quejoso presentó sus alegatos correspondientes (foja 267) 4. Se dictó resolución administrativa el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en la que la autoridad responsable resolvió aplicar al aquí quejoso, la sanción consistente en una suspensión temporal de sus funciones por un término de quince días (fojas 273 a 292). 5. Inconforme con tal determinación, el aquí agraviado interpuso recurso de reclamación, la cual confirmó la resolución administrativa aludida en el párrafo que antecede, misma que se plasma a continuación. Con base en ello, se estiman infundados los motivos de disenso, ya que la responsable atento a lo expuesto, observó las reglas del procedimiento administrativo en expediente ********************. De ahí que, el procedimiento administrativo seguido en contra del impetrante, se llevó a cabo de conformidad con las disposiciones legales que rige la ley de la materia, sin que se haya aportado por la parte quejosa prueba en contrario; y por ende, observándose lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Resulta aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 133/2004-PS, consultable en la página 162, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Novena Época, registro: 176546, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Como puede observarse, la autoridad responsable en la resolución administrativa reclamada, precisó los fundamentos que prevén la situación concreta que da respaldo y validez al acto, en esencia, lo dispuesto por los artículos 74, 107 numeral 1 fracciones III, IV y XIV, así como el 134 fracción I de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas, así como el artículo 100 y 129 numeral 1 y 2 del Reglamento del Servicio profesional de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas; además del numeral 18, fracciones XVI, XVIII, XXV y XXXVII de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. Cumpliendo también con la exigencia de motivación, invocando las circunstancias y modalidades del caso particular dentro del marco general correspondiente establecido por la ley, dando contestación a los agravios formulados por la parte quejosa. De ahí, se considera que dicha determinación se encuentra fundada y motivada, y además, que se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, sin prueba en contrario, siendo por tanto, insuficiente para decretar su ilegalidad la sola manifestación del quejoso en el sentido de que se le dejó en un estado total de indefensión, ya que como se observa se le otorgó derecho de audiencia, presentó alegatos y pruebas dentro del aludido expediente administrativo. Asimismo, en la resolución administrativa de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se analizó lo concerniente a las pruebas ofrecidas por el quejoso, respecto a la testimonial se estableció que tal ateste no desvirtuó las imputaciones, o realizó alguna manifestación que el aquí quejoso no haya incurrido en la falta grave que se le atribuyó (fojas 283 a 285), por lo que en la diversa de siete de febrero de dos mil veintitrés, relativa al recurso de reconsideración emitida por el Consejo de Desarrollo Policial de las instituciones de Seguridad Pública, la autoridad responsable indicó que se había descrito con exactitud el precepto legal aplicable al actuar del aquí quejoso, existiendo la debida adecuación entre los motivos y la norma aplicable, lo cual se corroboraba con las constancias que obraban en el expediente, de ahí que no le asista la razón al quejoso respecto a que la autoridad en comento no se pronunció respecto a las probanzas que ofreció. Por otra parte, indica que la tarjeta informativa estaba alterada y que en el acta circunstanciada no se asentó la habitación 101 en la cual él se encontraba hospedado; empero, en la aludida acta sí se plasmó el nombre del aquí quejoso respecto a la habitación; además, en la declaración que emitió el quejoso el pasado veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, así como su escrito presentado el veintinueve de junio de dos mil veintidós, señaló que se encontraba en las instalaciones del ********************ubicado en esta ciudad, en la cual manifestó que había bebidas embriagantes en su dormitorio, con lo cual se corrobora tal circunstancia derivada de su propia declaración (foja 148). Aunado a ello, no demostró ante la autoridad responsable que el pasado trece de marzo de dos mil diecinueve, el quejoso se encontrara en la ciudad de Tampico, como indicó en el escrito inicial de demanda de amparo; de ahí que resulten inoperantes los conceptos de violación esgrimidos en la presente contienda constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXI.2o.18 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Enero de 2001, página 1694, con registro digital: 190405, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO SE SUSTENTAN EN PRUEBAS NO RENDIDAS EN LA CONTROVERSIA NATURAL. Deben considerarse inoperantes los conceptos de violación que se hacen valer, cuando los argumentos expresados en ellos no se encuentran corroborados con las constancias existentes en el juicio de origen; pues en términos del artículo 78, primer párrafo, de la Ley de Amparo únicamente se tomarán en cuenta las pruebas que se hubiesen rendido ante la autoridad responsable y que fueron objeto de la resolución reclamada, porque ésta se apreciará tal como aparezca probada en el proceso respectivo. Por tanto, al quedar demostrado lo infundado de los conceptos de violación, debe negarse el amparo al quejoso ********************. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 76 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto que reclamó del Consejo de Desarrollo Policial de las Instituciones de Seguridad Pública, con sede en Ciudad Victoria, conforme a los lineamientos expuestos en el último de los considerandos de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, hasta el día veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, fecha en que se terminó de engrosar, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diez de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 33690/2023, firmado por el Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, así como con el anexo que adjuntó al mismo, consistente en el expediente original del juicio de amparo 718/2023 de su índice, en atención a la incompetencia planteada a favor de este órgano de control constitucional, en su sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en la que declaró que este Juzgado de Distrito, es el legalmente competente para conocer y resolver la aludida contienda constitucional, en virtud de que el acto reclamado ha de tener ejecución material en San Fernando, Tamaulipas, lugar en el que este Tribunal Federal ejerce jurisdicción. Regístrese el expediente bajo el número 1123/2023-II, en el libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este Juzgado de Distrito. En base a lo expuesto, este Juzgado de Distrito hace suyos los razonamientos vertidos por el nombrado órgano jurisdiccional y acepta la competencia para conocer y resolver el juicio de amparo de trato; por tanto, se avoca al conocimiento del asunto y envíese el acuse de recibo correspondiente al tribunal declinante para los efectos legales correspondientes, vía interconexión. Sin que sea necesario requerir a la autoridad responsable su informe justificado, toda vez que el mismo obra agregado en el juicio de amparo que se recibe. De igual manera, resulta innecesario señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, en virtud de que la misma ya fue celebrada por el Juzgado de Distrito declinante, el día veintiuno de agosto de dos mil veintitrés; por tanto, al no advertirse impedimento legal alguno, díctese la resolución que en derecho corresponda. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, envíese atento exhorto al Juez de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, en turno, para que en auxilio de las labores de este tribunal, comisione a la persona Actuaria adscrita a ese órgano jurisdiccional, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en carretera Interejidal, kilómetro 1 la presita, código postal 87019, en aquella localidad, y notifique personalmente el presente proveído al quejoso Víctor Agustín Pérez Salvador; de igual manera, haga entrega del oficio dirigido a la autoridad responsable Consejo de Desarrollo Policial de las Instituciones de Seguridad Pública, con asentamiento en esa ciudad capital, solicitando que una vez diligenciado lo anterior, el órgano exhortado tenga a bien remitir las actuaciones relativas. Se otorga al tribunal exhortado plena jurisdicción para que se habiliten días y horas inhábiles, a fin de que tenga verificativo la diligencia de mérito, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo vigente a la fecha. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
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