Victor Adrían Feldmann González
Expediente 724/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 724/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Victor Adrían Feldmann González
- Victor Adrían Feldmann González y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Principal 724/2022-II El tres de noviembre de dos mil veintidós, Berenice de los Santos Mendoza, Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, CERTIFICA que: 1. Que ya feneció el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la sentencia de cuatro de octubre del presente año, le transcurrió del trece al veintiséis de octubre de este año, toda vez que fue notificada por lista el diez de octubre del año en curso, y surtió efectos el once siguiente, sin contar los días quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de octubre del año que transcurre, por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho; lo anterior se confirmó después que el oficial de partes de este juzgado federal, hiciera una revisión minuciosa del libro de correspondencia que recibe este órgano jurisdiccional, sin encontrar promoción alguna de la referida parte procesal, en la que se promoviera dicho recurso; 2. No hay terceros interesados; 3. No se aperturó el incidente de suspensión relativo; y 4. No obra agregado documento original con firma autógrafa e insustituible. Doy fe. La Secretaria Berenice de los Santos Mendoza CUENTA. El tres de noviembre de dos mil veintidós, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. La Secretaria Berenice de los Santos Mendoza Acapulco de Juárez, Guerrero; tres de noviembre de dos mil veintidós. Vista; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de cuatro de octubre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que SOBRESEE Y NO AMPARA A LA PARTE QUEJOSA, HA CAUSADO EJECUTORIA, BERENICE DE LOS SANTOS MENDOZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7b.21 30/09/23 10:59:29 para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo, como asunto totalmente concluido y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), y penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ESTE EXPEDIENTE ES DEPURABLE, transcurrido el periodo de conservación de tres años a que alude el mencionado numeral, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a su depuración y hecho que sea, habrá de solicitarse su transferencia a la dirección antes mencionada para su depósito. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Berenice de los Santos Mendoza, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
... Acapulco de Juárez, Guerrero; cuatro de octubre de dos mil veintidós. VISTO; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 724/2022, promovido por Víctor Adrián Feldmann González y Luis Armando Ibarrola Millán, en contra de actos del Congreso del Estado de Guerrero, y de otras autoridades; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, validado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, en esta demarcación, y turnado al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, Luis Felipe Mancera De Arrigunaga y otros, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "[.] III. AUTORIDADES RESPONSABLES. 1. H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 2. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero; y 3. H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. IV. ACTOS RECLAMADOS. 1. Del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclaman: a). La expedición, y aprobación del Decreto por el que se expidió la Ley número 150 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022, en la que se establece el cobro del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2022. De manera destacada, se reclaman los artículos 9, inciso c) y 12, fracción III, en los que se establecen algunos de los elementos esenciales de ese impuesto, tal como lo son la (i) la causación y la obligación de pago del impuesto predial correspondiente a predios urbanos edificados para los que se fijó el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado, y (ii) la base, que constituye el valor catastral del predio y de las construcciones. La expedición del Decreto que establece un incremento considerable en los valores unitarios de uso de suelo y construcción para la zona catastral 30 -aplicables a Playamar- que sirven de base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria por parte del Ayuntamiento, como se ilustra en la siguiente tabla: . Es importante aclarar que los Condominios impugnan el Decreto con motivo de su primer acto de aplicación, cuya afectación se actualizó en su esfera jurídica al momento de hacer el pago del impuesto predial, con la base del impuesto en términos de lo dispuesto en el artículo 15, fracciones II y VI de la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero. 2. Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclama: La promulgación del Decreto y de la Ley de 150. Se destaca que dicho acto no se combate por vicios propios, sino que se señala como autoridad responsable conforme a lo ordenado en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. 3. Del Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, se reclaman las violaciones procesales al procedimiento para la emisión del Decreto, reglado en la Ley de Catastro. En la medida en que estas quejosas espontáneamente -sin consentir expresa o tácitamente la contribución- efectuaron el pago del impuesto sin que mediara un ulterior acto coactivo de ejecución por parte de las autoridades hacendarias, no se señala a dichas autoridades como responsables del cobro. Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que éstas sí incurrieron en violaciones al procedimiento reglado correspondiente para la emisión del Decreto, tal y como se demuestra en el concepto de violación correspondiente." SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados y narración de antecedentes. La parte quejosa invocó como derechos transgredidos los contenidos en los artículos 14, 16, y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transcribió los antecedentes del acto reclamado que estimó conducentes. TERCERO. Tramitación del juicio. Mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil veintidós, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, radicó la demanda bajo el número de expediente 135/2022, y formuló prevención a la parte promovente del amparo con el objeto de que precisara los ordenamientos legales que por esta vía tilda su constitucionalidad, así como la participación de las autoridades señaladas con el carácter de responsables; siendo que por ocurso aclaratorio, señaló: "[.] 2.1. Precisión del acto reclamado. Bajo protesta de decir verdad se precisa que los siguientes actos son los reclamados en el escrito inicial de demanda de amparo: La discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se expidió la Ley número 150 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2022, en la que se establece el cobro del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2022. De manera destacada, se reclaman los artículos 9, inciso c) y 12, fracción III, en los que se establecen algunos de los elementos esenciales de ese impuesto, tal como lo son la (i) la causación y la obligación de pago del impuesto predial correspondiente a predios urbanos edificados para los que se fijó el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado, y (ii) la base, que constituye el valor catastral del predio y de las construcciones ('Ley de Ingresos 150'). La discusión, aprobación y expedición del Decreto número 156 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2022 ('Decreto') El Decreto establece un incremento considerable en los valores unitarios de uso de suelo y construcción para la zona catastral 30 -aplicable a Playamar- que sirven de base para el cobro de contribuyentes sobre la propiedad inmobiliaria por parte del Ayuntamiento. 3. La promulgación del Decreto y de la Ley de Ingresos 150. 4. Violaciones procesales al procedimiento para la emisión del Decreto, reglado en la Ley de Catastro. Resulta importante destacar que aún y cuando ese Juzgado señale que también se hace referencia a la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez y diversos dispositivos, en efecto, tal como ese Juzgado advierte, son meras referencias que sirven para la argumentación y el desarrollo de lo aducido en el escrito inicial de demanda de amparo sin que éstos se señalen como actos reclamados. Se insiste en que los actos reclamados en el juicio en que se actúa son aquellos señalados tanto en el apartado correspondiente del escrito inicial de demanda del amparo, como en el presente apartado. 2.2. Precisión de las autoridades responsables. Bajo protesta de decir verdad se precisa que las siguientes autoridades son las señaladas como responsables para efecto del juicio de amparo en que se actúa: 1. H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 2. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero; y 3. H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. De nueva cuenta, tal y como ese Juzgado señala en el Acuerdo dé Prevención, en el escrito inicial de demanda, en efecto, se hizo referencia a diversas autoridades; sin embargo no fueron señaladas como responsables en el presente juicio de garantías. Las referencias señaladas se proporcionan a su Señoría para un mejor proveer en el desarrollo de los argumentos aducidos en el escrito inicial de demanda de amparo y no se puede suponer que se hace referencia a más autoridades responsables de aquellas señaladas como tal en el apartado correspondiente del escrito inicial de demanda de amparo." En ese contexto, por auto de tres de marzo de dos mil veintidós, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda; solicitó informes justificados a las autoridades responsables; otorgó intervención a la Fiscal Federal de su adscripción; y señaló hora y fecha para la audiencia constitucional. Mediante proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, decretó la separación de juicios en términos de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Amparo y a través del oficio 12612/2022-79-80 de su índice, remitió copia certificada de la demanda de amparo y anexos que acompañaron los quejosos Víctor Adrián Feldmann González y Luis Armando Ibarrola Millán, fin de que por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, se turnara para su conocimiento en lo individual. Inconforme, con la señalada separación de juicios, la parte quejosa interpuso recurso de queja, motivo por el cual fue suspendido aquél procedimiento; en el entendido que por auto de siete de julio de dos mil veintidós, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, tuvo por recibido el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, haciéndole del conocimiento el desechamiento por improcedencia del recurso de queja administrativo 133/2022; y por auto acuerdo de veintiuno de julio de dos mil veintidós, tuvo por recibida la diversa misiva en que se informó que causó estado el referido acuerdo de presidencia y, por tal motivo, se levantó la suspensión del procedimiento decretada. Por turno correspondió del conocimiento de la demanda de amparo por lo que hace a los quejosos Víctor Adrián Feldmann González y Luis Armando Ibarrola Millán, a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, y por auto de tres de agosto de dos mil veintidós, fue radicada bajo el número de expediente 724/2022; se convalidaron las actuaciones practicadas por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, y se otorgó vista a las partes con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; se ordenó dar a la Fiscal Federal adscrita la intervención que legalmente le compete; y fue fijado día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; así, una vez integrados los autos, tuvo verificativo la audiencia de ley, con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 36/2016, que reformó al diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, en virtud de que se reclaman normas de carácter general emitidas por el Congreso local cuyo primer acto de aplicación tuvo verificativo dentro del límite territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio . TERCERO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza de los actos reclamados, es necesario fijarlos claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda y sus anexos, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis número P.VI/2004, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SUFIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." ; de ahí que, de conformidad con el análisis contextual señalado, se obtiene los reclamos siguientes: I. De las autoridades del Estado de Guerrero: Congreso, y Gobernadora, en el ámbito de sus respectivas atribuciones: La discusión, aprobación, expedición y promulgación de la Ley Número 150 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2022, específicamente sus artículos 9, inciso c), y 12, fracción III. II. De las autoridades del Estado de Guerrero: Congreso, y Gobernadora; así como del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el ámbito de sus respectivas atribuciones: El envío en calidad de proyecto, la discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto número 156 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento de Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2022. III. Del Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero: La aplicación de los preceptos reclamados contenida en la determinación y cobro del impuesto predial por cuanto hace al ejercicio fiscal dos mil veintidós, en relación con el inmueble identificado con la cuenta catastral 030-001-002-0154, que originó la emisión de la factura con folio 2200495145. CUARTO. Oportunidad en la demanda. La demanda es oportuna tomando en consideración que el veintiocho de enero dos mil veintidós, la parte quejosa enteró la contribución que originó la emisión de la factura con folio 2200495145. De ahí que, el plazo de quince días para la presentación del amparo, quedó comprendido del treinta y uno de enero al veintiuno de febrero de dos mil veintidós, sin considerar en dicho cómputo los días sábados y domingos, y el siete de febrero (primer lunes de febrero, en conmemoración al 5 de febrero), al ser inhábiles en términos de lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. De manera que, si la demanda de amparo se presentó el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se debe estimar oportuna ya que se recibió dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. Inexistencia del acto de aplicación reclamado. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, de análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO ." El Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al rendir informe justificado, negó categóricamente el acto de aplicación que se les atribuye; en ese contexto resulta inexistente el acto de aplicación de que se trata; y, máxime que el artículo 8 de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, dispone a diversas autoridades como competentes en materia de catastro . Para robustecer la conclusión alcanzada, debe ponderarse que la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales, deriva de la actuación de la parte quejosa frente al contenido legal aplicable con motivo del pago que efectuó por concepto de impuesto predial; y no porque en ejercicio de las facultades inherentes a las autoridades municipales, hubieran hecho efectivo el cumplimiento del mandato contenido; es decir, aunque pudiera ser cierto que las autoridades exactoras llevaron a cabo la determinación e incremento de la base gravable respecto del inmueble identificado con la cuenta catastral 030-001-002-0154; y, con ello dio lugar a recibir el pago del impuesto predial; lo cierto es que la aplicación de los normativos se materializó con el entero de la contribución que de manera voluntaria y espontánea efectuó el contribuyente; de ahí que, los quejosos se ubican en la hipótesis de la autoliquidación. En relación con esa figura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/2007-SS, en sesión de veintisiete de junio de dos mil siete, determinó lo siguiente o La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad, por lo que el que en un juicio de amparo el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, sólo acredita la autoaplicación de la ley y no da lugar a tener por acreditada la existencia de los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. De la ejecutoria aludida derivó la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." En aplicación del criterio jurisprudencial, se arriba a la conclusión que no puede considerarse que las autoridades municipales hayan aplicado en perjuicio de la parte quejosa la normatividad reclamada. o Los quejosos acudieron a este juicio de amparo con motivo del pago que, voluntariamente y en forma espontánea, efectuaron del impuesto predial en el ejercicio fiscal de dos mil veintidós respecto del inmueble identificado con la cuenta catastral 030-001-002-0154. La mecánica para la determinación de las contribuciones locales se encuentra regulada, entre otros, por los artículos 28, 29, 30, 34 y 72 del Código Fiscal Municipal número 152 , de los que se desprende que el sistema contributivo municipal se rige por el principio autodeterminativo, ya que la determinación o liquidación de los tributos se efectúa -ordinariamente- por el propio contribuyente. La ley fiscal parte de un diverso principio de buena fe, el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias, de manera excepcional, la ley dispone que ese cálculo podrá ser realizado por la autoridad hacendaria. La autoliquidación es una forma de colaboración con la administración tributaria que no supone un acto administrativo, sino una simple declaración tributaria en la que el propio sujeto pasivo practica también la liquidación tributaria consecuente. La autoliquidación es una declaración liquidación practicada y presentada por el propio sujeto pasivo. En la práctica, a esta forma de enterar el tributo a cargo del contribuyente también se le denomina autodeterminación, que es el procedimiento mediante el cual el propio contribuyente determina los impuestos a su cargo y efectúa el entero respectivo. La autodeterminación contributiva se basa en el principio de buena fe, de acuerdo con el cual el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria cumple, espontáneamente y en tiempo, con sus obligaciones formales y sustantivas en materia fiscal. Resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 11/2012 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del texto siguiente: "OBLIGACIONES FISCALES. LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UN DERECHO, SINO UNA MODALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE. El citado precepto dispone que corresponde a los contribuyentes determinar las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Consecuentemente, en el causante recae la obligación de determinar, en cantidad líquida, las contribuciones a enterar, mediante operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las tasas tributarias establecidas en la ley. La autodeterminación de las contribuciones parte de un principio de buena fe, el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias. Ahora bien, la interpretación del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación pone de relieve que la referida autodeterminación no constituye un reflejo de algún principio constitucional, esto es, no se trata de un derecho a favor del contribuyente, sino de una modalidad relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, cuya atención supervisa la autoridad fiscal, como lo acredita la existencia de las facultades de comprobación en materia tributaria." Como quedó precisado, la autoliquidación no obedece a una orden o requerimiento expreso de la autoridad encargada de recaudar los tributos, sino al cumplimiento voluntario y espontáneo de una obligación establecida en la ley. En consecuencia, al no ser atribuible al Ayuntamiento de Acapulco de Juárez. Guerrero, el acto de aplicación que en forma genérica le es atribuido, procede sobreseer en el presente juicio en lo relativo de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo aquí expuesto la jurisprudencia visible en la página doscientos treinta y seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete - dos mil, tomo seis, materia común, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Y la tesis, consultable en la página novecientos tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dos, tomo quince, materia común, Novena Época, que reza: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo.". SEXTO. Existencia de actos reclamados. En contraposición a la conclusión alcanzada en el considerando que antecede, se destaca que las autoridades responsables del Estado de Guerrero, siguientes: Congreso (por conducto de su Presidenta de la Mesa Directiva); y Gobernadora (por conducto de la Subconsejera de Atención a Procesos Jurídicos del Poder Ejecutivo); al rendir sus informes justificados, aceptaron los actos que les fueron atribuidos en el ámbito competencial respectivo que a cada una les asiste, por lo que se tienen por ciertos los mismos; máxime que la ley no es objeto de prueba de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese mismo contexto, en términos de lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, debe tenerse por cierto el envío en calidad de proyecto de las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento de Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2022, que se atribuye al Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, puesto que sobre el tópico, aún y cuando fue omiso en pronunciarse en lo conducente al momento de rendir informe justificado, no se pierde de vista que acorde a lo preceptuado en los artículos 35 de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, y 23 de su Reglamento , expresamente se prevé la atribución del Cabildo Municipal, a través de su Presidenta, para presentar el proyecto de Tablas de Valores Unitarias al Congreso. Máxime que la existencia de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general no necesita ser probada en autos, pues basta que tales ordenamientos estén publicados en el medio difusivo correspondiente, como en este caso es el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad. Además, la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate y tal publicidad determina que los tribunales a los que se encomienda la aplicación del derecho no puedan argüir desconocerlo, por la notoriedad de ese acontecimiento. En ese sentido, tiene aplicación las Jurisprudencia y Tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que indican: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo VI, Materia Común, página 206.) "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba oficial de la Ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 65, primera parte, página 15) SÉPTIMO. Causales de improcedencia. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada y establecidas las anteriores consideraciones, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme lo dispuesto por el del artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 814 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que enseguida se transcribe: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." (Semanario Judicial de la Federación, editado en el Apéndice de 1995, Octava Época, Materia Común, Tomo VI, Parte TCC, página 553). No obstante, una vez analizadas las constancias que existen en autos, se advierte que no existen causas de improcedencia propuestas por las partes o que se actualice alguna de oficio; por tanto, se procede el análisis de los actos reclamados. OCTAVO. Análisis de los conceptos de violación. No es necesario trascribir los conceptos de violación que hace valer los quejosos en su escrito de demanda, ya que no se requiere para el desarrollo y dictado de la presente resolución. Sobre el particular, es aplicable la Jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante, para mayor claridad del asunto, se sintetizarán a lo largo de esta sentencia; asimismo, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, el estudio de los referidos conceptos violación se realizará en un orden diverso al propuesto por la parte quejosa. I. Invalidez de las normas. En su primer y segundo conceptos de violación los quejosos sostienen que el Decreto número 156 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento de Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2022, transgrede en su perjuicio el derecho a la certeza jurídica y el principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV Constitucional, por las siguientes razones: a) Para su emisión no se siguió el procedimiento reglado previsto en los artículos 34 y 35 de la Ley número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero. Los quejosos argumentan que la iniciativa del Decreto fue presentada al Congreso tres días antes de la aprobación y validación de la Coordinación General de Catastro de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, la cual tiene la obligación de verificar que la propuesta de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción cumpla con los criterios establecidos en la Ley de Catastro y su Reglamento; bajo tal situación, sostienen que la aprobación debió haberse obtenido previo a la presentación de la iniciativa, destacan de esta manera los siguientes vicios: La Presidenta Municipal de Acapulco presentó la iniciativa del Decreto tres días antes de su aprobación y validación por la Coordinación General de Catastro de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado. El cabildo Municipal aprobó la propuesta de tablas de valores unitarios y la remitió a través de la Presidente Municipal como iniciativa al Congreso, sin el visto bueno de la Coordinación General de Catastro de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado. La Presidenta Municipal de Acapulco carecía de legitimación para presentar la iniciativa del Decreto al Congreso, toda vez que se encontraba pendiente su aprobación por parte de la Coordinación General de Catastro de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado. b) El Congreso incumplió con su obligación de verificar que el contenido de la iniciativa hubiese sido sancionado por la Coordinación General de Catastro de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado. El Congreso admitió a trámite una iniciativa que estaba viciada de origen al no haberse cumplido todos los requisitos legales previos a su presentación. c) El Ayuntamiento omitió obtener la aprobación de la Coordinación General de Catastro de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado. En contravención a los artículos 34 y 35, la Coordinación General de Catastro de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, emitió su opinión cuando la iniciativa ya había sido aprobada por el Cabildo y enviada al Congreso. En consecuencia de lo anterior, en el tercer concepto de violación los quejosos sostienen que la Ley Número 150 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2022, específicamente sus artículos 9, inciso c), y 12, fracción III, vulnera los principios de legalidad y seguridad jurídica al emitirse con base en el Decreto que como se indicó no siguió el procedimiento reglado en la determinación de los valores unitarios que sirven como un elemento para el cálculo de la base gravable del impuesto predial. Resultan infundados dichos conceptos de violación como enseguida se expone. Para evidenciar lo anterior, es necesario definir y explicar la operatividad del principio de legalidad en tratándose de la creación de las normas generales por el legislador; en ese sentido, los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, establecen lo siguiente: "Articulo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)." En estos artículos se encuentran consagrados los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe colmar, que se traduce en el hecho de que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento, fundando y motivando su actuar las autoridades frente al gobernado; así como que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento; es decir, se exige a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de qué ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Los derechos fundamentales antes descritos (legalidad y seguridad jurídica), no están exentos de ser observados por el legislador al crear la norma jurídica; empero, el cumplimiento de tales extremos en la esfera legislativa no puede verificarse de la misma forma en la que se dilucida sobre la legalidad de una decisión de autoridad judicial o administrativa. Sobre el particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que el principio de legalidad en tratándose de la producción de normas generales, se colma cuando la autoridad legislativa que las emite está legítimamente facultada para ello por el propio texto constitucional y las leyes que así lo determinan, y cuando se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas. Lo anterior se encuentra contenido en la jurisprudencia número 68, página 131, del Apéndice de 1988, Parte I, Séptima Época, de rubro y texto siguiente: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica." En torno a esto último, el Máximo Tribunal de la Nación también ha recalcado que el principio de legalidad no exige en modo alguno que la autoridad legislativa haga una motivación específica de cada una de las disposiciones generales creadas, ya que ha reconocido que en determinados campos el órgano de control constitucional se encuentra impedido para efectuar un análisis estricto sobre ese tema, pues de hacerlo así podría llegar a vulnerar la libertad política del legislador. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, Registro 232883, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS LEGISLATIVOS. LOS PODERES QUE INTERVIENEN EN SU FORMACION NO ESTAN OBLIGADOS A EXPLICARLOS. Ni el Congreso de la Unión ni el presidente de la República, en el ejercicio de la función que a cada uno de ellos compete en el proceso de formación de las leyes, tienen la obligación de explicar los fundamentos o motivos por los cuales expiden y promulgan las leyes, ya que esa función sólo requiere el respaldo de la Ley Suprema, y así, tratándose de contribuciones, no hay duda alguna de que los artículos 65, fracción II, 72 y 73, fracción VII, del Código Político Fundamental, autoriza al Poder Legislativo Federal para imponer las necesarias a cubrir el presupuesto, en tanto el 89, fracción I, no sólo faculta, sino que, además, obliga al titular del Ejecutivo a promulgar las leyes que el Congreso de la Unión expida. Por otra parte, es necesario destacar que el procedimiento establecido en la Constitución Federal para elaborar las leyes, no exige que se tengan que explicar los motivos que cada uno de los órganos que intervienen en ese proceso tuvieron en cuenta para ejercitar la función legislativa que tienen encomendada. En otras palabras, tratándose de leyes, el fundamento de ellas no debe buscarse en cada acto legislativo sino en la Constitución Política del país, si son federales, o en la de cada Estado, si son locales. Por cuanto a la motivación baste decir que tal requisito se encuentra dentro de la esencia misma de las disposiciones legales que integran cada uno de los ordenamientos, toda vez que se refieren a relaciones sociales que exigen ser jurídicamente reguladas." Ahora, resulta oportuno traer a colación lo que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 32/2007, en la parte que interesa, en los siguientes términos: "A juicio de esta Suprema Corte, la violación de las formalidades dentro de un procedimiento legislativo no puede abordarse en esta sede constitucional sino desde la consideración de las premisas básicas en las que se asienta la democracia liberal representativa como modelo de Estado, y que es precisamente nuestro modelo de Estado por disposición expresa de la Constitución Federal en sus artículos 39, 40 y 41. Es claro que la evaluación del potencial invalidatorio de dichas irregularidades procedimentales debe intentar equilibrar dos principios distintos: por un lado, un principio que podríamos llamar de economía procesal, que apunta a la necesidad de no reponer innecesariamente etapas procedimentales cuando ello no redundaría en un cambio sustancial de la voluntad parlamentaria expresada y, por tanto, a la necesidad de no otorgar efecto invalidatorio a todas y cada una de las irregularidades procedimentales identificables en un caso concreto y, por otro lado, un principio de equidad en la deliberación parlamentaria, que apunta por el contrario a la necesidad de no considerar automáticamente irrelevantes todas las infracciones procedimentales que se produzcan en una tramitación parlamentaria que culmina con la aprobación de una norma mediante una votación que respeta las previsiones legales al respecto. "A juicio de esta Suprema Corte, la violación de las formalidades dentro de un procedimiento legislativo no puede abordarse en esta sede constitucional sino desde la consideración de las premisas básicas en las que se asienta la democracia liberal representativa como modelo de Estado, y que es precisamente nuestro modelo de Estado por disposición expresa de la Constitución Federal en sus artículos 39, 40 y 41. Es claro que la evaluación del potencial invalidatorio de dichas irregularidades procedimentales debe intentar equilibrar dos principios distintos: por un lado, un principio que podríamos llamar de economía procesal, que apunta a la necesidad de no reponer innecesariamente etapas procedimentales cuando ello no redundaría en un cambio sustancial de la voluntad parlamentaria expresada y, por tanto, a la necesidad de no otorgar efecto invalidatorio a todas y cada una de las irregularidades procedimentales identificables en un caso concreto y, por otro lado, un principio de equidad en la deliberación parlamentaria, que apunta por el contrario a la necesidad de no considerar automáticamente irrelevantes todas las infracciones procedimentales que se produzcan en una tramitación parlamentaria que culmina con la aprobación de una norma mediante una votación que respeta las previsiones legales al respecto. Este último principio está estrechamente vinculado con las características y el valor mismo de la democracia como sistema de adopción de decisiones públicas en contextos singularizados por el pluralismo político, como es el caso de nuestro país y de la mayor parte de democracias contemporáneas. La democracia representativa es un sistema político valioso no solamente porque en su contexto las decisiones se toman por una determinada mayoría de los votos de los representantes de los ciudadanos, sino porque aquello que se somete a votación ha podido ser objeto de deliberación por parte tanto de las mayorías políticas como de las minorías políticas. Es precisamente el peso representativo y la naturaleza de la deliberación pública lo que otorga todo su sentido a la reglamentación del procedimiento legislativo -y a la necesidad de imponer su respeto incluso a los legisladores mismos cuando actúan como órgano de reforma constitucional- En efecto, la adopción de decisiones por mayoría, regla básica que permite resolver en última instancia las diferencias de opinión, es una condición necesaria de la democracia, pero no suficiente. No todo sistema que adopta la regla de la mayoría es necesariamente democrático. Junto a la regla de la mayoría, hay que tomar en consideración el valor de representación política material y efectiva de los ciudadanos que tienen todos y cada uno de los grupos políticos con representación parlamentaria, así sean los más minoritarios, como viene a subrayar el artículo 41 constitucional, y el modo en que la aportación de información y puntos de vista por parte de todos los grupos parlamentarios contribuye a la calidad de aquello que finalmente se somete a votación. Si el simple respeto a las reglas de votación por mayoría pudiera convalidar absolutamente cualquier desconocimiento de las reglas que rigen el procedimiento legislativo previo, quedaría sin sentido la dimensión deliberativa de la democracia, precisamente porque las minorías, por su propia naturaleza, están predestinadas a no imponerse en la votación final a menos que su opinión coincida con un número suficiente de otras fuerzas políticas. Por tanto, es aquí donde cobran toda su importancia las reglas que garantizan la participación efectiva de las minorías al regular, por citar algunos ejemplos, la formación del orden del día, las convocatorias a las sesiones, las reglas de integración de la Cámara, la estructuración del proceso de discusión, o el reflejo de las conclusiones en los correspondientes soportes documentales.... Así, en conclusión, el órgano legislativo antes de ser un órgano decisorio, tiene que ser un órgano deliberante donde encuentren cauce de expresión las opiniones de todos los grupos, tanto los mayoritarios como los minoritarios. Lo anterior es así, porque las reglas que disciplinan el procedimiento legislativo protegen el derecho de las minorías a influir y moldear en el transcurso de la deliberación pública aquello que va a ser objeto de la votación final, y, por tanto, otorga pleno sentido a su condición de representantes de los ciudadanos. ... ... De conformidad con lo expuesto, este Tribunal Pleno estima que para determinar si en un caso concreto las violaciones al procedimiento legislativo redundan en la violación de las garantías de debido proceso y legalidad consagradas en el artículo 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, y provocan la invalidez de la norma emitida, o si por el contrario las mismas no tienen relevancia invalidatoria de esta última, por no llegar a trastocar los atributos democráticos finales de la decisión, es necesario evaluar el cumplimiento de los siguientes estándares: 1) El procedimiento legislativo debe respetar el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad. En otras palabras, es necesario que se respeten los cauces que permiten tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública, lo cual otorga relevancia a las reglas de integración y quórum en el seno de las Cámaras y a las que regulan el objeto y el desarrollo de los debates. 2) El procedimiento deliberativo debe culminar con la correcta aplicación de las reglas de votación establecidas. 3) Tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones deben ser públicas. El cumplimiento de los criterios anteriores siempre debe evaluarse a la vista del procedimiento legislativo en su integridad, puesto que de lo que se trata es precisamente de determinar si la existencia de ciertas irregularidades procedimentales puntuales impacta o no en la calidad democrática de la decisión final. Los anteriores criterios, en otras palabras, no pueden proyectarse por su propia naturaleza sobre cada una de las actuaciones que se lleven a cabo en el desarrollo del procedimiento legislativo, puesto que su función es precisamente ayudar a determinar la relevancia última de cada una de estas actuaciones a la luz de los principios que otorgan verdadero sentido a la existencia de una normativa que discipline su desarrollo. Además, los criterios enunciados siempre deben aplicarse sin perder de vista que la regulación del procedimiento legislativo raramente es única e invariable, sino que incluye ajustes y modalidades que responden a la necesidad de atender a las vicisitudes o avatares que tan frecuentemente se presentan en el desarrollo de los trabajos parlamentarios. La entrada en receso de las Cámaras o la necesidad de tramitar ciertas iniciativas con extrema urgencia, por ejemplo -algo que, como veremos, caracteriza el caso que debemos abordar en el presente asunto- son circunstancias que se presentan habitualmente y ante las cuales la evaluación del cumplimiento de los estándares enunciados debe hacerse cargo de las particularidades del caso concreto, sin que ello pueda desembocar, en cualquier caso, en la final desatención de ellos. No pasa inadvertido que este Tribunal Pleno ha establecido también entre violaciones de carácter formal que pueden trascender de manera fundamental a la norma misma, de manera que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad, y otros casos en los que la falta de apego a alguna de las disposiciones que rigen el proceso legislativo, no trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez. Lo primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin quórum necesario o no haya sido aprobada con los votos necesarios, en cuyo caso la violación formal trascendería de modo fundamental, provocando su invalidez. En cambio, la circunstancia de que la iniciativa, por ejemplo, no se haya turnado a la comisión que debió conocer de ella -como ocurre en la especie-, carece de relevancia invalidatoria (.) puede decirse que la motivación legislativa puede ser de dos tipos: 1) Motivación reforzada: se trata de una exigencia del Tribunal Constitucional, dirigida a la emisión de ciertos actos o normas en los que puede llegar a afectarse algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional. Precisamente por el tipo de valor que queda en juego, es preciso que quien emita el acto o la norma haya razonado su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, habiendo ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso. Esta exigencia es desplegada por el Tribunal Constitucional cuando detecta en el acto legislativo alguna "categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados determinados valores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate. En estos casos se estima que el legislador debió haber llevado un balance cuidadoso entre aquellos elementos que la ley o, en su caso, la Constitución Local, establecen como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un determinado acto. Este tipo de motivación implica el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) la existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en el que lo hizo; y b) la justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los que el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se trate. 2) Motivación ordinaria: tiene lugar cuando el legislador lleva a cabo sus funciones legislativas en las que no se presenta alguna "categoría sospechosa", esto es, cuando el acto legislativo no tiene que pasar por una ponderación específica de las circunstancias concretas del caso porque no subyace algún tipo de riesgo en la merma de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo. Este tipo de actos legislativos, por regla general, ameritan análisis poco estricto por parte de la Suprema Corte, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador. En efecto, en determinados campos -como el económico, el de la organización administrativa del Estado y, en general, en donde no existe la posibilidad de disminuir o excluir algún derecho fundamental- un control muy estricto llevaría al Juez constitucional a sustituir la función legislativa del Congreso, pues no es función del Poder Judicial de la Federación, sino de los órganos políticos, entrar a analizar si ese tipo de políticas son las mejores o resultan necesarias. Para este Alto Tribunal es claro que la fuerza normativa del principio democrático y del principio de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan el Congreso y el Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones. Así, si dichas autoridades tienen mayor discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que en esos temas las posibilidades de injerencia del Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Por el contrario, en aquellos asuntos en que el Texto Constitucional limita la discrecionalidad del Congreso o del Ejecutivo, la intervención y control del Tribunal Constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. En esas situaciones, como se dijo, el escrutinio judicial debe entonces ser más estricto, por cuanto el orden constitucional así lo exige. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma. (.)" Lo anterior derivó en la integración de la jurisprudencia P./J. 120/2009, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 165745, del tenor siguiente: "MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. Los tribunales constitucionales están llamados a revisar la motivación de ciertos actos y normas provenientes de los Poderes Legislativos. Dicha motivación puede ser de dos tipos: reforzada y ordinaria. La reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor que queda en juego, es indispensable que el ente que emita el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso. Tratándose de las reformas legislativas, esta exigencia es desplegada cuando se detecta alguna "categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados determinados valores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate. En estos supuestos se estima que el legislador debió haber llevado un balance cuidadoso entre los elementos que considera como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto, y los fines que pretende alcanzar. Además, este tipo de motivación implica el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en el que lo hizo; y, b) La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los que el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se trate. Por otra parte, la motivación ordinaria tiene lugar cuando no se presenta alguna "categoría sospechosa", esto es, cuando el acto o la norma de que se trate no tiene que pasar por una ponderación específica de las circunstancias concretas del caso porque no subyace algún tipo de riesgo de merma de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo. Este tipo de actos, por regla general, ameritan un análisis poco estricto por parte de la Suprema Corte, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador. En efecto, en determinados campos -como el económico, el de la organización administrativa del Estado y, en general, en donde no existe la posibilidad de disminuir o excluir algún derecho fundamental- un control muy estricto llevaría al juzgador constitucional a sustituir la función de los legisladores a quienes corresponde analizar si ese tipo de políticas son las mejores o resultan necesarias. La fuerza normativa de los principios democrático y de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan los Congresos Locales, en el marco de sus atribuciones. Así, si dichas autoridades tienen mayor discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que en esos temas las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Por el contrario, en los asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Poder Legislativo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. En esas situaciones, el escrutinio judicial debe entonces ser más estricto, por cuanto el orden constitucional así lo exige. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma." Luego, para estar en aptitud de dilucidar sobre lo infundado de los motivos de disenso planteados, es necesario cuestionarse si el seguimiento a específicos aspectos que destaca la parte quejosa, constituye una cuestión trascendental en la validez de la norma que nos ocupa, o si por el contrario, su desatención no implica una infracción sustantiva que vulnere los principios de fundamentación y motivación legislativas. Para dar respuesta a ello, debemos tener presente los lineamientos que sustentaron la integración de la invocada jurisprudencia P./J. 120/2009, en la que se reconoció que la problemática para verificar la constitucionalidad de las normas generales debe abordarse inexorablemente atendiendo al marco de la organización republicana en la que se dividen las funciones del Estado (división de poderes), así como del sistema democrático liberal representativo como modelo adoptado por el Estado Mexicano, que permea al propio procedimiento legislativo, tan es así que consideró al órgano legislativo como un órgano deliberante que encauza la expresión de todas las opiniones de todos los grupos, tanto mayoritarios como minoritarios, antes de ser un ente decisorio. Por ende, el órgano de control constitucional tampoco puede permanecer ajeno a tales estructuras de organización política, de ahí que sus decisiones necesariamente deban respetar la autonomía de la voluntad legislativa dentro de aquel marco constitucional. A la luz de lo reseñado con antelación, queda de relieve el hecho de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación subrayó que no toda infracción al procedimiento legislativo es susceptible por sí misma, de invalidar la norma general creada, ya que si de todos formas la voluntad del órgano político fue precisamente integrar al sistema jurídico determinado precepto o conjunto de ellos, entonces aquel vicio resultaría intrascendente. Entonces, si de la intelección de los artículos 22, fracción XIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero; 5, inciso II, subinciso II, del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero y 34 de la Ley Número 266 de Catastro del Estado de Guerrero, se obtiene que la Coordinación General de Catastro es una unidad administrativa auxiliar de la Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero para el despacho de los asuntos relativos a la administración del catastro en esta entidad federativa; y que con motivo de ello, está legitimada para hacer observaciones en lo relacionado a las tablas de valores unitarios de suelo y construcción que los Ayuntamientos remiten al Congreso para su aprobación, de ello se sigue que la remisión de tales observaciones, con posterioridad al envío de la iniciativa respectiva por parte del Ayuntamiento de Acapulco, no puede incidir en la validez de la norma sujeta a revisión. Lo anterior se estima así, porque es facultad exclusiva del Congreso del Estado de Guerrero aprobar las aludidas tablas de valores unitarios de suelo y construcción, lo que no puede estar condicionado a una aprobación previa de una entidad perteneciente a un poder distinto -ejecutivo- al legislativo, ya que de proceder en ese sentido, se despojaría al Congreso del Estado de esa cualidad deliberante. Por ende, si se dio cumplimiento al envío de las observaciones respectivas por parte de la Coordinación General de Catastro perteneciente a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, de ello se sigue que el aspecto destacado por la parte quejosa en torno al orden que debió observarse para ello - previo a la iniciativa remitida por el Ayuntamiento de Acapulco-, no constituye sino en todo caso, una mera infracción a una cuestión procedimental más no sustantiva sobre el proceso legislativo que en modo alguno anula la aprobación realizada por los miembros que integran el órgano legislativo. Por ende, al no encontrarse fundado el motivo de disenso planteado en torno a los actos legislativos que dieron origen al Decreto número 156 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento de Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2022, tampoco puede apreciarse reflejado en la Ley Número 150 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2022, como se argumenta en el tercer concepto de violación. II. Legalidad Tributaria. En el cuarto concepto de violación los quejosos sostienen que conforme a lo dispuesto en los artículos 9, inciso c), y 12, fracción III, de la Ley Número 150 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2022, así como de acuerdo a lo estipulado en los numerales 30, 33, 34, 35 y 36 de la Ley número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, y finalmente en los arábigos 20, 25, 26 y 31 de su Reglamento de la Ley de Catastro, la base gravable para el impuesto predial se calcula con base en las directrices ahí establecidas, en concordancia con el Decreto número 156 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento de Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2022; sin embargo, conforme a las directrices establecidas no se indican los elementos que se deben tomar en cuenta para determinar un valor unitario al suelo y a las construcciones o para asignar determinado valor a un predio, lo que impide que el contribuyente conozca la manera de determinar la base, puesto que el valor catastral se obtiene conforme al valor del suelo y construcción previsto en las citadas tablas, vulnerando con ello la garantía de legalidad tributaria, porque se faculta a la autoridad administrativa la determinación del valor catastral de los predios y construcciones. Agrega que el artículo 30 de la Ley de Catastro señala que la determinación de valores unitarios de la tierra para zonas urbanas debe tomar en consideración su localización en atención a los polos locales de desarrollo, o dependiendo del uso de cada predio, los servicios existentes, medios de comunicación y en general todos aquellos factores determinantes en el valor de la tierra, cuando sea aplicable el procedimientos de valores de calle; no obstante ello no es fijado algún parámetro dentro del cual pueda desplegar su actuar la autoridad recaudadora, a fin de establecer cuándo debe atenderse a la ubicación en un polo de desarrollo, o cuándo al uso del predio, ni cuáles son todos los factores que tomara en cuenta para su determinación y menos aún fijó ni delimitó cuando un determinado factor incrementa o demerita el valor de los predios. Aunado a lo anterior, los quejosos aducen que en las tablas de valores unitarios no se determina el método por el cual el inmueble objeto del impuesto es susceptible de ubicarse en las mismas, pues no establecen los parámetros que fueron tomados en cuenta para llevar a cabo la clasificación del terreno y su construcción para ubicarlo en determinada zona, aunado a que ningún precepto indica cómo o con base en qué se va a determinar o asignar un valor unitario al suelo y a las construcciones de los predios agrupados. Son infundados los argumentos antes sintetizados por las consideraciones que se exponen a continuación. La normativa que prevé el procedimiento de creación de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, está contenida en los artículos del 29 al 39 de la Ley número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, así como del 20 al 27 de su Reglamento, los cuales a la letra dicen: "Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero CAPÍTULO VI De las tablas de Valores Catastrales Artículo 29.- Los valores unitarios de suelo y construcción que sirvan de base para la determinación de los valores catastrales, serán actualizados conforme a las disposiciones de esta Ley y su Reglamento. Artículo 30.- Para la determinación de los valores unitarios de la tierra, tratándose de los predios comprendidos en las zonas urbanas, se tomará en cuenta su localización para el caso de su análisis con apoyo en polos locales de desarrollo, o bien el uso predominante de los predios en cada vía y zona respectiva, los servicios urbanos existentes, medios de comunicación y en general todos aquellos factores determinantes en el valor de la tierra, cuando sea aplicable el procedimiento de valores de calle. Artículo 31.- Los valores unitarios de suelo en las zonas rústicas se fijarán por hectárea, teniendo en cuenta las condiciones agrológicas de la región, la ubicación en relación con los centros urbanos o de consumo, las facilidades de las vías de comunicación, medios y costo de transporte para los productos y los demás factores que influyan en el valor de ese tipo de terrenos. Artículo 32.- El Municipio en coordinación con las dependencias oficiales correspondientes, determinará los perímetros de las zonas urbanas y suburbanas de los núcleos de población que ameriten ese carácter. Las áreas ubicadas fuera de tales perímetros constituirán las zonas rústicas. Artículo 33.- Los valores unitarios de construcción, se determinarán en función de las características de cada uno de los elementos estructurales y arquitectónicos que las integren; y su establecimiento se realizará mediante los cuadros de tipos de edificación o conforme a la implementación matemática de las tablas de clasificaciones constructivas. Artículo 34.- Para determinar el valor catastral de cada predio, se aplicarán los valores unitarios para el suelo y para los diferentes tipos de construcción que al efecto elabore la Dirección de Catastro Municipal, que previamente serán aprobados y autorizados por el H. Congreso del Estado. Los Ayuntamientos municipales que remitan su iniciativa de Decreto de tablas de valores unitarios de suelo y construcción al H. Congreso del Estado, para su aprobación, previamente deberán ser revisadas y validadas por la Coordinación General de Catastro dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que verifique el cumplimiento de los criterios y lineamientos técnicos y normativos establecidos en la presente Ley y su Reglamento. En caso de que la Coordinación General de Catastro emita observaciones sobre la propuesta de tablas de valores unitarios de suelo y construcción, las hará del conocimiento al Ayuntamiento que corresponda y del H. Congreso del Estado, para que éste último valore la conveniencia de incluir dichas observaciones en el Decreto correspondiente. Artículo 35.- Una vez formuladas las tablas de valores unitarios de suelo y construcción y validadas por la Coordinación General de Catastro, se someterán a acuerdo del Cabildo, para que se envíen en calidad de proyecto, por conducto del Presidente Municipal al H. Congreso del Estado para su análisis, discusión y aprobación correspondiente. Dichas tablas de valores unitarios deberán presentarse para su aprobación, en la fecha que señale la Ley Orgánica del Municipio Libre Vigente. Artículo 36.- Para efectuar el proceso de valuación y revaluación catastral de los predios urbanos deberá partirse del valor unitario por metro cuadrado aplicable, conforme a su división territorial catastral, en relación con los polos de desarrollo local definidos, así como a la zona y calle de su ubicación, tomando en consideración las disposiciones que en materia de valuación y revaluación establezca el Reglamento de la presente Ley. Artículo 37.- Las tablas de valores unitarios de suelo y construcción deberán ser del dominio público y surtirán efecto a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Artículo 38.- Aprobadas las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, la Dirección de Catastro, procederá a la valuación y revaluación individual o masiva de los predios. Artículo 39.- Los valores unitarios comprendidos en las tablas de valores de suelo y construcción serán objeto de actualización cada año, para predios urbanos y rústicos. Si al término de estos períodos no se expiden nuevas tablas, continuarán rigiendo las vigentes." "Reglamento de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero Capítulo IV Elaboración de tablas de valores unitarios de suelo y construcción Artículo 20. Los ayuntamientos, a través de la Dirección de Catastro Municipal, elaborarán el proyecto de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción de conformidad con lo que establecen los artículos contenidos en el Capítulo VI de la Ley, los cuales deberán ser acompañados del plano o gráfico correspondiente, en los formatos que contengan la información debidamente requisitada. Artículo 21. Una vez elaborado el proyecto de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, por parte de la Dirección de Catastro Municipal del ayuntamiento respectivo, se enviarán a la Coordinación General de Catastro, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para su revisión y validación de los criterios técnicos y normativos que se utilizaron en su elaboración, y una vez cumplidos estos, se devolverán al ayuntamiento; en caso de no cumplir satisfactoriamente estos criterios técnicos y normativos se harán del conocimiento del mismo para su corrección. Artículo 22. Una vez hecha la validación de los criterios técnicos y normativos de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, por parte de la Coordinación General de Catastro, la autoridad municipal correspondiente las presentará ante el Cabildo para su discusión y aprobación en su caso. Artículo 23. Una vez aprobadas las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción por el Cabildo, se levantará el acta de aprobación correspondiente y serán enviadas por conducto de la Presidencia Municipal al H. Congreso del Estado para su análisis y expedición del decreto de aprobación correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 fracción III de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, en relación con el artículo 35 de la Ley. Artículo 24. La Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción tendrá vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal. Artículo 25. Para la elaboración de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo, los ayuntamientos además de seguir el procedimiento señalado en los artículos anteriores, deberán realizar las actividades que a continuación se indican: I. Los ayuntamientos, a través de la Dirección de Catastro Municipal, con apoyo de personal especializado en el ramo, realizarán los estudios de mercado necesarios para formular la propuesta de Valores Catastrales Unitarios de Suelo tomando como base el metro cuadrado para predios urbanos y por hectárea tratándose de predios rústicos, mismos que servirán de base para determinar los valores catastrales; II. Tratándose de predios urbanos se procederá a su clasificación bajo el criterio de agruparlos en zonas catastrales, y a su vez en tramos de calles o zonas de valor; III. Se recabarán toda clase de datos poblacionales, socioeconómicos, de infraestructura y equipamiento urbano a fin de proceder a una zonificación adecuada y a un cálculo preciso del valor unitario por zona; así como a las características comunes de los inmuebles que se ubiquen en las distintas zonas del mismo refiriéndose a las zonas catastrales de condiciones homogéneas e infraestructura y equipamiento urbano, y IV. El valor unitario de los predios urbanos por metro cuadrado, se determinará y establecerá por zona, manzana o calle, atendiendo a la disponibilidad y características del equipamiento, infraestructura y servicios públicos, tomando en cuenta en forma enunciativa y no limitativa los elementos siguientes: a) Suministro de Agua.- - - b) Vialidades. - - - c) Drenaje. - - - d) Energía eléctrica y alumbrado público. - - - e) Banquetas y guarniciones. - - - f) Equipamiento básico. - - - g) Vigilancia y servicios de limpia. - - - h) Parques públicos y jardines. - - - i) Equipamiento especial. - - - j) Mercados públicos. - - - k) Proximidad a zonas comerciales y de servicios. Artículo 26. Para la elaboración de las Tablas de Valores Unitarios de Construcción se considerará el valor por metro cuadrado de construcción determinándolo en función de la cantidad, calidad y valor de los materiales utilizados en su estructura, acabados y mano de obra aplicada en ellos, clasificándolas según: I. USO: 1. Habitacional. 2. Comercial. 3. Industrial. 4. Edificios de Oficinas. 5. Mixto. 6. Instalaciones Especiales. 7. Elementos Accesorios. 8. Obras Complementarias. II. CLASE: 1. Habitacional: a) Precaria. b) Económica. c) Interés Social. d) Regular. e) Interés Medio. f) Buena. g) Muy Buena. h) Lujo. 2. Comercial: a) Económica. b) Regular. c) Buena. d) Muy Buena. e) Lujo. f) Departamental. 3. Industrial: a) Económica. b) Ligera. c) Mediana. d) Pesada. 4. Equipamiento: a) Cine o Auditorio. b) Escuela. c) Oficinas. d) Estacionamiento. e) Hospital. f) Hotel Regular. g) Hotel Bueno. h) Hoteles de 1 a 4 Estrellas. i) Hotel 5 Estrellas. j) Hotel Gran Lujo. k) Restaurantes. l) Bares. m) Tiendas de Autoservicio. n) Mercado. 5. Especiales: a) Alberca. b) Barda. c) Canchas. d) Cobertizo. e) Elevador. 6. Instalaciones Especiales. 7. Elementos Accesorios. 8. Obras Complementarias. Artículo 27. Tratándose de predios rústicos, se aplicará el valor catastral por hectárea de conformidad con el artículo 31 de la Ley, y para la formulación de las Tablas de Valores se basarán atendiendo a los factores cualitativos siguientes: I. Terrenos de Humedad; II. Terrenos de Riego; III. Terrenos de Temporal; IV. Terrenos de Agostadero Laborable; V. Terrenos de Agostadero Cerril; VI. Terrenos de Monte Alto en Explotación Forestal; VII. Terrenos en Monte Alto sin Explotación Forestal, y VIII. Terrenos en explotación minera. Así mismo, se considerarán los elementos exógenos que intervienen en la determinación del valor como: a) Disponibilidad de la infraestructura de riego. b) Proximidad de caminos, carreteras, puertos o centros de distribución de acopio y abasto. c) Costo de los medios de transporte. d) Tipo de clima. e) Cultivos principales y periodicidad. f) Utilidad y explotación del terreno." Los artículos 30 y 33 de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, establecen que para determinar los valores unitarios de los predios urbanos se deberá tomar en cuenta su localización para el caso de su análisis con apoyo en polos locales de desarrollo, o bien el uso predominante de los predios en cada vía y zona respectiva, los servicios urbanos existentes, medios de comunicación y en general todos aquellos factores determinantes en el valor de la tierra, cuando sea aplicable el procedimiento de valores de calle; y para determinar los valores unitarios de construcción, se determinarán en función de las características de cada uno de los elementos estructurales y arquitectónicos que las integren; y su establecimiento se realizará mediante los cuadros de tipos de edificación o conforme a la implementación matemática de las tablas de clasificaciones constructivas. Además de que el artículo 25 del Reglamento de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, entre otras cosas, indica que el valor unitario de los predios urbanos por metro cuadrado, se determinará y establecerá por zona, manzana o calle, atendiendo a la disponibilidad y características del equipamiento, infraestructura y servicios públicos, tomando en cuenta en forma enunciativa y no limitativa los elementos siguientes: a) Suministro de Agua; b) Vialidades; c) Drenaje; d) Energía eléctrica y alumbrado público; e) Banquetas y guarniciones; f) Equipamiento básico; g) Vigilancia y servicios de limpia; h) Parques públicos y jardines; i) Equipamiento especial; j) Mercados públicos; y k) Proximidad a zonas comerciales y de servicios Los artículos 20, 21 y 22 del Reglamento de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, imperan que los Ayuntamientos por conducto de la Dirección de Catastro Municipal, elaborarán el proyecto de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción de conformidad con lo que establecen los artículos contenidos en el Capítulo VI de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, los cuales deberán ser acompañados del plano o gráfico correspondiente, en los formatos que contengan la información debidamente requisitada. Una vez elaborado el proyecto de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, por parte de la Dirección de Catastro Municipal del Ayuntamiento respectivo, se enviarán a la Coordinación General de Catastro dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado para su revisión y validación de los criterios técnicos y normativos que se utilizaron en su elaboración, y una vez cumplidos éstos, se devolverán al Ayuntamiento; en caso de no cumplir satisfactoriamente estos criterios técnicos y normativos se harán del conocimiento del mismo para su corrección; hecha la validación de los criterios técnicos y normativos de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción, por parte de la Coordinación General de Catastro, la autoridad municipal correspondiente las presentará ante el Cabildo para su discusión y aprobación en su caso. Consecuentemente, la elaboración de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción debe cumplir con todos los requisitos que se señalan, no obstante los elementos que refieren los quejosos no precisamente deben estar insertos como subclasificación dentro del Decreto número 156 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento de Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2022, puesto que los estudios técnicos valorados son parte del proyecto presentado por el Ayuntamiento, el cual fue revisado por la Coordinación General de Catastro dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, quien validó los criterios técnicos y normativos que se utilizaron en su elaboración y que posteriormente fue aprobado por el Congreso del Estado, tal y como se constata del Dictamen presentado al Congreso en sesión de fecha veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, que en su parte conducente se observa: "[.] CONSIDERACIONES . Que en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo, del artículo 34 de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, el Honorable Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, solicitó a la Coordinación General de Catastro del Gobierno del Estado de Guerrero, la revisión y en su caso validación de propuesta Tabla de Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcción con Vigencia para 2022, Dirección que con oficio número SFA/SI/CGC/0067/2021, de fecha 28 de octubre del 2021, señalo: '.se observa que las Tablas de Valores Unitarios de Terreno y Construcciones "cumple con los criterios y lineamientos técnicos y normativos que señala la citada Ley y su Reglamento, por lo que se expide el presente oficio de validación de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción." Por lo que es suficiente que las autoridades hayan cumplido con el procedimiento de creación establecido por la Ley de Catastro y su Reglamento, sin que se advierta alguna disposición legal que conmine al Congreso del Estado a incluir en el Decreto reclamado toda la información consistente en los estudios técnicos valorados para su emisión, de manera que el hecho de que no estén insertos en la citada norma todos esos elementos no trae como consecuencia la inconstitucionalidad del citado Decreto, puesto que la autoridad expresamente estableció que se siguió con el proceso legislativo impuesto por la Ley de Catastro y su Reglamento, lo cual se observa de la transcripción del dictamen que antecede. Por tanto, que en el Decreto reclamado no se inserten elementos como lo son el uso predominante de los predios, factores de depreciación por edad y de mercado, su ubicación, así como el plano o gráfico de las zonas catastrales que muestren los factores que influyan en el valor de los terrenos, no implica que los valores unitarios puedan elegirse al arbitrio de la autoridad, dado que esos factores, ya fueron previamente analizados en el proyecto emitido por el Ayuntamiento a través de la Dirección de Catastro Municipal, el cual fue revisado por la Coordinación General de Catastro dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y aprobado por el Congreso del Estado, para que el contribuyente, sin necesidad de analizar una vez más todas estas particularidades mencionadas, pudiera fácilmente ubicarse en el supuesto de valor unitario que en su caso le resulte aplicable y calcular el valor catastral del inmueble de su propiedad. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis XVII.2o.P.A.34 A (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Registro digital: 2018412, que dispone: "PREDIAL. LA TABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, QUE SIRVE DE BASE PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO, SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA. La Tabla de valores unitarios de suelo y construcciones para el ejercicio fiscal 2017 del Municipio de Chihuahua, Chihuahua, publicada en el Periódico Oficial local el 24 de diciembre de 2016, es un acto material y formalmente legislativo. Ahora, para determinar si se encuentra debidamente fundado y motivado, debe considerarse si el órgano que lo expidió actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución de la entidad le confiere (fundamentación), y si se refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación), lo que se cumple en el caso, sin que sea necesario que en la tabla de valores indicada el Congreso del Estado hubiere especificado el método o criterio que le permitió ubicar los inmuebles en las diversas categorías que menciona, y que no contenga los parámetros para fijar los valores de suelo y construcciones, que servirán de base para el cálculo del impuesto predial, pues conforme a la jurisprudencia P./J. 1/2005, sólo cuando el legislador desestima y no hace suya la propuesta del Ayuntamiento correspondiente -lo que en el caso no ocurrió-, debe motivar reforzadamente ese rechazo." Además, como ya se indicó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que el legislador no siempre está obligado a precisar las razones o circunstancias especiales que tomó en consideración para expedir una ley, dado que el requisito de motivación se satisface cuando ésta se refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas. Aunado a lo anterior, es de destacarse que del Decreto número 156 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento de Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2022, se puede constatar que ponderada las características que forman parte de la infraestructura y equipamiento urbano, pues en su artículo único, apartado "III.- TABLA DE VALORES DE CONSTRUCCION VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022.", se determina que cada tipo de vivienda se clasificara en: A PRECARIA; B POPULAR; C ECONOMICA; D INTERES SOCIAL; E MEDIO; F SEMILUJO; G LUJO; H PLUS; e, I PREMIER, tal y como se inserta a continuación: Además de que en apartado "IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN EL USO Y LA CLASE", se describen todas las características físicas que identifican el tipo de vivienda, como enseguida se inserta: Consecuentemente, lo anterior razonablemente permite afirmar y sostener que el Decreto número 156 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento de Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2022, contiene los elementos suficientes de la construcción para poderle asignar una categoría a los inmuebles materia del impuesto predial, sin dejar en estado de indefensión al contribuyente puesto que elementos insertados son suficientes para lograr categorizar al inmueble materia del impuesto. No es inadvertido que los quejosos sostienen que las tablas de valores unitarios incluyen tipologías que no se encuentran contempladas en la legislación catastral, ya que por lo que hace a la determinación de la clasificación relativa a la clase particularmente al uso habitacional define las tipologías en a) precaria, b) económica, c) interés social, d) regular, e) interés medio, f) buena, g) muy buena y h) lujo, mientras que el Decreto contempla otras categorías como la popular, regular, semilujo, plus y premier, lo que lo afecta de inconstitucional, lo mismo ocurre respecto del uso, puesto que las tablas contemplan una serie de divisiones no reconocidas por la ley, tal como acontece al momento de incluirse una clasificación diferenciada entre los predios de uso habitacional, entre los que sean uni-familiares, respecto de los constituidos en departamento o condominio, lo que genera incertidumbre al sujeto del impuesto predial, pues en ninguna parte de la Ley de Catastro se encuentran establecidos dichos parámetros, lo que provoca que uno de los elementos de la contribución pueda ser elegido discrecionalmente por la autoridad administrativa, debido a que el legislador estableció una variedad de posibles bases gravables atendiendo a las diversas clasificaciones establecidas en las tablas (habitación, comercial e industrial) pero no estableció los parámetros que debe observar la autoridad administrativa para efecto de clasificar las tipologías, en los términos previstos en las tablas de valores unitarios. Sin embargo, contrario a lo argumentado por la parte quejosa, no debe perderse de vista que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "[.] Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. (.)." Del artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprenden los cuatro principios de justicia fiscal que configuran el sistema impositivo mexicano, los cuales son: legalidad, proporcionalidad, equidad tributaria y destino al gasto público. Estos principios nutren de contenido a los ordenamientos fiscales, pero también delimitan el margen de actuación del legislador para crear, modificar o derogar las normas que componen cada régimen tributario particular que integra dicho sistema. En lo que aquí interesa el principio de legalidad tributaria implica la exigencia constitucional al legislador ordinario de establecer los elementos constitutivos de las contribuciones de manera razonable, con el objeto de que los contribuyentes tengan certeza sobre la manera en que habrán de cumplir sus obligaciones fiscales, sin que ello lo vincule a definir cada vocablo o locución utilizado en las normas, sino por el contrario, se reconoce la necesidad de que existan métodos de interpretación jurídica que definan su sentido y alcance, con motivo de las imprecisiones y oscuridad legales. El alcance de dicha garantía de legalidad tributaria se basa en que el legislador no debe prever fórmulas que representen prácticamente la indefinición de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ello se dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas quienes generen la configuración de los tributos, o bien, que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que debe contribuir al gasto público. En esa virtud, el principio de legalidad tributaria no llega al extremo de impedir el empleo de un método de interpretación jurídica para arribar al verdadero significado de cada uno de los elementos esenciales de la norma que crea el impuesto de que se trata, pues el objeto de dicha garantía tiene que ver con la prohibición de que sea la autoridad administrativa la que determine alguno de esos elementos esenciales, de modo que se abra la posibilidad de cometer arbitrariedades en contra del ciudadano que desconoce los lineamientos o formulas a utilizar para calcularlos, dejando a voluntad de la autoridad exactora y no del legislador, el cálculo de tal aspecto. Conviene citar por las razones que las informan, los siguientes criterios aislados, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: P. LXXVI/2010, Registro digital: 163097, y de la entonces Carta Sala, Tesis: 4a. XXXVI/91, Registro digital: 207876, que disponen: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL ALCANCE DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL NO TUTELA QUE LA DEBIDA DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE UN TRIBUTO SE HAGA BAJO UN ENTORNO PROPORCIONAL Y EQUITATIVO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los tributos se prevean en la ley y, de manera específica, sus elementos esenciales, para evitar que quede a la arbitrariedad de las autoridades exactoras la fijación del gravamen, el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, y para que el particular pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano quien los precise. Asimismo, al atender a la interacción de dicho principio tributario con la garantía de seguridad jurídica, en su vertiente de certeza manifestada en un suficiente desarrollo normativo, ha sostenido que el legislador no debe prever fórmulas que representen, prácticamente, la indefinición de un concepto relevante para el cálculo del tributo, ya que con ello se dejaría abierta la posibilidad de que sean las autoridades administrativas quienes generen la configuración de los tributos, o bien, que el contribuyente promedio no tenga la certeza de la forma en que debe contribuir al gasto público. Sin embargo, este Alto Tribunal no ha sostenido que en cumplimiento al principio de legalidad tributaria, el legislador esté obligado, adicionalmente, a tutelar los diversos principios de proporcionalidad y equidad, como si aquél fuera una meta-garantía constitucional que se infringiría siempre que se faltara a la proporcionalidad o a la equidad aunque, desde luego, el legislador debe velar por que no se violen los principios mencionados en último término, sin que ello derive del principio de legalidad tributaria." "IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA DE. La exigencia de que los elementos esenciales de un tributo se consignen expresamente en la ley que lo establece, no llega al extremo de pretender la definición de los conceptos que utilice ni excluye la posibilidad de que la norma se interprete para averiguar su correcto alcance. Lo que prohíbe la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, es que la creación propiamente dicha del impuesto quede a cargo de una autoridad distinta del legislador, lo cual no acontece cuando en la ley aparecen determinados los elementos del tributo, requiriéndose únicamente de la interpretación para fijar su exacto sentido, puesto que interpretar la ley no equivale a crearla, sino nada más a desentrañar el sentido de la ya existente." Por tanto, no se transgrede el principio de legalidad tributaria ante la falta de definición -en la norma- de los conceptos de popular, regular, semilujo, plus y premier; y, que por tal motivo, impida al contribuyente atender su ámbito de aplicación, puesto que atendiendo el marco constitucional que regula el principio de legalidad tributaria y, que como ha quedado expuesto, no vincula al legislador a definir cada vocablo o locución utilizado; máxime en atención al reconocimiento de la necesidad de que existan métodos de interpretación jurídica que definan su sentido y alcance, con motivo de las imprecisiones y oscuridad legales; y aún más atendiendo a que tales vocablos no dan pauta a una interpretación confusa que imposibilite su acepción. Es decir, aunque en el Decreto reclamado no se describen los parámetros para clasificar el inmueble en los tipos básicos de construcción adherida al suelo, que son: vivienda unifamiliar; departamento condominio; hoteles-moteles; comercios o prestación de algún tipo de servicio; escuelas; restaurantes; naves industriales/bodegas; estacionamiento; techumbres; terrazas; alberca; jardines; elevadores; pavimentos y banquetas; muros de contención; y, centros sociales, salón de eventos, estadios, foros y espectáculos; lo cierto es que de la imposición de los conceptos descritos se puede observar que éstos no necesitan mayor descripción, pues su definición es del dominio público y son perfectamente identificables por cualquier persona. De ahí que, son infundados los conceptos de violación analizados. Bajo ese contexto, al resultar infundados los conceptos de violación propuestos, lo que procede es negar el amparo solicitado.... Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Víctor Adrián Feldmann González y Luis Armando Ibarrola Millán, por los razonamientos expuestos en el considerando quinto que rige este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Víctor Adrián Feldmann González y Luis Armando Ibarrola Millán, por las razones dadas en el último considerando que rige esta sentencia.... Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta hoy cuatro de octubre de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución, quien actúa asistida por Gustavo Vega Ascencio, Secretario que autoriza. Doy fe....
- Principal
Principal 724/2022-II CUENTA. El ocho de septiembre de dos mil veintidós, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el oficio registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 14589. Conste. El Secretario Rafael Ibarra Delgado Acapulco de Juárez, Guerrero; ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto; se tiene por recibido y agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio firmado por el Delegado del Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual acusa recibo del oficio 23865/2022, por el que se le notificó el auto admisorio de tres de agosto de dos mil veintidós, circunstancia de la cual queda enterado este juzgado federal, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Rafael Ibarra Delgado, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Principal 724/2022-II CUENTA. El dos de septiembre de dos mil veintidós, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el estado procesal que guardan los autos. Conste. El Secretario Rafael Ibarra Delgado Acapulco de Juárez, Guerrero; dos de septiembre de dos mil veintidós. Visto; el estado procesal que guardan los autos se advierte que la audiencia constitucional señalada en el presente asunto, se encuentra programada para el día hoy; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla en razón de que aún no obra el acuse de recibo del que se desprenda que la autoridad responsable Congreso del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, haya sido notificada del oficio 23865/2022, de tres de agosto pasado, por el que este juzgado federal se avocó a conocer la demanda de amparo promovida por Víctor Adrián Feldmann González y Luis Armando Ibarrola Millán. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. No obstante lo anterior, requiérase a la citada autoridad responsable para que en el término de VEINTICUATRO HORAS SIGUIENTES a la notificación del presente acuerdo, acuse recibo del oficio que contenga el presente acuerdo, así como del diverso 23865/2022, e informe vía telegráfica o al correo electrónico 4jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que recibieron los mismos. Apercibido de que no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tengan, en términos de los numerales 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo, y tercero transitorios del Decreto por el RAFAEL IBARRA DELGADO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e3 20/03/24 15:41:06 que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia desindexación del salario mínimo, se le impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. Notifíquese por lista a las partes, incluidas las autoridades responsables, en términos de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Rafael Ibarra Delgado, Secretario que autoriza. Doy fe.
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- Vicente Ordoñez Torres118/2019
- Vicente Reyes Rosas432/2016
- Vicente Ulises Iturbide de Jesús1129/2013
- Víctor Adrían Feldmann González696/2014
- Víctor Alejandro García Benítez579/2015
- Víctor Alfonso Cervantes Ramos989/2018
- Víctor Alfredo Mondragón Martínez1016/2015
- Víctor Antonio Solís Ayvar30/2015
- Víctor Armando López Ávila1008/2015