VICTOR ADOLFO FIGUEROA LÓPEZ y Otros.

Expediente 957/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
957/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
23/10/2018

Partes del expediente

  • VICTOR ADOLFO FIGUEROA LÓPEZ y Otros.
  • Victor Adolfo Figueroa López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 957/2018, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 326 a 328), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Por lo anterior, devuélvase a la responsable Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, la documental que remitió en apoyo a su informe justificado, el cual se formó cuaderno de pruebas por separado (anexo I). Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Visto los autos, toda vez que por proveído de veintiocho de septiembre último, este órgano jurisdiccional aceptó conocer del juicio de amparo que remitió el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca; con apoyo en lo dispuesto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, mediante oficio que se gire, remítase el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, para que realice la compensación respectiva a fin de equilibrar las cargas de trabajo y posteriormente lo devuelva a este juzgado.

  4. Principal

    MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Con el oficio 28003, signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, por el que remite el juicio de amparo 152/2018 de su índice, promovido por ....., contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro y otras autoridades; los cuadernos incidentales y un cuaderno de pruebas, con motivo de que ese Juzgado estimó que a este órgano jurisdiccional corresponde conocer de ese asunto por contar con un antecedente con el cual tiene conocimiento previo del acto reclamado; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 957/2018. Este órgano de control constitucional comparte las consideraciones del Juzgado declinante por lo que acepta conocer de la demanda de amparo de que se trata; acúsese recibo. Por otra parte, no ha lugar a solicitar a las autoridades responsables su respectivo informe justificado toda vez que ya fueron requeridos y obran en autos, así como también, no ha lugar a señalar fecha para la celebración de la audiencia constitucional en atención a lo que más adelante se acuerda: El quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de los Jueces Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, en su carácter de ordenadoras y al Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, y Encargado del Grupo de Órdenes de Aprehensión, como ejecutoras (fojas 3 a 5), a quienes les atribuyó la orden de aprehensión y su ejecución. Así también, en ampliación de demanda el quejoso señaló como nueva autoridad responsable al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro (foja 53). Ahora, los Jueces Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, negaron categóricamente los actos atribuidos, sin que la parte quejosa hubiere ofrecido prueba para desvirtuar tal negativa (fojas 12, 18, 19 y 21). En consecuencia, ante la negativa no desvirtuada, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio respecto de tales autoridades y por los actos antes mencionados. Por su parte, el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, y Encargado del Grupo de Órdenes de Aprehensión, al rendir su respectivo informe justificado (fojas 70, 17 y 14), convinieron en la existencia de los actos reclamados por la quejosa, precisando la primera, que en el juzgado a su cargo, se instruye la causa penal 91/2001, del índice del extinto Juzgado Séptimo de lo Penal, en la que con fecha once de abril de dos mil uno, se ordenó librar orden de aprehensión en contra del quejoso como probable responsable de la comisión del delito de lesiones con la agravante de pandilla, cometido en agravio de ..... . En el caso, contra el acto reclamado por el quejoso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]. El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se actualiza porque la pretensión constitucional constituye cosa juzgada, respecto de la cual conviene realizar las siguientes precisiones: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que son dos los principios en que se asienta la autoridad de la cosa juzgada: 1. La extinción de la acción con su ejercicio, lo que impide su renovación en otro juicio, salvo cuando la ley lo autorice expresamente (recurso de revisión). 2. La necesidad de seguridad jurídica a fin de dar estabilidad a las relaciones de derecho, y que alcanza tanto al derecho sustancial como al derecho procesal, bajo la forma de cosa juzgada material y cosa juzgada formal. Así, se dice que la cosa juzgada es el principal efecto de la sentencia, otorga a ésta la autoridad de la ley, que se extiende no sólo a los mismos jueces, sino a todos los órganos del Estado; por ello su inmutabilidad está condicionada por la exigencia de que la acción a la cual se opone sea la misma que motivó el pronunciamiento, por lo que ese proceso de identificación se hace por la comparación de los elementos de ambas acciones y la excepción de cosa juzgada procederá cuando en ellas coincidan: 1. Los sujetos. 2. El objeto. 3. La causa. Los elementos uniformemente admitidos por la doctrina y la jurisprudencia, para la determinación sobre la eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre el que recaen las pretensiones de las partes de la controversia y la causa invocada para sustentar dichas pretensiones, y lo que quiso evitar el legislador con el establecimiento de la cosa juzgada en materia de amparo, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la propia materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social. En vinculación con lo anterior, del juicio de amparo 567/2001 del índice de este juzgado, se advierte: El quejoso.... , solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, así como los extintos Jueces Sexto y Séptimo de lo Penal, en su carácter de ordenadoras y del entonces Director de la Policía Ministerial, como ejecutora. El treinta y uno de mayo de dos mil uno, se dictó sentencia, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra, se negó al peticionario del amparo la protección constitucional contra el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión librada en contra del quejoso el once de abril de dos mil uno, en la causa penal 91/2001, del índice del extinto Juzgado Séptimo de lo Penal (ahora Juzgado Primero de lo Penal), como probable responsable de la comisión del delito de lesiones con la agravante de pandilla, cometido en agravio de .... , y su ejecución material; toda vez que respecto Dicho fallo causó ejecutoria el veintisiete de junio de dos mil uno (fojas 305 a 314). De lo anterior, se advierte que es improcedente la pretensión del quejoso en promover una nueva demanda de amparo contra el mismo acto reclamado, respecto del cual, ante este propio juzgado -amparo 567/2001-, ya se pronunció sobre su constitucionalidad, En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia en mención, toda vez que se advierte que coinciden los mismos hechos, circunstancias y personas, pues lo dilucidado quedó firme, volviéndose por esa razón intocable, ya que de hacerlo se vulneraría la garantía de seguridad jurídica así como la institución de cosa juzgada la cual robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa. En lo conducente, se invoca la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del tenor: COSA JUZGADA. PRINCIPIO ESENCIAL DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. La cosa juzgada es la institución resultante de una sentencia obtenida de un proceso judicial seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a los artículos 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 17, que señala que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Así, la relación armónica de esos dos artículos constitucionales instituye a la cosa juzgada como la resulta de un juicio concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse; privilegia la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del citado artículo 17 dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. La naturaleza trascendental de esa institución radica en que no sólo recoge el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. Por lo anterior, la cosa juzgada es uno de los principios esenciales del derecho a la seguridad jurídica, en la medida en que el sometimiento a sus consecuencias constituye base esencial de un Estado de derecho, en el apartado de la impartición de justicia a su cargo. Bajo esa tesitura, queda de manifiesto que respecto del acto reclamado en este juicio de amparo ya fue materia de una ejecutoria anterior. Por tanto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en este juicio. Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de esta determinación comprende el acto de ejecución atribuido a las autoridades ejecutoras, en virtud de que no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Por último, no pasa inadvertido para la suscrita que en el presente juicio de amparo, no consta que se haya realizado el emplazamiento a la parte tercera interesada en este asunto; sin embargo, dado el sentido de la presente resolución que sobreseyó en el juicio, es evidente que de ninguna manera le puede deparar perjuicio alguno. En cuanto a los cuadernos incidentales que remite el oficiante, únicamente asígnesele el número que le corresponde. Por otro lado, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda y por autorizadas para tal efecto a las personas que precisa. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En otro contexto, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias que sean de interés público, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a éstas que al elaborarse la versión pública del fallo que se llegare a dictar se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado. Notifíquese personalmente.

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