Víctor Adán Escamilla Ramírez

Expediente 993/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
993/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
28/12/2022

Partes del expediente

  • Víctor Adán Escamilla Ramírez
  • Director del Centro de Reinserción Social, Tijuana

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio de amparo 993/2022 El veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, se da cuenta al secretario encargado del despacho, con el estado de autos y la certificación secretarial que antecede. Conste.Tijuana, Baja California, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso recurso de queja en contra del proveído de seis de diciembre de dos mil veintidós; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 21, inciso d), del citado acuerdo, se establece que este cuaderno es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda intentada, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el dos de enero de dos mil veintiséis. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir al quejoso para que realice las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve Víctor Adán Escamilla Ramírez, contra actos del Director del Centro Penitenciario Tijuana, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 18, constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de control electrónico con el número 993/2022-D. Se desecha demanda Es preciso apuntar, que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama medularmente una orden de traslado del Centro Penitenciario Tijuana, al diverso centro de reclusión "El Hongo I", con sede en Tecate, Baja California. Acto contra el cual procede medio ordinario de defensa, por lo que se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior [.]." Así, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previo a su promoción, agotar los recursos ordinarios que se encuentren previstos en la ley. En la especie, se estima que tal motivo de improcedencia se encuentra actualizado, pues el impetrante reclama a través del juicio de amparo una orden de traslado, pero fue omiso en instar el mecanismo de control denominado "controversia judicial" previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que sea el juez de control o de ejecución de sentencia quien resuelva respecto de la posible afectación de alguno de sus derechos fundamentales, lo cual constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz a través del cual una persona privada de su libertad, puede reclamar cuestiones inherentes a sus condiciones de internamiento. Máxime, que la "controversia judicial" es un medio de defensa legal que prevé la posibilidad de que el juez de control o de ejecución, ordene la suspensión inmediata de la orden de traslado presumiblemente emitida por autoridad administrativa, sin la autorización judicial previa, la cual no exige mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para tal efecto, incluso la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de dicha medida cautelar. En tal tenor, al haber promovido la acción constitucional respecto de cuestiones inherentes a condiciones de internamiento -traslado-, sin agotar previamente el citado mecanismo de control, se acredita la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1513, libro 7, noviembre de 2021, tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal invocado, se desecha de plano la demanda promovida por Víctor Adán Escamilla Ramírez. Domicilio y autorizados Ténganse como autorizados en los términos solicitados a quienes menciona, y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión. hago constar que se notifica por medio de lista a la parte quejosa, la determinación de seis de diciembre de dos mil veintidós emitida en autos del juicio de amparo al rubro citado, por no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de ley a recibir notificación personal, no obstante haber sido legalmente citado para tal efecto. Lo anterior, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.

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