Victor Abraham Morales Villegas
Expediente 1175/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1175/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Victor Abraham Morales Villegas
- Blanca Isela Vega Alcaraz
Actuaciones
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, asistido de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, secretaria con quien actúa y da fe.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a trece de octubre de dos mil veintiuno. Escrito. Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa Víctor Abraham Morales Villegas y Blanca Isela Vega Alcaraz, mediante el cual desahogan el requerimiento formulado en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Aclaración. En virtud de lo anterior, se tiene a la parte quejosa por aclarando su escrito de demanda. Acto reclamado. Es el siguiente: "Lo constituyen los hechos y/o abstenciones en que incurrió la responsable según se detallará más adelante, de los cuales el suscrito tuve conocimiento el 21 de Junio del año 2021 (dos mil veintiuno), generando con ellas una violación a mis garantías constitucionales, según se detallará a continuación: Se reclama el contenido de la resolución que puso fin al procedimiento presentado, que fue dictado con fecha 15 de junio del año en curso, dentro del expediente con número 79/2021-III promovido por el suscrito donde se declara improcedente el recurso de inconformidad intentado y la cual puso fin al recurso presentado declarando su sobreseimiento". Desechamiento. En ese sentido, este juzgado federal advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que se trata. El artículo 113 de la Ley de Amparo, autoriza a este órgano jurisdiccional a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable resulta que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causal de improcedencia que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. En el presente caso, este juzgado advierte que se actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, al no agotarse previamente a la presentación de la demanda en comento el principio de definitividad, en virtud que la ley ordinaria prevé un medio de defensa que puede confirmar, revocar o nulificar el acto, como lo es el juicio de nulidad que establece el artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, antes de acudir a esta instancia constitucional. Lo anterior es así pues el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". Igualmente, es de tomarse en consideración lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;(.)". De la interpretación literal de los artículos anteriormente transcritos se desprende que el juicio de amparo biinstancial es improcedente en materia administrativa en el supuesto que contra el acto reclamado sea procedente un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión. De lo precedentemente expuesto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el promovente debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre los que se encuentra el de "definitividad", el cual establece que para la procedencia de amparo es preciso previamente agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por medio de los cuales el acto reclamado pueda, ser modificado, revocado o nulificado; en términos de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y el citado 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; de ahí que el promovente de amparo, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por tanto, para acudir a él es necesario antes de la demanda de amparo, agotar en la vía ordinaria, todos los medios de defensa con los que cuenta el promovente para combatir el acto reclamado, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario. En ese sentido, se reitera que contra del acto reclamado por la parte promovente, procede el contencioso administrativo previsto en el artículo 3, fracciones IV y XI, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza, que dispone: "LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE COAHUILA DE ZARAGOZA "CAPITULO II De la Competencia Material del Tribunal y los Conflictos de Intereses Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: IV. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales y municipales; (.) XI. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo"; Como se puede advertir de la lectura del precepto legal antes citado, el juicio contencioso administrativo es procedente cuando se trate de resoluciones resuelvan un recurso administrativo interpuesto en contra de alguna resolución indicada en las demás fracciones de ese apartado normativo. En la especie, el promovente reclama en esta vía la resolución del recurso de inconformidad interpuesto en contra de una infracción impuesta por la Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio de Torreón, esto es, en contra de la resolución de un recurso administrativo interpuesto en contra de una multa de tránsito (infracción municipal). En consecuencia, debe de promoverse juicio contencioso administrativo, lo anterior, conforme a la fracción IV y XI, del artículo 3, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, el cual determina su procedencia. Luego, al no agotarse ese medio de defensa es innegable que el juicio de amparo que se proponga en contra del citado acto reclamado, será improcedente, precisamente porque aún se tiene la oportunidad de impugnar el acto de autoridad que se demanda en esta vía. Sin que en el caso se actualice alguna excepción para acatar el principio de definitividad, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención a que la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, regula la suspensión del acto, en su arábigo 51, misma que exige que se dicte dentro del término de veinticuatro horas, la cual no dispone mayores requisitos que la Ley de Amparo; máxime que en el caso, el peticionario del amparo no solicita la medida cautelar de referencia; de ahí que se actualice la causal de improcedencia invocada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la presente demanda de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º, párrafo octavo de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente.
- Principal
Torreón, Coahuila, a veinte de octubre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que mediante proveído de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, se dejó a disposición de la quejosa, el billete de depósito número N586113, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 moneda nacional), que otorgara para que surtiera sus efectos la suspensión provisional que se le concedió a la aludida parte quejosa, de lo cual quedó debidamente notificada el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho; en consecuencia y toda vez que al día de hoy ha transcurrido el término de dos años que señala el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, a fin de que la citada quejosa solicitara la devolución del billete de depósito mencionado; en consecuencia, se declara prescrito en favor de la Federación el citado billete. Remisión. Remítase a la Tesorería de la Federación, con sede en Ciudad de México, para su cobro así como las constancias relativas; y háganse las anotaciones en el libro de registro correspondiente; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Reitérese al actuario judicial de la adscripción, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido para los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Oficio. Visto lo de cuenta, se agrega el oficio que remite la autoridad responsable Fiscal Especial en Investigación del Delito de Tortura, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual solicita copia de la demanda de amparo. Copias. Como lo solicita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, expídansele las copias que pide, mismas que serán enviadas al correo que proporciona, en obvio de mayores dilaciones. Escrito. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito de la parte quejosa mediante el cual amplía su demanda de amparo respecto a nueva autoridad y acto reclamado. Ampliación de demanda. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 18, y 111 de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda, y se tiene como autoridad responsable al Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana. Registro en el SISE. Ahora bien, respecto a la nueva autoridad señalada como responsable, infórmese lo anterior al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", para los efectos legales a que haya lugar. Informe justificado. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la nueva autoridad responsable su informe justificado que deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir de su legal notificación. Desde luego, en el propio informe la autoridad expondrá las razones y los fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, para lo cual deberá acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Traslado. Para efecto de lo anterior, a la nueva autoridad responsable córrase traslado con copia de la demanda, así como con la copia del escrito mediante el cual la parte quejosa amplía la misma. Multa. Con el apercibimiento que de no rendir su informe justificado dentro del término conferido, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Fecha y hora de audiencia. Indíquesele que se encuentran señaladas las once horas con cincuenta minutos del catorce de octubre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que, tan pronto como aparezca una causal de improcedencia o sobreseimiento, lo comuniquen a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten, con el apercibimiento que, de no hacerlo así, con fundamento en el último numeral mencionado, se les impondrá en lo particular una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Intervención al Ministerio Público. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, corriéndole traslado con copia de la ampliación de demanda de amparo. Incidente de suspensión. Con lo anterior, dese cuenta en los cuadernos incidentales y provéase lo que en derecho corresponda. Solicitud de constancias. Finalmente, no ha lugar a requerir al Titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, para que remita las constancias que refiere en su escrito de ampliación, toda vez que de conformidad con el numeral 121 de la Ley de Amparo, no se advierte que el quejoso lo haya solicitado previamente ante la autoridad responsable y ésta se haya negado a expedir las mismas. Notifíquese y personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · 9,893 expedientes
- Vicente Gil Zamorano1050/2020
- Vicente Guerrero Rodríguez442/2019
- Vicente Hernández Hernández1033/2020
- Vicente Hernández Hernandez886/2022
- Vicente Puente Ruiz681/2018
- Víctor Abdriel Morales Castro277/2019
- Victor Alberto Salmeron Torres642/2021
- Víctor Alberto Tapia Martínez1871/2023
- Víctor Alex González Contreras1163/2019
- Víctor Alex González Contreras1611/2018
- Victor Alex González Contreras297/2022
- Víctor Alfonso Chavarria Marentes1434/2018