Victalina Hernández Navarrete y Otros.

Expediente 197/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
197/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • Victalina Hernández Navarrete y Otros.
  • Victalina Hernández Navarrete

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, treinta de marzo de dos mil veintiuno. En principio, visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante las circulares SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021 y SECNO/12/2021, de treinta de enero, seis, trece y veinte de febrero de dos mil veintiuno, firmadas electrónicamente por la jueza Ileana Moreno Ramírez, Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó que se determinó adoptar como medida especial para salvaguardar la salud de las y los justiciables, así como de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1 fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, por lo que se suspendieron las labores para los periodos comprendidos del uno febrero al uno de marzo de dos mil veintiuno. Luego, por Acuerdo General 1/2021, que reforma el similar 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se constriñe a reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, mediante la reactivación de los plazos procesales, tramitación de promociones y desahogo de las diligencias que requieran la presencia física de las partes. En ese contexto, en atención al referido Acuerdo General se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del uno de febrero al uno de marzo de dos mil veintiuno, por lo que se reanuda el presente juicio en el punto en que quedó pausado. En otro orden, en atención a la cuenta, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que la resolución que sobresee ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso d), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad, porque se sobreseyó el juicio de amparo. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    veintinueve de octubre de dos mil veinte. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, LA SUSCRITA BIANCA SAYURI MORA PERALTA, SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO; CERTIFICA: QUE EL TÉRMINO DE TRES DÍAS HÁBILES OTORGADOS A LA QUEJOSA VICTALINA HERNÁNDEZ NAVARRETE, PARA DESAHOGAR LA EXIGENCIA DE TRECE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, LE TRANSCURRIÓ DEL VEINTIUNO AL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DEL ACTUAL (el computo se hace a partir de la notificación del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, en razón de que ser la fecha en que se reanudaron los plazos y términos). DOY FE. LA SECRETARIA. Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a las diez horas con diez minutos del veintinueve de octubre de dos mil veinte, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 197/2020, promovido por Victalina Hernández Navarrete, por su propio derecho; estando en audiencia pública de derecho el licenciado Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa con Bianca Sayuri Mora Peralta, Secretaria que da fe, se declara legalmente abierta la audiencia, sin la asistencia de las partes, ni de persona alguna que las represente. Acto seguido, la Secretaria hace relación de las constancias de autos, entre las que destacan, el escrito inicial de demanda, auto de tres de marzo de dos mil veinte, a través del cual se admitió a trámite la demanda de amparo, y emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Asimismo, la Secretaria da cuenta al Juez con la certificación secretarial de cuenta, a través de la cual se hace constar que la parte quejosa no desahogo el requerimiento de tres de marzo de dos mil veinte, en el cual se le otorgó vista para que dentro del término de tres días, contados a partir de que tuviera conocimiento del proveído referido, manifestará si era su deseo corregir o aclarar el nombre de las autoridades responsables que denominó como Titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, Director de la Dirección de Educación Primaria, dependiente de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Guerrero y Director Jurídico de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Guerrero. Asimismo, se le apercibió que de no corregir o aclarar el nombre de las autoridades que designó como responsables o no prueba que sí existen bajo la denominación que indicó en la demanda, se les declararía como inexistentes. El Juez de Distrito acuerda: se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, misma que será considerada al momento de resolver el presente juicio. Luego, con relación a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista otorgada por acuerdo de trece de marzo del año en curso; por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento inserto en dicho auto, y con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como inexistentes a las autoridades señaladas como responsables Titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, Director de la Dirección de Educación Primaria, dependiente de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Guerrero y Director Jurídico de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Guerrero. Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 153/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, registro: 2021029, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió." Período probatorio. Abierto el período de pruebas, la Secretaria hace constar que la quejosa ofreció una prueba documental, consistente en un escrito de ocho de octubre de dos mil diecinueve; asimismo, ninguna de las demás partes ofrecierón probanza alguna. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite dicha prueba, la cual se desahoga en este preciso instante, en atención a su propia y especial naturaleza, por no requerir de preparación alguna. El Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Se cierra el periodo de alegatos, sin existir promoción pendiente por acordar y al tener en cuenta todo lo actuado, se da por terminada la presente audiencia constitucional, procediéndose a dictar la sentencia correspondiente. V I S T O S; los autos para resolver el juicio de amparo 197/2020; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito de demanda de amparo presentada por Victalina Hernández Navarrete, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de las autoridades responsables Titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, Director de la Dirección de Educación Primaria, dependiente de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Guerrero y Director Jurídico de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Guerrero (inexisitentes), de quienes reclamó: La omisión de dar contestación al escrito de ocho de octubre de dos mil diecinueve, presentado ante la unidad de control de gestión de las responsables el catorce siguiente. Actos que estimó violatorios de los artículos 8 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. El tres de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; al Agente del Ministerio Público de la Federación se le dio la intervención que le compete, y la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización de la materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior en virtud de que el acto reclamado puede tener ejecución dentro del territorio en que este juzgado ejerce jurisdicción SEGUNDA. Las autoridades responsables Titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, Director de la Dirección de Educación Primaria, dependiente de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Guerrero y Director Jurídico de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Guerrero, fueron declaradas inexistentes en el acta de audiencia constitucional que precede. En relación con lo anterior, y de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia; de lo que se colige que son inexistentes los actos reclamados, como se aprecia en el estudio siguiente. Por escrito presentado el doce de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Victalina Hernández Navarrete, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto y autoridad siguientes: Titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Guerrero Director de la Dirección de Educación Primaria, dependiente de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Guerrero. Director Jurídico de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Guerrero De quienes reclamó: la omisión de dar contestación al escrito de ocho de octubre de dos mil diecinueve, presentado ante la unidad de control de gestión de las responsables el catorce siguiente. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo y su anexo, como se dijo se advierte que la quejosa reclama en esencia la omisión de dar contestación al escrito de ocho de octubre de dos mil diecinueve, presentado ante la unidad de control de gestión de las responsables el catorce siguiente. Dicho acto reclamado se tiene por inexistente, toda vez que no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. Entonces, debe realizarse el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si está en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, el juzgador debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación, al ser éste el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. Tales argumentos se leen en la ejecutoria que se trascribe: "49. La autoridad responsable tiene diversas cargas durante la sustanciación del juicio, entre ellas, rendir el citado informe;(15) sin embargo, dicha etapa lleva inmersa la oportunidad para la responsable de defender la constitucionalidad del acto u omisión atribuida. 50. Dentro de las oportunidades de defensa, la responsable puede negar lo atribuido y las implicaciones de dicha negativa dependerán del tipo de conducta que se reclame. 51. Por ejemplo, en el caso de que fuera una conducta positiva, cuando la responsable contesta el informe negándola, dicha respuesta es la manifestación de un no actuar, que se traduce en la afirmación de que lo dicho por la parte quejosa es falso, pues si bien ésta le atribuye a la responsable la realización de una conducta sin fundamento legal o más allá de sus facultades, la responsable señala simplemente que no lo realizó. 52. Sin embargo, en el caso de la omisión (como ocurre en los amparos indirectos origen de los asuntos en controversia), no basta con que la responsable no actúe, sino que es indispensable que exista la posibilidad, condiciones o aptitud de actuar y que ésta se haya incumplido. 53. Ello porque, cuando las responsables niegan haber incurrido en la omisión reclamada, lo que en realidad implica que: (1) sí actuaron, o (2) no actuaron porque no estaban en condiciones de actuar. 54. Cabe señalar que cuando la autoridad sostiene que el acto reclamado no existe, su dicho goza de presunción de veracidad, por lo que el quejoso debe probar lo contrario, lo que puede ocurrir dentro del juicio de amparo indirecto o incluso hasta la audiencia constitucional, como lo prevén tanto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como el numeral 74, también fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada. 55. Sin embargo, tratándose de actos de omisión, la autoridad no sólo debe expresar, sino también probar -ya sea con argumentos o pruebas-, que no existe, al tenor de la tesis: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos."(16) 56. Es justo en este escenario y, sobre todo, a efecto de que el juzgador adquiera convicción de que el acto no existe, que es pertinente que en el capítulo de existencia, se realice el análisis de la aptitud para actuar de la autoridad responsable, es decir, si ésta estaba en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar (porque la petición, solicitud o procedimiento de origen no estaba en una situación que permitiera su resolución), el juzgador debe verificar esta circunstancia, es decir, si esa autoridad podía o no emitir una determinación. 57. En la determinación respecto del sobreseimiento por inexistencia de la omisión reclamada, revisar las condiciones de la solicitud, petición o procedimiento de origen es el parámetro a través del cual el juzgador obtiene certeza sobre la existencia de la omisión. 58. Por tanto, en el caso que los actos reclamados sean omisiones, como en los asuntos contendientes, la verificación de si la autoridad está en el momento de contestar o resolver una petición o procedimiento debe hacerse al estudiar la existencia de dicha omisión, pues, como ya se ha señalado, en este tipo de actos no bastan las manifestaciones de la autoridad responsable, sino que el Juez debe verificar que realmente no estaba constreñido a su realización, por lo que la omisión está justificada y en consecuencia puede decretarse el sobreseimiento por inexistencia. 59. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala considera que el aspecto referido en el párrafo precedente constituye un elemento, cuyo estudio da certeza al juzgador sobre si hay razón para tener por cierta o no la omisión reclamada; es decir no implica un estudio de fondo en el que se determine la constitucionalidad del acto, sino una cuestión previa." Consideraciones que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J.99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En el caso, la quejosa reclamó, como se dijo, la omisión de acordar el escrito de ocho de octubre de dos mil diecinueve, presentado ante la unidad de control de gestión de las responsables el catorce siguiente. Sin embargo, sobre la secuela procesal el Actuario de la adscripción levantó una razón actuarial en la cual hizo constar la imposibilidad que tuvo para notificar a las autoridades responsables; con dicho impedimento se dio vista a la quejosa, quien no obstante de habérsele notificado, no atendió la vista referida, por lo que en párrafos precedentes se declararon como inexistentes las autoridades señaladas como responsables. Por tanto, al no existir autoridad o autoridades a quienes atribuirles la omisión reclamada en esta vía constitucional, es evidente que el acto violatorio de garantías es inexistente. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en los autos del presente juicio de amparo al quedar demostrado que la omisión reclamada es inexistente. TERCERA. Publicación de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; por ello, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Victalina Hernández Navarrete, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables Titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, Director de la Dirección de Educación Primaria, dependiente de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Guerrero y Director Jurídico de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Guerrero; de acuerdo con lo expuesto en el considerando segundo de la presente sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

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