Vícitor Hugo Zaca Tellez

Expediente 405/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
405/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
13/07/2021

Partes del expediente

  • Vícitor Hugo Zaca Tellez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de julio de dos mil veintiuno. Solicitud de copias. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ****************a través del cual solicita copias certificadas del informe justificado rendido por la autoridad responsable. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídanse a su costa las copias certificadas que solicita, previo razón que por su recibo deje en autos de las personas autorizadas para ello, en el entendido que deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente, y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Se informa a la parte quejosa que atendiendo a los lineamientos indicados en el Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea, micrositio "Agenda OJ", a efecto de que el propio sistema le designe el día y hora de acuerdo a la disponibilidad de citas y se genere su código Qr. Devolución al archivo. Finalmente, dado que por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente asunto, devuélvase al mismo. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de junio de dos mil veintiuno. Se ordena remitir demanda a OCC. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno por el que se determinó remitir a la Oficina de Correspondencia Común el escrito de ampliación de demanda propuesto por la parte quejosa, para que se le dé el trámite correspondiente de una demanda independiente, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, en cumplimiento al proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, se ordena remitir el mencionado escrito a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que la ampliación de demanda de amparo propuesta por la parte quejosa se le dé el trámite de una demanda independiente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo en que se actúa. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Separación de juicios. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito del quejoso Víctor Hugo Zaca Téllez, mediante el cual amplía su demanda de amparo, en los siguientes términos: Litis constitucional. Quejoso: *** Tercero interesado. *** Autoridades responsables. Juez Municipal de lo Civil y Penal de Juan C. Bonilla. Actos reclamados. a) La paralización procesal de juicio de origen, consistente en la abstención de dictar sentencia definitiva Litis de este juicio de amparo. Conforme a la lectura integral de la demanda de amparo, su aclaratorio y sus anexos, se advierte que la litis de este asunto es la siguiente: Litis constitucional. Quejoso: *** Tercero interesado. *** Autoridades responsables. a) Juez Municipal de lo Civil y Penal de Juan C. Bonilla; y, b) Diligenciario adscrito. Actos reclamados. a) La omisión de contestación a los escritos presentados ante la autoridad responsable el veinticuatro de febrero de dos mil veinte; y, b) La abstención de notificación personal a los acuerdos de los escritos en mención. Marco jurídico de la ampliación de demanda. Ahora, el artículo 111 de la Ley de Amparo establece que podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. Y precisa que, en el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. A partir de lo anterior, se tiene que en atención a los principios de economía procesal y de concentración, procede la ampliación de la demanda a fin de incorporar al juicio de amparo ya iniciado autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; no obstante, el ejercicio de este derecho está sujeto a determinados requisitos de procedencia, tales como el que no se haya celebrado la audiencia constitucional, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo. En efecto, lo anterior tiene como objetivo que a través de la ampliación de demanda de un juicio de amparo ya iniciado se procure abreviar su duración, simplificar su tramitación y rechazar las diligencias innecesarias o inconducentes, para evitar costos innecesarios a las partes y al Estado, además de ventilar todas las cuestiones litigiosas que guarden conexidad en un mínimo de actuaciones. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Por otra parte, en este punto resulta necesario precisar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 83/2019, en sesión remota de doce de mayo de dos mil veinte, determinó que en el caso de que una ampliación de demanda no guarde estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente; es decir, no exista un supuesto de conexidad entre ellos, ésta tendrá que enviarse a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente de una demanda independiente; esto es, que se turne al órgano jurisdiccional que corresponda, a fin de que éste provea lo conducente sobre su contenido. De la anterior resolución, derivó la jurisprudencia P./J. 7/2020: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla." Lo anterior, en atención al principio pro actione, en aras de respetar los derechos de la parte quejosa relativos al acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva, previstos por el artículo 17 de la Constitución Federal. En la inteligencia de que dar a la ampliación de la demanda el tratamiento de una demanda independiente no implica reencausar la vía en favor de la parte quejosa ni tampoco se afecta la igualdad entre las partes, el debido proceso o algún otro derecho humano o procesal, ya que se trata de la misma vía; esto es, amparo indirecto, y por lo tanto no se deja en estado de indefensión a alguna de las partes, pues sólo se le da el tratamiento de una demanda de amparo independiente. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados." Caso concreto. En este caso, los actos reclamados en la ampliación no guardan estrecha vinculación con los actos reclamados en la demanda; toda vez que en este asunto de inicio se reclamó la omisión de acordar dos escritos presentados el veinticuatro de dos mil veinte ante la autoridad responsable y su falta de notificación del proveído recaído a dichas solicitudes; y, ahora en la ampliación, se reclama la omisión de dictar sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil 118/2019, del índice de la autoridad responsable. Según se advierte, la litis inicial de este asunto se centra en la constitucionalidad y legalidad la omisión de acordar dos escritos presentados el veinticuatro de dos mil veinte ante la autoridad responsable y su falta de notificación del proveído recaído a dichas solicitudes. En cambio, la litis que se plantea en la ampliación se reclama la omisión de dictar sentencia definitiva en el juicio ejecutivo mercantil 118/2019, del índice de la autoridad responsable. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 7/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ordena remitir el escrito de ampliación a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que se registre como demanda independiente y se envíe al Juzgado de Distrito, en turno. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, que dispone: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SI NO SE ACREDITA SU ESTRECHA RELACIÓN CON EL ESCRITO INICIAL, DEBE PROVEERSE SU TRÁMITE COMO DEMANDA INDEPENDIENTE. Cuando el promovente de un juicio de amparo indirecto pretenda modificar los términos de la litis original, por ejemplo, al reclamar nuevos actos, señalar nuevas autoridades o ampliar los conceptos de violación, como ello implica el ejercicio de la acción de amparo, es necesario que lo plantee como ampliación a la demanda, con la oportunidad que establece el artículo 111 de la Ley de Amparo, y la admisibilidad de ésta se entiende condicionada a la existencia de una estrecha relación entre una y otra causas, lo que corresponde a la figura procesal de la conexidad y atiende a los principios procesales de economía y de concentración, por virtud de los cuales, se estima favorable la sustanciación de ambas en un solo procedimiento, en aras de brevedad y para evitar decisiones contradictorias entre sí. Por tanto, si no se acredita la estrecha relación entre el escrito inicial y lo que se plantea como ampliación, en observancia al principio pro actione, el juzgador debe tener esta última como una demanda independiente para salvaguardar, en favor del quejoso, el derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y proveer lo conducente para que se remita al Juez correspondiente." Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, doce de mayo de dos mil veintiuno. Informe Justificado. Agréguense a los autos los oficios de la Juez Municipal de Juan C. Bonilla Puebla y Diligenciario adscrito al mencionado Juzgado; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes justificados. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngasele como prueba de la responsable, las documentales que anexan, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza; las cuales tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Ahora, en atención a lo anterior, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto de los actos reclamados atribuidos al Juez Municipal de lo Civil y Penal de Juan C. Bonilla y Diligenciario de su adscripción, consistentes en la omisión de dar contestación a los escritos presentados el veinticuatro de agosto de dos mil veinte y la abstención de notificar el acuerdo recaído a los escritos en mención dentro del juicio de origen 118/2019, se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica, cabe precisar que de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que ya dio contestación a los escritos de Víctor Hugo Zaca Téllez presentados ante el Juzgado Municipal de lo Civil de Juan Bonilla el veinticuatro de agosto de dos mil veinte y, además le notificó dicho acuerdo por medio de las listas que se fijan en las instalaciones del Juzgado de mérito. En consecuencia, dado que ha cesado la omisión de dar contestación a los escritos presentados el veinticuatro de agosto de dos mil veinte y la abstención de notificar el acuerdo recaído a los escritos en mención dentro del expediente 118/2019 del índice de la responsable, los efectos de los actos reclamados desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 605, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a enero de 2009, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." En consecuencia, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Autoridad Correo Juez Municipal Juan C. Bonilla, Puebla juzmpaljcbonilla@gmail.com

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