Vicente Valle Perez

Expediente 1671/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1671/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • Vicente Valle Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; cinco de octubre de dos mil veintitrés. Estado desechamiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que el quejoso no recurrió el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno electrónico y archívese el presente asunto como concluido. Valoración del expediente. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente se valora como destruible; por tanto, deberá ser destruido una vez cumplido el plazo de conservación de tres años..M-VII

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve ********************, por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación sin Detenido en Delitos Diversos Dos; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de control electrónico de este juzgado federal con el número 1671/2023-7-A. Estudio de la demanda. A efecto de proveer respecto de la demanda de derechos, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente, para proceder a desechar de plano una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, la parte quejosa reclama, esencialmente, lo siguiente: La omisión de notificar el auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, dictada en la carpeta de investigación ********************. La resolución dictada el dos de agosto de dos mil veintitrés, en la carpeta de investigación ********************, en la que no acordó de conformidad la petición del quejoso relativa a declarar la inconstitucionalidad del artículo 172, párrafo primero, del Código Penal para el Estado de Hidalgo, así como la notificación de dicha resolución. Al respecto, se considera que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la interpretación a contrario sensu del numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" De acuerdo con los dispositivos en cita, el amparo indirecto solo es procedente contra actos emitidos dentro de juicio, cuando sean de imposible reparación y afecten materialmente derechos sustantivos. Por tanto, el amparo indirecto no es procedente en contra de los actos que no produzcan una afectación material y directa a los derechos sustantivos de la parte quejosa. En relación con este tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, definió que cuando la Ley de Amparo vigente habla de actos de imposible reparación que afecten materialmente derechos sustantivos, se refiere a los que cumplan dos condiciones: a) Las consecuencias del acto deben impedir, en forma actual y presente, el ejercicio de un derecho sustantivo. b) El acto debe afectar un bien jurídico que no sea únicamente de naturaleza formal o adjetiva, pues en esos casos la afectación no es actual porque depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio, puesto que solo al concluir se consumarían de forma efectiva sus secuelas. Luego, ya no son aplicables los criterios que determinaban la procedencia del amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando afectaran al peticionario en grado predominante o superior. Ello es así, en razón de que el ordenamiento jurídico vigente, de manera expresa e indudable, prevé como regla que el amparo indirecto solo procede contra los actos dictados dentro de un juicio, cuando se afecten materialmente los derechos sustantivos del promovente ?de forma actual, cierta y directa?. Tales consideraciones, en su conjunto, dieron lugar a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno del Máximo Tribunal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, con registro electrónico 2006589, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". También, conviene destacar que los derechos sustantivos ?como la vida, la libertad personal, el honor, la intimidad, etcétera? son antagónicos a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; en el entendido que estos últimos no tienen por objeto su propio ejercicio ni constituyen un fin en sí mismos, debido a que solo son un medio para proteger, finalmente, un derecho sustantivo. Por lo que, los actos que afectan derechos adjetivos o procesales no constituyen una afectación actual, ya que sus efectos son meramente formales y su actualización depende de que lleguen a trascender al fondo del asunto, pues son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. Así, se hace patente la razón por la que, para efectos de procedencia del amparo, ya no sea suficiente que el acto reclamado pueda afectar cualquier interés del quejoso o que potencialmente, de manera futura e incierta, se pueda traducir en una vulneración a determinada prerrogativa. Lo anterior, se reitera en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/159, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, disponible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 47, octubre de 2017, tomo IV, página 2265, de la décima época, con registro digital 2015330, de rubro: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR VIOLAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES Y NO LOS MERAMENTE ADJETIVOS O PROCESALES, AUN CUANDO AFECTEN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA) (MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.74 P)". Por tanto, la acción constitucional solo procede contra actos intraprocesales, cuando produzcan una afectación material, actual, cierta y directa a los derechos sustantivos del peticionario, requisitos que en el particular no se satisfacen; en el entendido de que, en realidad, constituyen una infracción meramente adjetiva cuyas consecuencias, en todo caso, están supeditadas a su trascendencia en el proceso penal. El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo dispone "Artículo 170. [...] I. [...] Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [...]". Expuesto el marco normativo aplicable, primero debe precisarse que, de acuerdo con lo señalado por el último párrafo de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo, el proceso penal comienza con la audiencia inicial ante el Juez de Control, por lo que los actos reclamados en esta instancia tienen el carácter de intraprocesales, ya que fueron posteriores a la referida audiencia. Lo anterior es así, ya que el quejoso manifestó en el escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, que en la causa penal de origen se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, y se encuentra cerrada la investigación complementaria. De esta manera, se recuerda que los actos reclamados consisten en: La omisión de notificar el auto de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, dictado en la carpeta de investigación ********************, a través del cual la responsable atendió el escrito del quejoso en el que solicitó se lleven a cabo actos de investigación; y La resolución dictada el dos de agosto de dos mil veintitrés, en la citada carpeta de investigación, en la que la responsable no acordó de conformidad la petición del quejoso relativa a declarar la inconstitucionalidad del artículo 172, párrafo primero, del Código Penal para el Estado de Hidalgo, así como la notificación de dicha resolución. En ese tenor, se considera que los actos antes señalados no constituyen algún acto de imposible reparación, ya que, por sí mismos, no producen consecuencias que generen una afectación material, cierta e inmediata de algún derecho sustantivo; al contrario, se está frente a posibles violaciones al procedimiento, que no necesariamente trascenderán al resultado de la pretensión de la parte quejosa, o incluso, en el juicio. Para tal fin, es importante mencionar que los artículos 334 y 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Artículo 334. Objeto de la etapa intermedia La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio". "Artículo 340. Actuación del imputado en la fase escrita de la etapa intermedia Dentro de los diez días siguientes a la notificación de la solicitud de coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su Defensor, mediante escrito dirigido al Ministerio Público, o bien en audiencia intermedia: I. Podrán señalar vicios formales del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante y si lo consideran pertinente, requerir su corrección. No obstante, la defensa tendrá la misma oportunidad en la audiencia intermedia; [...] II. Ofrecer los medios de prueba que pretenda se desahoguen en el juicio; [...]". De lo anterior, se desprende que aun cuando no se lleven a cabo los actos de investigación solicitados por el quejoso y se cierre la etapa de investigación, de acuerdo con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales en cita, la etapa intermedia tiene como objeto el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, al grado de que en esa etapa, el imputado y su defensa pueden ofrecer diversos medios de prueba y con ello subsanar la omisión de investigación que atribuye a la fiscalía en esta instancia; sumado a que, en caso de que el Juez de Control determine excluir el medio de prueba pretendido por la parte acusada, ese proveído puede ser materia del recurso de apelación. Además, podrán señalar vicios formales del escrito de acusación y plantear la inconstitucionalidad del numeral que refiere (172, párrafo primero, del Código Penal para el Estado de Hidalgo). Es orientadora, la tesis aislada XVII.2o.P.A.28 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que establece: "INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ DE CONTROL DE ACCEDER A LA SOLICITUD DE LA DEFENSA DEL IMPUTADO DE SEÑALAR FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA A FIN DE DEBATIR SOBRE EL DESAHOGO DE DIVERSAS PRUEBAS EN ESTA ETAPA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL SER UN ACTO QUE, POR SÍ MISMO, NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. El acuerdo pronunciado por el Juez de control, en la etapa de investigación complementaria, que forma parte del procedimiento penal acusatorio y oral, mediante el cual determinó que no era posible acceder a la solicitud realizada por la defensa del imputado de señalar fecha y hora para audiencia a fin de debatir sobre el desahogo de diversas pruebas, no afecta de manera directa e inmediata derechos fundamentales del quejoso, reclamables en el juicio de amparo indirecto, pues no genera, por sí mismo, una afectación material a derechos sustantivos, ya que sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal que puede o no trascender al sentido de la resolución definitiva que en su momento llegue a pronunciarse; además, existe la posibilidad de que en la etapa intermedia o de preparación del juicio, solicite los medios de prueba que estime pertinentes para acreditar su teoría del caso, por ser dicha etapa la que tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba, de conformidad con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Incluso, el último párrafo del artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé la posibilidad de que el acusado y su defensor, le soliciten al juez de control el diferimiento de la audiencia intermedia, en caso de que requieran más tiempo para preparar tanto el descubrimiento probatorio, por lo que se hace patente que en la etapa intermedia se puede analizar la legalidad de la omisión o negativa de auxilio en la práctica de una diligencia de investigación, al constituir una fase en la que el juez de control puede verificar que existan las condiciones necesarias para garantizar un trato equitativo entre las partes del proceso y la posibilidad de ejercer adecuadamente la defensa del imputado. En consecuencia, es evidente que la posible afectación que genere la negativa a prorrogar la investigación complementaria para que el Ministerio Público realice un acto de investigación que le fue solicitado pero que omitió recabar, constituyen actos de índole adjetiva, pues únicamente sirven como herramienta (más no afectan de modo inmediato algún derecho sustantivo) para determinar el caudal probatorio que, con posterioridad, será discutido y valorado en el juicio oral. Resulta aplicable la jurisprudencia PC.XVII. J/34 P (10ª.), dictada por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, mayo de 2021, tomo II, página 2114, con registro digital 2023142, de rubro y texto: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA NEGATIVA DE DESAHOGAR EL MEDIO DE PRUEBA RELATIVO A LA OPINIÓN PERICIAL, EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN FORMALIZADA, PUES NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN AL NO TRASTOCAR LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DE DEFENSA, IGUALDAD PROCESAL Y DEBIDO PROCESO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al analizar la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando en la etapa de investigación formalizada se niega al imputado exhibir los estudios que sirvieron para emitir un dictamen pericial, esto es, el descubrimiento probatorio, pues mientras para uno es improcedente, el diverso resolvió la procedencia, cuando en dicha etapa, se niegue al imputado el auxilio respecto a una diligencia de investigación para realizar una valoración pericial. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito establece que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en contra de los actos indicados, pues no se ubican dentro de aquellos de imposible reparación que como categoría excepcional prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, debido a que no trastocan los derechos sustantivos de defensa, igualdad procesal y oportunidad probatoria, pues sus alcances impactan en derechos de índole procesal por no incidir en la configuración probatoria del proceso que habrá de valorar el Tribunal de Juicio Oral al dictar la sentencia. Justificación: Lo anterior, porque el Juez de Control en la etapa intermedia corrobora el descubrimiento probatorio y puede analizar la legalidad de la negativa de auxilio en la práctica de una diligencia de investigación, esto es, emprende las acciones y verifica que existan las condiciones necesarias tendentes a garantizar un trato digno e idéntico a las partes sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos previstos en la Constitución General, en los tratados internacionales y en las leyes que de ellos emanen, de manera que no se produce ningún tipo de privilegio sobre el debate; asimismo, porque aun cuando el imputado conociera la información pericial tres días antes de la audiencia intermedia, el artículo 337, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que si se requiere de más tiempo para preparar el descubrimiento podrá solicitar al Juez de Control, antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia, le conceda un plazo razonable y justificado para tales efectos; aunado a ello, no se trastoca el debido proceso pues, se reitera, los datos y medios de prueba que puedan ser allegados por las partes no constituyen prueba, ni serán valorados en el juicio, por lo que no existe una incidencia respecto de la condición del imputado frente al mismo." Así, las afectaciones alegadas por la parte quejosa tienen un carácter procesal que puede subsanarse durante el resto del proceso (dadas las diversas oportunidades que prevé para el ofrecimiento de medios de prueba, incluidos sus medios ordinarios de impugnación), o si en el juicio de origen se dicta una sentencia favorable a sus pretensiones, lo que no dejaría huella alguna en su esfera jurídica. En esas condiciones, las violaciones de que se duele el quejoso no afectan sus derechos sustantivos y no se actualiza en el caso alguna excepción a la regla general, porque pueden enmendarse conforme avance el proceso penal en sus etapas naturales (al ofrecerse como medio de prueba durante la etapa intermedia), o en caso de que se obtenga una sentencia favorable a sus intereses. Máxime que, la postura asumida es congruente con el principio constitucional de continuidad que rige al sistema penal acusatorio, que exige que el procedimiento se desarrolle sin interrupciones. De ahí que, en aplicación del citado principio, la regla de improcedencia prevista por la Ley de Amparo aquí analizada, guarda armonía con el sistema penal acusatorio y resulta aplicable; pues, de lo contrario, el presente medio extraordinario de defensa se podría convertir en un incentivo para interrumpir o dilatar el proceso penal, lo cual sería contrario a su naturaleza y fin. Sirven de apoyo, por identidad de razón, los razonamientos contenidos en la jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.), dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 8, diciembre de 2021, tomo II, página 1319, con registro digital 2023906, de contenido: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. [...] Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." Desechamiento. En tales condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con la interpretación a contrario sensu del numeral 107, fracción V, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo. No se soslaya, que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, se considera que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Acceso al expediente electrónico. Como lo solicita la parte quejosa y conforme a la certificación de cuenta, se autoriza el acceso al expediente electrónico y las notificaciones que conforme al artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo deban hacerse en forma personal, se le realicen vía electrónica a través de los usuarios "********************" y "********************", por el referido Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 37, 40, 41 bis, 61, 62 y 84 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En la inteligencia de que los usuarios "********************" y "********************"********************" deberán ingresar al sistema electrónico para obtener la constancia de la consulta realizada en un plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir de que este juzgado de Distrito la hubiese enviado; hecho que sea, digitalícese la constancia generada para el expediente electrónico y agréguese una copia al expediente impreso como constancia de notificación. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación respectiva de conformidad con los artículos 30, fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo. Autorizados. De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios a ********************, por así solicitarlo la parte quejosa y encontrarse el registro de su cédula profesional en el Módulo de Consulta Jurídica. Notificación en días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales adscritos a fin de que notifiquen el presente proveído y los subsecuentes aun en días y horas inhábiles. Expediente electrónico. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a la secretaria encargada de la mesa de trámite, a los oficiales judiciales correspondientes, demás encargados de la digitalización de constancias, y a los actuarios judiciales, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Correo electrónico y número telefónico. De conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se requiere a la parte quejosa para que señale un número de teléfono móvil y correo electrónico para que se entablen comunicaciones no procesales.M-7

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