Vicente Trujillo Delgado
Expediente 567/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 567/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Vicente Trujillo Delgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
...Agréguese el oficio suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual transcribe el acuerdo de veintisiete de septiembre de la presente anualidad, por el que informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa por conducto de su apoderado; asimismo requiere se remita copia certificada de la constancia en la que se certifique sí tiene o no cuadernos de anexo o pruebas que se hayan resguardado por separado y en caso de tenerlas, se remitan. En ese contexto, se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes, respecto de la admisión del medio de impugnación interpuesto quedando registrado bajo el número 128/2023. Ahora, a fin de que la superioridad pueda apreciar la certificación de cuenta, con copia autorizada del presente proveído, infórmese que en el presente asunto no existen cuadernos de anexo o pruebas que se hayan resguardado por separado; lo que se corrobora con la visualización vía electrónica de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, mismo que fue habilitado al Tribunal Colegiado oficiante, como está ordenado en el oficio 23704/2023, del índice de este juzgado federal. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta de agosto de dos mil veintitrés. ...Agréguese a los autos el escrito presentado por el apoderado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 82, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión; distribúyanse entre las partes las copias del escrito de cuenta. Una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto con las constancias de notificación realizadas a las partes respecto del presente auto, glósense al expediente principal y, sin mayor proveído, remítase, al Tribunal Colegiado que corresponda, el original del escrito, así como una copia más del escrito aludido, destinado al agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano jurisdiccional, para la substanciación y resolución del citado medio de impugnación; en el entendido de que, en su oportunidad, el presente expediente se habilitará para su consulta electrónica. Ahora, tomando en consideración que se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el expediente, por ello, resulta innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, pues se cuenta con el cuaderno principal en el que se actúa. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. Se instruye al actuario judicial que corresponda para que, al momento de notificar a las partes y correr traslado con el escrito de agravios, haga constar su entrega, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Audiencia Constitucional ...En Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con treinta y cinco minutos del catorce de agosto de dos mil veintitrés, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Marco Antonio García Cortez, secretario con quien legalmente actúa, declara abierta la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 567/2023, promovido por el apoderado legal de ********************sin asistencia de las partes. Luego, a fin de relacionar las constancias que obran en autos, el secretario hace constar que se da lectura a cada una de ellas, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial de demanda, admisión de la misma e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza declara abierto el periodo probatorio: El secretario procede a dar cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y las autoridades responsables. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza tales pruebas documentales. Luego, la Jueza declara abierto el periodo de alegatos: En el que el secretario hace constar que ninguna de las partes ejerció ese derecho ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, se procede al dictado de la siguiente resolución. S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 567/2023, y R E S U L T A N D O ...C O N S I D E R A N D O ...lII. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al [1] Pleno y [2] Presidente Ejecutor, ambos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con independencia de lo manifestado en sus informes justificados. Ello, en tanto que de las copias certificadas de los autos que integran el expediente laboral burocrático ******************** remitidas en apoyo a sus respectivos informes justificados, se corrobora la emisión del acuerdo dictado por el Presidente ejecutor el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, así como que en ese mismo auto se apercibió al ********************-aquí parte tercera interesada- que en caso de seguir con conducta de rebeldía para dar cumplimiento al laudo dictado en aquel, se le impondría diversas medidas de apremio en el orden de prelación establecidas en el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós, emitido por el [1] Pleno del Tribunal estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por lo que se tiene por existente dicho acuerdo plenario. Documentales a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; al ser documentos públicos emitidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, con las que se acredita la existencia de los actos reclamados. Lo anterior además porque constituye un hecho notorio la existencia del referido acuerdo plenario del cinco de julio de dos mil veintidós, emitido por el [1] Pleno del Tribunal estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, el cual también ha sido reclamado en los juicios de amparo ********************y ********************de este juzgado, los cuales constituyen un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al ordinal 2º de esta última, al tratarse de asuntos tramitados ante este juzgado. IV. Improcedencia del juicio de amparo. El estudio de las causales de improcedencia es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgado advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no es una resolución final en el procedimiento de ejecución, no goza de autonomía con éste, ni afecta derechos sustantivos diferentes a la cosa juzgada, conforme a las razones que se exponen a continuación. En efecto, de la última disposición normativa citada se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, pero que si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se desprenden dos hipótesis distintas de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos por las autoridades en comento después de concluido el juicio, a saber: a) Actos que gozan de autonomía con relación a la ejecución; por ende, pueden ser impugnados de manera inmediata, y b) Actos de ejecución de sentencia, los cuales, por regla general, pueden ser impugnados en vía constitucional hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo, donde también pueden combatirse aquellas violaciones procesales sufridas durante dicha secuela; a manera de excepción en este último supuesto, continuó diciendo la Sala referida, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos de la persona promovente -actos de imposible reparación-, ajenos a la cosa juzgada. Tales razonamientos, los sostuvo la citada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 19/2011, con registro digital 162152, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En el caso concreto, los acuerdos reclamados no constituyen actos autónomos al procedimiento de ejecución del laudo, tampoco corresponden a la última resolución dictada en el juicio ni son actos de imposible reparación -por no violentar directamente derechos sustantivos-. En ese contexto, el juicio de amparo es improcedente, ya que la parte inconforme -actora en el juicio de origen- reclama: El acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós, mediante el cual determinó las medidas de apremio a ejercitar dentro del procedimiento de ejecución de los laudos dictados por ese tribunal. El acuerdo de de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral burocrático ******************** promovido por ********************-aquí quejoso-, contra el ********************-aquí tercero interesado-, en el que se decretó auto de reinstalación a favor del aquí quejoso y apercibió a la autoridad condenada que en caso de seguir con conducta de rebeldía para dar cumplimiento al laudo dictado en aquel, se le impondría una medida de apremio consistente en multa de mil pesos, en términos del artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; y, en caso de reincidencia, le serán aplicadas diversas medidas de apremio en el orden de prelación establecidas en el referido a) acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós, emitido por el [1] Pleno en cita. Ahora bien, conforme a lo explicado en párrafos precedentes, por última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de una sentencia, debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita su cumplimiento total o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De lo que válidamente se puede concluir que dichos acuerdos no constituyen el final en la ejecución y tampoco causan una afectación directa a un derecho sustantivo del quejoso, pues contrario a ello, se trata de actuaciones que forman parte de la etapa de ejecución del laudo, contra los cuales solo procede el amparo ante una persona juzgadora constitucional una vez que se dicte la última resolución, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas en dicho procedimiento. Además, se insiste en que no producen una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que solo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, pues únicamente procede en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Aunado a lo anterior, no debe soslayarse que, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la inconformidad del quejoso radica en los términos en que fueron dictados los acuerdos reclamados, ya que sostiene que la autoridad responsable pretende imponer un procedimiento de ejecución ajeno y en contra al procedimiento de ejecución previsto en el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil Vigente, refiriendo que tales medidas de apremios no son eficaz para obligar a la parte demandada al cumplimiento del laudo. Por tanto, se observa que la inconformidad del peticionario del amparo radica en la mecánica de ejecución o la forma en que la autoridad está tratando de cumplimentar el laudo de diez de marzo de dos mil veintiuno, de modo que, dada la materia del acto reclamado, es factible concluir que dicho acto se emitió después de concluido el juicio y que constituye un acto dentro del procedimiento de ejecución de laudo, que lleva por finalidad el cumplimiento del mismo. Por lo que, la determinación de requerimiento de reinstalación laboral del aquí quejoso, con el apercibimiento de multa, no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Misma consideración debe tenerse respecto del acto reclamado emitido por el Pleno del referido tribunal, en tanto que el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós, contempla las medidas de apremio a ejercitar dentro del procedimiento de ejecución de los laudos que dicte ese tribunal, entre ellas las establecidas en el acuerdo emitido por el Presidente responsable, lo cual constituye una actuación tendente al cumplimiento del laudo mediante diversos requerimientos y apercibimientos mayores a la multa inicial, sin constituir la última resolución en el procedimiento de ejecución. En consecuencia, como se expuso, los actos impugnados no son autónomos con relación al procedimiento de ejecución dentro del cual se emitió, dado que de constancias no se advierte que se haya cumplido el laudo emitido en el procedimiento de origen, se haya declarado la imposibilidad de cumplimiento ni mucho menos ordenado que se archive el asunto como total y definitivamente concluido. Además, como ya se precisó, la pretensión de la parte quejosa va encaminada a cambiar la mecánica de ejecución ya emprendida por la autoridad responsable, de lo que incluso se desprende que dicho reclamo no implica la violación de un derecho sustantivo, pues la parte quejosa no se duele de una omisión por parte de la autoridad responsable de hacer cumplir su determinación, sino de una cuestión de forma, en el sentido de que, a su consideración, debe ser otro el modo en que se procure el cumplimiento del laudo, sin que sea además relevante que dicha peticionaria de amparo, sea la vencedora en el procedimiento de origen. En apoyo a lo expuesto, se cita el criterio jurisprudencial 1ª./J.36/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 181144, de contenido siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada". Ello además, porque de no razonarlo así, se desvirtuaría la hipótesis de procedencia contenida en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la cual para sustentar la improcedencia del juicio de amparo, es interpretada en sentido contrario, lo que pone de manifiesto que la promoción del juicio de amparo respecto de actos dentro de la etapa de ejecución, es exclusivamente respecto de esas hipótesis excepcionales, establecidas para ese efecto, en tanto que la finalidad de ello, es evitar el abuso del empleo del juicio de amparo para entorpecer la sustanciación de los juicios, de tal suerte, que en estos casos la procedencia del juicio de amparo constituye la excepción y no la regla, y por ello es que sólo se puede promover juicio de amparo en casos específicos permitidos por la norma, y en contraste, la restante generalidad de casos que no encuadren en dichas hipótesis exclusivas, tornan improcedente el juicio de amparo en cuestión. Lo anterior, porque de lo contrario, bastaría que la parte actora se inconformara contra cada uno de los actos de ejecución, al impugnar la mecánica de ejecución o forma en que la autoridad está tratando de cumplimentar el laudo dictado en el juicio de origen, para hacer procedente el juicio constitucional, pues podría generar su procedencia exclusivamente mediante la presentación de escritos en los que señalara dicha circunstancia, pudiendo impugnar por ello cada auto en el que no se le otorgara la razón. Lo cual no fue pretendido por el órgano legislador, al establecer la hipótesis de procedencia en estudio, respecto a los actos en ejecución. Es importante precisar que, tampoco hace procedente su reclamo, las manifestaciones en cuanto a que tales actos afectan a la parte quejosa en su derecho sustantivo de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 constitucional, ya que aun cuando señala que la ejecución del laudo se ha prolongado un tiempo excesivo, el derecho de acceso a una justicia pronta -como derecho sustantivo- implica una violación autónoma que sólo puede ser producida de forma genérica cuando el conjunto de actos han producido una abierta dilación en el procedimiento o su paralización total, de allí que tampoco pueda justificar la procedencia del juicio de amparo el argumento que hace depender de forma secundaría tal afectación, con la emisión de un acto específico de ejecución, el cual se considera dilatorio. Pues, de asumir tal hipótesis -que se puede reclamar como dilatorio cada acto específico de ejecución de forma secundaria-, conllevaría a que bastaría que la parte quejosa se inconformara en contra de cada auto, alegando que con la forma en que fue emitido el mismo, se está permitiendo la dilación de la ejecución del laudo, para que fuera procedente el juicio constitucional, amparado en una violación al acceso a una justicia pronta, cuestión que es contraria a la teleología del supuesto de procedencia en estudio, con el cual, se insiste, pretendió el legislador evitar el abuso del juicio constitucional contra los actos emitidos en ejecución, y que por tanto, su procedencia no sea la regla, sino la excepción en aquellos casos específicos permitidos por la normativa. Cabe señalar que constituye un hecho notorio para este juzgado, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable de forma supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el ordinal 2 de esta última, que similares criterios fueron sostenidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito en los recursos de queja ********************, y ********************, los cuales derivaron de juicios de amparo indirecto tramitados por este juzgado. Y de forma específica la queja ********************, del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, en la cual confirmó un desechamiento respecto de un juicio de amparo indirecto, conforme a la causa de improcedencia aquí estudiada, en contra de un auto de requerimiento de pago y embargo dictado dentro de un juicio laboral burocrático -similar a uno de los actos aquí reclamados-, y el acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje mediante el cual determinó las medidas de apremio a ejercitar dentro del procedimiento de ejecución de los laudos dictados por ese tribunal -aquí también reclamado-. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, acorde al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. Lo expuesto sin que se inadvierta lo determinado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, en el recurso de queja ********************, donde declaró fundada la queja interpuesta por el aquí quejoso al considerar que no se actualizaba de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia sostenida por este juzgado, no obstante, lo determinado en aquel fue para el único efecto de contar con mayores elementos a fin de determinar tal cuestión con base en las constancias del juicio de origen, no obstante, y una vez substanciado el trámite del presente juicio, ello no impide sostener la misma causal de improcedencia decretada en auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, puesto que se dio acatamiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada, recabando los elementos necesarios para tal fin, conforme a los cuales se advierte la actualización de la causa de improcedencia en comento. Por último, resta decir que al haberse sobreseído en el presente juicio de amparo, no se le causa ninguna afectación con esta determinación a las partes diversas a la aquí parte quejosa, al resultar esta determinación favorable a sus intereses, tal como ilustra la tesis P. V/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 196912, del contenido siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Así con fundamento, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo se; R E S U E L V E Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el apoderado legal de ********************contra los actos reclamados a las autoridades responsable señaladas en el II punto considerativo, por las razones precisadas en el IV punto, ambos de esta resolución. Notifíquese, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. ...Agréguese para que obre como corresponda el informe justificado, rendido por el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, así como sus anexos, en razón de que mediante proveído de veintiséis de julio de dos mil veintitrés se acordó lo conducente. Notifíquese.
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