Vicente Soberon Schoelman
Expediente 1859/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 47 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1859/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 47
- Última actuación
- 09/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Vicente Soberon Schoelman
Actuaciones
Las 4 más recientes de 47.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de mayo de dos mil diecinueve. Vista la razón Secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Salvador González Domínguez, Secretario de Amparos de la Sala Regional del Segundo Circuito Judicial del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por medio del cual, remite diversas constancias de notificación en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Al respecto, se tienen por hechas las manifestaciones formuladas por la autoridad oficiante, ahora bien, visto el estado que guardan los autos del expediente en que se actúa, se advierte que mediante auto de treinta de abril pasado, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo en comento, lo que se señala para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (foja 549), para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por la apoderada legal de los terceros interesados mediante escrito ingresado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el cuatro de abril de dos mil diecinueve (fojas 555 a 564); en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".En esas condiciones, al demostrarse la ilegalidad de la resolución reclamada, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la sala penal responsable, se constriña a lo siguiente: a) Deje sin efectos la resolución dictada el tres de octubre de dos mil dieciséis en el toca penal 47/2016-18; y, b) Dicte una nueva resolución en la que: Reitere los aspectos que no fueron materia de amparo; y, Con plenitud de jurisdicción, motive nuevamente lo relativo a la acreditación del cuerpo del delito de fraude procesal, previsto y sancionado por el ordinal 300 del Código Penal para el Estado de Morelos, que se le atribuye al ahora quejoso; resolviendo lo que en derecho proceda. El amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al ahora quejoso, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través de oficio 103/2019, la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución reclamada (foja 394), y mediante diverso 336/2019, de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve (foja 509), remitió copia certificada de la resolución dictada en el toca penal 47/2016-18-13, de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, de la cual se advierte que efectivamente motivó lo relativo a la acreditación del delito de fraude procesal que se le atribuye al quejoso, y proceda a valora las pruebas ofertadas y justiprecie de manera fundada y motivada su valor. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, purgó los vicios de forma que afectaban la resolución anulada, todo ello con libertad de jurisdicción, fundando y motivando su actuar, valorando el caudal probatorio, sin que ese juicio de valor sea materia de estudio en este acuerdo. Por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. No es óbice a lo anterior lo argüido por los terceros interesados en el sentido de que no valoró las copias certificadas del juicio laboral que ofreció en el sumario de origen, así como las relativas a la causa penal 25/2009, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, pues de la lectura efectuada a la resolución emitida en cumplimiento al fallo protector, a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en cuanto a las constancias del juicio laboral 01/06/2011, la autoridad responsable les negó el valor probatorio, por las razones que expuso en su resolución (fojas 525 y 541). Ahora, por lo que hizo a las constancias relativas al proceso penal que alude la tercero interesada, la Sala responsable consideró que no eran eficaces para acreditar los elementos del cuerpo del delito que estudió por las razones que consideró (foja 543). Tampoco pasa desapercibido el argumento de los terceros interesados respecto de que la responsable fue omisa en reiterar los aspectos que no fueron materia del amparo, pues de la lectura efectuada a la resolución a que se ha hecho referencia, se desprende que la autoridad sí reiteró los aspectos que no fueron materia de la Litis constitucional, como lo fue la prescripción de la acción penal, y lo relativo a la figura prevista en el artículo 131 del Código de Procedimientos Penales vigente a la fecha de la comisión del delito de fraude procesal, y hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción motivó lo relativo a la acreditación del cuerpo del delito de fraude procesal, previsto y sancionado por el ordinal 300 del Código Penal para el Estado de Morelos. Finalmente, respecto a las manifestaciones que esgrimen los terceros interesados en cuanto al fondo del juicio de origen y la valoración que la responsable realiza de las probanzas que refiere en su escrito, ya que el presente acuerdo tiene como objeto estudiar si la autoridad responsable motivó lo relativo a la acreditación del delito de fraude procesal, previsto y sancionado por el artículo 300 del Código Penal para el Estado de Morelos, circunstancia que aconteció en el presente caso, por lo que si la aquí quejosa se encuentra inconforme con la valoración de dichas probanzas, tiene a salvo sus derechos para ejercer los medios de defensa que estime procedentes, pues como se precisó en párrafos anteriores, ello no es materia del cumplimiento que se analiza en el presente juicio. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 115/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 222, que a la letra dice: INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable dejara sin efectos la resolución dictada el tres de octubre de dos mil dieciséis en el toca penal 47/2016-18, y dictara una nueva resolución en la que reiterara los aspectos que no fueron materia de amparo, y con plenitud de jurisdicción, motivara nuevamente lo relativo a la acreditación del cuerpo del delito de fraude procesal, previsto y sancionado por el ordinal 300 del Código Penal para el Estado de Morelos. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que la autoridad responsable dejó sin efectos el acto reclamado, y en su lugar, emitió una nueva siguiendo los lineamientos del fallo protector, fundando y motivando su actuar, todo ello con libertad de jurisdicción, de lo que no se advierte un exceso o defecto en el cumplimiento para justipreciar las pruebas con las cuales consideró a su juicio que no existen elementos suficientes para decretar el auto de formal prisión. En consecuencia, con fundamento en el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Ahora bien, con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurable, toda vez que, se concedió la suspensión provisional y definitiva. Notifíquese.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción III, inciso a) y 29, de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el treinta de abril de dos mil diecinueve: Cuernavaca, Morelos, a treinta de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve (foja 549), para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por la apoderada legal de los terceros interesados mediante escrito ingresado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el cuatro de abril de dos mil diecinueve (fojas 555 a 564); en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".En esas condiciones, al demostrarse la ilegalidad de la resolución reclamada, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la sala penal responsable, se constriña a lo siguiente: a) Deje sin efectos la resolución dictada el tres de octubre de dos mil dieciséis en el toca penal 47/2016-18; y, b) Dicte una nueva resolución en la que: Reitere los aspectos que no fueron materia de amparo; y, Con plenitud de jurisdicción, motive nuevamente lo relativo a la acreditación del cuerpo del delito de fraude procesal, previsto y sancionado por el ordinal 300 del Código Penal para el Estado de Morelos, que se le atribuye al ahora quejoso; resolviendo lo que en derecho proceda. El amparo que se concede por las indicadas irregularidades formales, no produce el efecto de dejar en libertad al ahora quejoso, ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, pero purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, con lo cual queda cumplido el amparo." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través de oficio 103/2019, la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución reclamada (foja 394), y mediante diverso 336/2019, de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve (foja 509), remitió copia certificada de la resolución dictada en el toca penal 47/2016-18-13, de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, de la cual se advierte que efectivamente motivó lo relativo a la acreditación del delito de fraude procesal que se le atribuye al quejoso, y proceda a valora las pruebas ofertadas y justiprecie de manera fundada y motivada su valor. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, purgó los vicios de forma que afectaban la resolución anulada, todo ello con libertad de jurisdicción, fundando y motivando su actuar, valorando el caudal probatorio, sin que ese juicio de valor sea materia de estudio en este acuerdo. Por lo tanto este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. No es óbice a lo anterior lo argüido por los terceros interesados en el sentido de que no valoró las copias certificadas del juicio laboral que ofreció en el sumario de origen, así como las relativas a la causa penal 25/2009, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, pues de la lectura efectuada a la resolución emitida en cumplimiento al fallo protector, a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que en cuanto a las constancias del juicio laboral 01/06/2011, la autoridad responsable les negó el valor probatorio, por las razones que expuso en su resolución (fojas 525 y 541). Ahora, por lo que hizo a las constancias relativas al proceso penal que alude la tercero interesada, la Sala responsable consideró que no eran eficaces para acreditar los elementos del cuerpo del delito que estudió por las razones que consideró (foja 543). Tampoco pasa desapercibido el argumento de los terceros interesados respecto de que la responsable fue omisa en reiterar los aspectos que no fueron materia del amparo, pues de la lectura efectuada a la resolución a que se ha hecho referencia, se desprende que la autoridad sí reiteró los aspectos que no fueron materia de la Litis constitucional, como lo fue la prescripción de la acción penal, y lo relativo a la figura prevista en el artículo 131 del Código de Procedimientos Penales vigente a la fecha de la comisión del delito de fraude procesal, y hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción motivó lo relativo a la acreditación del cuerpo del delito de fraude procesal, previsto y sancionado por el ordinal 300 del Código Penal para el Estado de Morelos. Finalmente, respecto a las manifestaciones que esgrimen los terceros interesados en cuanto al fondo del juicio de origen y la valoración que la responsable realiza de las probanzas que refiere en su escrito, ya que el presente acuerdo tiene como objeto estudiar si la autoridad responsable motivó lo relativo a la acreditación del delito de fraude procesal, previsto y sancionado por el artículo 300 del Código Penal para el Estado de Morelos, circunstancia que aconteció en el presente caso, por lo que si la aquí quejosa se encuentra inconforme con la valoración de dichas probanzas, tiene a salvo sus derechos para ejercer los medios de defensa que estime procedentes, pues como se precisó en párrafos anteriores, ello no es materia del cumplimiento que se analiza en el presente juicio. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 115/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 222, que a la letra dice: INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable dejara sin efectos la resolución dictada el tres de octubre de dos mil dieciséis en el toca penal 47/2016-18, y dictara una nueva resolución en la que reiterara los aspectos que no fueron materia de amparo, y con plenitud de jurisdicción, motivara nuevamente lo relativo a la acreditación del cuerpo del delito de fraude procesal, previsto y sancionado por el ordinal 300 del Código Penal para el Estado de Morelos. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que la autoridad responsable dejó sin efectos el acto reclamado, y en su lugar, emitió una nueva siguiendo los lineamientos del fallo protector, fundando y motivando su actuar, todo ello con libertad de jurisdicción, de lo que no se advierte un exceso o defecto en el cumplimiento para justipreciar las pruebas con las cuales consideró a su juicio que no existen elementos suficientes para decretar el auto de formal prisión. En consecuencia, con fundamento en el numeral 214, del ordenamiento legal en cita, en su oportunidad, archívese el expediente. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo y la sentencia definitiva. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto procédase a la destrucción del duplicado, debiéndose guardar únicamente el original. Ahora bien, con apoyo en el punto vigésimo primero, fracción III, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurable, toda vez que, se concedió la suspensión provisional y definitiva. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cinco de abril de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tiene por recibido el escrito signado por la Apoderada Legal de los terceros interesados WOLF DIETRICH HINNER KOCH y TELAS OLEFINES Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio del cual, bajo los argumentos que expone, desahoga la vista de veintiocho de marzo del año en curso. Al respecto, se tienen por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, esto es, al momento de que este Jugador se pronuncia sobre el cumplimiento de la ejecutoria que nos ocupa. Notifíquese.
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