Vicente Ruiz Silva
Expediente 560/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 27 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 560/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 19/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Vicente Ruiz Silva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Incidental
MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de la Secretaria, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la resolución ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; por tanto, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en términos de lo dispuesto en el capítulo 7.1.1. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el Artículo 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General y atendiendo a que se concedió la suspensión provisional y definitiva, el cuaderno incidental original es depurable dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el último considerando de la interlocutoria de diez de junio de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, con residencia en San Raymundo Jalpan, Oaxaca, el dvd que remitió como apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma electrónicamente RAMIRO GARCÍA SIMÓN, Secretario encargado del despacho del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, por licencia del Titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de treinta de mayo de dos mil veintidós y comunicado mediante oficio CCJ/ST/1390/2022 de esa data, signado por la Secretaria Técnica de Comisión permanente, ante Virginia Francisca Maldonado Peralta, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
MESA I "... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías,... SEGUNDO. Precisión de actos. Resulta oportuno precisar en este apartado, el acto reclamado en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. ... Ahora, de un estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: -De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama el estudio, dictaminación, discusión, aprobación, expedición, refrendo, promulgación, publicación, aplicación y ejecución del decreto número 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintiocho de enero de dos mil doce, en vigor a partir del veintinueve de enero siguiente, específicamente los artículos 6° fracción III, 18 párrafo segundo, y octavo transitorio, primer párrafo de dicha ley. -Así como la emisión del oficio número OP/DG/374/2021, de siete de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual, en esencia, se autorizó la solicitud de pensión por jubilación del justiciable en los términos ahí precisados. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Director General de Trámite y Substanciación de Procesos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado con el carácter de representante legal del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y como superior jerárquico del Jefe de la Unidad del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, con residencia en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del H. Congreso del Estado en representación legal del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca y Apoderado Legal del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca y la Directora Jurídica de la Subsecretaría Jurídica y Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno, con residencia en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. ... De la interpretación literal de las porciones normativas transcritas, se observa, en términos generales que, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa; asimismo, que existirá dicha vulneración siempre que el agraviado alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, es aquel derecho subjetivo que se reconoce en una norma jurídica -ya sean reglas o principios- a favor de cualquier persona, e impone a su vez la facultad de exigir el respeto de los derechos fundamentales hacia las autoridades públicas; pero también, establece ciertas limitantes frente a la esfera privada y a los poderes fácticos. Por su parte, el derecho subjetivo es cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica. En otras palabras, el interés jurídico se refiere a la titularidad del derecho afectado con el acto reclamado, y a la exigencia que la quejosa puede ejercer, a través de una garantía, para el respeto y protección del mismo. ... Por otra parte, es importante mencionar que la procedencia del juicio de amparo encuentra límites, pues para ello es indispensable que la quejosa, es decir, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo, haya sufrido un agravio personal y directo en su esfera jurídica. En ese sentido, en la noción del concepto "interés jurídico", subyacen dos principios fundamentales y rectores del juicio de amparo, como lo son: a) instancia de parte agraviada; y, b) agravio personal y directo. El primero de ellos consiste en que únicamente puede promover la demanda de amparo la persona física o jurídica que tenga un interés individual o colectivo, a quien con motivo de la ley, acto u omisión que emita una autoridad vulnere con ello sus derechos humanos, o bien afecte su esfera jurídica, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; mientras que el segundo significa que la quejosa tiene que sufrir una violación personal y directa en sus derechos. Ambos principios tienen sustento constitucional y legal en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Lo anterior encuentra justificación racional porque de lo contrario, cualquier persona que no tuviera una afectación real en su esfera jurídica podría acudir a solicitar la protección constitucional careciendo de un derecho legítimamente tutelado y, consecuentemente, pudiera obtener por ello una sentencia favorable en la cual se le restituiría del derecho fundamental vulnerado por alguna autoridad o particular; situación que al ser materialmente imposible, se pretende evitar al establecer los efectos de las sentencias contenidos en las fracciones I y II del artículo 77 de la Ley de Amparo. ... Ahora, en razón de que los actos de autoridad, objeto de estudio en este apartado, son los artículos 6° fracción III, 18 párrafo segundo, y octavo transitorio, primer párrafo de la ley de pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, cuya inconstitucionalidad reclama el quejoso, resulta indispensable destacar que nuestro sistema jurídico ha diferenciado a las normas autoaplicativas y a las heteroaplicativas, como un criterio de utilidad que, atendiendo al concepto de individualización incondicionada, permite resolver la problemática que surge con motivo de la procedencia del juicio de amparo; de modo tal que, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. ... En virtud de las diferencias entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas y, por consiguiente, de la distinta eficacia jurídica que respecto de cada una de ellas tiene el acto de aplicación, debe considerarse que cuando se analiza la afectación al interés jurídico por una disposición legal autoaplicativa reclamada por su primer acto de aplicación, el estudio correspondiente debe partir de la premisa de que la norma ocasionó agravio al particular desde el inicio de su vigencia y el acto de aplicación le perjudica por la simple circunstancia de colocarlo en los supuestos legales de la norma combatida, siendo este perjuicio reflejo de aquel que causó la ley con su sola entrada en vigor; mientras que en el caso de leyes heteroaplicativas, el examen del perjuicio al interés jurídico del gobernado se desplaza hacia la ponderación del agravio que produce el acto de aplicación de dichas leyes, en razón de que éstas no causan perjuicio por su sola vigencia, sino que es necesaria la existencia de la condición que materializa los efectos perjudiciales en agravio del particular que, merced a esa condición, ve individualizado en su perjuicio el mandato dispuesto en tales normas. ... Las normas jurídicas reclamadas por los quejosos en su demanda de amparo, consistentes en los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo, de la ley de Pensiones para el Estado de Oaxaca, establecen: "ARTÍCULO 6.- El Fondo de Pensiones se constituirá con: [.] III. Las cuotas de los jubilados, equivalentes al 9% de su pensión; ARTÍCULO 18.- Por lo que hace a las cuotas de los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 6 de esta Ley, las dependencias harán su entrega quincenal a la Oficina de Pensiones, debiéndose encargar de hacer los respectivos descuentos del nueve por ciento que corresponde a los trabajadores, en el momento de cubrirles sus remuneraciones. [.] Por lo que respecta a los jubilados y pensionados, la Oficina de Pensiones descontará del monto de sus respectivas pensiones, las cuotas a las que se refieren las fracciones III y IV del artículo 6 de esta Ley. [.] Asimismo, el Gobierno del Estado de Oaxaca hará su entrega quincenal a la Oficina de Pensiones del total de aportaciones a que se refiere el artículo 6 correspondiente a trabajadores, jubilados y pensionados. TRANSITORIOS OCTAVO. A partir de que los trabajadores incorporados antes de la vigencia de esta Ley adquieran el carácter de Jubilados o pensionados, contribuirán con una cuota equivalente al nueve por ciento de su pensión, importe que la Oficina de Pensiones retendrá, valiéndose del procedimiento señalado en el artículo 18 de esta Ley, debiéndose encargar de hacer los descuentos respectivos al momento de cubrirles sus numerales". Atendiendo al contenido de las normas transcritas, así como a los hechos que narra el quejoso en su demanda de amparo, se concluye que los preceptos legales impugnados, son de carácter heteroaplicativo, en razón de que no causan perjuicio por su sola vigencia, sino que es necesaria la existencia de la condición que materializa los efectos perjudiciales en agravio del particular que, en el presente caso lo sería el oficio OP/DG/374/2021, de siete de abril de dos mil veintiuno, por medio del cual, el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, ordenó realizar el descuento del 9% por concepto de cuota al fondo de pensiones. El oficio en la parte que interesa dice: "CUARTO.- Tomando en consideración que de las constancias presentadas en su solicitud acredita plenamente ser un trabajador incorporado antes de la vigencia de la Ley de Pensiones para los trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, se ordena que la oficina de pensiones, del importe del monto de su pensión por jubilación, le descuente el 9% por concepto de cuota al Fondo de Pensiones, por ser lo que jurídicamente corresponde." De la transcripción de la parte que interesa del oficio reclamado, como se dijo en su momento, en el caso se actualiza la causal de improcedencia, a que alude la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en razón de que las normas tildadas de inconstitucionales, fueron mencionadas en el oficio en cuestión; empero, del talón de pago que fue exhibido por la autoridad responsable no se advierte que le descuenten cantidad alguna por concepto de pensiones, y como consecuencia, el quejoso carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo. En efecto, las normas jurídicas constituyen prescripciones que obligan, prohíben o permiten a las personas llevar a cabo una conducta específica, lo cual efectúan al enlazar una consecuencia jurídica determinada, como efecto, a la realización de una conducta determinada, como causa. Así, ante la actualización de la hipótesis o supuesto previsto en la norma, el orden jurídico prescribe la aplicación de las consecuencias previstas también en la misma. De esa forma, una norma jurídica se considera aplicada únicamente cuando el órgano estatal correspondiente ordena la realización de la consecuencia de derecho que se sigue del cumplimiento de las condiciones de aplicación de dicha norma, por considerar, precisamente, que ésas fueron satisfechas. En ese orden de ideas, la cita en el acto de autoridad, de unos artículos de una ley constituyen un dato que, por sí solo, resulta insuficiente para concluir que la autoridad responsable aplicó los preceptos legales, pues, se insiste, lo relevante para ello consiste en que, ante la configuración del supuesto descrito en la norma, se hubieran aplicado las consecuencias jurídicas que, de acuerdo con la misma, se siguen de tal situación. Así las cosas, aunque en el oficio emitido por el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, se citaron los preceptos impugnados, no es factible considerar que existió un acto de aplicación de los artículos 6, fracción III, 18 párrafo segundo y octavo, transitorio de la Ley de Pensiones para los trabajadores del Estado de Oaxaca; en el oficio señalado como primer acto de aplicación, solo se mencionaron los artículos sin embargo, no fue ejecutado, pues como ya se dijo en el talón de pago no se advierte descuento al mismo, lo que también se corrobora con la presunción de que no se le ha descontado al quejoso, en virtud de que nada dijo en la vista que se le dio en cumplimiento a la resolución del Primer Tribunal Colegiado, en Materias Civil y Administrativa, del Décimo Tercer Circuito, para que en su caso, ampliara su demanda respecto al acto posterior que pudiera actualizarse; empero, hasta la fecha no han realizado la aplicación de dicha norma pues no se ha hecho el descuento del 9% del monto de su pensión; por tanto, no fueron aplicados dichos preceptos sino será en el momento en que realicen el descuento correspondiente. Es así, dado que el quejoso no ofreció prueba alguna que acredite que dichos preceptos hayan sido aplicados, como por ejemplo sus recibos de pago, pues si bien es cierto ofreció su hoja de renuncia y el oficio reclamado, como ya se dijo no se acredita que se le haya realizado descuento alguno. Pero además de lo expuesto por el quejoso en su demanda se advierte que los artículos tildados de inconstitucionales no le han sido aplicado en virtud de que expresó: ".se actualizaron plenamente el día 11 DE MAYO DE 2021, y con base en estos se pretende justificar la aplicación inminente del 9% para incrementar el fondo de pensiones ."; de la transcripción se advierte que refieren que la autoridad pretende descontar, es decir, no le ha descontado, por lo tanto, se reitera los artículos aquí reclamados no han sido aplicados al quejoso. En consecuencia, al no existir oficio por el que se le tenga dando cumplimiento a la parte quejosa de los lineamientos antes citados y como tampoco ofreció recibos de pago correspondientes a su pensión por jubilación que presuman el cumplimiento y aceptación de los mismos por parte de la autoridad responsable, se estima que no quedó demostrada la existencia del primer acto de aplicación reclamado a las autoridades responsables en esta vía de amparo, en consecuencia tampoco se demostró la afectación de derecho fundamental alguno que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establezca a favor del aquí quejoso; por lo que carece de interés jurídico para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Tales argumentos encuentran fundamento en la jurisprudencia 1a./J. 18/2012 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo Libro XIII, Octubre de 2012 Tomo 2, página: 812, que a la letra dice: "LEYES. SU SOLA CITA NO CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN.- Las normas jurídicas contenidas en leyes constituyen prescripciones que obligan, prohíben o permiten a las personas la realización de una conducta específica. Ello lo hacen al enlazar una consecuencia determinada, como efecto, a la realización de cierta conducta, como causa. Así, ante la actualización de la hipótesis o supuestos previstos en la ley, el orden jurídico prescribe la aplicación de las consecuencias previstas también en la misma. De esa manera, una ley sólo se puede considerar aplicada cuando el órgano estatal correspondiente ordena la realización de la consecuencia jurídica que se sigue del cumplimiento de sus condiciones de aplicación, por considerar, precisamente, que éstas fueron satisfechas. En consecuencia, la sola cita, en una resolución, de un artículo de una ley constituye un dato que, por sí solo, resulta insuficiente para acreditar tal cuestión, pues lo relevante para ello consiste en demostrar que, en el caso concreto, fueron aplicadas las consecuencias jurídicas que siguen a la configuración de la hipótesis normativa descrita en la ley". ... Por tales consideraciones, al no demostrarse la afectación al interés jurídico de la quejosa, lo procedente es SOBRESEER en el juicio de garantías acorde con lo dispuesto en el diverso normativo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por .... NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA I ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurre el término de quince días para que la parte quejosa si es su deseo amplié la demanda de amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
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