Vicente Ruiz Jimenez

Expediente 863/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
863/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
06/10/2021

Partes del expediente

  • Vicente Ruiz Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue el auto dictado el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en el expediente agrario 467/2006, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Siete, con sede en la ciudad de Puebla, por medio del cual se impuso una multa al ahora quejoso como perito designado por la parte codemandada, por la cantidad de $2,724.45 (dos mil setecientos veinticuatro pesos con cuarenta y cinco centavos moneda nacional), ordenó girar oficio a la secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, a fin de que llevara a cabo el procedimiento de ejecución; asimismo, requirió al citado perito acudiera a la realización de la diligencia de desahogo de la prueba respectiva. Mediante sentencia de once de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Vicente Ruiz Jimenez en contra de los actos del magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Siete, con residencia en la ciudad de Puebla y de la secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Puebla, para los siguientes efectos: "(.) Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Siete, con residencia en la ciudad de Puebla, deje insubsistente el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 467/2006, únicamente en la parte conducente en que impuso una multa al ahora quejoso, por la cantidad de $2,724.45 (dos mil setecientos veinticuatro pesos, cuarenta y cinco centavos, moneda nacional), correspondiente al valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización, y ordenó girar oficio a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, para que iniciara el procedimiento de ejecución respectivo. Concesión de amparo que se hace extensiva respecto del acto de ejecución atribuido a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla....". En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes se inconformaran con la sentencia de mérito, a pesar de estar debidamente notificadas; el nueve de septiembre de dos mil veintiuno causó ejecutoria dicha sentencia, y se requirió el cumplimiento respetivo al magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Siete, con residencia en la ciudad de Puebla, así como a la secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Puebla. Así, el procurador Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, mediante oficio recibido el veintiuno de septiembre de dos veintiuno, remitió copia certificada de la resolución de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, por la que dejó sin efectos la ejecución de la multa interpuesta a Vicente Ruiz Jiménez, por la cantidad de $2,724.45 (dos mil setecientos veinticuatro pesos, cuarenta y cinco centavos, moneda nacional). De igual forma, por oficio recibo el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Siete, con residencia en la Ciudad de Puebla, remitió copia certificada del proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, de la cual se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó sin efectos la multa interpuesta a Vicente Ruiz Jiménez, por la cantidad de $2,724.45 (dos mil setecientos veinticuatro pesos, cuarenta y cinco centavos, moneda nacional). Por lo anterior, el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por las autoridades responsables, el cual se notificó el veintinueve del mismo mes y año. Ahora bien, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, correspondiente a marzo de dos mil, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por el magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Siete, con residencia en la ciudad de Puebla y procurador Fiscal de la secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se cumplieron con los efectos precisados en la sentencia amparo; ello, en atención a que se dejó sin efectos la multa interpuesta al quejoso Vicente Ruiz Jiménez, por la cantidad de $2,724.45 (dos mil setecientos veinticuatro pesos, cuarenta y cinco centavos, moneda nacional); así como su ejecución. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; asimismo, archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por lo anterior, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa; y, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del multicitado Acuerdo. Finalmente, agréguese a los autos el oficio del magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Siete, por el que acusa recibo del oficio 30494/2021 y de las copias certificadas del expediente agrario 467/2006, que remitió como justificante de su informe rendido. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y tomando en consideración que con esta fecha dentro del cuaderno principal 863/2021 del que se deriva el presente incidente de suspensión, se ordenó el archivo del juicio de amparo como asunto concluido. En esas condiciones, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, con apoyo en el la fracción I, inciso c, del artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, pues es en el caso se negó por una parte y se concedió por otra tanto la suspensión provisional como la definitiva. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá destruir el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO. Por lo anterior, una vez transcurrido dicho término de seis meses, éste Juzgado, procederá a su destrucción dentro de los treinta días siguientes y se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación el acta de baja documental correspondiente, en términos del artículo 20, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Cambio de titular. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión ordinaria de uno de septiembre de dos mil veintiuno, determinó que a partir del dieciséis siguiente, fungiría como titular de este Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo, Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, el juez Tomás Zurita García, lo que se informó mediante el oficio SEADS/795/2021, signado por el secretario ejecutivo de adscripción de ese Consejo; por tanto, hágase del conocimiento de las partes lo anterior a fin de evitar infracciones en el procedimiento1. Notifíquese por lista a las partes.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta y Siete, con residencia en la Ciudad de Puebla, por medio del cual remite copia certificada del proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, de la cual se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó sin efectos la multa interpuesta al quejoso Vicente Ruiz Jiménez, por la cantidad de $2,724.45 (dos mil setecientos veinticuatro pesos, cuarenta y cinco centavos, moneda nacional). En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA Notifíquese y personalmente a las partes.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, por medio del cual remite copia certificada de la resolución de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, de la cual se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, determinó dejar sin efectos la ejecución de la multa interpuesta al quejoso Vicente Ruiz Jiménez, por la cantidad de $2,724.45 (dos mil setecientos veinticuatro pesos, cuarenta y cinco centavos, moneda nacional). Por lo anterior, una vez que el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Siete, con residencia en la ciudad de Puebla, informe el cumplimiento al fallo protector, se acordará lo conducente respecto al mismo. Cambio de titular. Hágase del conocimiento de las partes que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión ordinaria de uno de septiembre de dos mil veintiuno, determinó que a partir del dieciséis siguiente, fungiría como titular de este Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo, Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, el juez Tomás Zurita García, lo que se informó mediante el oficio SEADS/795/2021, signado por el secretario ejecutivo de adscripción de ese Consejo; por tanto, hágase del conocimiento de las partes lo anterior a fin de evitar infracciones en el procedimiento. Notifíquese por lista a las partes.

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