Vicente Rodriguez Soria

Expediente 616/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 23 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
616/2020
Año
2020
Actuaciones
23
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • Vicente Rodriguez Soria
  • Primera Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa En el Estado de Guanajuato
  • VICENTE RODRIGUEZ SORIA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, siete de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la legislación en comento, contra la sentencia de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO". En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA documental. DESTINO: Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. DOCUMENTOS: La parte quejosa allegó documentos catalogados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado a contrario sentido y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). No se omite señalar que, como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos que exhibió la parte quejosa no están catalogados como originales, por lo que su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las nueve horas con quince minutos a las quince horas con quince minutos, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. En consecuencia, devuélvase al Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, con sede en Silao, la copia certificada del expediente 1825/1ª.Sala/18, que remitió en apoyo a su informe de ley, en un tomo. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    ...TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. En razón de que el acto reclamado es una omisión, corresponde a la autoridad la carga de demostrar que no incurrió en ésta, es decir, que sí hizo lo que el quejoso reclama. Lo anterior, en términos de los artículos 82 y 84 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Estimar lo contrario se dejaría al quejoso en estado de indefensión al estar obligado a probar hechos negativos, que sólo pueden ser probados a través de pruebas indirectas. En su informe justificado la autoridad responsable Primera Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, negó la omisión que se le atribuye; sin embargo, en las constancias que adjuntó a su informe justificado, que tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se observa que la sentencia emitida en el expediente *********, de su índice, no ha sido cumplida. En efecto, la sentencia se dictó el trece de junio de dos mil diecinueve y causó ejecutoria el veinticuatro de septiembre siguiente, en esta última data se requirió a los Directores Institucional y Jurídico del Ayuntamiento de Romita, Guanajuato, para que informaran sobre su cumplimiento. Ante su incumplimiento, hasta el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, es decir, dos meses después, nuevamente se requirió el informe sobre el cumplimiento de la sentencia. El veintinueve de enero de dos mil veinte, al persistir el incumplimiento de la sentencia, se aplicó a las demandadas el medio de apremio consistente en multa, y nuevamente se les requirió el cumplimiento. Al continuar sin cumplir la sentencia ejecutoriada, por auto de tres de marzo de dos mil veinte se requirió al Ayuntamiento de Romita como superior jerárquico para que informara el cumplimiento de la sentencia, y por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veinte, ante tal incumplimiento, se dio vista al Órgano de Control Interno Municipal, así como a la Auditoria Superior del Estado, y nuevamente se requirió el informe respecto del cumplimiento de la sentencia. Mediante acuerdo de siete de septiembre de dos mil veinte, no obstante que la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento de la sentencia, la misma no se tuvo por cumplida y se requirió nuevamente su cumplimiento, con el apercibimiento que de ser omisas se continuaría con la aplicación de las medidas de apremio. De lo anterior se observa que la sentencia no se ha cumplido, por tanto, es cierto el acto reclamado. La autoridad responsable Director Jurídico del Ayuntamiento de Romita, Guanajuato, fue omiso en manifestar si era cierto o no el acto reclamado; sin embargo, atento a sus manifestaciones, en el sentido de que ha realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de sentencia emitida por el tribunal de justicia administrativa, esto es, que ha solicitado las cantidades para estar en condiciones de pagar lo solicitado por el tribunal, por tanto, es cierto el acto reclamado. La autoridad responsable Director institucional del Ayuntamiento de Romita, Guanajuato, fue omiso en rendir su informe justificado, en consecuencia, con fundamento en lo establecido en el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se presume cierto el acto reclamado. Así es, pues si bien en un primer momento se tuvo al Director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Romita, Guanajuato, rindiendo informe de ley, lo cierto es que, al no tenerse la certeza de que se tratara de la misma autoridad que la indicada en el párrafo anterior (como se designó por el quejoso), se requirió a esta última su respectivo informe, quien fue omisa en rendirlo. CUARTO. IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de fondo del juicio, debe examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso sobrevino la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado. Tal precepto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.) Según la norma transcrita, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en este último deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones procesales reclamadas, por no poder decidirse en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En esta hipótesis concurren los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se hallaba el quejoso, con motivo del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso, el acto reclamado consiste en la omisión por parte de la responsable Primera Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, residente en Silao de la Victoria, para hacer cumplir la sentencia dictada el trece de junio de dos mil diecinueve en el procedimiento administrativo *********, así como la omisión de las diversas responsables de cumplir con dicho fallo. Sin embargo, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, el quejoso *********, el cinco de marzo de dos mil veintiuno, celebró un convenio con las autoridades demandadas, en el que se comprometían a hacer el pago de *********, pagando al quejoso, en el momento de la celebración del contrato ********* y pactando dos pagos posteriores de ********* cada uno, y que por tal motivo se pretenda tener por cumplida la sentencia . En virtud de lo anterior, la propia autoridad responsable Primera Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guanajuato, mediante oficio 1314/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, informó que por acuerdo de quince de abril del actual, con fundamento en el artículo 321 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, requirió a las autoridades demandadas Directores Jurídico e Institucional del Ayuntamiento de Romita, para que informaran a dicho tribunal una vez que se realizaran los pagos pactados en el convenio celebrado, por lo que se la sentencia está en vías de cumplimiento. Consecuentemente no es posible estudiar en esta instancia constitucional el acto combatido, porque al haberse celebrado un convenio entre la quejosa y las responsables en relación al cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo ********* del índice de la Primera Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guanajuato, en el que acordaron, la cantidad a pagar, temporalidad y forma de pago y, por ello, en auto de quince de abril de dos mil veintiuno la sala recibió tal convenio y tuvo la sentencia en vías de cumplimiento; de ahí que, se tornan irreparablemente consumadas las violaciones alegadas, porque no es posible analizarlas para decidir sobre su constitucionalidad, sin afectar la nueva situación jurídica originada. Además, hay independencia entre el acto reclamado en este juicio y la nueva situación suscitada, ya que ésta última puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De manera que este juzgado se encuentra imposibilitado para el examen constitucional del acto reclamado en esta instancia; en consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio, acorde a lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de dicha ley. Es aplicable en lo conducente la tesis 2a. CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 219, tomo IV, diciembre de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IV, Novena Época, registro 199808, de texto y rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 73, 74, 119, 123, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo se R e s u e l v e: Único. Se sobresee el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    audiencia constitucional.

  4. Principal

    ...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la audiencia constitucional en el expediente en que se actúa; sin embargo, con motivo de la licencia que le fue otorgada a la Titular, el Secretario encargado del despacho sólo tiene facultades para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite, así como resoluciones de carácter urgente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional que debía tener verificativo el día de hoy, y se señalan las CATORCE HORAS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración; la cual se fija atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este Juzgado...

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