Vicente Rodolfo Velázquez Girón
Expediente 602/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Vicente Rodolfo Velázquez Girón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los autos, se advierte que, por acuerdo de siete de noviembre de dos mil veintitrés, se dio trámite al recurso de revisión interpuesto por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, en contra de la sentencia dictada en autos. En consecuencia, sin mayor demora, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, el oficio que contenga inserto este acuerdo y el escrito de agravios respectivo. Asimismo, desde este momento, se pone a disposición del Tribunal Colegiado de Circuito que por razón de turno conozca de este medio de impugnación, el expediente electrónico del presente juicio de amparo, en el cual se encuentra agregado el escrito original de expresión de agravios. Debido a la habilitación de la consulta del expediente electrónico para la Superioridad, se estima innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, ya que este juzgado de distrito tendrá a su resguardo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de noviembre de dos mil veintitrés Agréguese a los autos el oficio firmado por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada dentro del presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio. Se ordena distribuir entre las partes, las copias de los escritos de expresión de agravios y dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, infórmese al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, sobre la interposición del presente medio de impugnación y póngase a su disposición el expediente electrónico de este juicio, en el cual se encuentra agregado el oficio de expresión de agravios presentado, para lo que tenga a bien determinar. Debido a la habilitación de la consulta del expediente electrónico para la Superioridad, se estima innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, ya que este juzgado de distrito tendrá a su resguardo el expediente en que se actúa. Por otra parte, notifíquese personalmente la presente determinación a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito, corriéndole traslado con el escrito de expresión de agravios, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito, corriéndole traslado con el escrito de expresión de agravios. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 602/2023, promovido por VICENTE RODOLFO VELAZQUEZ GIRON, contra actos del Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial y el tres del mismo mes y año ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, VICENTE RODOLFO VELAZQUEZ GIRON, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridades responsables: ° Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos. ° Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos. Actos reclamados: ".El cobro, recaudación, y acto de aplicación del artículo 06 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos para el ejercicio fiscal 2023, misma que se encuentra vigente al momento de pagar el impuesto predial, así como los artículos 93 ter al 93-Ter 12, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Morelos vigente, toda vez que se considera contrario al contenido de los artículos 1, 14, 16 y 31 fracción IV de la Constitución General de la República, como se expondrá en líneas subscuentes. Pago considerado por el quejoso a favor de la autoridad responsable ejecutora, en virtud de que se considera contrario al contenido de los artículos 1,14, 16 y 31 fracción IV de la Constitución General de la República, como se expondrá en los conceptos de violación. El cobro, recaudación y el acto de aplicación del impuesto predial, en específico el cobro realizado por concepto de impuesto predial del periodo 1/2023 a 6/2023, de la cuenta predial 110007056151 y 110007056136, pagos que se realizaron como se acredita con las facturas con números de folios 03433659, 03433656, 03433661 y 03433664 expedidas por la autoridad responsable, por la cantidad total de 8,924.00 (ocho mil novecientos veinticuatro 00/100). Los fundamentos legales en el que se fundó los cobros por concepto de Impuesto Predial se considera contrarios al contenido de los artículos 1, 14, 16 y 31 fracción IV, de la Constitución General de la República, como se expondrá en los conceptos de violación. El cobro del Impuesto Predial y recargos realizado mediante las cuentas catastrales 110007056151 y 110007056136, pagos que se realizaron como se acredita con las facturas con números de folios 03433659, 03433656, 03433661 y 03433664 expedidas por la autoridad responsable, por la cantidad total de 8,924.00 (ocho mil novecientos veinticuatro 00/100).". SEGUNDO. El cuatro de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 602/2023, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO.- Oportunidad del acto reclamado. La demanda de amparo fue presentada oportunamente, en virtud de que el plazo previsto para tal efecto transcurrió conforme a lo siguiente: Fecha de notificación del acto reclamado: Fecha en que surtió sus efectos la notificación del acto reclamado: Plazo para promover la demanda de amparo: Días inhábiles: 21/04/2023 21/04/2023 Del 24 de abril al 16 de mayo 2023. 29 y 30 de abril; 1, 5, 6, 7, 13 y 14 de mayo 2023. El veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se expidieron al quejoso los citados recibos; entonces, el plazo genérico de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del veinticuatro de abril al dieciséis de mayo pasado, excluyendo de dicho cómputo los días veintinueve y treinta de abril, uno, cinco, seis, siete, trece y catorce de mayo de la presente anualidad, por ser inhábiles. Luego, como la demanda de amparo se presentó el dos de mayo del año en curso, como se advierte del sello del Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, es incuestionable que su presentación se realizó de forma oportuna. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: El acto de aplicación del artículo 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos para el ejercicio fiscal 2023, vigente al momento de pagar el impuesto predial, así como los artículos 93 ter al 93 - Ter 12, de la Ley General de Hacienda Municipal del estado de Morelos vigente, por considerarse contrario al contenido de los artículos 1, 14, 16 y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El cobro, recaudación y rezagos por concepto del impuesto predial del periodo 1/2023 a 6/2023, de las cuentas prediales 110007056151 y 110007056136, pagos que se realizaron mediante facturas registradas bajo los folios 03433659, 03433656, 03433661 y 03433664, por la cantidad total de $8,924.00 (ocho mil novecientos veinticuatro pesos 00/100). CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad señalada como responsable Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, al rendir su respectivo informe justificado, negó los actos que se le reclaman, consistentes en la aplicación, cobro y/o ejecución de las normas impugnadas, sin que de autos se advierta medio probatorio alguno aportado por la parte quejosa para desvirtuar dicha negativa. Además, de que de autos no se advierte la participación directa de la citada autoridad en la aplicación de los preceptos que por esta vía constitucional se impugnan relativos al pago del citado impuesto; de ahí que, deben tenerse por inexistentes los actos atribuidos a dicha autoridad. Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia PC.I.P. J/54 K (10a.), sustentada por el Pleno de Circuito en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 15 de febrero de 2019 10:17 h, Décima Época, registro 2019326, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CON INDEPENDENCIA DE QUE OTRAS TAMBIÉN SEÑALADAS COMO RESPONSABLES LO ACEPTEN. La causal de sobreseimiento en el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado, en términos del precepto y fracción citados, se actualiza cuando las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, lo niegan o cuando el quejoso no prueba su existencia en la audiencia constitucional, con independencia de que otras autoridades también señaladas como responsables lo admitan, pues la aceptación del acto reclamado por estas últimas, salvo casos de excepción, no desvirtúa la negativa de las autoridades a quienes de manera independiente y autónoma se les atribuyó por el quejoso, por lo que dicha causal de sobreseimiento es de estudio preferente a la diversa de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, relacionada con la actualización de alguna causal de improcedencia." En ese sentido, ante la inexistencia de los actos reclamados del Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, se sobresee en el presente juicio de amparo con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, respecto de la referida autoridad. QUINTO. Certeza del acto reclamado. Por su parte el Tesorero del municipio de Cuernavaca, Morelos, al rendir el informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, remitiendo en apoyo del mismo, copia certificada de diversas documentales relativas al cobro del impuesto predial del que se duele el promovente; a la cual se le otorga valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2, además de que hace prueba plena de los hechos afirmados por la responsable. SEXTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que no se surten los supuestos de improcedencia, que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el artículo 62 del citado ordenamiento. La autoridad señalada como responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, propuso las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII, XIII y XIV, de la Ley de Amparo, pues, estima, se está en presencia de actos consentidos, en relación con la aplicación de los preceptos de la Ley General de Hacienda Municipal, en el cobro realizado respecto del impuesto predial dadas las consecuencias de la adjudicación del inmueble, entre las cuales se encontraba el pago de tributos y partiendo de la fecha del protocolo ante el Notario es que tuvo conocimiento de los actos reclamados, dados los conceptos de los tributos, así como las tarifas y tasas que lo sustentaron. Resultan infundadas las causales de improcedencia hechas valer. En primer término, respecto de la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XII, no se abordara su estudio, en razón de que la autoridad señalada como responsable, no establece la hipótesis especifica de su actualización, máxime que contrario a ello si obran en autos las constancias relativas al cobro del impuesto reclamado y por tanto la aplicación de las disposiciones que se consideran inconstitucionales su aplicación al caso concreto. Por otro lado en relación a la diversa causal en la que sostiene que la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues considera que la parte quejosa reclama la Ley General de Hacienda Municipal, la cual tuvo conocimiento desde la firma de la escritura del inmueble materia del impuesto predial reclamado, pues fue entonces que se enteró de los conceptos del pago de tributos, tarifas y tasas que lo sustentaron. Sin embargo resulta infundado su argumento, ya que el quejoso no reclama la norma como auto-aplicativa, sino como hetero-aplicativa, pues su impugnación derivó de la autoliquidación efectuada por el pago del impuesto predial y sus accesorios. Ello con base en la jurisprudencia 2a./J 153/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVI, agosto de 2007, página 573. cuyo rubro y texto precisan: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora". Por tanto, la autoliquidación de una contribución sí constituye un acto de aplicación de la ley a partir del cual empieza a correr el plazo para promover el amparo. En efecto, de autos se advierte que la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, expidieron en favor de la parte quejosa, los recibos de pago con folio 03433664, 03433661, 03433656 y 03433659, derivados de las cuentas prediales 110007056136 y 110007056151, respectivamente. Así, una vez establecido que el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se expidieron al quejoso los citados recibos; entonces, el plazo genérico de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del veinticuatro de abril al dieciséis de mayo pasado, excluyendo de dicho cómputo los días veintinueve y treinta de abril, uno, cinco, seis, siete, trece y catorce de mayo de la presente anualidad, por ser inhábiles. Luego, como la demanda de amparo se presentó el dos de mayo del año en curso, como se advierte del sello del Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, es incuestionable que su presentación se realizó de forma oportuna. De ahí lo infundado de la causa de improcedencia en estudio. Por otra parte, también resulta infundada la diversa causal de improcedencia que invoca la autoridad municipal, prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que de autos no se advierte que el justiciable haya consentido expresamente el acto reclamado o exteriorizado manifestación de la voluntad que entrañe ese consentimiento. Así, el hecho de que el peticionario de amparo haya realizado el pago correspondiente, no significa que haya consentido el acto reclamado, ya que únicamente está cumpliendo con una obligación en términos de lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, constitucional, ya que ni siquiera su pago liso y llano implica el consentimiento expreso de la ley que las establece, así lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, resulta aplicable, por las razones que la contienen, la jurisprudencia 2a./J. 55/2010, registro 164615, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. NO LO ACTUALIZA EL PAGO ANUAL ANTICIPADO DEL IMPUESTO PREDIAL PARA GOZAR DE LA REDUCCIÓN DE UN PORCENTAJE SOBRE SU MONTO." Al no existir diversa causal de improcedencia invocada por las partes o que se advierta de oficio, es procedente estudiar los motivos de disenso hechos valer por la quejosa. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Los conceptos de violación se analizaran en su conjunto dada la relación que guardan entre sí. Ciertamente, la parte quejosa en una parte de sus conceptos de violación alega que los artículos 93 Ter a 93 Ter-12 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos y 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, para el ejercicio fiscal 2023, transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues refiere que no obstante que los contribuyentes tienen las mismas categorías objetivas -ser propietarios o poseedores de predios urbanos o rústicos- y realizan un mismo hecho generador del gravamen -propiedad o tenencia de un predio urbano o rústico- el legislador local, en tratándose de los predios urbanos, les otorga un tratamiento desigual, ya que sobre el excedente del valor catastral a $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 moneda nacional), aplica una tasa de 3 al millar, siendo que a los predios rústicos solamente les aplica una tasa de 2 al millar, con independencia de que excedan de dicha cantidad. El concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. En principio, se destaca que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: [.] IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el principio de proporcionalidad tributaria consiste en que los sujetos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo que significa, que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. De lo anterior, se desprende que el principio de proporcionalidad tributaria se respeta en la medida en que se atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues debe pagar más quien tiene una mayor capacidad y menos el que la tiene en menor proporción. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 109/99 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo X, Noviembre de 1999, página 22, registro 192849, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS." Por otro lado, en relación con el principio de equidad tributaria, resulta necesario tener presente que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado la jurisprudencia P./J. 41/97, visible en la página 43 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Junio de 1997, registro: 198403, del rubro: "EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS." Así como la diversa visible en la página 35 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, registro 192290, cuyo rubro es: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL." De los criterios antes transcritos se desprende, en esencia, que existen ciertos elementos objetivos que permiten delimitar el principio de equidad tributaria, a saber: No toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable. A iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas. No se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y, Para que la diferencia tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional. Por tanto, la equidad radica en dar un trato igual a los iguales y uno desigual a los desiguales, aunque no toda desigualdad de trato establecida en la ley supone una violación a dicho principio, siempre y cuando ello se base en razones objetivas. Ahora bien, en el Capítulo Primero Bis, denominado "De los impuestos de la propiedad inmobiliaria", en su sección primera, que comprende, entre otros, los artículos 93-Ter a 93 Ter-12 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, se establece el impuesto predial, mismos que señalan: "ARTICULO 93 TER. Están obligados al pago del impuesto predial establecido en este Capítulo las personas físicas y morales que sean propietarias del suelo y Construcciones adheridas a él, independientemente de los derechos que sobre las Construcciones tenga un tercero. Los poseedores también están obligados al pago del impuesto predial por los inmuebles que posean, cuando no se conozca propietario o el derecho de propiedad sea controvertible. ARTICULO 93 TER-1.- Los propietarios o poseedores a los que se refiere el artículo precedente, tienen la obligación de registrar y manifestar las modificaciones que sufra el inmueble y las Construcciones adheridas al mismo. ARTICULO 93 TER-2.- Es objeto del impuesto predial, la propiedad o posesión de predios ubicados dentro del territorio del Municipio, cualquiera que sea su uso o destino. ARTICULO 93 TER-3.- Para la aplicación de la tarifa señalada en el artículo 93 Ter-5 de esta Ley, se equiparan los predios urbanos y rústicos a que se refiere la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos. ARTICULO 93 TER-4.- La base del impuesto es el valor catastral de los predios objeto del mismo. El valor catastral, será determinado por la dependencia del Catastro Municipal, de conformidad con las disposiciones que establece la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos y su Reglamento. Cuando el Avalúo Catastral resulte inferior al Avalúo Bancario o al precio de enajenación, se considerará como valor catastral el que resulte superior entre estos. ARTICULO 93 TER-5.- El Impuesto Predial se calculará anualmente, aplicando al valor catastral la siguiente: TARIFA I.- Predios Urbanos a).- Hasta 70,000 2/millar b).- Sobre el excedente a 70,000 3/millar II.- Predios Rústicos 2/millar III.- Cuando se trate de predios ejidales y comunales, se estará a lo dispuesto por los artículos del 106 al 108 inclusive, de la Ley Federal de la Reforma Agraria. ARTICULO 93 TER-6.- El impuesto predial se causará bimestralmente y deberá de pagarse dentro del primer mes de cada bimestre, durante los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Cuando se pague el impuesto predial anualmente durante el primer bimestre, los contribuyentes tendrán derecho a una reducción equivalente al porcentaje que anualmente se determine en la Ley de Ingresos del Municipio correspondiente. No obstante lo dispuesto por el primer párrafo de este artículo, la cantidad que resulte de la tarifa que se señala en el inciso a), del artículo 93 Ter-5, se hará en una sola exhibición en el mes de enero de cada año. Los Ayuntamientos podrán recibir de manera anticipada las contribuciones que por concepto de pago del impuesto predial del Ejercicio Fiscal siguiente durante los meses de noviembre y diciembre de cada año, por lo cual los contribuyentes tendrán derecho a una reducción equivalente al porcentaje que anualmente se determine en la Ley de ingresos del Municipio correspondiente. Se prohíbe a las administraciones Municipales que hayan recibido el cobro anticipado del impuesto predial del ejercicio fiscal del año siguiente, ejercerlo o gastarlo en el ejercicio fiscal vigente. La Auditoría Superior de Fiscalización del Estado, vigilará que las Administraciones Municipales cumplan con el contenido del presente artículo. La violación a lo establecido en este artículo será sancionada por las autoridades y ordenamientos correspondientes. ARTICULO 93 TER-7.- El valor catastral se actualizará cada dos años. Las Autoridades Fiscales deberán actualizarlo de conformidad con lo previsto en la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, o bien por el contribuyente, mediante los formatos que autorice la autoridad competente. Si es determinado el valor por el contribuyente, este valor servirá de base de tributación y estará sujeto a comprobación de la Autoridad Catastral. Una vez iniciado el procedimiento por la autoridad catastral o por el contribuyente, sólo procederá su actualización por el procedimiento optado. La presentación por el contribuyente de los formatos a que se refiere el párrafo anterior, se hará dentro del mes de enero del año inmediato anterior a la entrada en vigor del nuevo valor catastral; su incumplimiento dará lugar a que la autoridad fiscal establezca la sanción pecuniaria de conformidad con lo dispuesto en el Título VI, Capítulo I, del Código Fiscal para el Estado de Morelos. El contribuyente no podrá declarar un valor inferior al catastralmente registrado salvo los casos previstos en la Ley de Catastro Municipal para el Estado Morelos. ARTICULO 93 TER-8.- Los recibos de pago que se expidan, tratándose del impuesto predial, sólo tendrán efectos en relación con este mismo impuesto y el período que amparan, sin que sean prueba de que se hayan pagado bimestres de los cinco años anteriores. Los recibos de pago por concepto del impuesto predial, no prejuzgan la propiedad del inmueble o su regularización inmobiliaria. ARTÍCULO 93 TER-9.- Para que la autoridad hacendaria Municipal pueda expedir certificados de no adeudo del impuesto predial se requiere: a) Que el predio esté al corriente en el pago del impuesto; b) Que el valor catastral no tenga una antigüedad de más de dos años, y c) Que no exista inconformidad alguna pendiente de resolver en relación con avalúos y, en general, con las bases del impuesto predial. ARTICULO 93 TER-10.- En los casos de predios no registrados en la Dependencia del Catastro Municipal, o de nuevas Construcciones permanentes, Construcciones y de Ampliaciones de Construcciones permanentes ya existentes, que no hayan sido manifestadas oportunamente por el contribuyente conforme a lo dispuesto por la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos, la autoridad hacendaria Municipal, determinará el crédito fiscal omitido por 5 años atrás a la fecha del conocimiento de tales hechos, salvo que el interesado pruebe que datan de fecha posterior, en cuyo caso la determinación se hará a partir de esa fecha en adelante. Sin embargo, cuando el particular solicite el empadronamiento y declare el valor del predio o de las Construcciones adheridas a él, sin que medie requerimiento de la autoridad fiscal, ésta determinará el crédito fiscal omitido hasta por cinco años anteriores a la fecha de la solicitud sin que causen multas y recargos. El valor declarado en la solicitud por el contribuyente será considerado como base de tributación y estará sujeto a verificación catastral. ARTICULO 93 TER-11.- Se prohíbe a los notarios autorizar, en forma definitiva, escritura en que hagan constar los contratos o resoluciones judiciales o administrativas, cuyo objeto sean predios ubicados en el Municipio, mientras no les sea exhibido certificado de no adeudo del impuesto predial, así como el recibo oficial de pago del impuesto predial al bimestre en que se efectúa la escritura respecto de dichos predios. ARTICULO 93 TER-12.- Los Jueces, Notarios, las Oficinas Públicas, Empresas Fraccionadoras y los particulares, están obligados a proporcionar a la autoridad hacendaria Municipal, dentro de un plazo de quince días hábiles, los datos relativos a los cambios que sufra la propiedad o posesión en virtud de los actos o contratos en que hayan intervenido." Por su parte el ordinal 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca para el ejercicio fiscal 2023, establece: "ARTÍCULO 6.- EL IMPUESTO PREDIAL SE CAUSARÁ Y LIQUIDARÁ ANUAL O BIMESTRALMENTE SOBRE LOS INMUEBLES CUYO VALOR CATASTRAL DETERMINE O MODIFIQUE A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE LEY, CONFORME A LAS SIGUIENTES TASAS: 1.2.1.1 DE PREDIOS URBANOS: CRI CONCEPTO CUOTA 120100100000 0 IMPUESTO PREDIAL 120100101000 0 A).- SOBRE LOS PRIMEROS $70,000.00 DEL VALOR CATASTRAL 2 AL MILLAR 120100102000 B).- SOBRE EL EXCEDENTE A $70,000.00 DEL VALOR CATASTRAL 3 AL MILLAR 120100103000 0 C).- INMUEBLES RÚSTICOS RURALES 2 AL MILLAR (.)." De los preceptos reproducidos se desprenden los elementos del impuesto predial, a saber: a) Objeto: La propiedad o posesión de los predios urbanos y rústicos, así como de las construcciones adheridas a ellos. b) Sujetos: Los propietarios o poseedores de los predios urbanos y rústicos, así como de las construcciones adheridas a ellos. c) Base gravable: Es el valor catastral de los predios que será determinado por la dependencia del Catastro Municipal, de conformidad con las disposiciones que establece la Ley de Catastro Municipal para el Estado de Morelos y su Reglamento. Cuando el Avalúo Catastral resulte inferior al Avalúo Bancario o al precio de enajenación, se considerará como valor catastral el que resulte superior entre estos. d) Tasa: Se aplicará al valor catastral la tasa siguiente: 1) Predios urbanos: 1. Sobre los primeros $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 moneda nacional), de la base gravable: 2 (dos) al millar; y, 2. Sobre el excedente de dicha cantidad: 3 (tres al millar); b) Predios rústicos: 2 (dos) al millar. Expuesto lo anterior, este juzgado de distrito concluye que el cobro que amparan los recibos con número de folio 03433664, 03433661, 03433656 y 03433659, derivados de las cuentas prediales 110007056136 y 110007056151, respectivamente, con apoyo en los artículos reclamados -previamente reproducidos- resulta violatorio del principio de equidad tributaria, toda vez que establecen que los contribuyentes del impuesto predial propietarios o poseedores de predios urbanos deberán pagar una tasa del tres al millar sobre el excedente de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 moneda nacional), respecto del valor catastral y, en cambio, a los propietarios o poseedores de predios rústicos, únicamente se les obliga a pagar el impuesto predial aplicando la tasa de dos al millar sobre el valor catastral del predio. Lo anterior, implica que el legislador sitúa a los primeros contribuyentes en un plano de desigualdad frente a los segundos, pues no obstante que ambos tienen las mismas características objetivas (ser propietarios o poseedores de predios urbanos y rústicos) y realicen un mismo hecho generador del gravamen (la propiedad o tenencia de predios urbanos y rústicos y las construcciones adheridas a los mismos), lo que hace que constituyan una misma categoría, el legislador local les otorga un trato desigual por el solo hecho de que el predio sea urbano o rústico, sin que para ello exista una razón legal de esta desigualdad. Asimismo, los preceptos reclamados, también son violatorios de la garantía tributaria de proporcionalidad, en atención a que establecen un pago mayor del impuesto predial a los propietarios o poseedores de predios urbanos y un pago menor sobre ese concepto a los propietarios o poseedores de predios rústicos, lo que revela que no se atiende a la auténtica capacidad contributiva en cada caso, esto es, en relación al valor real del predio, pues como quedó precisado, el objeto del impuesto predial es la propiedad o posesión de los predios urbanos y rústicos; por tanto, el hecho de que el inmueble esté ubicado en una zona urbana, no implica que sus propietarios o poseedores tengan mayor capacidad contributiva de los sujetos propietarios o poseedores de predios rústicos, sino que, en cada caso, debe atenderse al verdadero valor del predio y no simplemente a la zona de localización del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica e identidad de razones, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Septiembre de 2003, página 294, Novena Época, con registro digital 183231, que señala: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 21 BIS-8 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra, entre otros principios tributarios, los de equidad y proporcionalidad, los cuales radican, respectivamente, en la igualdad ante la ley de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, así como en la obligación de éstos de contribuir a los gastos públicos en función de su propia capacidad contributiva, de donde nace el deber de todo ciudadano de aportar al erario local o federal una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades y rendimientos; de ahí la exigencia de que las autoridades exactoras en el ejercicio de sus atribuciones fiscales observen que los sujetos pasivos de un impuesto reciban igual tratamiento ante la ley que les es aplicable y que el gravamen que se entere sea acorde con su real capacidad económica. Ahora bien, el artículo 21 bis-8 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nuevo León, al establecer que en el caso de predios baldíos el impuesto predial se determinará, liquidará y pagará, aplicando a su base una tasa del 6 al millar anual, si se encuentran ubicados en los Municipios de Apodaca, Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro García y Santa Catarina, y de 3 al millar anual, si se encuentran ubicados en los demás Municipios del Estado, viola los referidos principios constitucionales, pues no obstante que los contribuyentes tienen las mismas características objetivas (ser propietarios o poseedores de esa clase de bienes) y realicen un mismo hecho generador del gravamen, lo que hace que constituyan una misma categoría, el legislador local injustificadamente les otorga en dicho precepto un tratamiento desigual, por el solo hecho de la ubicación de esos inmuebles; aunado a que la desproporcionalidad de este gravamen también es producto de desatender a la real capacidad contributiva del obligado." De igual forma es pertinente citar la jurisprudencia 2a./J. 109/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN I, INCISOS A) Y C), DE LAS LEYES DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2005 Y 2006, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA. El citado precepto al establecer que el impuesto predial se pagará, respecto de predios urbanos y suburbanos baldíos, a una tasa del veinte al millar anual sobre el valor catastral determinado (inciso a), y en relación con predios urbanos y suburbanos edificados, a una tasa del doce al millar anual sobre el valor catastral determinado (inciso c), transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no obstante que los contribuyentes tienen las mismas características objetivas (ser propietarios o poseedores de predios urbanos o suburbanos) y realizan un mismo hecho generador del gravamen (propiedad o tenencia de un predio urbano o suburbano), lo que hace que constituyan una misma categoría, el legislador local les otorga un tratamiento desigual por el solo hecho de que el predio esté baldío o edificado, además de que desatiende a la real capacidad contributiva del causante en relación con el valor real del predio, ya que obliga a contribuir en mayor proporción al propietario o poseedor de uno baldío que al de un predio edificado." Asimismo, las tesis P. LXXXIV/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, del tenor siguiente: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE REGULA LA FORMA DE CALCULAR DICHO IMPUESTO CUANDO SE TRATE DE INMUEBLES SIN CONSTRUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia de rubro: "IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS.", estableció que el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal radica, esencialmente, en la igualdad ante la misma ley de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un trato idéntico, es decir, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma que lo crea y regula. En congruencia con tal criterio, debe decirse que el artículo 152, fracción III, del Código Financiero del Distrito Federal, viola el aludido principio constitucional, en virtud de que la cuota adicional que obliga a pagar a los propietarios de predios sin construcciones o con un área de construcción menor del 10% de la superficie total del terreno, coloca a dichos contribuyentes en un plano de desigualdad frente a los demás propietarios o poseedores con un área de construcción mayor al referido porcentaje, pues dichos sujetos del impuesto, propietarios o poseedores de predios con o sin construcciones, forman una misma categoría de contribuyentes y, por tanto, deben encontrarse en igual situación frente a la ley. Además, si el hecho imponible (poseer o tener la propiedad de un predio con o sin construcciones adheridas a él) es el mismo, no existe justificación para que el contribuyente que no tenga construcciones pague una cuota adicional de la que le correspondería pagar si su predio estuviera construido". La tesis 1a. LIII/2000 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, véase en la página 254 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Diciembre de 2000, registro: 190620, que establece lo siguiente: "PREDIAL. EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, VIGENTE EN 1997, QUE REGULA LA FORMA DE CALCULAR DICHO IMPUESTO, CUANDO SE TRATE DE PREDIOS URBANOS CON O SIN CONSTRUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal radica, esencialmente, en la igualdad ante la ley de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los cuales deben recibir un trato idéntico en cuanto a la hipótesis de causación, la acumulación de ingresos gravables, las deducciones permitidas, los plazos de pago, etcétera. En congruencia con tal criterio, debe decirse que el artículo 2o. de la Ley de Ingresos para el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California viola la garantía constitucional de referencia, en virtud de que obliga a los propietarios o poseedores de predios urbanos no edificados o con construcciones cuyo valor no alcance el 50% del valor del terreno, a pagar una tasa de 3.00 al millar, colocándolos en un plano de desigualdad frente a aquellos propietarios o poseedores de predios que tengan construcciones más valiosas al 50% del valor del terreno, quienes pagarán el 1.5 al millar cuando se destinen para habitación y 2.00 al millar cuando se destinen para cualquier otro fin, pues dichos sujetos pasivos del impuesto, propietarios o poseedores de predios con o sin construcciones, forman una misma categoría de contribuyentes y, por tanto, deben encontrarse en una situación de igualdad frente a la ley. Además, si el hecho imponible, esto es, la propiedad o posesión de un predio con o sin construcciones adheridas a él, es el mismo, no existe justificación para que el contribuyente que no tenga construcción o que cuente con una que no llegue al 50% del valor del terreno pague una tasa mayor de la que le correspondería pagar si su predio estuviera construido al 50% o más del valor de dicho terreno". Así, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada, únicamente, respecto de los recibos con número de folio recibos de pago con folio 03433664, 03433661, 03433656 y 03433659, derivados de las cuentas prediales 110007056136 y 110007056151, respectivamente; y artículos 93-Ter a 93 Ter-12 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 2023. OCTAVO. Efectos del amparo. En consecuencia, una vez demostrada la inconstitucionalidad de los preceptos legales invocados, procede conceder el amparo y protección de la justicia federal a favor de la parte quejosa para los siguientes efectos: 1. Se desincorpore de la esfera jurídica del quejoso Vicente Rodolfo Velázquez Girón, la obligación tributaria en la parte normativa declarada inconstitucional en relación a los artículos 93 Ter a 93 Ter 12 de la Ley General de Hacienda Municipal en relación con el diverso numeral 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal 2023. 2. Se haga extensiva la tasa del dos al millar sobre el valor real de los predios rústicos respecto del impuesto predial contenido en los recibos con el número de folio recibos de pago con folio 03433661 y 03433656, derivados de las cuentas prediales 110007056136 y 110007056151, respectivamente, declarados inconstitucionales en esta sentencia de amparo; asimismo, debe devolvérsele la cantidad que pagó correspondiente a la tasa del tres al millar sobre el excedente a $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 moneda nacional), respecto del valor catastral de sus predios urbanos. Es aplicable la jurisprudencia establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 320, Novena Época, con registro digital: 175514, que señala: "PREDIAL. EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO OTORGADO CONTRA EL ARTÍCULO 21 BIS-8 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 18/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 17, sostuvo que la declaratoria de inconstitucionalidad respecto de un precepto que establece la exención parcial de un tributo por violación al principio de equidad no tiene por efecto exentar al quejoso del pago en su totalidad, sino sólo desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte normativa declarada inconstitucional. En congruencia con el criterio anterior, se concluye que de concederse el amparo en contra del artículo 21 bis-8 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, por inconstitucionalidad de las tasas adicionales ahí previstas, el efecto de tal concesión será que el impuesto predial se determinará y pagará aplicando a la base del impuesto una tasa del 2 al millar anual, desincorporando de la esfera jurídica del quejoso la porción normativa relativa a las sobretasas de 2 al millar en el caso de predios baldíos y de 1 al millar cuando el inmueble se encuentre fuera de los Municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina, o si su superficie no excede de 200 metros cuadrados y su propietario o poseedor no tiene otro inmueble en el Estado." Así como la diversa 9/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 1123 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2, registro: 2000230 de texto: "IMPUESTO PREDIAL. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA TASA SUPERIOR PARA LOS PREDIOS URBANOS NO EDIFICADOS (LEGISLACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO). El artículo 21 de las Leyes de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, establece, entre otros supuestos, que el impuesto predial se causará y pagará acorde con lo que resulte de aplicar la tasa del 0.23 sobre el valor real de los predios urbanos edificados, y del 0.81 sobre el valor real de los no edificados. Ahora, aun cuando a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no le ha correspondido examinar la constitucionalidad de tales ordenamientos, la sola existencia de ejecutorias de Tribunales Colegiados de Circuito que han declarado violatorio del principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el establecimiento de una tasa superior para los predios no edificados respecto a los que sí lo estén, señalando distintas formas de cumplir con dichas sentencias, obliga a fijar sus alcances, a fin de proporcionar seguridad jurídica. Para este propósito se determina que, por regla general, la concesión del amparo contra una ley fiscal tiene por efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional y que se le restituyan las cantidades enteradas con apoyo en él, tomándose en cuenta que el Tribunal en Pleno en la jurisprudencia P./J. 18/2003, de rubro: "EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO.", sostuvo que cuando la protección se otorga exclusivamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia no tiene por efecto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación, porque la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. De manera que, en los casos en que se haya estimado que la tasa del 0.81 sobre el valor real de los predios urbanos no edificados es contraria al principio de equidad tributaria, la restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada consistirá, por un lado, en hacerle extensiva en un futuro la tasa del 0.23 sobre el valor real de los predios urbanos edificados y, por otro, en devolverle, en su caso, las cantidades que hubiere pagado correspondientes al diferencial entre ambas cantidades, el cual es del orden de 0.58 puntos, ya que la concesión del amparo no impide a la autoridad fiscal cobrar el impuesto predial, siempre y cuando lo haga conforme a la tasa aplicable a quienes, según la ejecutoria a cumplimentar, se encontraban en la misma situación que el quejoso frente a la ley tributaria". 3. Deje insubsistente el cobro de rezago, recargos, multas y gastos de ejecución, derivados del impuesto predial, contenidos en los recibos con el número de folio recibos de pago con folio 03433664, 03433661, 03433656 y 03433659, derivados de las cuentas prediales 110007056136 y 110007056151, respectivamente. Es aplicable por identidad de razones, la jurisprudencia 188/2004 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, véase en la página 470 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Enero de 2005, registro: 179675, que establece: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido." Ello, en el entendido de que las cantidades enteradas con motivo de la aplicación de los artículos 93 Ter a 93 Ter-12 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, así como del numeral 6 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2023, deberán devolverse debidamente actualizadas, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 13/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 592 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, registro: 170268, que lleva por rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL)". Finalmente, se precisa que el reintegro de las cantidades pagadas con sustento en la normatividad declarada inconstitucional, deberá verificarse por conducto de cualquier autoridad que tenga a su cargo hacer esas devoluciones, aunque no haya sido señalada como responsable o se haya decretado el sobreseimiento respecto de la misma, conforme lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, lo que se corrobora además con el contenido de la jurisprudencia 1ª./J. 57/2007, visible en la página 144, tomo XXV, mayo de 2007, registro 172605, del Semanario Judicial de la Federación emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO". En el entendido de que, la devolución correspondiente, deberá realizarse sin mayor dilación, ni trámite alguno que lo ordenado por este órgano jurisdiccional en el presente fallo, bastando la simple identificación del peticionario de amparo con cualquier documento oficial, previa toma de datos que de la misma identificación realice la autoridad responsable en comento; lo anterior, a fin de cumplir con el principio de expeditez y tomando en consideración que el suscrito es el rector del juicio de amparo, por lo que las autoridades responsables, deben acatar cabalmente las determinaciones que se emitan de manera inmediata, una vez que cause ejecutoria la presente determinación, para salvaguardar con ello, el derecho humano a la impartición de justicia establecido en el numeral 17 constitucional. Lo establecido en la presente determinación, encuentra apoyo en lo ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al resolver el recurso de revisión administrativa 136/2023, lo que se invoca como hecho notorio, al encontrarse en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos del ordinal 88 del Código Federal de Procedimientos Civil de aplicación supletoria en la especie. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Vicente Rodolfo Velázquez Girón, en términos de considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Vicente Rodolfo Velázquez Girón, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero; por los motivos y para los efectos expuestos en el séptimo y octavo considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a seis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo concedido en auto de cinco de junio de la presente anualidad, por el que se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional, y se fija para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes
- Vicente Nogueron Torres892/2022
- Vicente Nogueron Torres1140/2019
- Vicente Pérez Zepeda1582/2022
- Vicente Rodolfo Velázquez Girón1581/2021
- Vicente Rodolfo Velazquez Giron547/2020
- Vicente Rodolfo Velazquez Giron957/2022
- Vicente Rodolfo Velazquez Giron574/2016
- Vicente Rodolfo Velázquez Girón1808/2019
- Vicente Rodolfo Velázquez Girón1035/2023
- Vicente Rodolfo Velazquez Giron894/2017
- Vicente Rodolfo Velazquez Giron493/2019
- Vicente Rodolfo Velázquez Girón1583/2023