Vicente Reyes Magaña

Expediente 37/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
37/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Vicente Reyes Magaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tribunal Colegiado admite recurso de queja. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta que remite el actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato; mediante el cual informa que se admite el recurso de queja interpuesto en el presente asunto, habiéndole correspondido el número de recurso de queja civil 23/2021.

  2. Principal

    Interposición y trámite de recurso de queja propuesto por el quejoso. Con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual **********, mandataria judicial del directo quejoso *****, interpone recurso de queja contra el auto de veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Con fundamento en el numeral 101, párrafo primero, de la ley de la materia, ríndase informe con justificación respecto a la materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto impugnado, pues en el proveído que se impugna este órgano de control constitucional, desechó la demanda de amparo promovida por la parte solicitante de amparo. Remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en Turno, con residencia en Guanajuato, copia certificada del juicio en que actúa. Sin que sea el caso requerir a la parte recurrente, para que manifieste las constancias que en copia certificada habrán de remitirse para la substanciación del recurso de referencia, toda vez que adujo en el escrito de cuenta que señalaba la totalidad de lo actuado en el presente expediente.

  3. Principal

    I. Parte quejosa desahoga requerimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes a los autos el escrito de cuenta signado por Berenice Ginette Estrella Luna, mandataria judicial del directo quejoso Vicente Reyes Magaña, <personalidad que se le reconoce en términos de las copias certificadas del toca 443/2020 de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato>, mediante el cual desahoga la prevención de demanda que le fue formulada en proveído de diecinueve de enero pasado, en consecuencia se provee: II. Desechamiento. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del análisis integral de la demanda de amparo y del escrito que se acuerda, se advierte que el quejoso se duele, esencialmente de: La sentencia de ocho de diciembre de dos mil veinte, emitida por la Sala responsable en el toca ---------------------, que con motivo del recurso de apelación interpuesto por su contraria, revocó la determinación asumida en la audiencia preliminar de veinte de octubre de dos mil veinte, en los autos del juicio oral ordinario sobre aumento de pensión alimenticia y otras prestaciones, -------------------, del índice del Juzgado responsable, para el efecto de declarar que la excepción de cosa juzgada opuesta por el aquí quejoso, se estudiará en sentencia, y posterior a ello, se continúe con la tercera etapa de la audiencia preliminar, así como su ejecución. Hecha tal precisión, en el presente caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto reclamado referido no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, el acto reclamado consistente en la sentencia de ocho de diciembre de dos mil veinte, emitida por la Sala responsable en el toca 443/2020, que con motivo del recurso de apelación interpuesto por su contraria, revocó la determinación asumida en la audiencia preliminar de veinte de octubre de dos mil veinte, en los autos del juicio oral ordinario sobre aumento de pensión alimenticia y otras prestaciones, F4443/2020, del índice del Juzgado responsable, para el efecto de declarar que la excepción de cosa juzgada opuesta por el aquí quejoso, se estudiará en sentencia, y posterior a ello, se continúe con la tercera etapa de la audiencia preliminar, así como su ejecución; no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata en toda caso de una resolución que podría afectar derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del proceso civil de origen; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En efecto, el acto reclamado que se analiza, se considera que se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable al momento de resolverse el juicio el juicio oral ordinario F4443/2020, del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia de Oralidad Familiar de León, Guanajuato, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener una sentencia adversa) al combatirse la resolución que resuelva en definitiva el citado expediente; ello conforme a lo dispuesto en el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que el ahora quejoso no obtenga una sentencia favorable, toda vez que la materia del acto reclamado consiste en esencia, en la sentencia de ocho de diciembre de dos mil veinte, emitida por la Sala responsable en el toca 443/2020, que con motivo del recurso de apelación interpuesto por su contraria, revocó la determinación asumida en la audiencia preliminar de veinte de octubre de dos mil veinte, en los autos del juicio oral ordinario sobre aumento de pensión alimenticia y otras prestaciones, F4443/2020, del índice del Juzgado responsable, para el efecto de declarar que la excepción de cosa juzgada opuesta por el aquí quejoso, se estudiará en sentencia, y posterior a ello, se continúe con la tercera etapa de la audiencia preliminar, así como su ejecución. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquél que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Es aplicable la jurisprudencia 607, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete - septiembre dos mil once, Octava Época, con número de registro 1002673, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, la jurisprudencia 24/92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que se trata de una posible violación a las leyes del procedimiento, la cual puede reclamarse como ya se dijo, a través del juicio de amparo directo, en caso de que le sea desfavorable la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, en términos de lo establecido en el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. En efecto, el acto reclamado en la presente instancia constitucional constituye un acto de naturaleza procesal, por lo que la única consecuencia que genera la improcedencia del amparo indirecto, es que continúe la secuela procesal del juicio de origen hasta el dictado de la sentencia definitiva, por lo que no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación. Por otro lado, no puede estimarse que exista un perjuicio a derechos sustantivos, con efectos inmediatos, toda vez que la violación procesal que se pretende combatir a través del juicio de amparo indirecto puede resolverse en sentido favorable al interesado en la sentencia definitiva, por lo que no habrá trascendido en su perjuicio, además de que el hecho de que no proceda el juicio de amparo indirecto, no significa que el inconforme quede sin defensa, sino que tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano, máxime que al tratarse de un derecho procesal, éste se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporcionan el debido acceso a la justicia, el cual, en su caso, puede llegar a analizarse y restituirse a través del juicio de amparo directo. Es aplicable, por similitud de razón, la jurisprudencia por contradicción de tesis 12/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6 del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, con número de registro 2017109, que establece: "COSA JUZGADA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESTA EXCEPCIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Contra la resolución que desestima la excepción de cosa juzgada es improcedente el juicio de amparo indirecto, al no ajustarse a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no se trata de actos que afecten materialmente derechos, ni el afectado reviste la categoría de sustantivo; esto es, aquella resolución es un acto de naturaleza procesal, por lo que la única consecuencia que genera la improcedencia del amparo indirecto, es que continúe la secuela procesal del juicio de origen hasta el dictado de la sentencia definitiva, por lo que no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación. Por otro lado, no puede estimarse que exista un perjuicio a derechos sustantivos, con efectos inmediatos, toda vez que la violación procesal que se pretende combatir a través del juicio de amparo indirecto puede resolverse en sentido favorable al interesado en la sentencia definitiva, por lo que no habrá trascendido en su perjuicio, además de que el hecho de que no proceda el juicio de amparo indirecto, no significa que el inconforme quede sin defensa, sino que tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano, máxime que al tratarse de un derecho procesal, éste se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporcionan el debido acceso a la justicia, el cual, en su caso, puede llegar a analizarse y restituirse a través del juicio de amparo directo." En suma, el citado acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano, pues este no se encuentra relacionado con alguna vulneración, afectación o limitante a algún derecho como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos; razón por la que resulta claro que en todo caso podría constituir una afectación a un derecho procesal; por tanto, como ya se dijo, el acto reclamado no constituye una vulneración dentro de juicio a un derecho sustantivo, para que resulte procedente el juicio de amparo indirecto. Máxime que como ya se expuso, la afectación se verificaría una vez que recayera una sentencia definitiva adversa para la parte quejosa en el juicio de origen; la que en todo caso podría impugnar a través del juicio de amparo directo, en el que estaría en posibilidad de aducir como una violación procesal en términos de la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo, el acto por el que impetra el presente juicio de amparo. De otra forma, si se considera que el acto reclamado en esta instancia justifica la procedencia del presente juicio de amparo, no solo se estaría inobservando la poción normativa contenida en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo; sino que ello implicaría la infructuosa tramitación de un juicio de amparo, ya que como se explicó en párrafos precedentes, dicha violación procesal podría resultar intrascendente para la resolución del juicio oral ordinario F4443/2020, del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia de Oralidad Familiar de León, Guanajuato, en caso de culminar dicho juicio con una sentencia definitiva favorable a los intereses del peticionario. Es aplicable por las razones que la informan la tesis 37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, de junio de dos mil catorce, Décima Época, con número de registro 2006589, que establece: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Aunado a lo anterior, como ya se indicó, las violaciones procesales son impugnables en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva; y, solo pueden ser combatidas en amparo indirecto, de manera excepcional, cuando afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de cuya ejecución dependa la suerte de todo el juicio natural; sin embargo, en el caso particular, como ya se explicó, no se actualiza la excepción en comento. Máxime que el acto reclamado no afecta materialmente algún derecho sustantivo previsto en la Constitución Federal o en algún tratado internacional del que el Estado Mexicano forme parte, sino que sólo afecta derechos adjetivos, y mucho menos se trata de alguna determinación o resolución de la cual dependa la suerte del juicio natural, habida cuenta que, precisamente al momento de dictarse la sentencia correspondiente, la autoridad competente habrá de valorar y considerar si se actualiza tal figura jurídica, al ser una obligación procesal a cargo de los juzgadores que incluso debe atenderse de manera oficiosa, con la finalidad de evitar decisiones contradictorias sobre una misma cuestión, sobre la base de que debe privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho de oposición de las partes. Es aplicable la jurisprudencia 52/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 37 del Tomo XXXIV, Julio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia civil-común, con número de registro 161662, que establece: "COSA JUZGADA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES. El análisis de oficio de la cosa juzgada debe realizarse cuando el juzgador advierta su existencia, ya sea porque se desprenda de autos o por cualquier otra circunstancia al tener aquélla fuerza de ley, con lo que no se viola la equidad procesal entre las partes, ya que al estar resuelto el litigio, éstas pudieron presentar todas las defensas y excepciones que consideraron pertinentes en el juicio previo, pues debe privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho de oposición de las partes." En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y al tratarse el acto reclamado de una violación procesal susceptible de reclamarse en amparo directo, en el supuesto de que la parte quejosa no obtenga sentencia favorable al resolverse el expediente de origen, se impone desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, por notoriamente improcedente. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." III. Instrucción para notificaciones personales. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

  4. Principal

    León, Guanajuato; veintiséis de enero de dos mil veintiuno. I. Parte quejosa pretende desahogar prevención. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito de cuenta signado por Berenice Ginette Estrella Luna, quien se ostenta mandataria judicial del directo quejoso Vicente Reyes Magaña, a través del cual pretende cumplir la prevención de demanda formulada en proveído de diecinueve de enero dos mil veintiuno. Sin embargo, es omisa en satisfacer los dos requerimientos de la aludida prevención, al no exhibir tanto el documento fehaciente con el cual acredite la personalidad con la que se ostenta en el presente juicio de amparo, como la copia simple de la sentencia de ocho de diciembre de dos mil veinte, pues únicamente se limita a informar y acreditar las gestiones realizadas para cumplir con los requerimientos de mérito, por lo que no es procedente tenerlos por satisfechos. II. Subsiste requerimiento. En tales condiciones, requiérase de nueva cuenta a la peticionaria del amparo, para que se constriña a cumplir con los requerimientos ordenados en el citado proveído, marcados con los puntos a y b en los términos y por las razones que le fueron formulados. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.1/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 47, Tomo III, Enero 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, cuyo rubro dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE DE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROMOVER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO DE LO CONTRARIO EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN EN EL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice "PERSONALIDAD EN EL AMPARO DE QUIENES LA TIENEN ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo, que establece que cuando los interesados tengan reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, será admitida en el juicio de garantías para todos los efectos legales, debe entenderse en el sentido de que el quejoso debe llevar ante el juez de Distrito algún comprobante de que su personalidad ha sido reconocida por la autoridad señalada como responsable, sin que tenga eficacia la simple afirmación de esa circunstancia." III. Plazo para desahogo. Ahora bien, en virtud de que la parte promovente fue notificada del auto de requerimiento el veintidós de enero del año en curso (electrónicamente), el cual surtió efectos el ese mismo día; de tal suerte que si el escrito que se provee fue recibido en la Oficialía de Partes de este Jugado el veinticinco de enero del año en curso, es inconcuso que el termino concedido para el desahogo de la prevención formulada no había comenzado a computarse; por tanto, indíquese a la ocursante que sigue contando con cinco días para desahogar la prevención que le fue hecha, cómputo que se reanudará el día siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente auto se practique. Finalmente, hágase de su conocimiento que permanece incólume el apercibimiento con el que se le conminó en auto de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, para el caso de incumplimiento. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

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