Vicente Rafael Y/O Vicente Ayala Garcia

Expediente 652/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
652/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
18/07/2022

Partes del expediente

  • Vicente Rafael Y/O Vicente Ayala Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Como de la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja, en contra del proveído que desechó la demanda de garantías promovida por -, por propio derecho, o manifestado a este órgano jurisdiccional haberlo interpuesto indirectamente ante la superioridad; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, ha causado estado. Asimismo, como de la referida constancia secretarial, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación que en el juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción y no se formaron cuadernos incidentales; lo anterior, de conformidad con el artículo 21 fracción I, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA QUEDA NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE FECHA veintinueve de junio de dos mil veintidós, QUE EN LO CONDUCENTE SE ACORDO "... Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso -, por medio del cual cumple con la prevención formulada por este juzgado y exhibe la documental descrita en la constancia secretarial. Ahora bien, del escrito inicial de demanda se desprende que el impetrante reclama la resolución de veintiséis de mayo del presente año, dictada por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dentro del toca de apelación -, en la que modificó el auto apelado para el efecto de que el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el juicio de origen -, requiera a los titulares de los derechos sobre el inmueble identificado con los números 109 y 113 ciento trece de la -, para que dentro del término de tres días siguientes de la notificación, efectúen el pago de la parte proporcional que les corresponde por la elaboración del avalúo de dicho predio, apercibiéndolos que de no hacerlo, se procederá a su ejecución o, en su defecto, esas sumas serán retenidas de la parte que corresponda a cada uno de ellos sobre el precio que se obtenga de la venta de dicho inmueble. Ahora bien, el artículo 113 de la ley de amparo, establece que se examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Para aclarar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto legal 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano.". El numeral trascrito autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que se exponen, la tesis de jurisprudencia número 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En efecto, respecto del citado acto reclamado, se estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la ley de la materia, del texto literal siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". El artículo 61, fracción XXIII, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el primer precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Numerales transcritos que, al ser concatenados entre sí, emerge una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo, en el sentido de que es posible acceder al reclamo constitucional, contra actos dictados dentro de juicio, siempre y cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", el ordinal 107, fracciones III, inciso b) y V, de la Ley de Amparo, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. De la intelección de tales preceptos se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando se promueve contra actos que dictados en juicio, no producen efectos de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales de la parte quejosa de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia IV.2º.C. J/2, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, visible en la página 1539, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En el caso se reclama en concreto la resolución de veintiséis de mayo del presente año, dictada por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dentro del toca de apelación -, en la que modificó el auto apelado para el efecto de que el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el juicio de origen 2, requiera a los titulares de los derechos sobre el inmueble identificado con los números 109 y 113 ciento trece de la calle -, para que dentro del término de tres días siguientes de la notificación, efectúen el pago de la parte proporcional que les corresponde por la elaboración del avalúo de dicho predio, apercibiéndolos que de no hacerlo, se procederá a su ejecución o, en su defecto, esas sumas serán retenidas de la parte que corresponda a cada uno de ellos sobre el precio que se obtenga de la venta de dicho inmueble; por tanto, es inconcuso que tal acto combatido no es de los considerados como de aquéllos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, pues constituye una actuación intraprocesal que no trasciende a la esfera jurídica de la parte quejosa, en detrimento material de sus derechos sustantivos, pues en todo caso, la posible afectación tendrá lugar hasta que se haga efectivo el apercibimiento realizado en el acto reclamado, lo que evidentemente no ha sucedido en el caso. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo producen una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una determinación favorable. Bajo ese contexto, como se mencionó, con la emisión del acto reclamado de referencia, se está en presencia de una actuación cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos de la fracción V del numeral 107 de la legislación en cita, porque no afecta los derechos sustantivos del agraviado; empero, tal violación puede hacerla valer, hasta en tanto se haga efectivo el apercibimiento decretado en la resolución que reclama el impetrante. Apoya el criterio aquí estimado por analogía, la tesis aprobada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 4, agosto de 2021, Tomo V, página 4927, del rubro siguiente: "SEGUNDO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN EN UN PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE GABINETE. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, AL NO CONSTITUIR UN ACTO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Hechos: La autoridad fiscal emitió una orden de revisión de escritorio o gabinete a una contribuyente y le requirió, en una primera solicitud, información y documentación para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; al no proporcionarla en los términos requeridos, se le impuso una multa conforme a los artículos 40, fracción II, en relación con los diversos 85, fracción I y 86, fracción I (antes de la reforma de 11 de enero de 2021 ), todos del Código Fiscal de la Federación y, nuevamente, le solicitó información y documentación para continuar con dicha revisión. Inconforme, la contribuyente promovió juicio de amparo indirecto contra el segundo requerimiento, el cual se sobreseyó, por lo que interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra el segundo requerimiento de documentación e información con motivo de un procedimiento de revisión de gabinete, al no constituir un acto cuya ejecución sea de imposible reparación. Justificación: Lo anterior, porque ese segundo requerimiento, previsto en los artículos 42, fracción II y 48 del Código Fiscal de la Federación, no es una resolución definitiva que ponga fin a dicho procedimiento, ni un acto de imposible reparación. Al respecto, conforme al precepto 48 citado, las autoridades fiscales, con el objeto de comprobar que los causantes obligados, los responsables solidarios o, en su caso, los terceros con quienes se relacionen han cumplido con sus cargas, tienen la facultad de requerirlos para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de dichas autoridades, la contabilidad, los datos, otros documentos o los informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión, con la posibilidad de realizar revisiones de escritorio o de gabinete, que se encuentra integrada por dos etapas. La primera, inicia con la notificación y concluye con el vencimiento de los plazos precisados para desvirtuar observaciones o corregir la situación de acuerdo con ese documento, donde, a través de ese oficio la autoridad tributaria hará constar de forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entrañen cumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente; cuando no hay observaciones, comunicará mediante oficio la conclusión de la revisión. Una vez vencidos los plazos, se finaliza la etapa de verificación de las obligaciones tributarias y las autoridades estarán facultadas para emitir su resolución correspondiente; lo que constituye la segunda etapa, en la que se determinarán las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como la imposición de sanciones conducentes a los contribuyentes auditados o revisados. En ese contexto, aunque el segundo requerimiento también implica la obligación de exhibir la documentación faltante en relación con la primera que le fue requerida, constituye un acto intermedio, que es consecuencia del primer oficio que contiene la orden de revisión en relación con el cumplimiento de su obligación en su calidad de contribuyente, por lo que es una extensión o continuidad de esa facultad que da origen a la revisión de gabinete. En consecuencia, dicho requerimiento no actualiza la regla general ni la especial de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo." De igual manera, es aplicable la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro IV, enero 2012, Tomo 5, página 4600, que establece lo siguiente: "REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CONTRA DICHO ACTO, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN INICIADO CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE UN CRÉDITO FISCAL, SI NO SE GARANTIZÓ ÉSTE NI SE LLEVÓ A CABO EL EMBARGO, AL NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Conforme a los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo el juicio de garantías es improcedente contra el requerimiento de pago y embargo derivado del procedimiento administrativo de ejecución iniciado con motivo de la resolución determinante de un crédito fiscal, si no se garantizó éste ni se llevó a cabo el embargo, pues el mero requerimiento no constituye un acto de imposible reparación, máxime si la indicada resolución se impugnó mediante el juicio contencioso administrativo pues, en tal caso, está a expensas de lo que se resuelva en la vía jurisdiccional, por lo que el acto reclamado no es definitivo para efectos del amparo. Así como la diversa, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, por las razones que informa, la jurisprudencia IV.2º. J/13, cuyo texto es: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." En tales circunstancias, es claro que en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de dicha legislación, motivo por el que debe DESECHARSE DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo en análisis. Hágase del conocimiento de las partes, que las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Igualmente, se le informa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos se autorizará al asociar el "nombre de usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el citado portal con el juicio de amparo respectivo y la captura de los datos de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo que se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico, y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios, como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente respectivo, previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA."..." LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso -, por medio del cual cumple con la prevención formulada por este juzgado y exhibe la documental descrita en la constancia secretarial. Ahora bien, del escrito inicial de demanda se desprende que el impetrante reclama la resolución de veintiséis de mayo del presente año, dictada por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dentro del toca de apelación -, en la que modificó el auto apelado para el efecto de que el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el juicio de origen -, requiera a los titulares de los derechos sobre el inmueble identificado con los números 109 y 113 ciento trece de la -, para que dentro del término de tres días siguientes de la notificación, efectúen el pago de la parte proporcional que les corresponde por la elaboración del avalúo de dicho predio, apercibiéndolos que de no hacerlo, se procederá a su ejecución o, en su defecto, esas sumas serán retenidas de la parte que corresponda a cada uno de ellos sobre el precio que se obtenga de la venta de dicho inmueble. Ahora bien, el artículo 113 de la ley de amparo, establece que se examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Para aclarar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto legal 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano.". El numeral trascrito autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que se exponen, la tesis de jurisprudencia número 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En efecto, respecto del citado acto reclamado, se estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la ley de la materia, del texto literal siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". El artículo 61, fracción XXIII, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el primer precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Numerales transcritos que, al ser concatenados entre sí, emerge una de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo, en el sentido de que es posible acceder al reclamo constitucional, contra actos dictados dentro de juicio, siempre y cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", el ordinal 107, fracciones III, inciso b) y V, de la Ley de Amparo, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. De la intelección de tales preceptos se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando se promueve contra actos que dictados en juicio, no producen efectos de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales de la parte quejosa de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia IV.2º.C. J/2, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, del Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, visible en la página 1539, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En el caso se reclama en concreto la resolución de veintiséis de mayo del presente año, dictada por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dentro del toca de apelación -, en la que modificó el auto apelado para el efecto de que el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en el juicio de origen 2, requiera a los titulares de los derechos sobre el inmueble identificado con los números 109 y 113 ciento trece de la calle -, para que dentro del término de tres días siguientes de la notificación, efectúen el pago de la parte proporcional que les corresponde por la elaboración del avalúo de dicho predio, apercibiéndolos que de no hacerlo, se procederá a su ejecución o, en su defecto, esas sumas serán retenidas de la parte que corresponda a cada uno de ellos sobre el precio que se obtenga de la venta de dicho inmueble; por tanto, es inconcuso que tal acto combatido no es de los considerados como de aquéllos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, pues constituye una actuación intraprocesal que no trasciende a la esfera jurídica de la parte quejosa, en detrimento material de sus derechos sustantivos, pues en todo caso, la posible afectación tendrá lugar hasta que se haga efectivo el apercibimiento realizado en el acto reclamado, lo que evidentemente no ha sucedido en el caso. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo producen una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una determinación favorable. Bajo ese contexto, como se mencionó, con la emisión del acto reclamado de referencia, se está en presencia de una actuación cuya ejecución no es de imposible reparación, en términos de la fracción V del numeral 107 de la legislación en cita, porque no afecta los derechos sustantivos del agraviado; empero, tal violación puede hacerla valer, hasta en tanto se haga efectivo el apercibimiento decretado en la resolución que reclama el impetrante. Apoya el criterio aquí estimado por analogía, la tesis aprobada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 4, agosto de 2021, Tomo V, página 4927, del rubro siguiente: "SEGUNDO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN EN UN PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE GABINETE. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, AL NO CONSTITUIR UN ACTO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Hechos: La autoridad fiscal emitió una orden de revisión de escritorio o gabinete a una contribuyente y le requirió, en una primera solicitud, información y documentación para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias; al no proporcionarla en los términos requeridos, se le impuso una multa conforme a los artículos 40, fracción II, en relación con los diversos 85, fracción I y 86, fracción I (antes de la reforma de 11 de enero de 2021 ), todos del Código Fiscal de la Federación y, nuevamente, le solicitó información y documentación para continuar con dicha revisión. Inconforme, la contribuyente promovió juicio de amparo indirecto contra el segundo requerimiento, el cual se sobreseyó, por lo que interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra el segundo requerimiento de documentación e información con motivo de un procedimiento de revisión de gabinete, al no constituir un acto cuya ejecución sea de imposible reparación. Justificación: Lo anterior, porque ese segundo requerimiento, previsto en los artículos 42, fracción II y 48 del Código Fiscal de la Federación, no es una resolución definitiva que ponga fin a dicho procedimiento, ni un acto de imposible reparación. Al respecto, conforme al precepto 48 citado, las autoridades fiscales, con el objeto de comprobar que los causantes obligados, los responsables solidarios o, en su caso, los terceros con quienes se relacionen han cumplido con sus cargas, tienen la facultad de requerirlos para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de dichas autoridades, la contabilidad, los datos, otros documentos o los informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión, con la posibilidad de realizar revisiones de escritorio o de gabinete, que se encuentra integrada por dos etapas. La primera, inicia con la notificación y concluye con el vencimiento de los plazos precisados para desvirtuar observaciones o corregir la situación de acuerdo con ese documento, donde, a través de ese oficio la autoridad tributaria hará constar de forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entrañen cumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente; cuando no hay observaciones, comunicará mediante oficio la conclusión de la revisión. Una vez vencidos los plazos, se finaliza la etapa de verificación de las obligaciones tributarias y las autoridades estarán facultadas para emitir su resolución correspondiente; lo que constituye la segunda etapa, en la que se determinarán las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como la imposición de sanciones conducentes a los contribuyentes auditados o revisados. En ese contexto, aunque el segundo requerimiento también implica la obligación de exhibir la documentación faltante en relación con la primera que le fue requerida, constituye un acto intermedio, que es consecuencia del primer oficio que contiene la orden de revisión en relación con el cumplimiento de su obligación en su calidad de contribuyente, por lo que es una extensión o continuidad de esa facultad que da origen a la revisión de gabinete. En consecuencia, dicho requerimiento no actualiza la regla general ni la especial de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo." De igual manera, es aplicable la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro IV, enero 2012, Tomo 5, página 4600, que establece lo siguiente: "REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO CONTRA DICHO ACTO, DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN INICIADO CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE UN CRÉDITO FISCAL, SI NO SE GARANTIZÓ ÉSTE NI SE LLEVÓ A CABO EL EMBARGO, AL NO SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Conforme a los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo el juicio de garantías es improcedente contra el requerimiento de pago y embargo derivado del procedimiento administrativo de ejecución iniciado con motivo de la resolución determinante de un crédito fiscal, si no se garantizó éste ni se llevó a cabo el embargo, pues el mero requerimiento no constituye un acto de imposible reparación, máxime si la indicada resolución se impugnó mediante el juicio contencioso administrativo pues, en tal caso, está a expensas de lo que se resuelva en la vía jurisdiccional, por lo que el acto reclamado no es definitivo para efectos del amparo. Así como la diversa, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, por las razones que informa, la jurisprudencia IV.2º. J/13, cuyo texto es: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." En tales circunstancias, es claro que en el caso se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de dicha legislación, motivo por el que debe DESECHARSE DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo en análisis. Hágase del conocimiento de las partes, que las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Igualmente, se le informa el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos se autorizará al asociar el "nombre de usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el citado portal con el juicio de amparo respectivo y la captura de los datos de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo que se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico, y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios, como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente respectivo, previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Agréguense a los presentes autos el oficio de cuenta, por medio del cual la citada responsable, informa que se encuentra en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos y para acreditarlo remite copia del pago a proveedores, efectuado el quince de junio pasado, a nombre de -, por la cantidad de $1,538,372.20 (un millón quinientos treinta y ocho mil trescientos setenta y dos pesos 20/100 M.N.), así como copia del oficio SE/SA/DP y F/1105/2022 remitido al Secretario Técnico de la Comisión Gasto Financiamiento, mediante el cual solicita a la brevedad que se destine la cantidad de $13,017.475 (trece millones diecisiete mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) con el objeto de realizar el pago total y urgente de la condena a la que impuesta en el juicio sumarísimo civil -. Ahora, tomando en consideración que según constancia secretarial en el presente juicio de amparo se concedió para efectos de que las autoridades responsables cumplan de inmediato la sentencia definitiva de nueve de julio de dos mil diecinueve, así como lo cuantificado en las interlocutorias de liquidación de fechas veinte de septiembre y veintiocho de octubre, ambas de dos mil diecinueve, y veintiuno de agosto de dos mil veinte, dictadas en el juicio sumarísimo civil número -, sobre rescisión de contrato de arrendamiento, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; debiendo acreditarlo ante el juez de los autos; sin que a la fecha lo hubiere acreditado; en consecuencia, requiérase a la autoridad responsable Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, para que en el término de tres días contados a partir de aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita la constancia con la que haya acreditado ante el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, haber realizado el pago y las gestiones realizadas a efecto de dar cabal cumplimiento a la sentencia e interlocutoria de origen. Notifíquese.

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