Vicente Pedroza Malpica
Expediente 1298/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1298/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 20/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Vicente Pedroza Malpica
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo la constancia correspondiente para acreditar lo anterior. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas; y una vez fenecido el plazo, emítase la determinación correspondiente en términos del referido numeral. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.MIDM*
- Principal
CITATORIO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte TERCERA INTERESADA, el auto de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio y anexo de cuenta, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo la constancia correspondiente para acreditar lo anterior. Ahora bien, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas; y una vez fenecido el plazo, emítase la determinación correspondiente en términos del referido numeral. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.MIDM*
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a trece de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución, en la que determinó en el único punto resolutivo conceder el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. En el entendido de que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: "A fin de integrar debidamente el juicio laboral 01/389/19-I y el mismo se encuentre en aptitud de desahogar la audiencia de Ley la cual deberá ser fijada en los plazos que establece la Ley Federal del Trabajo, ordene se realice el emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen, en el domicilio proporcionado por el actor. Una vez agotado el domicilio ya aportado y en caso de imposibilidad, proceda conforme al artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo; vigilando que esto se realice con la temporalidad legal requerida;" En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1298/2019-V-B, promovido por VICENTE PEDROZA MALPICA, por su propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en este órgano jurisdiccional, VICENTE PEDROZA MALPICA, por su propio derecho, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 12 a 14), se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Seguida la secuela procesal, previo diferimiento realizado en acuerdo de veintiocho de octubre del año en curso (foja 55), se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: La omisión de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y su Actuario adscrito, de emplazar a la parte demandada al juicio laboral 01/389/19-I, lo que conlleva a no desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 18, 19 y 52). Al respecto, la Junta responsable entre otras exhibió como prueba copia certificada de los autos de diez de mayo (fojas 45 y 46), cuatro de junio (foja 48) y veintisiete de agosto (foja 49), todos de dos mil diecinueve, que obran en el expediente laboral 01/389/19-I; de los que se advierte la existencia del acto reclamado; constancias que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio de los conceptos de violación. Al no existir causales de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio por este juzgado, se procede al estudio de fondo del asunto. Suplidos en su deficiencia, con fundamento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, los conceptos de violación que la parte quejosa formuló son fundados y suficientes para otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal por los motivos que se explicarán más adelante. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007, Novena Época, de la Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, página 209, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Así se aborda el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. En ese sentido, el quejoso refiere que la junta responsable dentro del juicio laboral 01/389/19-I, ha sido omisa en emplazar a juicio a la parte demandada; sin soslayar, que esto fue ordenado desde el auto admisorio, circunstancia que origina el diferimiento de la audiencia bifásica, aun en el entendido de que esta última se fijara de nueva cuenta en auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve (foja 49), fuera de los plazos que establece la Ley Federal del Trabajo, sin poder lograr el cierre de las etapas continuas. Ahora bien, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, exhibió copia certificada de diversas actuaciones dictadas en el juicio laboral 01/389/19-I, de las que se desprenden: Los autos de diez de mayo (fojas 45 y 46), cuatro de junio (foja 48) y veintisiete de agosto (foja 49), todos de dos mil diecinueve, en los que con el primero admitió la demanda laboral y ordenó el emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen, mientras que con los restantes difirió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en virtud de que no se ha emplazado a la misma. De lo anterior se advierte que la responsable ha sido omisa en emplazar a la mencionada parte demandada y por tanto, no se ha podido desahogar la audiencia bifásica y en su caso continuar con el trámite del asunto, lo que denota una abierta dilación en la integración del juicio laboral 01/389/19-I. Ha de precisarse que el emplazamiento de la demandada es requisito sine qua non para el desahogo de la audiencia bifásica, sin perjuicio desde luego, que aun cuando una de las partes no esté emplazada acuda a la audiencia. Al respecto, el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, impone a la Junta la obligación de emplazar al demandado. Esto guarda relación con la garantía de certeza jurídica, en la medida que de nada sirve que la autoridad fije fecha para celebrar la audiencia de ley, si no notifica su determinación a quien corresponda, pues la ausencia de tal acto conlleva que no pueda celebrarse la audiencia y motiva su diferimiento, hecho que indudablemente repercute en la pronta impartición de justicia, pues impide la prosecución del juicio y alarga su substanciación, sin perjuicio desde luego, que operen los casos previstos por el artículo 874 de la legislación laboral, a saber, que las partes concurran a la audiencia o que el actor desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados; empero, tales supuestos son excepcionales y no pueden servir de fundamento para obviar la notificación a las partes. En estricto sentido, para cumplir con el principio de justicia pronta, la autoridad encargada de su impartición debe administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; lo que supondría que la autoridad laboral tendría que efectuar los actos procesales correspondientes al procedimiento del derecho del trabajo, forzosamente dentro de los plazos de ley. En contrapartida, la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS", sustentó que una dilación u omisión en el procedimiento laboral, no necesariamente afectará de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia, sino que únicamente lo hará, cuando implique una abierta dilación o su paralización total. En consecuencia, con base en la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), en atención a la carga de trabajo, la autoridad pudiera efectuar un acto procesal, como es el emplazamiento de la parte demandada, no necesariamente dentro del plazo que la ley prevea para ello; pero no puede postergar la realización del acto de forma tal que obstaculice el derecho a la impartición de justicia, lo que ocurrirá al provocar una abierta dilación del procedimiento, o bien, su paralización total. En el caso concreto, desde el diez de mayo de dos mil diecinueve (fojas 45 y 46), fecha en la que la junta responsable ordenó el emplazamiento de la parte demandada, en el domicilio proporcionado por la parte actora en el juicio de origen, a la data en que ahora se resuelve el presente asunto, no se ha efectuado tal acto procesal, ya que a la fecha se encuentra pendiente su llamamiento a juicio, como se advierte de las constancias que la junta allegó como complemento a su informe justificado y por ende no se ha proseguido con el desahogo de la audiencia preliminar, por consecuente tampoco ha desahogado las etapas subsecuentes como el cierre de instrucción hasta su conclusión. Es de concluirse que la junta responsable no ha cumplido con el imperativo constitucional que en el particular se analiza, pues no se ha desahogado la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por la falta de emplazamiento de la parte demandada, actualizándose una abierta dilación en el juicio laboral 01/389/19-I. En efecto, la omisión de la autoridad responsable de actuar efectivamente para realizar el emplazamiento de la parte demandada antes descrita, deviene violatoria del derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, tutelado por el artículo 17 de la Carta Magna, porque ha impedido el desahogo de la audiencia de ley y por tanto la continuación de las etapas subsecuentes; máxime que el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo, impone a los presidentes de las Juntas y los auxiliares, la facultad y obligación de dictar las medidas necesarias para que los juicios en instrucción no queden inactivos, salvo disposición en contrario. Para resarcir la violación, la autoridad laboral debe ordenar que se efectúe el emplazamiento de la parte demandada, en el o los domicilios que le hayan sido proporcionados para ello, para que estén en aptitud de acudir a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el conflicto de origen, como lo exige el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dictando las medidas pertinentes, sin perjuicio desde luego, que las circunstancias ameriten el despliegue de las facultades que le confieren los artículos 17, 685, 735 y 874 de la propia ley, para los casos en que el emplazamiento no se logre en el domicilio proporcionado por la parte actora, las cuales, esta sentencia en modo alguno le prohíbe ejercer. Sobre lo argumentado en el párrafo que antecede, en torno a la imposibilidad de emplazar a la parte demandada en el domicilio proporcionado por la parte actora y el consecuente actuar de la Junta ante ello, se cita el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo reformado el uno de mayo de dos mil diecinueve, que a la letra menciona: "Artículo 712. Cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la denominación o razón social en donde labora o laboró, deberá precisar por lo menos en su escrito de demanda el domicilio de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en donde prestó o presta el trabajo y la actividad a que se dedica el patrón. La sola presentación de la demanda o de la instancia conciliatoria, en los términos del párrafo anterior interrumpe la prescripción respecto de quien resulte ser el patrón del trabajador. Si el demandado ya no tiene su domicilio donde se prestaron los servicios, el trabajador lo hará del conocimiento del Tribunal, para que ésta gire oficios a las dependencias que considere pertinente, para localizar el nuevo domicilio del demandado. El Tribunal deberá ordenar el desahogo de cualquier diligencia, entre las cuales podrá girar oficios a instituciones que cuenten con registro oficial de personas a fin de que se obtenga el nombre del demandado y su localización. Una vez obtenida la información necesaria, se realizará el emplazamiento. De no obtener la información que permita al Tribunal conocer el domicilio del demandado, se procederá a la notificación por edictos y en el sitio de Internet que para tal efecto establezca el Poder Judicial federal o local cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignora, previo informe de una institución que cuente con registro oficial de personas. En este caso, el procedimiento seguirá su curso y se tendrá por perdido el derecho que debió ejercerse, sin perjuicio de que antes de la audiencia preliminar pueda la parte demandada ofrecer pruebas en contra para demostrar que el actor no era trabajador o patrón; que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados por la parte actora. En este caso, los edictos se publicarán por dos veces, con un lapso de tres días entre uno y otro, haciéndose saber que debe de presentarse el citado, dentro de un término que no será inferior a quince días ni excederá de sesenta días. Asimismo, se publicarán en el medio oficial de difusión del Tribunal, incluyendo su portal de Internet. Artículo reformado DOF 04-01-1980, 01-05-2019" Del artículo citado con anterioridad, se advierte en su párrafo tercero el actuar de la autoridad laboral en el caso en que el emplazamiento de la parte demandada, no pueda practicarse en el domicilio proporcionado para tal efecto, como en el presente asunto se advierte de las constancias remitidas por la junta responsable; para lo cual dispone que si el demandado ya no tiene su domicilio donde se prestaron los servicios, el trabajador lo hará del conocimiento del Tribunal, para que éste gire oficios a las dependencias que considere pertinente, para localizar el nuevo domicilio del demandado. El Tribunal deberá ordenar el desahogo de cualquier diligencia, entre las cuales podrá girar oficios a instituciones que cuenten con registro oficial de personas a fin de que se obtenga el nombre del demandado y su localización. Una vez obtenida la información necesaria, se realizará el emplazamiento. EFECTOS DEL OTORGAMIENTO DEL AMPARO. Ante la violación al derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede otorgarle la protección de la justicia federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, realice lo siguiente: A fin de integrar debidamente el juicio laboral 01/389/19-I y el mismo se encuentre en aptitud de desahogar la audiencia de Ley la cual deberá ser fijada en los plazos que establece la Ley Federal del Trabajo, ordene se realice el emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen, en el domicilio proporcionado por el actor. Una vez agotado el domicilio ya aportado y en caso de imposibilidad, proceda conforme al artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo; vigilando que esto se realice con la temporalidad legal requerida; El efecto y el alcance de la sentencia de amparo, se fundan principalmente en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007).". Ante la falta de emplazamiento de la parte demandada descrita, la Junta cuenta con las facultades legales que le confieren los artículos 17, 685, 735 y 874 de la Ley Federal del Trabajo, las cuales no veda esta sentencia; de ahí que atendiendo a la garantía violada, la ejecutoria protectora se tendrá por cumplida al realizar las gestiones que establece el artículo 712 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que no es dable que este fallo le imponga la obligación de desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como los actos subsecuentes, pues sería tanto como impedirle ejercer esas atribuciones si se le presenta el caso, a la vez que implicaría declarar que incurrirá en una nueva omisión o dilación procesal que debe prevenirse desde ahora, lo que sin duda se traduciría en prejuzgar sobre una situación futura, soslayando que, dada su sujeción a las leyes, actuará puntualmente con apego a éstas, obviando incluso, la presunción de constitucionalidad de la que gozan los actos de autoridad. Se hacen extensivos los efectos del amparo al acto de ejecución reclamado al Actuario adscrito a la junta responsable, toda vez que no se impugnó por vicios propios, sino que su constitucionalidad se hizo depender del acto reclamado consistente en la omisión del emplazamiento de la parte demandada a la contienda laboral 01/389/19-I. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a VICENTE PEDROZA MALPICA, contra el acto reclamado precisado en el considerando cuarto de esta sentencia, por los motivos y para los efectos ahí señalados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve que lo permitieron las labores de este juzgado. FCG Se hace constar que esta foja es parte última de la resolución dictada el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 1298/2019-V-B.Conste.
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