Vicente Patishtan Ruiz

Expediente 996/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
996/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
30/10/2018

Partes del expediente

  • Vicente Patishtan Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el telegrama de cuenta, signado por el Comandante Operativo de la Policía Especializada Encargado de la Comandancia Regional Zona Indígena con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mediante el cual manifiesta que queda enterado que la sentencia constitucional de dieciocho de septiembre del año en curso, dictada en el presente asunto ha causado ejecutoria; al efecto, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda, toda vez que el actual expediente se encuentra concluido.

  2. Principal

    De la certificación secretarial que antecede y del estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia constitucional de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, que determinó sobreseer en el presente juicio; en tal virtud, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales conducentes. Sin que sea obstáculo para lo anterior, que no obre en autos la pieza postal de notificación de la autoridad responsable foránea Juzgado del Ramo Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, señalada por la parte quejosa como Juzgado Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, respecto del oficio 31781, que contiene la sentencia constitucional emitida en el presente juicio de garantías; en ese sentido, toda vez que como lo refiere el artículo 87 de la ley de la materia, las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí que, las responsables y las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos; consecuentemente, si en el caso se decretó el sobreseimiento en el juicio, es evidente que el mismo no afecta a la citada responsable y, por ende, no está legitimada para interponer recurso en contra de la referida sentencia constitucional; por lo que, como se dijo, la misma ha causado ejecutoria; en consecuencia, dése de baja en el libro de gobierno y en la estadística. Sirve de apoyo, la tesis XI.3o.4 K, visible en la página 706, del tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Toda vez que, en el presente se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno original y; procédase a la destrucción de la copia del incidente una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción III, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capitulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  3. Incidental

    Visto el estado procesal de los presentes autos, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, último párrafo, del punto Vigésimo primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se negó la medida cautelar; por lo que en su momento únicamente se dejaran para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la suspensión definitiva y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Toda vez que, el presente se formó por duplicado y separado; procédase a la destrucción de aquél, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos Vigésimo, fracción II, y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el original del incidente de suspensión al Centro Archivístico Judicial.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos de este órgano jurisdiccional dirigido a la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos No Graves del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, con sede en esa población, que devuelve el Administrador de Correos con leyenda "No existe juzgado segundo". Atento a lo anterior, en obvio de mayores dilaciones, reenvíense el oficio de cuenta a la denominación correcta esto es, Juzgado del Ramo Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, para los efectos legales conducentes.

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