Vicente Omar González Hernández

Expediente 1637/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1637/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • (No Es Parte) Laudet Haramin Uzeta García
  • Vicente Omar González Hernández

Actuaciones

  1. Incidental

    Tijuana, Baja California, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio y anexos de cuenta remitidos por la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se le tiene informando las gestiones para dar cumplimiento al fallo protector dictado en este juicio de amparo. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/VMMF/jrcm

  2. Principal

    veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, Rufino Salgado Ramírez, actuario judicial de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, en virtud de no haberse presentado la parte tercero interesada Núcleo Agrario "El Ojo de Agua" en esta ciudad, por conducto de su representante legal, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el citatorio de veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, y con fundamento en el inciso B) del artículo 27 de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista los acuerdos dictados el dos de septiembre de dos mil veintidós, quince de marzo, seis de septiembre y seis de noviembre de dos mil veintitrés, dentro del expediente al rubro indicado, mismos que en lo conducente dicen: Tijuana, Baja California, dos de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, presentado por el quejoso Joel Elisandro Valencia Cárdenas, mediante el cual amplía su demanda de amparo por actos reclamados y conceptos de violación. En virtud de lo anterior, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad sobre la ampliación de 1 Sin contar los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de agosto de dos mil veintidós, por ser sábados y domingos, por tanto inhábiles. demanda respecto de los actos reclamados que indica; toda vez que del análisis integral del escrito de ampliación se desprende que tales actos no son distintos a los originalmente reclamados en su escrito inicial de demanda -el emplazamiento al juicio 69/2019 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cinco, con residencia en Ensenada, Baja California y, en vía de consecuencia, la orden de lanzamiento o desposeimiento-. Lo anterior, tomando en consideración que la ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica que confiere al peticionario de amparo un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados, se estima que el presupuesto necesario para que proceda la ampliación de demanda de derechos fundamentales es que se trate de actos reclamados, autoridades responsables o conceptos de violación distintos a los inicialmente expuestos por el quejoso al instar en la vía constitucional. En ese orden de ideas, si en el caso particular quedó demostrado que no se trata de actos distintos a los inicialmente señalados como reclamados, es claro que no se surte el presupuesto necesario para la procedencia de la ampliación de demanda respecto de los actos antes precisados y, por ende, como se anticipó, no es dable acordar de conformidad la solicitud respectiva. Sirve de apoyo el criterio sustentado en la tesis VII.2o.C.30 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Registro digital: 2010896, Décima Época, Materias: Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, página 3155, de rubro y texto: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO CUANDO EN LA INICIAL SE RECLAMÓ TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO. Cuando el quejoso acude al juicio de amparo indirecto en términos de la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo, alegando violación al derecho de audiencia, porque siendo parte de la relación jurídica procesal no fue emplazado o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que la doctrina jurisprudencial define como tercero extraño por equiparación, no es indispensable que señale específicamente la diligencia de emplazamiento, ya sea por inexistente o por ilegal, ya que ello está implícito en el acto reclamado, que consiste en todo el procedimiento, por ende, es innecesario ampliar la demanda de amparo contra dicha diligencia, cuando en el informe justificado de la autoridad responsable se anexa. Sin embargo, no puede dejarse de estudiar para resolver el fondo del asunto, pues en dicho acto radica la violación al derecho de audiencia, esto es, si el emplazamiento existió y es legal, el juicio donde el quejoso se ostenta como tercero extraño no es violatorio de derechos fundamentales, pero si no existió o es ilegal entonces sí. En ese orden de ideas, el quejoso no tiene por qué ampliar su demanda contra el emplazamiento, pero sí puede ofrecer las pruebas para desvirtuarlo. No obstante lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 37, 107, 108, 111, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ampliando su escrito inicial de demanda únicamente por lo que hace a nuevos conceptos de violación. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Novena Época, Registro: 182486, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, Materia(s): Común, Página: 1339, de rubro y texto: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO ES POSIBLE TRATÁNDOSE DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTOS RECLAMADOS O CONCEPTOS DE VIOLACIÓN DISTINTOS A LOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS, PERO QUE GUARDEN VINCULACIÓN CON ELLOS. La ampliación de la demanda de amparo es una figura jurídica creada por la jurisprudencia, que confiere al peticionario de garantías un derecho para incorporar a la litis constitucional ya iniciada, autoridades responsables, actos reclamados o conceptos de violación distintos a los originalmente planteados; sin embargo, el ejercicio de esta prerrogativa debe sujetarse a determinados requisitos de procedencia tales como el que no se haya cerrado o integrado la litis, que los nuevos actos tengan relación con los originalmente planteados, o bien, que al rendirse el o los informes justificados, de ellos se desprenda que fueron otras las autoridades que los llevaron a cabo, pero debe existir siempre una relación o vinculación con los actos primigenios, ya que de no existir ese elemento sine qua non, todos aquellos actos que pudieran causar perjuicio a la amparista podrán tener remedio, sí a través del juicio de garantías, pero a consecuencia de tantas demandas de amparo, como juicios o procedimientos de los que deriven los actos que le irroguen perjuicio existan, ya que en este supuesto no pueden incorporarse a una litis constitucional elementos que le son ajenos. Por otra parte, pídase informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, únicamente por lo que hace a nuevos conceptos de violación, haciéndoles saber que los informes deberán estar agregados a los autos ocho días anteriores a la celebración de la audiencia constitucional; apercibidas que de no hacerlo, de rendirlo fuera del término o de no acompañar, en su caso, copias certificadas de las constancias correspondientes, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 66/2019(10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, materia común, con número de registro 2019915, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SE DEBE SOLICITAR CUANDO EN LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA SE FORMULAN NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." En atención al esquema de trabajo implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, derivado del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID19, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que el informe que se les solicita y, en general, los oficios que remita a este Juzgado Federal, podrán ser enviados a la cuenta de correo electrónico de este Juzgado Federal 1jdo15ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o bien, a través del uso de la firma electrónica. Córrase traslado a las partes con copia del escrito de ampliación de demanda que se atiende, y dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le corresponde, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Amparo. . Por último, se tiene al promovente ofreciendo pruebas de su intención consistentes las documentales que adjunta, mismas que se admiten en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno con fundamento en el artículo 119 de la Ley en la materia. Notifíquese personalmente. Tijuana, Baja California, quince de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, presentado por el tercero interesado Gerónimo Corrales Gámez, y como lo solicita, se le tiene compareciendo al presente juicio de amparo, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Albertico Robles Coronado. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anexa, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humano, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Ahora, dada la voluminosidad de las constancias que se atienden, fórmese por separado el tomo dos de pruebas, que deberá permanecer en la Secretaría encargada del trámite correspondiente, para consulta de las partes Por otro lado, del estado de autos se despende que por auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, se reservó a proveer respecto de las probanzas ofrecidas por la parte quejosa, hasta en tanto se integrara la litis en el presente asunto, lo que a la fecha ya aconteció. En atención a lo anterior, se tiene al quejoso Joel Elisandro Valencia Cárdenas, anunciando en tiempo y forma la testimonial a cargo de Erika Azucena Mariscal Ornelas y Rosa María Arévalo Murillo; por lo que, en vía de preparación de la prueba testimonial, distribúyanse entre las partes copia simple del interrogatorio exhibido para tal efecto. Asimismo, dígase a la parte quejosa que la presentación de los testigos queda a cargo del oferente de la prueba, toda vez que así lo manifestó; por tanto, se apercibe al oferente que de no presentarlas debidamente identificadas en la fecha y hora en que habrá de celebrarse la audiencia constitucional, se tendrá por desinteresada del desahogo sus testimonios. De igual forma, se tiene por anunciada la prueba pericial en materia de topografía y agrimensura, para lo cual, distribúyanse entre las partes copia simple del cuestionario sobre el que versará dicha pericial. Hágase saber a las demás partes el derecho que les confiere el último párrafo del artículo 119 de la ley de la materia, para que, de ser su deseo, dentro del término de tres días hábiles, amplíen por escrito el interrogatorio sobre el cual versará la prueba testimonial; los puntos de la inspección y el cuestionario de la aludida prueba pericial en materia de topografía y agrimensura. En atención a lo anterior, requiérase a la parte quejosa y tercero interesada a fin de que, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la presente determinación, designen perito de su parte, apercibidas que de no hacerlo así dentro del término otorgado, el citado medio de convicción se integrara únicamente al tenor del dictamen pericial que en su caso rinda el perito designado por este Juzgado. Por lo anterior, gírese atento oficio al Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, proporcione el nombre de algún profesionista o perito en materia de topografía y agrimensura, que en auxilio de la impartición de justicia federal, desee colaborar de manera gratuita, en razón del servicio social al cual están llamadas tales instituciones, lo anterior a fin de que este Juzgado Federal pueda hacer la designación de perito oficial en términos del artículo 120 de la Ley de Amparo. Con el apercibimiento de que de no dar cumplimiento a lo ordenado en párrafos precedentes, se le impondrá la multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Por otra parte, respecto a la diversa probanza consistente en la inspección judicial que conforme su petición, deberá llevarse a cabo en el domicilio identificado como lote de terreno 07, manzana 112, con clave catastral FV-112-007, ubicado en calle Tijuana Mexicali, sin número, fraccionamiento Valle Redondo, de la carretera libre a Tecate, kilómetro 152, de esta ciudad; atento a ello, y tomando en cuenta, que la finalidad de una inspección ocular o judicial, es que el funcionario que la practique, perciba por medio de sus sentidos alguna situación fáctica sobre lugares, personas u objetos relacionados con la controversia en un momento determinado, sin que para su comprensión o interpretación se requieran de conocimientos técnicos especiales. Al respecto, si bien el artículo 119 de la Ley de Amparo, así como 79, 81, 85 y 86, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la citada ley, establecen en lo que aquí interesa, que en el incidente de suspensión se admitirán las pruebas documental y de inspección judicial, lo cierto es, que esa facultad de que gozan las partes para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el principio de idoneidad de la prueba. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su admisión resulta contraria a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en artículo 119, sino que desde su anuncio, -según se trate de alguno de los DANIELA GARCIA MARIN medios de convicción que precisa dicho preceptorequieren previa preparación, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia respectiva. En lo que interesa, sobresale en primer término que el impetrante ofrece tal medio de convicción respecto del lote de terreno 07, manzana 112, con clave catastral FV-112-007, ubicado en calle Tijuana Mexicali, sin número, fraccionamiento Valle Redondo, de la carretera libre a Tecate, kilómetro 152, de esta ciudad, a fin de -en forma medular- verificar la posesión que detenta quien habita en el inmueble; sin embargo, tal medio de convicción no es el idóneo para acreditarlo, puesto que dicha diligencia solamente tiene por objeto comprobar mediante los sentidos del servidor público que la realice la existencia de determinados hechos o circunstancias que, en un momento, se dice existen, pues aun cuando la posesión ofrece situaciones de hecho, la misma no puede ser apreciada por una simple inspección transitoria, sino que requiere una observación de carácter permanente, que no puede realizarse en una diligencia de tan limitada duración, como es la que se trata. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia VI.1o. J/752, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Octava Época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 55, julio de 1992, página 47; que a su letra dice: "POSESION. NO PUEDE PROBARSE POR LA INSPECCION JUDICIAL. La inspección judicial no es el medio para probar la posesión ya que ésta no tiene más objeto que hacer que el juez compruebe por sus sentidos, la existencia de determinados hechos o circunstancias que, en un momento, se dicen existen, pues aun cuando la posesión ofrece situaciones de hecho, la misma no puede ser apreciada por una simple observación transitoria, sino que requiere que ésta sea permanente, que por lo mismo no puede realizarse en una sola diligencia, de tan limitada duración." En mérito de lo expuesto, lo procedente es desechar de plano las pruebas de inspección judicial en los términos en que fueron planteadas. Por todo lo antes expuesto, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las doce horas con cincuenta minutos del diecinueve de abril de dos mil veintitrés, para su desahogo. Notifíquese personalmente. Tijuana, Baja California, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos de los que se advierte que la audiencia constitucional en el presente asunto se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, analizadas las constancias remitidas por la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cinco, con sede en Ensenada, Baja California, relativas al expediente agrario 69/2019 de su índice, se advierte que a Núcleo Agrario "El Ojo de Agua" en esta ciudad, le reviste el carácter de tercero interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, quien tiene su domicilio en kilómetro 29, ½ carretera a Tecate, Tijuana, Baja California. Por tanto, se comisiona a la persona Actuaria de la adscripción para se constituya en el domicilio antes mencionado y proceda a emplazar al tercero interesado Núcleo Agrario "El Ojo de Agua" en esta ciudad, por conducto de quien legalmente lo represente, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo, del auto admisorio, escrito de ampliación de demanda, proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, escrito de ofrecimiento de pruebas registrado bajo folio 11410, proveído de quince de marzo del año en curso, en el que se ordenó la preparación de las pruebas ofrecidas por el quejoso, así como del presente acuerdo, informándole la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, en el juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, lo requiera para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; apercibiéndolo que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le realizarán por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto designe domicilio en el que puedan llevarse a cabo. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las doce horas con treinta y un minutos del tres de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Ahora, toda vez que el quince de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo al quejoso Joel Elisandro Valencia Cárdenas, anunciando en tiempo y forma la testimonial a cargo de Erika Azucena Mariscal Ornelas y Rosa María Arévalo Murillo; por lo que, reitérese a la parte quejosa que la presentación de dichas atestes queda a cargo su oferente, toda vez que así lo manifestó al anunciar dicha probanza; por tanto, se apercibe al oferente que de no presentarlas debidamente identificadas en la fecha y hora en que habrá de celebrarse la audiencia constitucional, se tendrá por desinteresada del desahogo sus testimonios. Por otro lado, del estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que a la fecha transcurrió el plazo de tres días otorgado al perito designado por la parte quejosa José Miguel Bojórquez Rangel, mediante proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés, a fin de que rindiera el dictamen pericial que le fue solicitado, sin que lo hubiera realizado, no obstante de encontrarse debidamente notificado. En consecuencia, se hace efectivo a la parte quejosa el apercibimiento decretado en proveído de ocho de agosto pasado, y se le tiene por desinteresado de la prueba pericial ofrecida en autos. Finamente, agréguese a los autos el escrito de cuenta, presentado por el quejoso Joel Elisandro Valencia Cárdenas y como lo solicita, se le tiene anunciando como prueba de su parte las documentales que anexa, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno en términos del artículo 119 de la Ley de la materia. Ahora, respecto a la devolución de documentos que refiere, como lo solicita, una vez que quede firme la sentencia que en su caso se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, previa insistencia de su parte, se proveerá lo que en derecho corresponda. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y tercero interesado Gerónimo Corrales Gámez y emplácese al tercero interesado Núcleo Agrario "El Ojo de Agua" en esta ciudad. Tijuana, Baja California, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se aprecia que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, de autos se advierte que no se encuentra emplazado el tercero interesado Núcleo Agrario "El Ojo de Agua" en esta ciudad, al presente juicio de amparo; así como tampoco obra el resultado de la diligencia encomendada el seis de septiembre de dos mil veintitrés, por encontrarse en vías de notificación. En consecuencia, túrnense los autos a la persona fedataria judicial de la adscripción para que proceda a practicar la diligencia de que se trata e integre las constancias respectivas tanto al expediente físico como al electrónico. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se señalan las trece horas con cincuenta minutos del uno de diciembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese y comisiónese a la persona actuaria de la adscripción.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio, del cual se desprende que a la fecha no obran los oficios 41715/2023, 41716/2023, 41717/2023, 41718/2023, 41719/2023, 44945/2023, 44946/2023, 44947/2023, 44948/2023 y 44949/2023, dirigidos a las autoridades responsables Congreso del Estado del Estado de Baja California, Gobernadora Constitucional de Baja California, Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California, Responsable de Impresión del Periódico Oficial del Estado de Baja California y Secretaría de Hacienda, Titular de la Dirección de Auditoría Fiscal y Dirección Jurídico de Cobranza, ambos del Servicio de Administración Tributaria, todos con sede en Mexicali, respecto de la sentencia dictada en autos, así como del proveído de treinta de octubre del presente año, en el cual se tuvo al quejoso interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos. En consecuencia, requiérase vía correo acelerado -estafeta- a las autoridades responsables antes citadas, a efecto de que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente auto, acusen recibo de los oficios a que se alude en párrafos precedentes, o bien, manifiesten la imposibilidad que tengan para ello. Apercibidas de que, de no hacerlo, se le impondrá a la contumaz una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/drm

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