Vicente Morales Remigio
Expediente 1649/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1649/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/12/2016
Partes del expediente
- Vicente Morales Remigio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México; quince de diciembre de dos mil dieciséis. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de veinticinco de noviembre pasado (fojas 179 a 183), en el que se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, quien actúa con el Secretario Fernando Saldaña Meneses que autoriza, firma y da fe.
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Visto, para resolver, el juicio de amparo indirecto 1649/2016-V, promovido por Vicente Morales Remigio, contra actos de los integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE DEMANDA. Mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México y turnado el da siguiente hábil a este órgano jurisdiccional, Vicente Morales Remigio, solicitó el amparo contra la autoridad y acto siguientes: "III.- La autoridad responsable es: Los CC. Integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México. IV.- De la autoridad responsable se reclama lo siguiente: De la autoridad señalada como responsable reclamo la paralización del juicio laboral J.3/492/2013 en virtud de que la responsable vulnera el derecho humano de acceso a la impartición de justicia contenida en el artículo 17 Constitucional, toda vez que la responsable no ha emitido el laudo correspondiente dentro de los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo." SEGUNDO. DERECHO HUMANO INVOCADO. El quejoso señaló como derechos humanos transgredidos los contenidos en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO. Recibida la demanda de amparo en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, se registró con el número 1649/2016-V, por auto de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis se admitió a trámite el escrito inicial; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 51 fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues el quejoso reclama un acto omisivo que atribuye a una autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la abstención de la autoridad responsable integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, de emitir el laudo correspondiente dentro de los plazos que prevé la ley. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La Presidenta de la Junta responsable al rendir su informe justiciado manifestó que es cierto el acto que se reclama. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad de los actos que por esta vía de amparo se reclaman, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causas de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, y analizadas las constancias que integran el presente asunto, se llega a la conclusión de que se actualiza la causa de improcedencia que establece la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que es del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Al respecto, debe decirse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que para ser operante esa causa en el juicio de amparo, no basta que la autoridad responsable revoque o derogue el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, cuyo objeto, es restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Conforme a los matices del caso, tomando en cuenta que los hechos en análisis son omisiones o actos negativos y que en estos supuestos la regla restitutoria establecida en la ley reglamentaria dispone que el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija, podría decirse entonces que la omisión de tramitar y resolver oportunamente el juicio cesaría de manera absoluta, completa e incondicional, sólo si éste prosiguiera hasta su conclusión y resolución, ya que ésta sería la única forma de resarcir al quejoso plenamente en el goce de la garantía individual violada, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional. La quejosa acudió a esta instancia constitucional para reclamar la abstención de la autoridad responsable de dictar el laudo relativo en el expediente J.3/492/2013. Sin embargo, durante la tramitación del presente juicio de amparo, la autoridad responsable remitió copia certificada del laudo emitido el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, en el expediente de origen. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la autoridad responsable dictó el laudo en el expediente laboral citado en párrafos anteriores. En esa medida, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues la omisión reclamada ha cesado. A la anterior determinación en lo conducente sirve de apoyo la jurisprudencia publicada con el número 103 en las páginas 51 y 82 del Apéndice 2000, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la jurisprudencia consultable con el número 415 en la página 356 del Apéndice 2000, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Y, la tesis P.CL/97, visible en la página 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, la cual dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Lo anterior, sin necesidad de esperar a dar vista con el informe referido en la audiencia constitucional, porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, con fundamento en los artículos artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Vicente Morales Remigio, contra contra la omisión de los integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, de emitir el laudo en el expediente J.3/492/2013. Asimismo, no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por la quejosa, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, como en la especie aconteció. Lo anterior se encuentra contemplado en la jurisprudencia 1027, visible en la página 707, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Es aplicable la tesis publicada en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, Décima Época, cuyo rubro es: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA." Y la diversa publicada en la página 2274, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, cuyo rubro es: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO." Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, fracción XXI, 63 fracción V y 216 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1649/2016-V, promovido por Vicente Morales Remigio, contra contra la omisión de los integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México y por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
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VIII. El estado de autos evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista a celebrarse hoy a las once horas con diez minutos, como se estableció en auto de veinticinco de octubre pasado (fojas 203); sin embargo, mediante proveído de siete de los actuales (foja 248) se dio vista a las partes con el interrogatorio sobre el cual versará la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa, sin que aún haya fenecido el término para tal efecto. En tales condiciones, a fin de integrar debidamente el sumario constitucional en que se actúa y no violar las las reglas rectoras del juicio de amparo, la audiencia constitucional prevista para esta fecha se difiere y, en su lugar, se fijan las diez con cuarenta y cinco minutos del doce de diciembre de dos mil dieciséis. Por otra parte, se tiene por recibida la razón suscrita por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante la cual asentó la imposibilidad de notificar personalmente a la tercera interesada Maricela Mendoza Solís, el auto de siete del mes y año en curso, por los motivos expuestos. A dicha razón se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2, por tratarse de la actuación de un servidor público en ejercicio de sus atribuciones. Sobre el particular se invoca por las razones que la informan, la jurisprudencia marcada con el número 563, visible en la página 405 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, que establece: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario". En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la citada tercera interesada el proveído de referencia, el presente auto y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista, que se fije en este Juzgado de Distrito. Auto de siete de los corrientes: "En términos de lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito de cuenta, a través del cual el quejoso Felipe Martínez Bacilio, da cumplimiento al requerimiento inserto en auto de tres de los actuales y proporciona un domicilio para poder emplazar a la tercera interesada Maricela Mendoza Solís; asimismo, refiere que dicha tercera autorizada ya fue notificada del presente juicio.Atento a lo anterior, se tiene por cumplido el requerimiento inserto en el proveído de referencia y se deja sin efectos el apercibimiento con el cual se le conminó.Por otra parte, de los presentes autos se advierte que ya fue emplazada a juicio la citada tercera interesada, como lo refiere el quejoso, pues mediante auto de seis de octubre pasado (foja 195), se tuvo por recibido el exhorto diligenciado 1008/2016-VIII del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez donde se encomendó dicha diligencia; asimismo, en esa misma data, se tuvo por apersonada al presente juicio constitucional la tercera interesada Maricela Mendoza Solís Por otro lado, toda vez que en proveído de tres de los actuales se reservó acordar lo conducente respecto al cuestionario exhibido por la parte quejosa respecto a la prueba testimonial, en vías de preparación, con copia del interrogatorio presentado en la oficialía de partes de este órgano de control constitucional en la misma data, córrase traslado a las partes (a excepción de la quejosa), para que dentro del plazo de tres días establecido en el artículo 119, último párrafo, de la Ley de Amparo, si a su interés legal conviene adicionen lo que estimen pertinente a los mismos.En el entendido que de no hacerlo así, se les tendrá por conformes con el interrogatorio sobre el que versará la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa.Finalmente, no obstante que este auto debe notificarse personalmente a los terceros interesados Rosa María Flores Vidal y el Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado ejidal del ejido de Dongu, Municipio de Chapa de Mota, sin embargo, en proveído de siete de octubre pasado (foja 201), se ordenó que todas las notificaciones se les hicieran por medio de lista, incluso las de carácter personal; por tanto, este proveído deberán notificarse en tales términos. Notifíquese y personalmente a la tercera interesada Maricela Mendoza Solís y por oficio a las autoridades responsables.Así lo proveyó y firma, José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con el Secretario Fernando Saldaña Meneses que autoriza, firma y da fe."
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VISTOS, para resolver, el juicio de amparo 957/2016-I, promovido por la sucesión a bienes de la de cujus Elodia Gomora Gómez, por conducto de su albacea Luis Zacarías Gomora Gómez, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve con residencia en Toluca, Estado de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. La sucesión a bienes de Elodia Gomora Gómez, por conducto de su albacea Luis Zacarías Gomora Gómez, mediante escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil dieciséis, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Toluca, Estado de México, y turnado en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: AUTORIDADES ORDENADORAS Y EJECUTORAS: H. Tribunal Unitario Agrario Distrito Número Nueve con residencia en Toluca, México. C. Director del Registro Agrario Nacional en el Estado de México." "IV. ACTO RECLAMADO: De la autoridad H. Tribunal Unitario Agrario Distrito 9 con residencia en Toluca, México, se reclama la sentencia de fecha 17 de marzo del año 2015 dictada en los autos del juicio sucesorio expediente 886/14 tramitado ante el H. Tribunal Unitario Agrario Distrito 9 con residencia en Toluca, México, relativo al juicio sucesorio promovido por MARÍA DE LOS ÁNGELES ARAUJO QUIROZ, respecto de los derechos agrarios que pertenecieron al extinto ejidatario FELIPE DE JESÚS ARAUJO COLÍN, del Ejido de Santa Cruz Atzcapotzaltongo del Municipio de Toluca, México. Del C. Director del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, se reclama la inscripción y anotación de ley y cancelación de los asientos registrales que motivaron la expedición del certificado de derechos agrarios número 3060221, así como la expedición a MARÍA DE LOS ÁNGELES ARAUJO QUIROZ del documento que la acredite como ejidataria del Ejido de Santa Cruz Atzcapotzaltongo del Municipio de Toluca,." SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados. La sucesión quejosa señaló como derechos humanos vulnerados, los reconocidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Mediante auto de veintidós de julio anterior, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es competente para conocer y resolver el juicio de garantías, ello, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en concordancia con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en el que la sucesión quejosa se ostenta como tercera extraña a un juicio agrario y el acto reclamado se llevó a cabo en el territorio en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la jurisprudencia P./J.40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, número de registro 192097, misma que se transcribe a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, en concordancia con los autos del sumario constitucional, se concluye que la peticionaria de amparo reclama lo siguiente: Del Tribunal Unitario Agrario Distrito 9 con residencia en Toluca, Estado de México, la sentencia de diecisiete de marzo de dos mil quince, emitida en los autos del juicio sucesorio agrario 886/14, de su índice. Del Director del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, la inscripción y anotación de ley y cancelación de los asientos registrales que motivaron la expedición del certificado de derechos agrarios número 3060221, así como la expedición a María de los Ángeles Araujo Quiroz del documento que la acredita como ejidataria del Ejido de Santa Cruz Atzcapotzaltongo del Municipio de Toluca, Estado de México. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Delegado del Registro Agrario Nacional, delegación Estado de México y la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Nueve, (fojas 152 y 178), al rendir sus informes justificados, aceptaron la existencia de los actos reclamados, para lo cual el primero remitió copias certificadas del oficio TUA/9°.DTO./720/2015, de la sentencia emitida en el expediente 886/2014, por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Noveno, así como del oficio SR/1439/2015; por su parte el Tribunal Unitario responsable remitió los autos originales del juicio agrario 886/2014 de su índice, las cuales, tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por mandato del numeral 2 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable, la jurisprudencia publicada con el número 278, en la página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 246389, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse la procedencia del juicio de garantías independientemente de que la autoridad responsable haya aceptado los actos reclamados, toda vez que constituye una cuestión de estudio oficioso en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; máxime porque al actualizarse alguna causa de improcedencia, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. En ese orden, tenemos, que la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Nueve, con residencia en Toluca, Estado de México, así como los terceros interesados María de los Ángeles, Vicente y Jorge, todos de apellidos Araujo Quiroz, hicieron valer la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado no afecta el interés jurídico de la sucesión quejosa; sin embargo, deviene infundada por las consideraciones siguientes: La fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." De la transcripción anterior, se advierte que la causa de improcedencia hecha valer por las partes Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Nueve, con residencia en Toluca, Estado de México, así como por los diversos terceros interesados no se actualiza; puesto que, de las constancias que obran en autos del juicio en que se actúa, se advierte la existencia de las copias certificadas del expediente 388/2014, relativas al juicio sucesorio intestamentario a bienes de la de cujus Elodia Gomora Gómez, en las que se aprecia el instrumento notarial 45722, volumen 802, pasado ante la fe del Notario Público número 15 de Toluca, Estado de México, donde consta que ésta tenía el carácter de heredera del cincuenta por ciento de los bienes del diverso de cujus Felipe de Jesús Araujo Colín y/o Felipe Araujo Colín, quien en vida fuera su cónyuge, y entre los que se encuentra el bien inmueble materia del presente de juicio, el que le fue adjudicado por virtud de la resolución emitida por el Juez Sexto Familiar de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el juicio sucesorio intestamentario a bienes del mencionado en último término; por lo que, sí se encuentra acreditado su interés jurídico para actuar en el presente juicio. Lo anterior, sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que al momento de darse inicio al juicio sucesorio agrario 883/2014, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, con residencia en Toluca, Estado de México, la beneficiaria del de cujus Felipe de Jesús Araujo Colín y/o Felipe Araujo Colín, ya había fallecido; sin embargo, cuando adquirió el bien materia de la Litis en el presente juicio de amparo, aún se encontraba con vida (año dos mil diez), lo que como se precisó anteriormente, quedó acreditado con las copias certificadas del juicio 388/2014, por lo que la sucesión a bienes de ésta, sí demostró su interés jurídico en el juicio que se actúa. Resulta aplicable la Jurisprudencia 1659, publicada en la página 1879, del Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Tercera Sección - Amparo en materia agraria, Materia Administrativa, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 1003538, cuyos rubro y texto son los siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO SUCESORIO AGRARIO. ACREDITA SU INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA FIRME DICTADA EN DICHO JUICIO, SI SE UBICA EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 17 Y 18 DE LA LEY AGRARIA. Acorde con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, fracción XIII, y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, procede el amparo indirecto contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo cuando afecten a personas extrañas al juicio, constituyéndose una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, de ahí que la persona que, a pesar de tener interés jurídico, no fue llamada al juicio sucesorio agrario, es tercera extraña a éste, en la medida en que no fue convocada a ejercer sus defensas y, por tanto, puede impugnar en amparo indirecto la sentencia firme dictada en aquel juicio. Para estos efectos, el tercero extraño debe probar ante el Juez de Distrito que se ubica en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, consistentes en: 1) figurar en alguna lista de sucesión inscrita en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante notario público o 2) acreditar que es cónyuge, concubina, concubinario, hijo, ascendiente o dependiente económico del ejidatario fallecido. Así, al no advertirse de oficio diversa causa de improcedencia, ni tampoco alguna otra hecha valer por las partes que imposibilite el análisis de la litis constitucional planteada, se procede al estudio de fondo respectivo. QUINTO. Estudio de fondo. En mérito de lo anterior, se procede al estudio del fondo del asunto, tomando en cuenta tanto las consideraciones que sustentan el acto reclamado, como los argumentos vertidos a manera de conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado como si a la letra se insertaran, pues no existe precepto alguno en la Ley de Amparo, que establezca la obligación de transcribirlos. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.58/2010, publicada en la página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, Tomo XXXI, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164618, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante lo anterior, en atención al principio de congruencia y exhaustividad que toda sentencia debe reunir, se estima sintetizar el concepto de violación. La responsable transgrede las garantías de audiencia y legalidad establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, puesto que no respeto lo señalado en el artículo 18 de la Ley Agraria, relativo al orden de sucesión respecto de los derechos agrarios de un ejidatario, ni tampoco precisó las razones en que basó su determinación; es decir, omitió llamar a juicio a quien por orden correspondían los derechos agrarios materia de la litis. El concepto de violación hecho valer deviene fundado por las consideraciones siguientes: En el presente juicio la sucesión quejosa se duele de la falta de emplazamiento de la de cujus Elodia Gomora Gómez por conducto de su albacea al expediente 883/2014, relativo al juicio sucesorio agrario a bienes del diverso de cujus Felipe Araujo Colín y/o Felipe de Jesús Araujo Colín, promovido por María de los Ángeles Araujo Quiroz, del índice del Tribunal Unitario Agrario responsable, lo cual, aduce, generó que se le dejará en estado de indefensión. Sobre el particular, debe tenerse presente que la sucesión quejosa se ostenta como tercera extraña por equiparación, toda vez que no formó parte de la controversia, pese a que debió ser llamada al juicio de origen, para poder defender sus derechos jurídicamente tutelados y que le fueron afectados. En ese sentido, para efectos de una eventual concesión, la sucesión quejosa debe acreditar justamente la existencia de dicho derecho, esto es, de que éste se encuentre protegido jurídicamente, antes de determinar si el acto reclamado efectivamente le genera un perjuicio; puesto que, el juicio de amparo en materia de propiedad, únicamente tiene por objeto determinar violaciones al mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia 395, publicada en la página 265, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 394351, cuyos rubro y texto son los siguientes: "PROPIEDAD, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA VIOLACIONES AL DERECHO DE. La jurisprudencia que la Suprema Corte de Justicia ha establecido, en el sentido de que las cuestiones de propiedad no pueden decidirse en el juicio de garantías, sin que antes hayan sido resueltas por las autoridades judiciales correspondientes, sólo significa que en el juicio constitucional no puede determinarse a quién de dos partes contendientes corresponde la propiedad de un bien cuestionado; pero cuando no existe tal disputa y se reclama la violación del derecho de propiedad y éste se ha acreditado en debida forma, el amparo es procedente, por violación de las garantías que consagra el artículo 14 constitucional, pues este precepto garantiza contra la privación, sin forma de juicio, no sólo de la posesión, sino de cualquier derecho." Ahora bien, la sucesión quejosa exhibió para acreditar su interés jurídico, copia certificada de las constancias que obran en el juicio sucesorio intestamentario 388/2014, a bienes de la de cujus Elodia Gomora Gómez, en el que obra el instrumento notarial 45722, volumen 802, pasado ante la fe pública del Notario Público número 15, del Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca, del que se advierte que ésta, fue declarada como única heredera a bienes del diverso de cujus Felipe de Jesús Araujo Colín, quien en vida fuera su esposo, y donde se encuentra comprendido el bien inmueble materia de la Litis en el presente juicio de amparo. Por tal razón, este órgano jurisdiccional estima que la sucesión quejosa acredita la existencia del derecho que aduce transgredido, pues se advierte su existencia así como sí tiene interés jurídico para defenderlo; ello en atención al documento idóneo, de fecha cierta (treinta de marzo de dos mil diez), que la acredita como propietaria del bien inmueble en mención. Bajo tales premisas, es que resulta fundado y suficiente el concepto de violación en estudio para conceder el amparo solicitado a la sucesión quejosa, puesto que demostró tener un derecho jurídicamente tutelado sobre el bien inmueble que fue materia del juicio de origen, así como que no fue llamada a éste para poder defenderlo, aunado a que a pesar de ello se resolvió la citada controversia. Por lo que, efectivamente resultó afectado el derecho que la sucesión quejosa tiene sobre el bien inmueble de mérito, sin haber podido acudir en su defensa. Lo anterior, pese al hecho de que la autoridad responsable no haya tenido conocimiento de la existencia de tal derecho, pues lo cierto es que sus derechos estaban involucrados desde el inicio de la controversia de origen, por lo cual, es evidente que debe concederse el amparo a la sucesión quejosa para los efectos siguientes: Se dejen insubsistentes todos los actos realizados en el juicio 883/2014 tramitado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, con residencia en Toluca, Estado de México, hasta el auto admisorio y se ordene emplazar a la sucesión a bienes de la de cujus Elodia Gomora Gómez, por conducto de su representante legal, independientemente de que se emplacen a los demás interesados. Resulta aplicable la tesis XI.5o.(III Región) 2 A (10a.), publicada en la página 1828, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Décima Época, con número de registro 2000617, cuyos rubro y texto son los siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO, ACORDE AL SUPUESTO EN QUE SE UBIQUE. En la práctica judicial del juicio de amparo, se presentan diversos supuestos de persona extraña a juicio: La noción de tercero extraño se desprende del contenido de los artículos 5o., fracción III, inciso a) y 114, fracción V, de la Ley de Amparo. Partiendo de esa base normativa, la jurisprudencia ha desarrollado el concepto del tercero extraño a juicio en el que se sitúan: a) al tercero extraño stricto sensu que se identifica con la persona física o moral distinta de los sujetos que forman parte de una controversia; en este supuesto se ubica el particular que no es parte en el juicio, esto es, no es ni formal ni materialmente actor o demandado; sin embargo, sus derechos están involucrados en la controversia desde su inicio porque las partes se disputan los bienes o derechos del quejoso y, a fin de cumplir con el mandato del artículo 80 de la Ley de Amparo, el remedio constitucional consistirá en concederle el amparo, para que se dejen insubsistentes todos los actos procesales del juicio a partir del auto de inicio, a fin de que la autoridad responsable requiera al actor para que, si lo desea, amplíe su demanda contra el quejoso lo que constituirá una exigencia para darle entrada; b) aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio en el dictado de la sentencia o resolución, o en la ejecución de ésta, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa. De resultar que efectivamente el quejoso es extraño a la controversia, el efecto de la protección constitucional será restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y solamente se constreñirá en reintegrarlo en el goce de sus derechos que le fueron afectados al no ser partícipe de esa relación procesal, pero no implicará la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural al que es extraño, pues la única intención del tercero en comento es simplemente extraer de aquella controversia sus derechos; c) el tercero extraño por equiparación se presenta con: I) El tercero extraño equiparado simple, que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado o se le emplazó incorrectamente, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; en este supuesto, el efecto de una sentencia protectora se traducirá en que se declare nulo el juicio a partir del inexacto emplazamiento, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores, y corresponderá a la autoridad responsable decidir lo que conforme a derecho corresponda, en ejercicio de sus facultades; II) El tercero extraño equiparado por litisconsorcio, que a su vez se manifiesta de dos formas: aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural, que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada; el amparo que llegara a concederse por quedar corroborado el carácter de tercero en comento, habrá de tener como alcance ordenar la reposición del procedimiento a fin de que se prevenga al actor para que amplíe su demanda o la reconvención contra las personas que formen el litisconsorcio necesario, y los efectos de la sentencia de amparo deben extenderse a los codemandados y, el otro, lo representa aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado o se le llamó incorrectamente al juicio, caso en que también, el efecto de una concesión de amparo se constreñirá a la declaratoria de nulidad del juicio a partir del inexacto emplazamiento quedando inválidas todas las actuaciones posteriores, y para que sea llamado a juicio, con la particularidad, en esta modalidad, de que tales consecuencias del fallo protector sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural; y, d) otro supuesto es el del tercero extraño que es afectado por un acto de autoridad que reviste las características de ser un acto privativo, de naturaleza positiva y que se emitió sin respetar la garantía de audiencia; en ese caso, el amparo que se conceda es en forma lisa y llana, para que se deje insubsistente el acto de autoridad, sin que se pueda obligar a la autoridad a emitir otro previo respeto a la garantía de audiencia, pues de hacerlo se rebasaría el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación." De igual forma, es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 19/2009, publicada en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Administrativa, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 167744, cuyos rubro y texto son los siguientes: "COSA JUZGADA. NO SE PRODUCE RESPECTO DEL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO SUCESORIO AGRARIO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 85/2008, de rubro: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", sostuvo que la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales, y en la jurisprudencia P./J. 86/2008, de rubro: "COSA JUZGADA. SUS LÍMITES OBJETIVOS Y SUBJETIVOS.", precisó que esa figura procesal tiene límites. En congruencia con lo anterior, se concluye que no se produce la cosa juzgada respecto del tercero extraño al juicio sucesorio agrario, cuando no formó parte de la relación procesal a pesar de tener interés jurídico para ello, pues al no haber sido llamado a la contienda, no se le dio oportunidad de ser oído y vencido en el juicio sucesorio. Además, en esta situación se presenta tanto un límite objetivo como uno subjetivo de la cosa juzgada, ya que por una parte, aun cuando la pretensión del tercero extraño versa sobre el mismo objeto del juicio sucesorio (es decir, los derechos sucesorios del ejidatario de cujus), no se trata de la misma causa, pues postula su mejor derecho a suceder al ejidatario, cuestión que aún no ha sido resuelta y, por la otra, hay un límite subjetivo a la cosa juzgada en atención a que los litigantes no son los mismos, ya que el tercero extraño precisamente reclama que no se le dio oportunidad de participar en el juicio sucesorio donde se dedujeron los derechos hereditarios que pertenecieron al ejidatario fallecido." Concesión que se hace extensiva a la autoridad responsable Director del Registro Agrario Nacional en el Estado de México, al no reclamarse por vicios propios su actuar, sino como consecuencia del acto ordenador, ya que la inscripción y anotación de ley, así como la cancelación de los asientos registrales que motivaron la expedición del certificado de derechos agrarios número 3060221, y la diversa expedición del documento a favor de María de los Ángeles Araujo Quiroz, que la acredita como ejidataria del Ejido de Santa Cruz Atzcapotzaltongo, del Municipio de Toluca, Estado de México, fueron consecuencia de la sentencia de diecisiete de marzo de dos mil quince, en el juicio sucesorio agrario 886/2014, de la que ya se ha realizado pronunciamiento en diverso apartado de la presente sentencia. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 74, 75, 76, 77, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a la sucesión a bienes de la de cujus Elodia Gomora Gómez, por conducto de su albacea Luis Zacarías Gomora Gómez, contra las autoridades y respecto de los actos precisados en el segundo considerando, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hasta hoy quince de noviembre de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado lo permitieron asistido de la Secretaria que da fe, María Isabel López Mondragón. Doy fe.
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