Vicente Morales Guerrero

Expediente 1255/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1255/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Vicente Morales Guerrero

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este juicio el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a la autoridad responsable esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Remisión al archivo de trámite. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º fracciones VII y IX y 8º fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se considera que el presente es un asunto total y definitivamente concluido y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el mismo, se ordena su remisión al ARCHIVO DE TRÁMITE. Valoración documental. En términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 20, del citado Acuerdo General, debido a que el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional, misma que causó estado en esta data, se determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Por lo que, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que el mismo NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Criterios que deberán hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 34 segundo párrafo del mencionado Acuerdo General; sin que en el caso obre documento original que deba devolverse. Transferencia. Se deberá solicitar la transferencia de este expediente, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que se cumplan TRES AÑOS de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, esto es, a partir del día en que se actúa. Digitalización. Conforme a lo dispuesto en el numeral 9, segundo párrafo, del Acuerdo General en cita, todas las constancias y documentos del expediente físico deberán encontrarse digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Tratándose de constancias y documentos electrónicos, no será necesaria su incorporación al expediente físico, por lo que el trámite de éste deberá realizarse con las constancias y documentos impresos existentes, en términos de la normativa aplicable. Notifíquese por medio de lista; y mediante oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Visto el oficio de cuenta, signado por la Apoderada Legal de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, mediante el cual, en atención al requerimiento ordenado en proveído de doce de septiembre de dos mil veintitrés, comunica las acciones relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Asimismo, la oficiante manifiesta que el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, al recibir el quejoso la atención médica en Clínica de Heridas del Hospital General de Matehuala, su esposa refirió que el directo agraviado ya no quiere acudir a las consultas. Requerimiento. En atención a lo anterior, requiérase al quejoso, para que dentro del término de tres días, manifieste ante este juzgado si es su deseo continuar con el servicio médico brindado por parte del Hospital General de Matehuala. En el entendido, que de no realizar manifestación al respecto, se procederá a resolver lo que en derecho corresponda en relación con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Para lo cual, se comisiona a la Actuaria Judicial de la adscripción a efecto de que se constituya en días y horas inhábiles en el domicilio de la quejosa, para que notifique de manera personal el presente auto al directo quejoso. Se faculta a la Actuaria de este Juzgado para que en el acto de la diligencia, requiera a ********************, para que ante su presencia manifieste lo relativo a su deseo de continuar con la atención médica proporcionada por el referido nosocomio. De todo lo cual la fedataria judicial deberá levantar la razón correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y por medio de lista.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que no es cierto el acto que se le reclama a la referida autoridad. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que remitieron en vía de justificación, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en el momento procesal oportuno. Domicilio para oír y recibir notificaciones y delegados. De conformidad con el numeral 9° de la citada legislación, se tienen como delegados de su parte a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Sobreseimiento fuera de audiencia. Del estado de autos se advierte que la parte quejosa reclama del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, la omisión de acordar petición presentada en fecha quince de marzo del año en curso, en el juicio ordinario laboral ********************. Sin embargo, del anexo que acompañó la autoridad responsable junto con su informe justificado, al cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se colige que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos, toda vez que el Tribunal responsable, el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, emitió una determinación en la que se acordó la petición presentada el quince de marzo del año en curso, ello en el juicio ordinario laboral ********************. Por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos de la omisión reclamada ha desaparecido de modo absoluto, pues el acto negativo en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos fecha audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del dos de octubre de dos mil veintitrés, en autos del presente juicio de amparo. Notifíquese por lista; personalmente a la parte quejosa y mediante oficios que se remitan a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Púbico de la Federación adscrito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Recepción de escrito. Con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese únicamente a los autos, el escrito de cuenta signado por********************ya que como se advierte del auto de veinte de junio de dos mil veintidós, por los motivos ahí expuestos se le tuvo autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo tanto no se encuentra facultado para promover en el presente juicio. Requerimiento. Sin perjuicio de lo anterior, requiérase al Director General del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", que presta los servicios del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, dentro de los tres días siguientes a la data en que desahogue este requerimiento, fije fecha y hora para que la aquí quejosa pueda ser valorada por el médico tratante y, este último determine el tratamiento médico que le deberá ser suministrado a la aquí quejosa atendiendo al padecimiento que la afecta. Con la precisión de que dicha cita la deberá hacer del conocimiento de la parte quejosa de inmediato, con el fin de que lo más pronto posible se reanude la atención médica a que tiene derecho. De todo lo cual, deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho y el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Apercibimiento. En caso de que la autoridad citada no dé cumplimiento a los requerimientos que anteceden, dentro del plazo concedido, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 258 del ordenamiento legal en cita; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. Notifíquese por medio de lista y por oficio a la autoridad responsable.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Martha Berenice Lizardo Ozaine, Secretaria que autoriza y da fe.

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