Vicente Martínez Martínez

Expediente 1352/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1352/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
30/09/2022

Partes del expediente

  • Vicente Martínez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de septiembre de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que no fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". En consecuencia, lo procedente es conceder a Vicente Martínez Martínez, el amparo y protección de la justicia de la Unión solicitado contra el acto reclamado consistente en la resolución emitida el dos de agosto de dos mil veintiuno, dictada en los autos del expediente laboral 01/1248/07, que declara improcedente el recurso de revisión contra actos del presidente, interpuesto contra el auto de diecisiete de enero de dos mil veinte, para los efectos siguientes: Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente la determinación reclamada. En su lugar, dicte una nueva resolución en la que, con plenitud de jurisdicción, pero purgando los vicios formales precisados que afectaban la anterior determinación, se pronuncie de manera completa por cuanto a la legalidad del auto recurrido. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, remitió mediante oficio 1909/2022 de nueve de septiembre de dos mil veintidós, remitió copia certificada de la resolución de nueve de septiembre de dos mil veintidós, donde ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el dos de agosto de dos mil veintiuno, en autos del juicio laboral 01/1248/2007, relativa al recurso de revisión contra actos del Presidente de la Junta responsable y procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que mediante determinación de nueve de septiembre de dos mil veintidós, ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el dos de agosto de dos mil veintiuno, en autos del juicio laboral 01/1248/2007, relativa al recurso de revisión contra actos del Presidente de la Junta responsable y procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo y con libertad de jurisdicción fundando y motivando su nuevo actuar dio respuesta a los agravios formulados por el recurrente haciendo saber los hechos y motivos de su nueva determinación la cual declaró improcedente el recurso de revisión; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable una vez que cause ejecutoria la sentencia, deje insubsistente la determinación reclamada, en su lugar, dicte una nueva resolución en la que, con plenitud de jurisdicción, pero purgando los vicios formales precisados que afectaban la anterior determinación, se pronuncie de manera completa por cuanto a la legalidad del auto recurrido. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°; se advierte que mediante resolución de nueve de septiembre de dos mil veintidós, ordenó dejar sin efectos la determinación emitida el dos de agosto de dos mil veintiuno, en autos del juicio laboral 01/1248/2007, relativa al recurso de revisión contra actos del Presidente de la Junta responsable y procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo y con libertad de jurisdicción fundando y motivando su nuevo actuar dio respuesta a los agravios formulados por el recurrente haciendo saber los hechos y motivos de su nueva determinación la cual declaró improcedente el recurso de revisión; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Hago constar que notifico la determinación de fecha trece de septiembre de dos mil veintidós, al tercero interesado Albert Safadi Mizreb; por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de la pandemia Covid-19 que se vive en la actualidad; así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de La Federación; lo anterior, con fundamento en la fracción III inciso a) del artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós: Cuernavaca, Morelos, trece de septiembre de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Yuridia Ibarra Rojas, presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada el nueve de septiembre de dos mil veintidós en el juicio laboral 01/1248/2007. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con el acuse de recibo dirigido a la autoridad responsable, mediante el cual se le comunica la sentencia dictada en los presentes autos, ya que lo anterior no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo. Ahora, remítase a la autoridad responsable copia de la sentencia dictada en autos, para que esté en posibilidades de dar cumplimiento a la misma. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridades responsables, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir del momento al en que queden notificadas del presente auto, cumplan con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibidas que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se les hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se les hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: Décima época Registro: 2007912 Instancia: Pleno Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, noviembre de 2014, tomo I Materia: Común Tesis: P./J. 60/2014 Página: 7 "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de abril de dos mil veintidós. De conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, téngase por recibida la razón de imposibilidad signada por la Actuaria adscrita de ocho de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tiene de notificar al tercero interesado Albert Safadi Mizreb, la resolución de uno de abril del año en curso, por el motivo que ahí expone. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte, la resolución de referencia y subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista; sin perjuicio de que con posterioridad señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTITICAR AL TERCERO INTERESADO ALBERT SAFADI MIZREB POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUCIÓN DE FECHA UNO DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIDÓS EN LA QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el uno de octubre de ese año, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Vicente Martínez Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Acto reclamado: "La. resolución de 2 de agosto de 2021. que. declara improcedente el recurso de revisión de actos de ejecución en contra del Presidente Ejecutor en el juicio laboral 01/1248/07." SEGUNDO. En auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno, esta autoridad registró la demanda con el número 1352/2021, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que el acto reclamado emana de una autoridad que radica dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la novena época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable la interlocutoria de dos de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el juicio laboral 01/1248/07. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, pues así se advierte del contenido del informe justificado; lo que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias que integran el juicio laboral 01/1248/07; documental que por ser de carácter público goza de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, materia común, consultable a página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, tomo VI, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el presente asunto, las partes no invocaron causas de improcedencia, tampoco este Juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien alguna derivada de la propia legislación o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Al no haberse invocado causales de improcedencia, ni advertirse la actualización de alguna por verificar, procederá a avocarse al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, cuya transcripción es innecesaria dado que el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni algún otro dispositivo impone al juzgador la obligación de transcribirlos o sintetizarlos para proceder a su examen, ni se advierte la necesidad de ello para responderlos. Lo anterior acorde a la jurisprudencia 2ª/J. 58/2010, de la novena época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, correspondiente a mayo de 2010, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El quejoso, en sus conceptos de violación, estima violados los artículos 14 y 16 constitucionales; al respecto aduce que, como se señaló en el recurso de revisión presentado ante la responsable, el acuerdo que emita cualquier autoridad debe estar motivado en su contenido y fundado en la norma; sin embargo, tal y como se puede advertir en el contenido del acuerdo dictado por el Presidente Ejecutor, en el punto cuarto, refiere: "Cuarto: En el mismo orden de ideas, cabe hacer mención que en términos del artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, al ser competencia del Presidente la ejecución de los laudos se considera que es también su potestad declarar la prescripción de la acción de ejecución como ha quedado expuesto razón por la cual el presente acuerdo es emitido por la Presidenta de esta Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, estimación que se corrobora con la tesis jurisprudencial, cuyo rubro y datos de identificación a continuación de transcribe." De ello se desprende, estima el quejoso, que quien emitió el acuerdo fue Presidente diverso a la de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y, por lo tanto, al ser una autoridad diversa a la del conocimiento del juicio al rubro citado (se refiere al rubro del acuerdo emitido en el juicio laboral), dicho acuerdo carece de motivación; no obstante que la firma que calza el acuerdo es aparentemente la de la Presidenta de la Junta Tres. Por todo lo anteriormente señalado, el quejoso solicita se le conceda el amparo y protección de la Justicia Federal, ordenando dejar sin efectos el acuerdo de dos de agosto de dos mil veintiuno, ya que violenta sus garantías constitucionales por la indebida fundamentación y motivación del mencionado acuerdo. El anterior motivo de disenso, aun en caso de declararse fundado sería inoperante, ya que no podría tener el alcance de modificar el sentido del acto reclamado. En efecto, de una lectura al auto de diecisiete de enero de dos mil veinte, se advierte en lo que interesa: ".esta Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos."; cuando lo cierto es que el expediente de origen 01/1248/07, se encuentra substanciado ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje. En efecto, existió un error en el cuerpo del acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veinte, al sostener que la emisión del acto fue emitida por la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; sin embargo, tal situación no puede tener el alcance de modificar el sentido del acto reclamado, puesto que a nada práctico llevaría una eventual concesión, para el único efecto de que rectificara tal error mecanográfico, cuando lo cierto es que la resolución fue emitida por la Junta competente, como se desprende del calce de la resolución, lo cual se adminicula con el oficio signado por la misma Presidenta de la Junta responsable al rendir su informe justificado. No obstante lo anterior, en suplencia de la queja deficiente, este órgano de control constitucional advierte un motivo para conceder la protección de la justicia federal solicitada, pues la resolución impugnada transgrede los principios de congruencia y exhaustividad. Bajo ese contexto, previo a demostrar la aseveración que antecede, es pertinente precisar el contenido del segundo párrafo del referido artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." La porción normativa transcrita regula el derecho humano de acceso a la justicia, también denominado "tutela jurisdiccional", que consiste en el derecho público subjetivo que tiene toda persona para exponer una pretensión o a defenderse de ella, ante tribunales independientes e imparciales, quienes de manera expedita, dentro de los términos y plazos que fijan las leyes, seguirán un proceso en el que se resuelva sobre dicha exigencia o defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia 1a. J. 42/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que dice: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." En ese contexto, es necesario indicar que el derecho humano en comento está conformado por varios principios que deben ser observados por las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, como en el caso lo es la Sala del Tercer circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. De esta manera, los aludidos principios son: Justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades de resolver las cuestiones sometidas a su potestad dentro de los plazos y términos que fijan las leyes. Completa, relativo a que se emita una determinación sobre los puntos debatidos, en la que se aplique la ley al caso concreto y se puntualice si les asiste la razón o no. Imparcial, inherente a que la resolución que se dicte debe estar apegada a derecho y sin favoritismo sobre alguna de las partes. Gratuita, estriba en que los funcionarios encargados de impartir justicia no cobrarán emolumento alguno por dicho servicio. Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 192/2007 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Bajo esa perspectiva, conforme al principio de justicia completa previsto en el aludido artículo 17 de la Constitución Federal, toda resolución judicial debe cumplir con los subprincipios de congruencia y exhaustividad. De esta manera, por el segundo de los mencionados, debe entenderse la obligación del juzgador de atender todas las pretensiones, excepciones o agravios, en el caso de los recursos, que hagan valer las partes, esto es, resolver todos los puntos que le son sometidos a su conocimiento sin dejar ninguno pendiente de solucionar. Por otro lado, la congruencia en una resolución judicial se subdivide en dos aspectos: El primero de ellos, denominado interno, implica que la sentencia no contenga afirmaciones o resoluciones contradictorias entre sí.El aspecto externo, estriba en que la sentencia debe ser emitida en concordancia con la litis planteada por las partes, sin omitir ni añadir cuestiones que no hicieron valer aquéllas. Tiene aplicación la Jurisprudencia I.1o.A. J/9 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el epígrafe y texto que a continuación se transcriben: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos." Asimismo, es aplicable el criterio aislado XXI.2o.12 K sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, la cual es del rubro y texto siguientes: "SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. El principio de congruencia que debe regir en toda sentencia estriba en que ésta debe dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo, la interna. En la especie, la incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna, puesto que se señalan concretamente las partes de la sentencia de segunda instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmándose que mientras en una parte se tuvo por no acreditada la personalidad del demandado y, por consiguiente, se declararon insubsistentes todas las promociones presentadas en el procedimiento por dicha parte, en otro aspecto de la propia sentencia se analiza y concede valor probatorio a pruebas que específicamente fueron ofrecidas y, por ende, presentadas por dicha persona; luego, esto constituye una infracción al principio de congruencia que debe regir en toda sentencia." Por su parte, el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, dispone: "Artículo 842.- Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente." En relación a los principios de congruencia y exhaustividad existen las jurisprudencias siguientes: "LAUDOS CONGRUENTES. LO SON AQUELLOS QUE ADEMÁS DE RESOLVER CON BASE EN LAS ALEGACIONES Y PRUEBAS DE LAS PARTES, CONTIENEN LOS RAZONAMIENTOS O CONSIDERACIONES QUE DAN CONSISTENCIA A LA ABSOLUCIÓN O CONDENA. El requisito de congruencia a que se refiere el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, no sólo implica la necesidad de que las Juntas se pronuncien absolviendo o condenando respecto de las prestaciones reclamadas con base en las alegaciones y pruebas de las partes, es decir, haciendo la declaratoria respectiva, sino que es preciso, además, que tal declaratoria esté precedida de los razonamientos o consideraciones que, fundados en dichas alegaciones y pruebas, den consistencia a la absolución o a la condena; de otro modo, el laudo no cumpliría con las exigencias de los artículos 840, fracción VI, y 841 de la propia ley." (Jurisprudencia I.6o.T. J/112, Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, novena época, página 1007). "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad implica que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal." (Jurisprudencia IV.2o.T. J/44, Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, novena época, página 959). El artículo y jurisprudencias transcritos establecen la obligación de las autoridades de fundar y motivar debidamente sus determinaciones, a fin de cumplir, entre otros, con los principios de precisión, congruencia y exhaustividad. Esto es, el principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos, en este caso respecto a los agravios formulados al interponer el recurso de revisión, de tal forma que se declare fundado o no el medio de defensa presentado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. En el caso, del auto de diecisiete de enero de dos mil veinte, se advierte que la Junta responsable declaró prescrita la ejecución del laudo dictado en autos. Por otra parte, el actor aquí quejoso se inconformó en contra de dicho auto, por lo cual, mediante resolución de dos de agosto de dos mil veintiuno, la Junta responsable declaró improcedente el aludido medio de defensa. No obstante ello, la responsable fue omisa en abordar de manera exhaustiva el análisis de legalidad del auto recurrido. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía al presente asunto, la jurisprudencia XXI.1o. J/2, con registro digital 203126, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que establece: "AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. SU FALTA DE ESTUDIO ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS Y HACE INNECESARIO RESOLVER ACERCA DE LOS DEMÁS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Si el fallo combatido es omiso en el estudio de los agravios formulados al respecto, y nada se dice para declararlos infundados o inoperantes, se advierte una franca violación al artículo 364 del Código Federal de Procedimientos Penales, en su primera parte, en la que establece que la segunda instancia se abrirá a petición de parte legítima para resolver sobre los agravios que estima el apelante le cause la resolución recurrida. Ahora bien, si conforme al artículo ya citado y lo dispuesto además por el diverso 363, el recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine si en la sentencia recurrida se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios que regulan la valoración de las pruebas o si se alteraron los hechos, es obvio que el fallo de segunda instancia tiene que abordar el estudio completo de los agravios hechos valer por el apelante, pues constituyen éstos la materia de la alzada, no siendo legalmente suficiente con que el fallo del ad quem exprese que la resolución de primer grado debe confirmarse, sin que antes funde y motive el desechamiento de los aspectos y problemas jurídicos planteados en los agravios, con mayor razón si en el pliego respectivo el apelante pretende desincorporarse del tipo delictuoso en que fue comprendido, asegurando, que éste fue mal clasificado atenta su conducta delictuosa, si es que la hubo. Por estas razones, se estima que la sentencia así dictada es violatoria de garantías contra el quejoso y, sin que sea necesario el estudio de los demás conceptos de violación, procede que se le conceda el amparo a aquél, para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente su fallo y dicte uno nuevo, previo el estudio de todos los agravios hechos valer en la apelación, resolviendo en consecuencia lo que estime legalmente procedente." Asimismo, el criterio aislado III.2o.C.36 K emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto son: "CONGRUENCIA EXTERNA Y EXHAUSTIVIDAD. EL TRIBUNAL RESPONSABLE INCURRE EN INFRACCIÓN A DICHOS PRINCIPIOS, SI AL RESOLVER LA APELACIÓN PRINCIPAL, NO SE PRONUNCIA SOBRE LA ANUNCIADA COMO ADHESIVA, Y EN EL JUICIO DE AMPARO HAY EVIDENCIA DE QUE EL ESCRITO RESPECTIVO FUE PRESENTADO CON ANTERIORIDAD A QUE EL JUEZ DE ORIGEN REMITIERA LOS AUTOS A LA ALZADA. En atención a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen a las resoluciones judiciales, la autoridad jurisdiccional está obligada a resolver cualquier controversia, ya sea definitiva o interlocutoria, en concordancia y respuesta de todos y cada uno de los planteamientos materia del debate que las partes hagan valer para sostener sus derechos, sin incurrir en contradicciones por cuanto ve a las declaraciones, consideraciones y afirmaciones en ella expresados, sin omitir el análisis de alguno por lo que, deberá tomar en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en la contestación y demás pretensiones hechas valer en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado. Por tal motivo, tratándose de una sentencia de segunda instancia que dirima la apelación interpuesta contra la sentencia definitiva de primer grado, el tribunal ad quem debe analizar y responder la totalidad de planteamientos de las partes; de manera que, si juntamente con la apelación principal se promueve apelación adhesiva, deberá analizar tal recurso, ya sea que lo desestime o haga suyos los argumentos ahí contenidos, para lo cual, necesariamente debe pronunciarse con antelación si admitió o no el recurso. En el anterior contexto, aun cuando en las actuaciones que integran la alzada no exista evidencia de que la quejosa hubiese planteado apelación -adhesiva o principal-, o escrito alguno con posterioridad al de apelación presentado por su contraparte, si en el trámite del juicio de garantías, para acreditar su dicho, allega documentales que contienen sellos oficiales y sendas razones de recibo que justifica su presentación ante la Oficialía de Partes Común del Consejo General del Poder Judicial del Estado, es evidente que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego, si de tales escritos se advierte, que fueron presentados con fecha anterior a que el Juez natural remitiera los autos al tribunal de alzada para la sustanciación del recurso de apelación principal, la omisión injustificada del Juez primario impidió a la Sala responsable pronunciarse sobre la procedencia de la apelación adhesiva lo que trascendió a la sentencia definitiva y en ese orden, debe concederse el amparo por violación a los principios de congruencia y exhaustividad para que la responsable en primer término, se pronuncie en cuanto a la admisión o desechamiento del recurso de apelación y en caso de admitirlo, efectuar el examen de todas las cuestiones controvertidas." Por consiguiente, dado que la concurrencia de los vicios anotados aquéllos trae como lógica consecuencia que se constriña a la autoridad responsable a emitir un nuevo fallo en el que analice la agravios hechos valer por la quejosa, para que esté en aptitud de conocer los motivos que condujeron a aquélla a dictar la resolución en el sentido en el que lo hizo y defender sus derechos fundamentales que le asisten, es innecesario atender a las cuestiones de fondo alegadas. Sustenta lo anterior, el criterio I.6o.C.3 K (10a.) emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA SU VIOLACIÓN. La violación al principio de congruencia, en términos generales, da lugar a conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia o resolución que constituyan el o los actos reclamados, y se dicten las nuevas resoluciones o sentencias correspondientes, en las que se repare la violación en que haya incurrido la autoridad responsable de que se trate; empero, la restitución se constriñe a realizar el estudio que, en su caso, se hubiera omitido y no así, a resolver la controversia, necesariamente, en un determinado sentido, toda vez que en ese aspecto la autoridad responsable goza de plenitud de jurisdicción y arbitrio judicial." En consecuencia, lo procedente es conceder a Vicente Martínez Martínez, el amparo y protección de la justicia de la Unión solicitado contra el acto reclamado consistente en la resolución emitida el dos de agosto de dos mil veintiuno, dictada en los autos del expediente laboral 01/1248/07, que declara improcedente el recurso de revisión contra actos del presidente, interpuesto contra el auto de diecisiete de enero de dos mil veinte, para los efectos siguientes: Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente la determinación reclamada En su lugar, dicte una nueva resolución en la que, con plenitud de jurisdicción, pero purgando los vicios formales precisados que afectaban la anterior determinación, se pronuncie de manera completa por cuanto a la legalidad del auto recurrido. Finalmente, al ser fundado el concepto de violación en cita, resulta innecesario el estudio de los restantes motivos de inconformidad, en atención a que no podría variar el sentido del presente fallo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 683, sustentada por el Segundo Tribunal del Sexto Circuito, que dice: "CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS. Cuando el amparo se va a conceder al considerarse fundado uno de los conceptos de violación, lo que va a traer como consecuencia que quede sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado, es innecesario hacer el estudio de los demás conceptos de violación expresados por la quejosa y que tienden al fondo de la cuestión propuesta, porque los mismos serán objeto del estudio que realice la autoridad responsable al emitir el nuevo fallo en cumplimiento de la ejecutoria, ya que de hacerlo la potestad federal, se sustituiría a la responsable, siendo que dicho análisis corresponde a la misma al haber reasumido jurisdicción." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a Vicente Martínez Martínez, respecto del acto y autoridad precisados en la parte considerativa de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy uno de abril de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe

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