Vicente Jimenez Torres

Expediente 42/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
42/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
08/03/2021

Partes del expediente

  • Vicente Jimenez Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, del estado de autos se advierte se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a) de la propia Ley, contra el auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales. Al tratarse de un asunto totalmente concluido; se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Publicación de datos personales Finalmente, se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Ratificación y desahogo Vista la diligencia que antecede, de la que se advierte que el quejoso ********** ratificó el contenido y firma del escrito presentado el doce de febrero del año en curso, mediante el cual desahoga la prevención formulada el veintidós de enero del año en curso. Improcedencia del juicio Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo indirecto deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia, que es acorde con el texto vigente de la Ley de Amparo, cuyos datos de localización son: Novena Época, Registro: 193379, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Materia(s): Común, Tesis: I.6o.C. J/19, Página: 730 de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, este juzgador advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable, pues, se advierte que se actualiza la hipótesis prevista en el referido numeral 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por considerar que la presentación de la demanda de amparo fue hecha en forma extemporánea, atendiendo a las siguientes consideraciones: Acto reclamado. Del análisis realizado a la demanda de amparo que nos ocupa, se aprecia que la parte quejosa Vicente Jiménez Torres señaló como acto reclamado: ".Reclamo de las autoridades señaladas como ORDNADORAS el acuerdo que me fue notificado el 27 de noviembre del año dos mil veinte, en donde se aplica inexactamente el articulo 73 fracción I del Código Penal en vigor en el Estado, violentando los derechos humanos a mi libertad personal, puesto que la multa que se me está imponiendo para garantizar mi libertad personal es excesiva, misma que por las condiciones que estamos viviendo me es imposible liquidar." En ese tenor, debe decirse que en el caso que nos ocupa, se actualiza de manera clara y patente la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, éstos de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". El primero de los artículos en comento, alude a la causa de improcedencia consistente en que si el amparo no se promueve dentro de los plazos legales establecidos en la ley de la materia, se considerará consentido tácitamente el acto reclamado, salvo los casos cuando se reclaman normas de carácter general. El segundo numeral, establece el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo; salvo los supuestos previstos en el propio numeral. En ese contexto, dada la naturaleza del acto reclamado, se tiene que el mismo no encuadra en ninguna de las excepciones a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio; de ahí que la parte quejosa para formular su demanda de amparo contra los actos que reclama, se encuentra sujeto al plazo de quince días que establece el citado precepto legal. Eso es, porque no se advierte que se encuentre en los casos de excepción que prevé el numeral aludido. Ahora, es importante destacar que el artículo 18 de la Ley de Amparo, previene tres hipótesis, a partir de las cuales da inicio el referido plazo. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis, consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, inicia a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Los preceptos legales antes transcritos prevén que el término para promover la demanda de amparo es de quince días, de manera genérica, y salvo las excepciones mencionadas, el que se contará, entre otros casos, desde el día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, o bien el día siguiente al que haya surtido efectos la notificación, se haya ostentado sabedora del acto que reclama, o bien impuesto de su contenido. En la especie, el acto reclamado, consistente en el acuerdo que bajo protesta de decir verdad, refiere le fue notificado el veintisiete de noviembre del año dos mil veinte, en donde se aplica el artículo 73 fracción I del Código Penal en vigor en el Estado de Tabasco. De lo anterior, se advierte que se actualiza el primer supuesto que prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo, en el que el cómputo para presentar la demanda de amparo, comienza a transcurrir desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. En tal virtud, el plazo de quince días que tenía la quejosa para promover el juicio de amparo, comenzó a contar a partir del día siguiente en que surtió efectos la notificación del acto reclamado, esto es, el treinta de noviembre de dos mil veinte y venció el catorce de enero de dos mil veintiuno, con exclusión de los días sábados y domingos, por ser inhábiles en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo y los comprendidos en el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno, por disposición del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante la contingencia por el virus Covid-19. Para robustecer lo anterior, se anexa la siguiente tabla: CÓMPUTO. NOVIEMBRE DE 2020 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVE S VIERNES 27 NOTIFICACIÓN SABADO 28 DOMINGO 29 30 (1) DICIEMBRE DE 2020 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 01 (2) 02 (3) 03 (4) 04 (5) 05 06 ????????????? 07 (6) 08 (7) 09 (8) 10 (9) 11 (10) 12 13 14 (11) 15 (12) 16 INICIA PERIODO VACACIONAL AUTORIDADES 17 18 19 20 21 (SUSPENSIÓN) 22 (SUSPENS IÓN) 23 (SUSPENSIÓN) 24 (SUSPENS IÓN) 25 (SUSPENSIÓ N) 26 27 28 (SUSPENSIÓN) 29 (SUSPENS IÓN) 30 (SUSPENSIÓN) 31 (SUSPENS IÓN) ENERO DE 2021 LUNES MARTES MIERCO LES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 1 (SUSPENSIÓ N) 2 3 4 (SUSPENSIÓN) 5 (SUSPENS IÓN) 6 (SUSPENS IÓN) 7 (SUSPENSIÓN) 8 (SUSPENSIÓ N) 9 10 11 (SUSPENSIÓN) 12 - REANUDA CIÓN (13) 13 (14) 14 (15) Vence plazo 15 días 15 16 17 18 19 20 21 Presentación de la demanda 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Por tanto, si el peticionario de amparo presentó la demanda que dio origen al presente juicio constitucional hasta el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, según se advierte de la papeleta impresa por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco (foja 1), resulta claro que ello se hizo fuera del plazo de que disponía para hacerlo, lo que evidencia la extemporaneidad en la presentación de la referida demanda. Resulta aplicable, la Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 291, Tomo II, Agosto de 1995, Materia Común, registro 204707, de rubro y texto, siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Por tanto, toda vez que el quejoso no ejerció en el plazo legal estipulado para ello, la acción de amparo, es evidente que consintió tácitamente el acto reclamado, y en esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, 18 y 113, todos de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo respecto del acto reclamado, por su notoria e indudable improcedencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL AUTO DE DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, quince de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se provee; téngase por recibido e intégrese a los autos para que surta los efectos legales el escrito signado aparentemente por el quejoso ********** mediante el cual pretende desahogar la prevención realizada en proveído de ocho de febrero del año en curso. Sin embargo la firma que calza la promoción en comento es diferente en sus trazos a la que obra en el ocurso de nueve de enero del año en curso, de ahí que no exista correspondencia entre las rúbricas referidas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezca a este Juzgado Federal, a ratificar el contenido y firma del memorial que se atiende, previa identificación correspondiente, apercibido que de no hacerlo o no reconocerla como propia se tendrá por no presentado dicho ocurso, advirtiéndole de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 261 de la Ley en aplicación, que en lo conducente establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. II Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Sirve de apoyo la jurisprudencial 3a., 24, visible en la página 385 del Semanario Oficial de la Federación, Octava Época, tomo III, Pleno y Salas, Primera Parte, correspondiente a los meses de enero a junio de 1989, del tenor literal siguiente: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA.- Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente no equivale la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas". En virtud de lo anterior, se instruye al actuario judicial adscrito, para que en términos del artículo 6, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, una vez que haya notificado al promovente Vicente Jiménez Torres, genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ", dentro del término que le fue concedido, y le haga llegar el Código QR, con confirmación de recibo que quede en autos. Asimismo, se hace del conocimiento al referido promovente, que en caso de comparecer ante este Juzgado de Distrito, deberá hacerlo bajo las medidas de prevención implementadas con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a efecto de salvaguardar su integridad física y la de los integrantes de este órgano jurisdiccional, apercibido que en caso omiso, no se estará en aptitud de desahogar la diligencia de ratificación correspondiente. Notifíquese en términos de ley.

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