Vicente Javier Guillen Espinosa
Expediente 538/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 538/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/05/2016
Partes del expediente
- Sergio Diaz Cisneros y Otros.
- Vicente Javier Guillen Espinosa
- Vicente Javier Guillen Espinosa y Otros.
- Sergio Diaz Cisneros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra los autos de veintisiete de abril, así como el diverso de tres de mayo, ambos de la anualidad en curso, en los que se sobreseyó fuera de audiencia en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Irma Zoraida Campos Navarro, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; tres de mayo de dos mil dieciséis. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la ampliación de la demanda de amparo, dése trámite al incidente de suspensión solicitado por el autorizado de la parte quejosa. Con apoyo en los artículos 138 fracciones II y III y 140, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir por duplicado, dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole para tal efecto una copia simple de la demanda de amparo, en el cual expresará si son o no ciertos los actos reclamados, así como las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, apercibida que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá la multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo vigente. En términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se fijan las doce horas del once de mayo de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: 1. La ilegal autorización y aprobación del convenio de enlace y enrolamiento de veintiséis de marzo de dos mil quince, presentado y firmado por Autotransportes Herradura de Plata, S. A. de C. V., Transportes Urbanos y Suburbanos de Atlacomulco, S. A. de C. V. y Autobuses Rápidos de Monte Alto, S. A. de C. V. 2. La falta de fundamentación y motivación de la ilegal autorización y aprobación del convenio de enlace y enrolamiento de veintiséis de marzo de dos mil quince, presentado y firmado por Autotransportes Herradura de Plata, S. A. de C. V., Transportes Urbanos y Suburbanos de Atlacomulco, S. A. de C. V. y Autobuses Rápidos de Monte Alto, S. A. de C. V. Antes de entrar al estudio de la suspensión, es pertinente precisar que los artículos 107 fracción X de la Constitución General de la República, 128, 129 y 138 fracción I de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario de garantías debe reunir para que sea procedente la suspensión del acto reclamado, las cuales son: que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese contexto legal, destaca que el estudio que debe realizarse atendiendo a la naturaleza de la violación alegada no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, a valorar si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa del quejoso, o más bien, incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio no se le había conferido legalmente. Por tanto, en relación con las consecuencias de los actos reclamados relacionados, se niega la suspensión provisional solicitada, pues no se colma el requerimiento establecido en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que de dicho precepto se advierte qué, para el otorgamiento de la medida suspensiva, el juzgador de amparo debe tomar en cuenta, entre otras circunstancias los daños y perjuicios que con la suspensión se puedan causar a terceros o a la sociedad en general, en el caso se deben tener presente las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con el otorgamiento de la medida suspensional decretada, se causen perjuicios mayores que con los que se pretenden evitar al conceder la medida cautelar y contravenir lo dispuesto en el ordenamiento legal invocado, puesto que la sociedad está interesada en que el servicio público de transporte de pasajeros, se preste de manera eficiente y continúa, lo cual pone de manifiesto que no podría llevarse a cabo la paralización de la prestación del servicio público de transporte de pasaje. Sobre el particular se invoca por identidad jurídica, la tesis publicada en la página 309, con número de registro 216229, tomo XI, junio de 1993, materia administrativa del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSION. DEBE NEGARSE SI SE SOLICITA PARA QUE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS NO PRESTE SIMILAR SERVICIO AL AUTORIZADO A LA SOCIEDAD QUEJOSA. Tratándose de permisos o concesiones para la explotación de un servicio público de transporte de pasajeros, donde el interés general es el que exista el suficiente número de vehículos destinados a prestar dicho servicio para satisfacer las necesidades de la población, es improcedente conceder la suspensión para que una empresa de transporte de pasajeros no preste el servicio en la ruta ya otorgada a la quejosa, puesto que la causa de interés público que concurre en este asunto, esto es, la de que exista el mayor número de medios de transporte, es preponderante para negar la medida cautelar solicitada en términos de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo." Asimismo, se estima aplicable la jurisprudencia 345, publicada en la página 292 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL. El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo." De igual forma, la tesis II.1o.A.23 K, publicada con número de registro 178594 en la página 1515 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2005, tomo XXI, Novena Época, con el contenido siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ALCANCE Y VALORACIÓN DE LOS CONCEPTOS "INTERÉS SOCIAL" Y "ORDEN PÚBLICO", PARA EFECTOS DE SU CONCESIÓN. El vocablo "interés" implica nociones como bien, beneficio, utilidad, valor de algo, importancia, conveniencia y trascendencia. Cuando se ubica en el ámbito social, debe tratarse de un beneficio, utilidad, valor, importancia, conveniencia o trascendencia o bien para la comunidad o sociedad. Asimismo, el vocablo "orden" hace referencia a la idea de un mandato que debe ser obedecido. En el contexto de lo público, es decir, de orden público, puede entenderse como un deber de los gobernados de no alterar la organización del cuerpo social. Tales nociones, en materia de suspensión del acto reclamado, deben plantearse en función de elementos objetivos mínimos que reflejen preocupaciones fundamentales y trascendentes para la sociedad, como las establecidas en el artículo 124 de la Ley de Amparo (funcionamiento de centros de vicio, comercio de drogas, continuación de delitos, alza de precios de artículos de primera necesidad, peligro de epidemias graves, entre otras). Por tanto, para distinguir si una disposición es de orden público y si afecta al interés social -nociones que, por cierto, guardan un estrecho vínculo entre sí- debe atenderse a su finalidad directa e inmediata en relación con la colectividad." Y la jurisprudencia 536, publicada con el número de registro 199549 en la página 637 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo III, Materia Administrativa, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." Máxime que el artículo 7.19 del Código Administrativo del Estado de México prevé que las concesiones y permisos de transporte público no otorgan exclusividad, de ahí que no sea procedente la suspensión pedida. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de José Antonio Ruiz Rosales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VII) Vista la certificación, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y para su celebración se fijan las nueve horas con quince minutos del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis.Notifíquese.
- Principal
III) vista la certificación, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte tercero interesada, y realícense las notificaciones subsecuentes, aun las que deberían ser personales, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
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