Vicente Javier Domínguez Vargas
Expediente 1385/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1385/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 28/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Vicente Javier Domínguez Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interponga recurso de revisión contra el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2o, se declara que ha CAUSADO ESTADO dicha determinación. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues éstas sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a las autoridades que se señalaron como responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número XI.3º. 4 k, consultable en la página setecientos seis, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." En ese orden de ideas, toda vez que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; sin embargo, el auto inicial y las resoluciones intermedias, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de accedo a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otra parte, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo citado. Con apoyo en el numeral 21, fracción a), del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de destrucción; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo de mérito; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo del presente, y dentro de los siguientes treinta días, procédase a la destrucción del presente expediente de amparo y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, en términos del penúltimo párrafo del referido precepto 21 del Acuerdo General de mérito. Finalmente, se autoriza al Secretario y/o Actuario de la adscripción a firmar los oficios que deriven del presente asunto Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, por medio del cual rinde su informe justificado. Sin que en el caso, sea necesario dar vista a las partes con el contenido del referido informe, ni las constancias adjuntadas en su apoyo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, en razón a las consideraciones que a continuación se exponen. Ahora, visto el estado de autos, se desprende que el acto reclamado de forma esencial consiste en: omisión de acordar y notificar el auto admisorio, respecto de la demanda laboral presentada el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, por el ahora quejoso, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. En relación al citado acto, la responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, negó su existencia. Por su parte la diversa responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, si bien refirió que es cierto el acto reclamado, manifestó que había quedado inexistente con la emisión del acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintidós, en el que se declaró incompetente y ordenó remitir la demanda laboral a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para conocer del expediente laboral 1575/2021, de su índice, por lo cual, no pudo emitir el auto de inicio. De ahí que respecto a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, y Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, es inexistente el acto reclamado, sin que se aportara prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. En cuanto a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, no obstante negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, de las constancias que rindió como justificación a su informe, se advierte que el acto reclamado es cierto; toda vez que en acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente 1649/2021(2) de su estadística, admitió a trámite la demanda laboral de que se trata. En ese contexto, no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, en virtud de que respecto a la citada responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, al haber cesado el acto reclamado, de manera que con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado. Así, el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (...)" El análisis gramatical de tal precepto legal permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que, es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como, la diversa tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Lo anterior es así, en consideración a que -como ya se dijo- la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, en esencia la omisión de acordar y notificar el auto admisorio, respecto de la demanda laboral presentada el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, que presentó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Luego, de las constancias que las autoridades responsables remitieron en apoyo a su informe justificado, las cuales merecen plena eficacia probatoria al tratarse de documentos públicos, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintinueve de abril de dos mil veintidós (fojas 86 y 87), la responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, aceptó la competencia planteada por la diversa Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y admitió a trámite la demanda laboral presentada por el aquí quejoso, pues lo tuvo demandando en la vía ordinaria laboral a la empresa demandada que precisó, además de señalar hora y fecha para que tenga lugar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; determinación que notificó al ahora peticionario el tres de mayo de dos mil veintidós (foja 88), así como a las demás partes. Cuestiones de hecho que ocurrieron de forma posterior a la presentación de la demanda -veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, conforme a la boleta de turno-; de ahí, que se considere que han cesado los efectos del acto reclamado al ser destruido por completo de forma total e incondicional; además de que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales circunstancias, al encontrarse acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada ley. De igual forma, en cuanto a las responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al no acreditarse la existencia del acto aquí reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede también sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En el caso, se estima que la presente determinación no transgrede el derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, de acuerdo al cual toda persona tiene derecho a un juicio para determinar sus derechos y obligaciones ante un Juez o Tribunal competente, porque la naturaleza y alcances de dicho principio no implican eludir los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, ya que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Además, que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, esta última en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo en vigor, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, y por ende, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para su celebración, esto es, las DOCE HORAS CON UN MINUTO DEL SIETE DE JUNIO DE ESTE AÑO. En consecuencia, se ordena se realicen las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, rinda su informe justificado respecto a la ampliación de demanda. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para este día y, se señalan las DOCE HORAS CON UN MINUTO DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Sin que haya lugar a notificar personalmente a las autoridades señaladas como responsables el diferimiento de la audiencia constitucional, ello es así, en virtud que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que imponga tal obligación. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación secretarial que antecede, se advierte: Por auto de veinticinco de marzo de este año; se requirió a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para que dentro del término de tres días, contados a partir en que quedara notificada de dicho auto, remitiera copia certificada de la constancia de la que se advierta que la Junta Especial Dos o Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, haya aceptado o no la competencia declinada en su favor, para acordar lo conducente respecto a la diversa ampliación de demanda presentada por la parte quejosa. De la revisión del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como del expediente físico, no obra, ni se aprecia constancia que acredite que la responsable haya quedado notificada de dicho auto. Se consultó con la actuaria judicial encargada de este expediente y refirió que no se ha practicado la notificación señalada. Lo anterior, en razón que el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante aviso de veintiocho de marzo y trece de abril del año que transcurre, informó que del veintiocho de marzo al trece de abril y del trece al veinte de abril del actual, respectivamente; decretó la suspensión de plazos y términos en los diversos procedimientos laborales, como medida necesaria para evitar la propagación y contagio generado por el SARS-CoV2 (COVID 19), como medida necesaria para evitar la propagación y contagio generado por el SARS-CoV2 (COVID 19). Por tanto, para dar margen a lo anterior, en aras del derecho fundamental de tutela judicial efectiva, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, a fin de dar oportunidad a la recepción del informe requerido a la responsable, se difiere la audiencia constitucional programada para este día y, se señalan las DOCE HORAS CON UN MINUTO DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Sin que haya lugar a notificar personalmente a las autoridades señaladas como responsables el diferimiento de la audiencia constitucional, ello es así, en virtud que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que imponga tal obligación. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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