VICENTE HUERTA LOMELI y Otros.

Expediente 747/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
747/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/07/2022

Partes del expediente

  • VICENTE HUERTA LOMELI y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de doce de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción -una vez que transcurran tres años- al haberse desechado la demanda y carecer de relevancia documental. Como lo dispone el Capítulo Décimo Tercero, artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno. Documentos originales. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes.

  2. Principal

    Escrito de demanda signado por *** (firma autógrafa). A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que exista una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Del análisis oficioso que se realiza a la demanda de amparo, se concluye que debe desecharse, conforme a las consideraciones siguientes. Esencialmente la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: El citatorio emitido el veinticuatro de junio de dos mil veintidós dentro de la carpeta de investigación ***, para que el aquí quejoso, en calidad de víctima, comparezca ante la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Familia, Primer Turno sin Detenido. De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando alguna autoridad emita un acto que no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa, lo que implica que en todo caso, el proceder del órgano de gobierno, para ser examinado a través de la instancia constitucional, requiere como presupuesto, ser susceptible de generar perjuicio al gobernado, esto es, que exista un derecho que pueda resultar violado con el acto reclamado, lo que de no actualizarse en el caso concreto, tendría como consecuencia la improcedencia del amparo al no generarse el perjuicio como requisito indispensable para la procedencia de dicho derecho constitucional. En efecto, conviene precisar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es así, como se desprende que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien perjudique el acto o ley que reclama, por consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, es necesario que haya un perjuicio a la parte quejosa o agraviada. Así, el presente juicio de amparo resulta improcedente respecto del citatorio emitido el veinticuatro de junio de dos mil veintidós dentro de la carpeta de investigación ***, ya que por sí solo no lesiona los derechos fundamentales del quejoso. En efecto, la citación al quejoso en su carácter de víctima, no le ocasiona perjuicio alguno en sus derechos fundamentales, ni afecta algún derecho sustantivo, que justifique la procedencia del amparo, ya que es emitido en términos adjetivos, es decir, acorde a lo estipulado por los artículos 90 y 92 del Código Nacional de Procedimientos Penales y por sí solo, no genera afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. De esta manera, el acto reclamado no establece una necesidad de obediencia que lo perturbe en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no acudir ante la autoridad señalada como responsable, al constituir un aviso que hace de su conocimiento que deberá comparecer ante ella, el cual no tiene por objeto privarlo de su libertad. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia señalada. Se tiene por autorizada a ***, únicamente para oír y recibir notificaciones, e imponerse de los autos, por no tener cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación, ni haber acreditado ante este juzgado estar legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogada. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble que menciona la parte quejosa en el proemio de su demanda. En otro orden de ideas, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, en términos del artículo 17 Constitucional. En este orden de ideas, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, prorrogado mediante Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

  3. Principal

    Escrito de demanda signado por *** (firma autógrafa). A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que exista una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Del análisis oficioso que se realiza a la demanda de amparo, se concluye que debe desecharse, conforme a las consideraciones siguientes. Esencialmente la Jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo, y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: El citatorio emitido el veinticuatro de junio de dos mil veintidós dentro de la carpeta de investigación ***, para que el aquí quejoso, en calidad de víctima, comparezca ante la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Familia, Primer Turno sin Detenido. De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, se obtiene que el juicio de amparo resulta improcedente cuando alguna autoridad emita un acto que no afecte los intereses jurídicos de la parte quejosa, lo que implica que en todo caso, el proceder del órgano de gobierno, para ser examinado a través de la instancia constitucional, requiere como presupuesto, ser susceptible de generar perjuicio al gobernado, esto es, que exista un derecho que pueda resultar violado con el acto reclamado, lo que de no actualizarse en el caso concreto, tendría como consecuencia la improcedencia del amparo al no generarse el perjuicio como requisito indispensable para la procedencia de dicho derecho constitucional. En efecto, conviene precisar que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Es así, como se desprende que el ejercicio de la vía constitucional compete a quien perjudique el acto o ley que reclama, por consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, es necesario que haya un perjuicio a la parte quejosa o agraviada. Así, el presente juicio de amparo resulta improcedente respecto del citatorio emitido el veinticuatro de junio de dos mil veintidós dentro de la carpeta de investigación ***, ya que por sí solo no lesiona los derechos fundamentales del quejoso. En efecto, la citación al quejoso en su carácter de víctima, no le ocasiona perjuicio alguno en sus derechos fundamentales, ni afecta algún derecho sustantivo, que justifique la procedencia del amparo, ya que es emitido en términos adjetivos, es decir, acorde a lo estipulado por los artículos 90 y 92 del Código Nacional de Procedimientos Penales y por sí solo, no genera afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. De esta manera, el acto reclamado no establece una necesidad de obediencia que lo perturbe en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no acudir ante la autoridad señalada como responsable, al constituir un aviso que hace de su conocimiento que deberá comparecer ante ella, el cual no tiene por objeto privarlo de su libertad. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia señalada. Se tiene por autorizada a ***, únicamente para oír y recibir notificaciones, e imponerse de los autos, por no tener cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación, ni haber acreditado ante este juzgado estar legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogada. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2°, y en relación al artículo 27, fracción I, de la citada ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble que menciona la parte quejosa en el proemio de su demanda. En otro orden de ideas, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario a fin de que notifique este proveído y los subsecuentes aún en días y horas inhábiles, ya que con ello se privilegia la expeditez en la administración de justicia, en términos del artículo 17 Constitucional. En este orden de ideas, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, prorrogado mediante Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal.

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