Vicente Hernández Hernández
Expediente 106/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 106/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/05/2022
Partes del expediente
- Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México
- Vicente Hernández Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
.-Toluca, Estado de México; dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por Martín Hugo Vázquez Nicolás, por medio del cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo 715/2021-I-C (sic); atento a lo anterior, dígase que en el presente juicio de amparo, fue señalado por la parte quejosa como de tercero interesado; sin embargo, como se advierte de autos, la demanda promovida por *********, fue desechada el diez de marzo de dos mil veintiuno, proveído que causó estado el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, motivo por el cual no cuenta con personalidad reconocida en autos para atender su solicitud. Notifíquese.
- Principal
certificación archivo
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***, sin que el quejoso lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En este contexto, atento a lo ordenado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que: a) El cuaderno principal es susceptible de destrucción (Artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo). Por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, al no tratarse de un expediente con relevancia documental. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General Conjunto de referencia. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de marzo de dos mil veintiuno. De conformidad con lo previsto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, glósese a los autos el escrito de cuenta, a través del cual el quejoso ****, desahoga la prevención formulada el veinticinco de febrero del año en curso; por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento de que fue objeto y se deja sin efectos el apercibimiento con el que se le conminó. De la lectura de la demanda se advierte que el promovente señala como acto reclamado, el acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictado por el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, en el expediente 585/20/2005, en el cual se ordenó el descuento del treinta por ciento de todas sus percepciones. En esas condiciones, la demanda de amparo resulta improcedente, toda vez que, en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia. En efecto, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos citados con anterioridad, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De los preceptos anteriores se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro de juicio que no son de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la actual redacción de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece una definición de lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", entendiéndose por tales los que afectan materialmente derechos sustantivos; en consecuencia, los actos que únicamente ocasionen una afectación a derechos adjetivos o procesales no son impugnables a través del juicio de amparo en la vía indirecta. Igualmente, precisó que para que un acto de autoridad pueda ser calificado como de "imposible reparación", es decir, que afecte materialmente derechos sustantivos, es necesario que se cumplan con las siguientes condiciones: 1. Que las consecuencias de dicho acto deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que ese derecho afectado materialmente revista la categoría de sustantivo, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre tal base, debe decirse que el acto reclamado lo constituye el acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictado por el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, en el expediente 585/20/2005, en el cual se ordenó el descuento del treinta por ciento de todas sus percepciones. Ahora de los antecedentes que narra el quejoso en la demanda y en su escrito aclaratorio se advierte: a) El ahora quejoso es parte demanda en el juicio ejecutivo mercantil 585/2020, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia de Ixtlahuaca, Estado México. b) En dicho juicio, se embargó el sueldo del quejoso, por lo que en auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se ordenó se le retuviera el treinta por ciento de sus percepciones. c) El quejoso contestó la demanda instaurada en su contra, encontrándose el juicio sin impuso procesal hasta el momento. De lo anterior se advierte, por un lado, que el quejoso es parte en el juicio del que derivan los actos reclamados, compareció al mismo y contestó la demanda y debido a la naturaleza del juicio, que es ejecutivo mercantil, se le embargó su sueldo. Luego, es evidente que el acto reclamado se emitió dentro de juicio y no constituye un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo. Así es, los actos combatidos no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictado en el expediente 585/20/2005, en el cual se ordenó el descuento del treinta por ciento de todas sus percepciones, constituyen actos intraprocesales, que no trascienden al resultado del fallo, pues no constituyen una violación que amerite ser estudiada en este momento, además, que la misma no trascienda al resultado del fallo, y para el caso de que ello no sea así, por regla general, dicha violación puede hacerse valer cuando transcienda en el resultado de resolución o sentencia que se emita, mediante el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la sentencia correspondiente, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, de la ley de la materia, en relación con el 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por tanto, el acto reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación, dado que es de aquéllos que no afectan la esfera jurídica del gobernado de manera irreparable. En efecto, la decisión del juez del conocimiento, para la parte quejosa el acto reclamado sólo incide en derechos adjetivos y no produce de manera inmediata afectación a algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal, y por regla general las infracciones al procedimiento sólo producen una afectación a derechos adjetivos que tendrían efectos formales o intraprocesales, los cuales podrían actualizarse hasta el dictado de la sentencia correspondiente, en ese momento se podrá apreciar si la violación procesal alegada trascendió y afectó al quejoso. Además, la reclamada infracción al procedimiento no se encuentra en un caso de excepción a esa regla general, es decir, aun cuando se impugna una violación adjetiva como lo es el acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictado en el expediente 585/20/2005, en el cual se ordenó el descuento del treinta por ciento de todas sus percepciones; lo cierto es que ésta no afecta materialmente derechos sustantivos de la promovente, es decir, no le impide en forma actual y real el ejercicio de un derecho sustantivo como la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, lo que sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece. Sustenta lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, de los datos: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera.". (10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 6, Mayo de 2014; Tomo III; Pág. 1539). También resulta aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, de los datos: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN DENTRO DEL JUICIO. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, AL DEFINIR QUÉ SE ENTIENDE POR ELLOS, NO ES INCONSTITUCIONAL. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al señalar que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no viola el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en éste se establece una hipótesis de procedencia del amparo indirecto, como lo es el que se promueva contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, sin precisar propiamente qué debe entenderse por "imposible reparación", en tanto que, precisamente, es en el primero de estos numerales en donde el legislador ordinario, en su afán reglamentario, define cuáles son esos actos de imposible reparación, y señala que son aquellos que afecten materialmente "derechos sustantivos" tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, no existe una antinomia entre lo preceptuado por dichos preceptos, esto es, que sus consecuencias jurídicas sean incompatibles entre sí a cierto supuesto fáctico, impidiendo su aplicación simultánea; pues el contenido de la ley reglamentaria, al dejar puntualizado cuáles son esos actos de imposible reparación acaecidos durante un procedimiento jurisdiccional, más que contravenir lo establecido por la Constitución complementa el fin esencial de reglamentar la procedencia del propio amparo. Incluso, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", determinó que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, da precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los "actos de imposible reparación", y que con esta aclaración, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para promover el amparo indirecto contra actos dentro de juicio, al establecer la fórmula legal de que esos actos deben calificarse como irreparables. Por tanto, la Ley de Amparo no es contraria a la Constitución Federal en el aspecto destacado, ya que la complementa, al dejar precisado cuáles son los actos de "imposible reparación" acaecidos durante un procedimiento jurisdiccional.". En ese orden, en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por ****, contra actos del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3, fracción III y 22 párrafo IV, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22, párrafo IV, del acuerdo mencionado. Notifíquese personalmente.
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