Vicente Guevara García

Expediente 665/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
665/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/01/2022

Partes del expediente

  • Vicente Guevara García

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guarda los presentes autos, se desprende que el auto donde se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los noventa días siguientes, deberá ser destruido, de acuerdo a lo que ordena el artículo 8.1.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE) y en el libro de gobierno. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Demanda de amparo e identificación del quejoso. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***************, contra actos que reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, en el Estado de San Luis Potosí, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 665/2021. Digitalización Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. Dicho artículo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; lo anterior, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado el siguiente: El auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Tamazunchale, en el que admite las pruebas ofrecidas por las partes en el incidente de compensación deducido del juicio de tramitación especial por divorcio incausado 1456/2020. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, los que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]" De las disposiciones normativas transcritas, se advierte que el amparo indirecto, contra actos, omisiones, o resoluciones provenientes de un juicio, se encuentra limitado en su procedencia, a aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución o en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, lo que implica que una violación procesal que no produzca una afectación de esa naturaleza, así pueda calificarse como exorbitante, no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto, ya que no produce una afectación material de derechos sustantivos. Como se desprende, el legislador, con dicha aclaración, proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían dos condiciones: -La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, -La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual (a diferencia de los sustantivos), sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento seguido en forma de juicio, momento en el cual sus consecuencias pueden consumarse en forma efectiva. Al efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en los derechos humanos y fundamentales previstos en la constitución federal, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución o sentencia favorable en el juicio o procedimiento, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. En estos casos, es procedente el amparo directo, pues como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque la parte afectada obtuviese sentencia o resolución favorable a sus intereses, por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse algún derecho sustantivo. Efectivamente, estos actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que tan solo crean la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por dicha razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia o resolución correspondiente para poder combatirlos mediante el juicio de amparo indirecto o directo, según sea el caso, siempre que afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado del fallo adverso. Entonces, como ya se destacó se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino únicamente derechos procesales o adjetivos; porque: a.- Solo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, y no sustantiva, toda vez que el auto que se reclama no afecta derechos sustantivos (verbigracia, el patrimonio), sino únicamente procesales relacionados con la integración del juicio de origen, en virtud de que solamente se admiten las pruebas ofrecidas por las partes en el incidente de compensación deducido del juicio de origen. b.- Lesión que no trasciende al resultado del fallo, toda vez que los actos reclamados no impiden la debida integración de la litis, sino por el contrario, es a fin de integrar debidamente el sumario judicial; tampoco ocasionan el retardo de la solución del procedimiento o que se siga de manera ociosa; ni determinan definitivamente el rumbo del juicio de origen, por la posibilidad de que la parte quejosa pueda obtener una sentencia favorable. c.- Además, en caso de que la sentencia no fuese favorable, la parte quejosa, estaría en posibilidad de impugnarlas a través del juicio de amparo directo, en el que podría hacer valer las violaciones alegadas como vicios del procedimiento, de conformidad con el artículo 172 de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, al tratarse de una cuestión de pruebas de la contraria a la parte quejosa en el juicio de origen, en todo caso tendrá repercusiones intraprocesales que incluso pudieran ser analizadas en amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva de dicho incidente, como violación procesal. En razón de lo anterior, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Autorizados. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Contreras Amador y Pablo García Rubio, toda vez que cuentan con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer como licenciados en derecho, según se deduce de la consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Domicilio. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida de la Fuentes número 403, entre calle Libra y Leo, colonia Real Campestre, en esta ciudad. Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Expedición de copias. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, expídanse a costa de las partes, las copias de las constancias que integren el presente juicio y de las remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. En el entendido de que a efecto de que se la haga entrega de la copia que soliciten o la obtención de imágenes por medios electrónicos de las constancias existentes en el expediente, la parte interesada deberá generar la cita correspondiente en el Portal Judicial de la Federación, en el micro sitio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para acudir a este juzgado federal, y al efecto se otorgara un código QR, que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional -en un horario de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos, de lunes a viernes-, en la inteligencia de que el límite máximo de la duración de la cita es de veinticinco minutos; por lo que, se le exhorta a presentarse puntualmente en el horario elegido; asimismo, deberá cumplir con las medidas sanitarias establecidas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que en caso de incumplimiento se podrá restringir el acceso o en su caso, se procederá a su expulsión del recinto, de conformidad con el artículo 7 del acuerdo general en cita. Protección de datos personales. Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación actuarial. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Exhortación para utilizar el "juicio en línea". En otro aspecto, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de las personas y la propagación del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que en la medida de lo posible accedan a las herramientas tecnológicas necesarias para efecto de continuar con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Cabe precisar que en el caso de que la anterior exhortación no sea atendida por la totalidad de las partes, no será posible que el presente asunto se trámite mediante el esquema denominado "juicio en línea", en tanto que para que ello sea posible, resulta necesario que todas y cada una de las partes cuenten con acceso a medios electrónicos.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Demanda de amparo e identificación del quejoso. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***************, contra actos que reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, en el Estado de San Luis Potosí, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 665/2021. Digitalización Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. Dicho artículo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; lo anterior, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado el siguiente: El auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Tamazunchale, en el que admite las pruebas ofrecidas por las partes en el incidente de compensación deducido del juicio de tramitación especial por divorcio incausado 1456/2020. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, los que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]" De las disposiciones normativas transcritas, se advierte que el amparo indirecto, contra actos, omisiones, o resoluciones provenientes de un juicio, se encuentra limitado en su procedencia, a aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución o en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, lo que implica que una violación procesal que no produzca una afectación de esa naturaleza, así pueda calificarse como exorbitante, no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto, ya que no produce una afectación material de derechos sustantivos. Como se desprende, el legislador, con dicha aclaración, proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían dos condiciones: -La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, -La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual (a diferencia de los sustantivos), sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento seguido en forma de juicio, momento en el cual sus consecuencias pueden consumarse en forma efectiva. Al efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en los derechos humanos y fundamentales previstos en la constitución federal, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución o sentencia favorable en el juicio o procedimiento, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. En estos casos, es procedente el amparo directo, pues como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque la parte afectada obtuviese sentencia o resolución favorable a sus intereses, por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse algún derecho sustantivo. Efectivamente, estos actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que tan solo crean la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por dicha razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia o resolución correspondiente para poder combatirlos mediante el juicio de amparo indirecto o directo, según sea el caso, siempre que afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado del fallo adverso. Entonces, como ya se destacó se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino únicamente derechos procesales o adjetivos; porque: a.- Solo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, y no sustantiva, toda vez que el auto que se reclama no afecta derechos sustantivos (verbigracia, el patrimonio), sino únicamente procesales relacionados con la integración del juicio de origen, en virtud de que solamente se admiten las pruebas ofrecidas por las partes en el incidente de compensación deducido del juicio de origen. b.- Lesión que no trasciende al resultado del fallo, toda vez que los actos reclamados no impiden la debida integración de la litis, sino por el contrario, es a fin de integrar debidamente el sumario judicial; tampoco ocasionan el retardo de la solución del procedimiento o que se siga de manera ociosa; ni determinan definitivamente el rumbo del juicio de origen, por la posibilidad de que la parte quejosa pueda obtener una sentencia favorable. c.- Además, en caso de que la sentencia no fuese favorable, la parte quejosa, estaría en posibilidad de impugnarlas a través del juicio de amparo directo, en el que podría hacer valer las violaciones alegadas como vicios del procedimiento, de conformidad con el artículo 172 de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, al tratarse de una cuestión de pruebas de la contraria a la parte quejosa en el juicio de origen, en todo caso tendrá repercusiones intraprocesales que incluso pudieran ser analizadas en amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva de dicho incidente, como violación procesal. En razón de lo anterior, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Autorizados. Se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Contreras Amador y Pablo García Rubio, toda vez que cuentan con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer como licenciados en derecho, según se deduce de la consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Domicilio. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida de la Fuentes número 403, entre calle Libra y Leo, colonia Real Campestre, en esta ciudad. Reproducción electrónica. Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Expedición de copias. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, expídanse a costa de las partes, las copias de las constancias que integren el presente juicio y de las remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. En el entendido de que a efecto de que se la haga entrega de la copia que soliciten o la obtención de imágenes por medios electrónicos de las constancias existentes en el expediente, la parte interesada deberá generar la cita correspondiente en el Portal Judicial de la Federación, en el micro sitio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para acudir a este juzgado federal, y al efecto se otorgara un código QR, que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional -en un horario de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos, de lunes a viernes-, en la inteligencia de que el límite máximo de la duración de la cita es de veinticinco minutos; por lo que, se le exhorta a presentarse puntualmente en el horario elegido; asimismo, deberá cumplir con las medidas sanitarias establecidas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que en caso de incumplimiento se podrá restringir el acceso o en su caso, se procederá a su expulsión del recinto, de conformidad con el artículo 7 del acuerdo general en cita. Protección de datos personales. Conforme a los artículos 23, 70 fracción XXXVI, y 73 fracciones II y V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 111 de la Ley General en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Habilitación actuarial. Con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por los actuarios adscritos a este juzgado federal, sólo en caso de que no les sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Exhortación para utilizar el "juicio en línea". En otro aspecto, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de las personas y la propagación del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que en la medida de lo posible accedan a las herramientas tecnológicas necesarias para efecto de continuar con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Cabe precisar que en el caso de que la anterior exhortación no sea atendida por la totalidad de las partes, no será posible que el presente asunto se trámite mediante el esquema denominado "juicio en línea", en tanto que para que ello sea posible, resulta necesario que todas y cada una de las partes cuenten con acceso a medios electrónicos.

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