Vicente Guerrero Romero
Expediente 741/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 741/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Vicente Guerrero Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Recibe ejecutoria. Agréguese el oficio de la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, mediante el cual informa la vinculación electrónica del testimonio de la ejecutoria dictada el diecisiete de febrero del año en curso, así como acompaña los autos originales del juicio de amparo número ********************, promovido por ******************** en su carácter de Titular de la Notaría Pública Número Uno en esta ciudad, contra actos del Secretario de Economía en la Ciudad de México. Acúsese recibo; háganse las anotaciones correspondientes. Comuníquese tal ejecutoria a las responsables en lo conducente, mediante la cual se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se CONFIRMA el auto recurrido. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto ********************, de la estadística del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, en relación con el acto que el quejoso reclamó del titular de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal. TERCERO. Se declara que ha quedado SIN MATERIA el recurso de revisión adhesivo interpuesto por la autoridad responsable titular de la Secretaría de Economía, por conducto de la Directora de Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional de esa misma Secretaría del Estado" Archivo Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. Valoración. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito del licenciado ****autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo de la parte quejosa ****, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra del acuerdo de sobreseimiento fuera de audiencia de veinticinco de agosto del año en curso. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso d), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión de mérito, para lo cual, para los efectos de la tramitación del mismo, córrase traslado con dicho escrito a las partes y una vez que estén debidamente notificadas dentro del término a que alude el numeral 89 de la ley de la materia, remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito en turno, el presente expediente, así como el original y una copia del escrito de expresión de agravios. Notifíquese.
- Principal
I. Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, de lo que se aprecia que existe una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. En el presente asunto, tal como hace valer la autoridad responsable, quien aquí resuelve determina que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." La causal de improcedencia en análisis señala la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio a la parte quejosa por el solo hecho de encontrarse en vigor, sino para originar tal perjuicio, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, precisa de un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, causándole un perjuicio siendo esto lo que lo legitima para acudir a la presente instancia constitucional Así, la figura del interés prevista en el numeral de que se trata se relaciona íntimamente con el principio de instancia de parte agraviada que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, según el cual el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que solicita la protección constitucional, pues dicho precepto dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De la fracción transcrita, se advierte que, para la procedencia del juicio constitucional, se requiere previamente que los gobernados tengan un interés jurídico o legítimo para reclamar sus derechos y que éste resulte afectado por el acto de reclamo. Dicho precepto, en comunión con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejan de manifiesto que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, lo que significa que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservada para quien resiente un perjuicio actual, o bien para quien demuestre la afectación a la esfera jurídica pudiendo ser directa, o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. De ahí la importancia de uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, en cuanto a que éste únicamente puede promoverse si el acto que se reclama afecta la esfera jurídica del promovente; de manera que es condición ineludible para el examen de la controversia constitucional, la causación de un perjuicio contra el particular, que afecte sus intereses jurídicos o legítimos Acorde con ello, el primer presupuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación procesal del accionante de amparo que le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo, que de resultar afectado con el acto autoritario, es necesario acreditar que dicha conducta afecte su esfera de derechos subjetivos públicos. Sentado lo anterior, el peticionario del amparo acude al juicio constitucional doliéndose del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación, específicamente, la regla 3.1.1., así como el diverso transitorio primero, fracción III, que establecen: "3.1.1. Para efectos de las autorizaciones a que se refieren las reglas 3.2.20, 3.2.23, 3.2.25, 3.2.28, 3.2.33, 3.3.6 y 3.4.14 los solicitantes deberán presentar junto con su solicitud, una fe de hechos, de una antigüedad no mayor a tres meses a la fecha de la presentación de la solicitud, emitida por Corredor Público habilitado por la SE que contenga lo siguiente: (.) III. En los trámites que se presenten hasta seis meses posteriores a la publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, las Fe de Hechos que se requieran en cada uno de los trámites señalados en el presente Acuerdo, podrán ser expedidas por cualquier fedatario público. Una vez vencido dicho periodo, únicamente podrán presentarse Fe de Hechos expedidas por Corredores Públicos." En el caso, la parte quejosa alude que la regla y el transitorio anteriormente transcritos añadieron una restricción injusta para el desempeño de los notarios públicos, excluyéndolos para levantar fe de hechos que se requiera para cada uno de los trámites señalados en el mencionado acuerdo, ya que faculta únicamente a los corredores públicos para tal efecto. No obstante, lo dispuesto en el artículo transitorio primero, fracción III -también reclamado-, de dicho acuerdo, se traduce en que a la fecha de instauración del presente juicio de amparo (diecisiete de junio de dos mil veintidós) los fedatarios públicos a que se refiere la regla 3.1.1., podrán seguir expidiendo la fe de hechos de que se trata; es decir, la normativa combatida aún no será aplicable de manera obligatoria hasta el diez de noviembre del presente año, es decir, seis meses posteriores a la fecha de publicación del acuerdo que se combate, de acuerdo con el transitorio de referencia, la citada regla entrará en vigor; lo que actualiza la hipótesis denominada "vacatio legis". Por concepto de "vacatio legis", debe entenderse el lapso de tiempo que debe existir entre la publicación de una norma legal y su entrada en vigor, ello con el objeto de que la ley pueda ser conocida suficientemente, ante de que adquiera fuerza obligatoria. En efecto, tratándose del inicio de la vigencia de una ley, debe destacarse que este es el momento a partir del cual resulta exigible la observancia de las normas, es decir, la fecha desde la que se comienzan a desplegar los efectos jurídicos para los cuales fueron creadas en un ámbito espacial y temporal de validez determinado, plazo que regularmente se precisa en el propio cuerpo normativo; sin embargo, hay ocasiones en que la obligatoriedad de una ley no surge desde el momento de su publicación, sino con posterioridad a ese evento, fijando el legislador un período entre la fecha de publicación y el inicio de la vigencia conocido como vacatio legis, dentro del que los gobernador tienen oportunidad de conocer plena y completamente dicha normatividad. Ahora, respecto a la promoción del amparo contra normas jurídicas en el periodo denominado "vacatio legis", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la tesis 2ª./J.81/95, "AMPARO CONTRA LEYES. VACATIO LEGIS. CARENCIA DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY DURANTE ESE PERÍODO", ha sostenido que cuando para la iniciación de vigencia de un dispositivo existe el período de la doctrina denominado vacatio legis, durante él, los particulares no pueden ejercer la acción de amparo por carecer de interés jurídico para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no puede obligarlos a cumplirla, en razón de que durante dicho período no puede ser obligatoria. En la parte considerativa el amparo en revisión que dio origen a la citada jurisprudencia, la Sala del más alto tribunal de país, si bien analiza legislación diversa, sostiene, en lo que interesa, que eran infundados los agravios vertidos por el recurrente, dado que resultó acertado lo resuelto por el Juez de Distrito, pues el sobreseimiento en el juicio de origen se debió a que las normas impugnadas, si bien tienen el carácter de autoaplicativas y el disconforme acreditó encontrarse en el supuesto, aquellas, a la fecha de presentación de la demanda, no se encontraban vigentes, dado que a través de un artículo transitorio su vigencia iniciaba con posterioridad (vacatio legis), por lo que éstas no tenían ningún efecto en el estatus jurídico del inconforme. Asimismo señaló, que las pruebas aportadas si bien colocan a la parte quejosa en el supuesto previsto por la norma, aquellas no le atribuían interés jurídico para impugnarlas aun cuando haya sido publicada, pues se encontraba suspendida su obligatoriedad, conjuntamente con el inicio de vigencia. Dicha circunstancia la sostuvo dado que el quejoso no sufrían un agravio personal y directo en sus intereses jurídicamente tutelados, por ello el amparo resultaba improcedente. Expuso que si bien el Decreto de Reformas impugnado tenía el carácter de autoaplicativo, esto es, que una vez iniciada su vigencia podía ser impugnado en amparo por tratarse de disposiciones de observancia general, también puntualizó que, en ese asunto, su vigencia sería hasta el uno de septiembre de mil novecientos noventa, fecha posterior a la presentación de la demanda, por ende, no le asistía interés jurídico a los quejosos. Concluyendo entonces, que si un particular se dice afectado por los efectos autoaplicativos de la norma, carece de interés jurídico para reclamarla en amparo antes de su entrada en vigor, es decir durante el periodo denominado por la doctrina "vacatio legis". Explicado lo anterior, en el caso particular del presente juicio de amparo, como se asentó, el disconforme acude al juicio de amparo en su carácter de titular de la notaría pública número uno, con ejercicio en el primer distrito judicial en el Estado, con sede en esta ciudad y se duele de la norma impugnada. No obstante como se apuntó en párrafos precedentes lo dispuesto en el artículo transitorio primero, fracción III de |dicho acuerdo, se traduce en que a la fecha de instauración del presente juicio de amparo los fedatarios públicos a que se refiere la regla 3.1.1. (como es el caso de la parte quejosa), podrán seguir expidiendo la fe de hechos de que se trata; es decir, la normativa combatida aún no será aplicable de manera obligatoria hasta el diez de noviembre del presente año, momento en el cual, de acuerdo con el transitorio de referencia, la citada regla entrará en vigor, lapso de tiempo denominado "vacatio legis". Espacio en el cual, como señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a./J. 81/95, no es procedente el juicio de amparo por carecer de interés jurídico y legítimo para impugnar una ley que aún no ha entrado en vigor y que por lo mismo no se puede obligar a cumplirla, en razón de que durante dicho período la ley no puede ser obligatoria. Así, al haberse pronunciada en dicho sentido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y haber determinado la improcedencia del juicio de amparo por falta de interés jurídico al impugnar una norma que se encuentra bajo el periodo denominado por la doctrina como "vacatio legis", es decir, no se encuentra vigente, como en el caso que nos ocupa. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que las porciones normativas reclamadas formen parte como sistema normativo integrantes del acuerdo donde se contienen, sin embargo, como quedó evidenciado, la propia norma reclamada es clara al establecer que entrará en vigor hasta seis meses posteriores a la publicación del acuerdo; de ahí que, si bien respecto de diversos procesos normativos el acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación, no lo fue en torno a los actos reclamados, de ahí el sentido de este proveído. Lo que se patentiza con el hecho que en la ejecutoria de la cual deriva el criterio juriprudencial que sustentó este acuerdo, se estableció que existe posibilidad que ciertas normas se regulen en cuanto al inicio de su vigencia por sus propios artículos transitorios, como se observa: "Aun cuando el transitorio único del decreto de reformas señale que la ley entrará en vigor el primero de abril de mil novecientos noventa y cinco, esta disposición se refiere, en general, a todo el cuerpo normativo contenido en el Decreto impugnado, el que no sólo comprende el impuesto al valor agregado sino también reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta; respecto del primer impuesto mencionado en el artículo quinto se establecen disposiciones transitorias relativas al inicio de su vigencia, de las reformas al impuesto al valor agregado, las que rigen de manera especial a dicho tributo. Es por ello que el término oportuno para la presentación de la demanda no se debe computar a partir de la publicación del decreto, sino del inicio de vigencia de las normas impugnadas" Por tanto se insiste, la parte quejosa carece de interés jurídico y legítimo para acudir a este amparo, en la medida que pretende combatir una norma que no tiene vigencia, cuestión que por razón lógica generó la inviabilidad del juicio, pues, en su momento derivado de la falta de afectación, no puede analizarse una norma que no impacta en la esfera jurídica del quejoso, precisamente, al ser presupuesto necesario para la procedencia de la vía constitucional, su vigencia. De manera que son inaplicables los criterios citados en la demanda, por los motivos expuestos. Bajo esa tesitura, al surtirse la causal de improcedencia analizada, prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. II. Se deja sin efectos la fecha de audiencia constitucional. En consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional programada para las nueve horas con cuarenta minutos del seis de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado que rinde el Director de Asuntos Laborales en representación de la autoridad responsable Secretario de la Secretaría de Economía con residencia en la Ciudad de México; con su contenido, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la ley de la materia. Con las causales de sobreseimiento que manifiesta la autoridad, háganse relación de ella en la audiencia constitucional. Asimismo, se tiene a la citada autoridad señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y por designando delegados a los profesionistas a que hace referencia, lo anterior con fundamento en el artículo 9 de la invocada ley, y proporcionando el correo electrónico a que hace referencia. Notifíquese.
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