Vicente Gregorio Leyva Sanchez

Expediente 413/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
413/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
22/04/2019

Partes del expediente

  • Vicente Gregorio Leyva Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    III. Toluca, Estado de México; veintidós de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de dos de abril de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible de destrucción. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a la parte quejosa que acorde al artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Rojas Moreno, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    III) Toluca, Estado de México; dos de abril de dos mil diecinueve. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Vicente Gregorio Leyva Sánchez, contra actos del Juez Quinto Civil de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 413/2019-III. Desechamiento de demanda. Ahora bien, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de dicha ley, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación de Mayo 1991, del Tomo VII, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En esa tesitura, en conformidad con lo previsto por el ordinal 61, fracción XIV, en relación con los diverso 17, primer párrafo, 18 y 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número I.1o.A. J/4, visible en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, con el rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." De la lectura integra de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la orden de ejecución del acuerdo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Quinto Civil de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México en el expediente 618/2016 de su índice, donde se requiere al promovente la entrega del bien inmueble ubicado en calle Ignacio Zaragoza número once, en el Poblado de San Bartolomé Tlateluco, Municipio de Metepec, Estado de México. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, primer párrafo y 18 de la misma legislación los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Asimismo, los artículos 17, primer párrafo y 18 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Atento a lo anterior, los preceptos transcritos coligen el término de quince días para promover la demanda de amparo, el cual se computará de acuerdo con dos supuestos distintos: a) A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. b) Aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 de la Ley de la materia (cuando se reclame una norma general autoaplicativa) en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora, en el caso se estima que el presente asunto se ajusta a la hipótesis prevista en el inciso a), que establece que el plazo de quince días para la interposición del escrito de demanda se computará conforme a la ley del acto a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación practicada a la parte que se sienta agraviada. Es así, pues el quejoso exhibió constancias consistentes en diversas actuaciones dentro del juicio 618/2016 del índice del Juez Quinto Civil de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, de las que se aprecia que el acuerdo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho y que constituye el acto reclamado por esta vía, se notificó a la ahora parte quejosa el veintitrés siguiente. Cabe señalar que la codificación que regula el procedimiento respectivo emanado del juicio 618/2016 del índice del Juez Quinto Civil de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, lo es el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, el cual en su artículo 1.149 establece lo siguiente: "Artículo 1.149. Los plazos empezarán a correr al día siguiente de practicada la notificación." Así, en términos de lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor, se debe considerar la ley del acto para computar el plazo respectivo; por ende, dicha notificación surtió sus efectos el mismo día según lo previsto el artículo 1.149 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Por ende, como ya quedó asentado en párrafos precedentes, la notificación de la resolución reclamada fue verificada el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, por tal motivo, el plazo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, para impugnar el acto reclamado antes precisado, transcurrió del veinticuatro de mayo al trece de junio de dos mil dieciocho, previo descuento de los días inhábiles de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la ley de la materia. Ahora, la demanda de amparo que dio origen al presente asunto se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, el uno del mes y año en curso según ase advierte de la boleta de turno. En tales circunstancias, es indiscutible la extemporaneidad de la presentación de la demanda de amparo dentro del término señalado en el artículo 17, primer párrafo de la Ley de Amparo, pues el agraviado estaba obligado a promoverla dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado; por tanto, si la demanda de amparo se presentó hasta el uno de abril de dos mil diecinueve, se encuentra fuera del plazo establecido. En consecuencia, si el solicitante del amparo ejerció la acción constitucional después de fenecido el plazo legal para su promoción, es inconcuso que no intentó la vía de amparo oportunamente; lo cual conduce a estimar consentido tácitamente dicho acto, pues está claro que el promovente no se ajustó a la temporalidad señalada en el numeral 17 de la Ley de Amparo, por tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 4, localizable en la página 8 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y contenido: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Así como la jurisprudencia 1a ./J.30/2007 consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2007, Instancia Primera Sala, tomo XXV, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." En tal virtud, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, primer párrafo, 18 y 113 de la misma legislación; por lo tanto, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Vicente Gregorio Leyva Sánchez. Sin que pase inadvertido que el quejoso manifiesta que tuvo conocimiento del acto del que se duele el veintisiete de marzo del año en curso, pues de las propias constancias que exhibió se advierte que el auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se le notificó el veintitrés siguiente tal como se analizó. Domicilio. Con fundamento en lo previsto en los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Ignacio Zaragoza número once, en el Poblado de San Bartolomé Tlateluco, Municipio de Metepec, Estado de México. Autorizados. Ténganse como autorizados en términos amplios de artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Martínez Olivares y Brenda Morales Villafaña por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las restantes personas, en términos restringidos, es decir, para oír y recibir notificaciones. Habilitación de días y horas inhábiles. Asimismo, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este Juicio de Garantías; de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este Órgano de Control Constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    III) CITATORIO - QUEJOSO. Toluca, Estado de México; dos de abril de dos mil diecinueve. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Vicente Gregorio Leyva Sánchez, contra actos del Juez Quinto Civil de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 413/2019-III. Desechamiento de demanda. Ahora bien, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de dicha ley, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación de Mayo 1991, del Tomo VII, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En esa tesitura, en conformidad con lo previsto por el ordinal 61, fracción XIV, en relación con los diverso 17, primer párrafo, 18 y 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número I.1o.A. J/4, visible en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, con el rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." De la lectura integra de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la orden de ejecución del acuerdo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Quinto Civil de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México en el expediente 618/2016 de su índice, donde se requiere al promovente la entrega del bien inmueble ubicado en calle Ignacio Zaragoza número once, en el Poblado de San Bartolomé Tlateluco, Municipio de Metepec, Estado de México. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, primer párrafo y 18 de la misma legislación los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Asimismo, los artículos 17, primer párrafo y 18 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Atento a lo anterior, los preceptos transcritos coligen el término de quince días para promover la demanda de amparo, el cual se computará de acuerdo con dos supuestos distintos: a) A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. b) Aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 de la Ley de la materia (cuando se reclame una norma general autoaplicativa) en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora, en el caso se estima que el presente asunto se ajusta a la hipótesis prevista en el inciso a), que establece que el plazo de quince días para la interposición del escrito de demanda se computará conforme a la ley del acto a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación practicada a la parte que se sienta agraviada. Es así, pues el quejoso exhibió constancias consistentes en diversas actuaciones dentro del juicio 618/2016 del índice del Juez Quinto Civil de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, de las que se aprecia que el acuerdo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho y que constituye el acto reclamado por esta vía, se notificó a la ahora parte quejosa el veintitrés siguiente. Cabe señalar que la codificación que regula el procedimiento respectivo emanado del juicio 618/2016 del índice del Juez Quinto Civil de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, lo es el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, el cual en su artículo 1.149 establece lo siguiente: "Artículo 1.149. Los plazos empezarán a correr al día siguiente de practicada la notificación." Así, en términos de lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor, se debe considerar la ley del acto para computar el plazo respectivo; por ende, dicha notificación surtió sus efectos el mismo día según lo previsto el artículo 1.149 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México. Por ende, como ya quedó asentado en párrafos precedentes, la notificación de la resolución reclamada fue verificada el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, por tal motivo, el plazo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, para impugnar el acto reclamado antes precisado, transcurrió del veinticuatro de mayo al trece de junio de dos mil dieciocho, previo descuento de los días inhábiles de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la ley de la materia. Ahora, la demanda de amparo que dio origen al presente asunto se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en esta ciudad, el uno del mes y año en curso según ase advierte de la boleta de turno. En tales circunstancias, es indiscutible la extemporaneidad de la presentación de la demanda de amparo dentro del término señalado en el artículo 17, primer párrafo de la Ley de Amparo, pues el agraviado estaba obligado a promoverla dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado; por tanto, si la demanda de amparo se presentó hasta el uno de abril de dos mil diecinueve, se encuentra fuera del plazo establecido. En consecuencia, si el solicitante del amparo ejerció la acción constitucional después de fenecido el plazo legal para su promoción, es inconcuso que no intentó la vía de amparo oportunamente; lo cual conduce a estimar consentido tácitamente dicho acto, pues está claro que el promovente no se ajustó a la temporalidad señalada en el numeral 17 de la Ley de Amparo, por tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 4, localizable en la página 8 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y contenido: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Así como la jurisprudencia 1a ./J.30/2007 consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2007, Instancia Primera Sala, tomo XXV, Novena Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." En tal virtud, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, primer párrafo, 18 y 113 de la misma legislación; por lo tanto, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Vicente Gregorio Leyva Sánchez. Sin que pase inadvertido que el quejoso manifiesta que tuvo conocimiento del acto del que se duele el veintisiete de marzo del año en curso, pues de las propias constancias que exhibió se advierte que el auto de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se le notificó el veintitrés siguiente tal como se analizó. Domicilio. Con fundamento en lo previsto en los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Ignacio Zaragoza número once, en el Poblado de San Bartolomé Tlateluco, Municipio de Metepec, Estado de México. Autorizados. Ténganse como autorizados en términos amplios de artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel Martínez Olivares y Brenda Morales Villafaña por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las restantes personas, en términos restringidos, es decir, para oír y recibir notificaciones. Habilitación de días y horas inhábiles. Asimismo, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este Juicio de Garantías; de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este Órgano de Control Constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa

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