Vicente González Ortega
Expediente 317/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 317/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Vicente González Ortega
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y las certificaciones de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veintiséis de abril de la presente anualidad, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, que promovió respecto del acto que reclamó de la autoridad que señaló como responsable. Por ende, con fundamento en los preceptos 354 a 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado... Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Director General del Organismo Público Descentralizado Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, mediante el cual rinde informe justificado y remite diversas constancias que acreditan el acto reclamado y que éste quedó sin efecto, lo que se estudiará en líneas posteriores... A las actuaciones aludidas deducidas del expediente ACA/CI/2023/001316, les reviste el carácter de documentales con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.... En consecuencia, es evidente que ha cesado el motivo del reclamo, en virtud de que la Delegada Regional Acapulco del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, dejó sin efecto el oficio reclamado y el diecisiete de abril del año en curso, formuló una atenta invitación al ahora quejoso Vicente González Ortega, a efecto de que se inicie el procedimiento de conciliación prejudicial que solicitó, en términos lo dispuesto en los artículos 684-A y 684-B de la Ley Federal del Trabajo, la que recibió el quejoso el mismo día y aceptó, lo que originó se fijaran las diez horas con treinta minutos del treinta de mayo de dos mil veintitrés, para que se verifique la diligencia inherente en la sala ACA-2 de la Delegación Regional de Acapulco del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guerrero, residente en este puerto. Además, la actualización de la causa de improcedencia es manifiesta e indudable, razón por la cual, el sobreseimiento debe hacerse fuera de audiencia, pues ninguna probanza es jurídicamente eficaz para desvirtuarla... Notifíquese personalmente.
- Principal
se admite dicha demanda. No procede tramitar la suspensión de oficio y de plano que solicita el quejoso, debido a que en términos de los artículos 125, 126 de la Ley de Amparo, ésta procede cuando los actos reclamados se ubican en alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los establecidos en el numeral 15 de la citada legislación, hipótesis en las que no se ubica el acuerdo reclamado del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guerrero, Delegación Regional Acapulco, en el que determinó encontrase impedido legalmente para dar trámite a la solicitud de conciliación que le elevó el ahora quejoso. Tramítese por separado el incidente respectivo, el cual en términos del artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, no es necesaria la formación del duplicado físico de éste. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de dicha legislación, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que tendrá lugar a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Por otro lado, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la citada ley, se tiene como terceros interesados a Taquitos Acapulco, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y/o Alejandro Montoya González y/o la persona física o moral que resulte propietaria o responsable de la fuente de trabajo; sin embargo, se reserva proveer respecto de su emplazamiento, hasta en tanto la autoridad responsable rinda su informe justificado. Conforme a lo establecido en el numeral 5º, fracción IV, de la ley de mérito, dese la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional.... Notifíquese.
- Incidental
Audiencia incidental. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Precisión del acto reclamado para efectos de la suspensión. Ahora, antes de determinar si es procedente conceder o no la suspensión provisional solicitada, es necesario precisar el acto que en la especie se reclama y una vez realizado un cabal estudio del líbelo de amparo, se advierte que el solicitante de amparo se duele de la siguiente conducta: El acuerdo de no admisión y/o trámite de solicitud de conciliación emitido el trece de marzo de dos mil veintitrés, por el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guerrero, Delegación Acapulco, residente en esta ciudad. Una vez precisado lo anterior, es momento de verificar si es procedente conceder o no la medida cautelar solicitada. Negativa de la medida suspensional. En ese orden de ideas, cabe decir que la suspensión en materia de amparo, tiene como finalidad detener actos que se están ejecutando o evitar que se ejecuten aquéllos que puedan causar perjuicio a alguna persona; sin embargo, es pertinente destacar que, para que proceda la suspensión del acto reclamado, deben satisfacerse los extremos de procedibilidad establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, los cuales a saber son: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Como premisa en torno a la cual se desarrolla la institución jurídica de la suspensión del acto reclamado, es pertinente citar lo que al respecto establece la fracción X del artículo 107 de la Constitución Federal que dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la Ley, de acuerdo con las bases siguientes: (.) X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. (.)" En ese contexto, se tiene que los diversos preceptos 128, 129 y 132 de la Ley de Amparo, establecen en relación con la suspensión, lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado (.)". "Articulo 129. "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos." Luego, al tener en consideración lo previsto en los preceptos transcritos, la suspensión de los actos reclamados procede siempre que exista un efecto jurídico tangible que provoque al quejoso un daño o perjuicio directo, real y actual. Es decir, para que pueda decidirse si es posible otorgar la suspensión, primero debe comprobarse que los efectos del acto reclamado, por su naturaleza, son susceptibles de afectar al impetrante del amparo o a sus derechos. Bajo este contexto, debe esclarecerse qué tipo de acto es el que se reclama, pues solo así, se estaría en aptitud de deducir sus efectos en relación con el quejoso. Los actos reclamados impugnables en materia de amparo, tienen una clasificación doctrinal atendiendo a su naturaleza, a saber: Actos positivos. Consisten en un hacer de las autoridades voluntario y efectivo, que se presenta con la imposición de obligaciones al individuo, traducidas en un hacer o en un no hacer y que implica una acción, una orden, una privación o una molestia. Actos negativos. Implican una omisión, una abstención o un no hacer, o una negativa por parte de las autoridades. Actos negativos. con efectos positivos. Se trata de los que sólo en apariencia son negativos, porque en realidad producen los efectos de un acto positivo. Actos prohibitivos. Son los que imponen al gobernado un no hacer o una abstención. En consecuencia, implican una actuación de la autoridad por la que se ordena al gobernado que se abstenga de llevar a cabo determinada conducta. Actos declarativos. Son actos por los que la autoridad evidencia o constata la existencia de una determinada situación jurídica, por lo que a través de ella no se crean, modifican o extinguen o transmiten derechos u obligaciones. En relación con los actos negativos, éstos admiten una subclasificación de la siguiente manera: a) Abstenciones; b) Negativas simples; y, c) Actos prohibitivos. Las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar. Y los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por la ley. En esa tesitura, el acto reclamado por su propia naturaleza se considera declarativo pues mediante éste la autoridad responsable determinó encontrarse impedida legalmente para dar trámite a la solicitud de conciliación que le elevó el ahora quejoso; por ende, procede negar la medida cautelar solicitada, toda vez que no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 128, fracción II, de la ley de la materia, pues en esencia el acuerdo tildado de inconstitucional, es un acto declarativo y la medida cautelar no es constitutiva de derechos; por tanto, no existe ningún principio de ejecución susceptible de suspenderse. Aunado a lo expuesto en líneas que anteceden, conviene señalar que la suspensión provisional, no es constitutiva de un derecho, pues si bien, el Juez de Distrito puede válidamente restituir en el goce provisional de éste a la parte quejosa, no menos verdad es, que esto, es posible siempre que éste no sea una restitución plena, pues de lo contrario implicaría resolver el fondo del asunto, dejando sin materia el fondo del asunto, lo que se analizará en el expediente principal, de ahí que no resulte procedente otorgar la suspensión en los términos que refiere la promovente, aunado a que de otorgar la suspensión, implicaría dejar sin efecto la medida provisional decretada en el juicio de instancia, en razón de que si se concediera la suspensión para el efecto de que se levante la medida provisional en análisis, ello no tendría efectos provisionales, sino que constituiría una restitución plena en tal medida que técnicamente anularía ésta. En ese contexto, conviene señalar que, si bien es cierto, el artículo 147 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo, para conceder la medida cautelar, tomará en consideración la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo; lo cierto es que no todos los actos son sujetos de suspensión... Notifíquese.
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