Vicente Gómez Núñez

Expediente 1148/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1148/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/02/2023

Partes del expediente

  • María Guadalupe Cruzaley Parra
  • Vicente Gómez Núñez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de febrero de dos mil veintitrés. 1. Recepción de ejecutoria. Téngase por recibido el oficio signado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el veinte de enero de dos mil veintitrés, dentro de la queja administrativa ********************, a través de la cual se declaró infundado dicho medio de impugnación, interpuesto en contra del auto que desechó la demanda promovida por ********************, ********************, ********************y ********************, en cuanto ********************, ********************, ********************y ********************, ********************, respectivamente; háganse las anotaciones respectivas, agréguese la determinación de cuenta y acúsese el recibo correspondiente. Agréguense únicamente los originales que obraren dentro de las copias certificadas que devuelve la autoridad oficiante, en virtud de que no resulta necesario glosar la totalidad de las constancias, dado que son copias integras del expediente original. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2. Transferencia del expediente. De conformidad con el numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el expediente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 2.3. Constancia. La anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes. 2.4. Devolución documentos. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. 1. Recurso de queja. Por recibido el ocurso suscrito por los quejosos María Guadalupe Cruzaley Parra, Seider Suastegui Ramírez y José Carlos Pérez Romero; atento a su contenido, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 101 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de veinte de octubre de dos mil veintidós; en consecuencia, ríndase el informe respectivo. Como hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse la presentación de ese medio de defensa, ríndase el informe respectivo, al que se anexará el escrito de agravios en original y copia, copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio. 2. De igual manera, en vía de informe con justificación sobre la materia del recurso de queja interpuesto, hágase saber al tribunal de alzada que es cierto que el veinte de octubre del año en curso, se emitió el auto que se impugna, constando en él los motivos y fundamentos legales que se tomaron en cuenta para dictarlo en el sentido en que se hizo, lo que sustenta su legalidad. Asimismo, se pone a disposición del Tribunal de Alzada el expediente electrónico de este asunto. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, tanto física como electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de octubre de dos mil veintidós. 1. Determinaciones especificas con relación a la acción de amparo. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Recepción y registro. Vista la demanda suscrita por Vicente Gómez Núñez, María Guadalupe Cruzaley Parra, Seider Suastegui Ramírez y José Carlos Pérez Romero, en cuanto Presidente Constitucional, Síndico, Director de Seguridad Pública y Contralor, todos del Ayuntamiento de Turicato, respectivamente. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1148/2022. 1.2. Desechamiento por falta de firma de un quejoso. En términos de los arábigos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a DESECHAR la demanda respecto del quejoso Vicente Gómez Núñez, Presidente Constitucional del Ayuntamiento de Turicato, al advertir oficiosamente que en el particular se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, segunda parte del primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De la lectura del precepto 6° de la ley de la materia, se obtiene que uno de los principios rectores del juicio de amparo, es el de instancia de parte agraviada, el cual nos indica que el juicio de amparo podrá ser promovido precisamente por la persona que considere violentados sus derechos con motivo de la actuación de determinada autoridad, lo que además podrá realizar por sí mismo, es decir, por su propio derecho, también por conducto de su representante -por ejemplo tratándose de las personas morales- o, bien, a través de su representante legal [acreditada esa personería con el documento idóneo]; y, sólo en casos excepcionales, por conducto de cualquier persona [supuesto reservado para los casos expresamente señalados en el numeral 15 de la ley de la materia y 22 constitucional, en los que incluso la petición de amparo puede ser verbal]. Luego, tal principio obliga al juzgador de amparo a verificar si la petición de amparo corresponde con certeza a la voluntad de quien se dice agraviado por el acto de autoridad de que se trate, precisamente porque al tratarse de un juicio protector de los derechos humanos de una persona o colectividad de personas concretas, es indispensable que las mismas expresen su voluntad de acceder a un procedimiento de esa naturaleza. Por su parte, la fracción XXIII del numeral 61 en comento, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede actualizarse no sólo al colmarse cualquiera de los supuestos previstos en las fracciones previas, sino además cuando tal improcedencia se derive de cualquier otra disposición legal vigente. Así, la interpretación conjunta de tales porciones normativas nos permite establecer que será improcedente el juicio de amparo, cuando no se tenga la expresión de la voluntad de la parte quejosa para acudir al juicio de amparo, precisamente porque tal circunstancia resultaría atentatoria del principio de instancia de parte agraviada que rige el procedimiento constitucional. Por su parte, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, precisando que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el caso, al examinar el escrito inicial de demanda, se colige que la misma carece de firma autógrafa de uno de los quejosos -Vicente Gómez Núñez, Presidente Constitucional del Ayuntamiento de Turicato-, tal como lo asentó la oficial de partes en la primera hoja de la misma. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a. /J. 32/2011 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro 4, tomo 4, enero de 2012, página 3632, la cual establece: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida.". Ahora, tradicionalmente se ha considerado que la firma autógrafa imprime la expresión de la voluntad del signante a toda promoción o acto que se presentan ante los órganos jurisdiccionales de la Federación y constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del promovente; por lo que, en sentido contrario, la falta de firma en un documento implica que carece de la voluntad de la persona, cuyo nombre aparece impreso en el mismo. Debe acotarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la ley de la materia y, con la salvedad que señala el propio numeral, el juicio de amparo se puede promover e impulsar de forma escrita asentando firma autógrafa o, bien, de manera electrónica mediante el empleo de la firma digital correspondiente. Por tanto, para existir pronunciamiento sobre la procedencia o pertinencia de una demanda de amparo debe existir instancia de parte agraviada y esa manifestación de voluntad puede hacerse de forma tradicional, es decir, por escrito estampando el signo gráfico que corresponda a la firma del promovente; o, bien, a través de mecanismos tecnológicos empleando una firma electrónica. Con relación al primer supuesto de manifestación de voluntad, es claro que si la demanda de amparo se presenta de manera física por escrito con la firma autógrafa del quejoso, su representante o apoderado y en original -es decir, no en copia- el tribunal de amparo estará facultado y obligado para pronunciarse sobre su pertinencia y procedibilidad; por lo contrario, de no contar con tal signo gráfico en original, es inconcuso que no se tiene una expresión de voluntad de quien aparezca como promovente, por lo que ello hace improcedente la petición de amparo de que se trate. De expuesto hasta aquí se obtiene que si una demanda es presentada de manera tradicional obligatoriamente debe emplearse la firma autógrafa de quien promueve, siendo el caso que, si tal ocurso inicial carece de ella, tal petición de amparo debe ser desechada únicamente respecto de la quejosa que no estampó su firma, lo que resulta de ese modo, porque tal demanda, como se ha venido demostrando no cuenta con evidencia de la voluntad de la parte promovente. En el caso particular, la demanda de amparo fue presentada de manera tradicional y no cuenta con la firma autógrafa de Vicente Gómez Núñez, Presidente Constitucional del Ayuntamiento de Turicato. Apoya las consideraciones anteriores la jurisprudencia P./J. 12/90, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal, acorde a las consideraciones en ésta contenidas, de rubro: "REVISION. DEBE DESECHARSE ESE RECURSO CUANDO NO ES AUTOGRAFA LA FIRMA QUE LO CALZA". Por tanto, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6, primer párrafo, segunda parte, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no existe manifestación de la voluntad de la persona a quien se señala como afectada en sus derechos humanos. Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con el diverso numeral 6, primer párrafo, segunda parte, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo que se analiza por los motivos y fundamentos expuestos en este acuerdo respecto del aludido quejoso. 1.3. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: Del Magistrado Titular de la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, la resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, pronunciada en el expediente JA-R-0046/2022-I, formado con motivo del recurso de reconsideración promovido por Onésimo Manríquez Ávila -actor-, contra el auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, emitido en el juicio administrativo JA-1487/2021-II; proveído en el que el Juez Segundo Administrativo tuvo contestada ampliación de demanda a los aquí quejosos y proveyó respecto a los medios de prueba ofertados. 1.4. Causa de improcedencia. En relación con los actos en cita se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 5° fracción I, 6 y 7 de la Ley de Amparo. 1.4.1. Estudio de la improcedencia actualizada. En primer término, la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna. Conforme a lo dispuesto por el artículo 107 fracción I de la Constitución Federal y el artículo 5 fracción I de la Ley de Amparo el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El artículo 6 de la Ley de la Materia establece que el juicio de amparo puede promoverse por el propio quejoso o por su representante o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley citada. Asimismo, el numeral 7 de la Ley de Amparo dispone que la Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. En efecto, tratándose de personas morales públicas, la única posibilidad de que puedan promover juicio de amparo es cuando lo hagan en defensa de sus intereses patrimoniales respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, toda vez que lo que les otorga legitimación en el juicio de amparo es el perjuicio que les ocasione el acto o la ley que reclamen. Es decir, lo único que les otorga la potestad de acudir al juicio de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, ya que en este supuesto no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado. Lo anterior se explica en virtud de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proteger a los individuos contra la acción del Estado que sea lesiva de los derechos fundamentales, creó el juicio de amparo. Luego, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, que salvaguardan derechos fundamentales del individuo, queda al margen de toda discusión que el Estado no goza de derechos humanos y, por lo mismo, que no puede promover juicio de amparo. A esta regla general se le opone la excepción marcada por el artículo 7 de la Ley de Amparo y el porqué de esta excepción radica en que el Estado, por conducto de las personas morales puede obrar con un doble carácter: como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se haya investido como poder público; en la segunda situación, obra en las mismas condiciones que los particulares, esto es, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. Se sigue de lo anterior que la excepción se refiere exclusivamente a la hipótesis de cuando las autoridades no actúan como tales, es decir, cuando defienden intereses patrimoniales. En otras palabras, cuando las autoridades acuden al juicio de amparo a defender esta clase de intereses, lo hacen en un plano de igualdad con los particulares, pero no como personas morales oficiales. Puntualizado lo anterior, en este juicio de amparo el Síndico, Director de Seguridad Publica y Contralor, todos del Ayuntamiento de Turicato, respectivamente, acuden a reclamar la resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, pronunciada en el expediente JA-R-0046/2022-I, formado con motivo del recurso de reconsideración promovido por Onésimo Manríquez Ávila -actor-, contra el auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, emitido en el juicio administrativo JA-1487/2021-II, en el que los aludidos quejosos tienen la calidad de autoridades demandadas. Con lo establecido en el precepto en cita y lo destacado se advierte que en este asunto no se afectan intereses patrimoniales de la moral quejosa, ya que el artículo 7 en estudio establece que las personas morales oficiales podrán solicitar amparo únicamente cuando la norma general, un acto u omisión los afecte en su patrimonio respecto de las relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, extremo que en el caso, no se cumple, puesto que no hay razón jurídica para considerar que lo controvertido le permita a las autoridades quejosas adquirir la calidad de particulares y con ello ser titular de los derechos humanos para su defensa conforme al arábigo 107, fracción I, de la Carta Magna. En efecto, el juicio de amparo es un medio de control constitucional creado en la Carta Magna para proteger a los individuos contra la acción del Estado que sea lesiva de sus derechos fundamentales, y en esencia, constituyen restricciones al poder público en relación con el individuo; luego, queda al margen de toda discusión que el Estado no goza de éstos y, por lo mismo, no lo puede promover. En este asunto el Síndico, Director de Seguridad Publica y Contralor, todos del Ayuntamiento de Turicato, respectivamente, reclaman del Magistrado Titular de la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, la resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, pronunciada en el recurso de reconsideración JA-R-0046/2022-I, promovido por la parte actora en el juicio administrativo número JA-1487/2021-II, contra el auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós. Así, se corrobora que con dicho acto no se afectan derechos patrimoniales de la moral quejosa que provenga de una relación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad con los particulares. Asimismo, no se actualiza el caso de excepción del artículo 7 en cita, al tratarse de un ente de derecho público en ejercicio de imperio del que está revestida; por tanto, no es jurídicamente posible que con tal carácter promueva juicio de amparo, ya que el objeto de éste es proteger los derechos fundamentales de los gobernados contra los actos de autoridad. En esa tesitura, cuando las personas morales oficiales pretenden reclamar cualquier acto de diversa autoridad, aun cuando éste pudiera afectar su patrimonio, dicha circunstancia no resulta suficiente para la procedencia del juicio de amparo, dado que las actuaciones que son materia de la controversia, provienen precisamente del ejercicio de las facultades que la ley les otorga en su carácter de entes autoritarios, para el cumplimiento de las funciones públicas que le son encomendadas en los ordenamientos legales correspondientes. Así, para acreditar la legitimación de las personas morales oficiales en el juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado afecte sus derechos patrimoniales y que éste provenga de una relación jurídica en la que dichas personas morales actúen en un plano de igualdad como cualquier gobernado; por tanto, la afectación a los intereses patrimoniales de la persona moral oficial, debe derivar de los actos jurídicos que realiza como particular o gobernado, bajo un plano de igualdad en una relación de coordinación frente a otro gobernado, con lo que se diferencia la actuación con la que realiza sus atribuciones propias como sujeto de gobierno, ya que al realizar estas últimas, el organismo público crea, modifica o revoca, unilateralmente, una situación que afecta la esfera legal del particular. Efectivamente, en este expediente la persona moral oficial, ahora quejosa, no solicitó la protección constitucional respecto de actos que afecten su interés patrimonial propio, derivado de una relación jurídica en la que actúe en un plano de igualdad, puesto que su intervención en el juicio de nulidad de mérito es con el carácter de autoridad dotada de soberanía por el Estado; de ahí que no se ubique en el supuesto de procedencia previsto en el artículo 7° de la Ley de Amparo, pues en todo caso, las violaciones que reclama se vinculan con derechos meramente procesales o adjetivos relacionados con el cumplimiento del fallo anulatorio en relación con las funciones que le son encomendadas como ente de derecho público. De ahí que resulte que los actos que reclama la quejosa en la demanda de amparo no afectan sus intereses patrimoniales en una relación jurídica en que se encuentre en un plano de igualdad frente a particulares, quedando demostrada la improcedencia de la demanda, en razón de que el objeto del juicio de amparo lo constituye la protección de los derechos humanos fundamentales, cuya titularidad recae en las personas físicas y morales, más no así, un juicio que permita a ninguna autoridad solicitar la protección constitucional respecto de una atribución legal vinculada con el desempeño de la función pública que le fue conferida a través de un ordenamiento jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de la jurisprudencia 2ª./J. 128/2017, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación, de rubro y texto siguientes: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." Así como, por identidad de razón la tesis aislada 1a. CXIII/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe: "PERSONAS MORALES OFICIALES. EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY DE AMPARO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA AL NEGARLE LEGITIMACIÓN A AQUÉLLAS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO SI ACUDEN A UN PROCESO EN DEFENSA DE UN ACTO EMITIDO CON POTESTAD PÚBLICA. El hecho de que una autoridad acuda a un proceso en el que debe respetarse la igualdad procesal, como principio de la teoría general del proceso que otorga a las partes las mismas oportunidades de participación dentro de un procedimiento, de ninguna manera elimina la potestad de la autoridad involucrada. Esto es así, ya que en este caso se trata únicamente de una igualdad de tipo procesal, mientras que la igualdad que se requiere para que una autoridad pueda promover juicio es aquella en la que no haya relación de supra subordinación. Lo que delimita la procedencia del juicio de amparo no es la participación que se tenga dentro de un procedimiento, sino la pretensión que se relaciona con el mismo; y dicha pretensión necesariamente debe ser la tutela de derechos fundamentales y no la defensa de un acto emitido dentro de las funciones públicas encomendadas. Por todo lo anterior, el artículo 9o. de la Ley de Amparo es congruente con los principios constitucionales en materia de amparo y no vulnera el artículo 17 constitucional, al impedir que las personas morales oficiales promuevan juicio de amparo para defender la legalidad de un acto emitido dentro de sus funciones, aunque hubiesen participado en un procedimiento ordinario con igualdad de oportunidades de defensa frente a un particular." Máxime que los quejosos en su carácter de autoridad tendrán que acatar y cumplimentar en sus términos lo determinado en el fallo de nulidad; con lo que se demuestra plenamente que carece de legitimación para acudir al juicio de amparo en cuestión, dado que la pretensión de los quejosos deriva de la intervención que tienen en el cumplimiento de la sentencia del juicio contencioso de origen como un ente autoritario dotado de imperio, ya que en su carácter de autoridad tendrán que acatar y cumplimentar en sus términos lo determinado en dicho fallo; con lo que se demuestra que carecen de legitimación para acudir al juicio de amparo en cuestión. 1.4.2. Desechamiento. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda, con fundamento en los artículos 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 5, fracción I, 6, 7 y 113 de la Ley de Amparo. 2. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida del Campestre, número 1081, Colonia Ejidal Ocolusen, en esta ciudad, autorizando para tal efecto a Irving Uriel Pérez Medina y José Ricardo Santoyo Corona, señalando como autorizada con las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Lilia Yesenia Luna López, quien cuenta con número de cedula profesional 3362014, expedida por la Secretaria Educación Pública, que la acredita para ejercer la profesión de licenciado en derecho. 3. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.

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