Vicente Flores Cardozo

Expediente 614/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
614/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
13/12/2019

Partes del expediente

  • Vicente Flores Cardozo
  • VICENTE FLORES CARDOZO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento y requiérase a la autoridad responsable JUEZ DE LO PENAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, para que dé cumplimiento al fallo en ejecución dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído y se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, ello, en términos del diverso numeral 258 de la Ley de la materia. Así mismo, se le apercibe que de no dar cumplimiento a la sentencia en el plazo concedido sin causa justificada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir con el trámite de la inejecución que puede culminar con la separación del cargo y su consignación. Sin que haya lugar a requerir a superior jerárquico del juez responsable, dado que en virtud de los principios de autonomía e independencia de los que goza la responsable en la emisión de sus resoluciones, éste carecen de superior jerárquico. Cobra apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia PC.I.C. J/3, emitida con motivo de la contradicción de tesis sostenida por los Tribunales Colegiados Tercero y Décimo Tercero, ambos en Materia Civil del Primer Circuito, resuelta por el Pleno Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias." Háganse las anotaciones de estilo correspondiente en los libros de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que la autoridad responsable JUEZ DE LO PENAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, acompañó a su informe justificado el original del proceso penal 175/1997 del índice del juzgado de su adscripción, con el cual se ordenó formar el anexo I; en tales condiciones, previa extracción del sigilo del juzgado, se ordena remitir tales constancias a la citada autoridad responsable, solicitándole el acuse de recibo correspondiente en el término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído; apercibida que de hacerlo en el plazo fijado, se le impondrá una multa equivalente a CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra agregada en autos la constancia de notificación personal a la asesora jurídica del quejoso Romelia del Carmen Solís Rosas de la sentencia dictada el cuatro de octubre de dos mil diecinueve. En tales condiciones, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, se ordena a cualquiera de los Actuarios Judiciales se constituya en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones y le notifique de manera personal a la asesora jurídica Romelia del Carmen Solís Rosas el contenido de la sentencia dictado el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, entregándole copia autorizada de tal resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA ASESORA JURÍDICA. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo se, Resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ***, contra el acto de ejecución reclamado al Director del Centro de Reinserción Social para el Estado de Puebla, por los motivos expuestos en el considerando tercero. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra el acto consistente en el retardo en la impartición de justicia en resolver el incidente de prescripción del pago de la reparación del daño y multa impuestos en el proceso 175/97, reclamada al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.

  3. Principal

    Por lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo se, Resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ***, contra el acto de ejecución reclamado al Director del Centro de Reinserción Social para el Estado de Puebla, por los motivos expuestos en el considerando tercero. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra el acto consistente en el retardo en la impartición de justicia en resolver el incidente de prescripción del pago de la reparación del daño y multa impuestos en el proceso 175/97, reclamada al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta del TITULAR DE LA DELEGACIÓN REGIONAL PUEBLA DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la correspondiente firma electrónica, lo que se corrobora con lo asentado en la evidencia criptográfica - transacción; por ende, el oficio tiene valor probatorio en términos de los artículos 3 y 5 del Acuerdo General 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada por el Poder Judicial Federal y al expediente electrónico, así como lo contemplado en el considerando séptimo y dispositivo 1, 2, 3, 7, 58 y 107 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil catorce, por medio del cual informa su imposibilidad para proporcionar el servicio de "asesor jurídico" del aquí quejoso ********************; al respecto, se acuerda: Toda vez que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos, entre ellas el derecho a la asistencia de un abogado como condición de efectividad del juicio de amparo, tomando en consideración que el quejoso se encuentra privado de su libertad y no designó asesor jurídico que lo asista en el presente juicio de amparo, a fin de privilegiar la norma constitucional citada, que establece que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que establecen las leyes, visto el contenido del oficio sin número de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, suscrito por el Defensor Público de Oralidad de la Dirección General de la Defensoría Pública en el Estado de Puebla, adscrito a la región Judicial sur con sede en Casa de Justicia de Izúcar de Matamoros, Puebla, se designa como ASESORA JURÍDICA del quejoso ******************** a ROMELIA DEL CARMEN ROSALES SOLIS, Defensora Pública adscrita al Área Penal Tradicional adsrita al Centro Integral de Servicios de Izúcar de Matamoros, Puebla. Por tanto, mediante oficio y telegrama que al efecto se gire, se requiere a la citada defensora pública, para que en el plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente, comparezca a las instalaciones que ocupa este Juzgado de Distrito, para que acepte el cargo conferido y proteste su fiel y legal desempeño. Se le apercibe que en caso de incumplir con lo ordenado o de no informar las causas que se lo impidiesen, se le impondrá una multa de CINCUENTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero Constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior la tesis jurisprudencial 43/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintidós de mayo de dos mil diecinueve. "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja."

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