Vicente Ferrer Mejías
Expediente 577/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 577/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Vicente Ferrer Mejías
- Comisión Federal de Electricidad, Suministrador de Servicios Básicos, en Veracruz, Veracruz
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, mediante el cual, informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el autorizado de la parte quejosa Eduardo Pérez Castillo, contra el auto de diez de julio de dos mil veintitrés, radicándolo bajo el número 276/2023 de su índice; al respecto, agréguese para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, catorce de julio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los escritos signados por el quejoso Vicente Ferrer Megias y su autorizado, el licenciado Eduardo Pérez Castillo. Atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja contra el auto de treinta de junio pasado, que desechó de plano la demanda de protección derechos fundamentales; por tanto, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase el escrito mediante el cual se formula la queja al Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Séptimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, al que se acompaña copia certificada de las actuaciones que se han practicado hasta el momento en el presente expediente y ríndase informe, señalando que en el referido auto se desechó la demanda instaurada con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, de la ley de la materia, ya que la vía idónea para controvertir el acto reclamado es la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por ********************, mediante el cual da cumplimiento a la prevención realizada en auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, precisando bajo protesta de decir verdad entre otros datos que el titular del contrato que ampara el suministro de energía eléctrica es el aquí promovente, con número de servicio ********************, como se desprende de la documental que adjuntó a su escrito de demanda consistente en el recibo de pago de la Comisión Federal de Electricidad, a quienes incluso de su escrito de demanda se advierte señala como responsables, esto es, Comisión Federal de Electricidad Suministro de Servicios Básicos, con domicilio en la ciudad de Veracruz, Veracruz y Comisión Federal de Electricidad Distribución, con residencia en Xalapa, Veracruz. DESECHAMIENTO Aclarado lo anterior, acorde con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Sustenta lo anterior, la tesis P.VI/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril del 2000, Tomo XI, página 32, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Lo destacado es propio). En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Así, la hipótesis de improcedencia que se considera actualizada está prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte". "Décimo. Las jurisprudencias que se hubieran emitido antes de la entrada en vigor del presente Decreto mantendrán su obligatoriedad, salvo que sean interrumpidas en los términos que se prevén en el artículo 228 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento de la interrupción".." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando así se disponga en la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, Plenos de Circuito, así como Tribunales Colegiados de Circuito. Ahora bien, la razón de ser de la causa de improcedencia anunciada se encuentra ilustrada en la jurisprudencia 2a./J.156/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el viernes 12 de enero de 2018, registro 2015944, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." Ahora bien, es oportuno precisar el marco normativo aplicable para el caso concreto, para lo cual es destacable la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, a los artículos 25, párrafos primero, quinto y penúltimo, 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto, los cuales establecen: "Artículo 25. [.] Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. [.] La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución." "Artículo 27. [.] En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica." "Artículo 28. [.] No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia." De esos preceptos fundamentales se obtiene que la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, son actividades exclusivas de la Nación respecto de las cuales no se otorgarán concesiones; sin embargo, podrán celebrarse contratos con los particulares para que participen en las demás actividades de la industria eléctrica. La reforma fue reglamentada en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, así como en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y su Reglamento, donde se fijaron la naturaleza de los actos que emita o resulten imputables a la Comisión Federal de Electricidad, en el contexto mercantil, de la forma siguiente: Ley de la Industria Eléctrica "Artículo 5. El Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En lo no previsto por esta Ley, se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal." "Artículo 7. Las actividades de la industria eléctrica son de jurisdicción federal. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales proveerán lo necesario para que no se interrumpan dichas actividades." Ley de la Comisión Federal de Electricidad "Artículo 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios." "Artículo 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda." "Artículo 82. Todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación que se regula en el presente Capítulo, hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa. Una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable." "Artículo 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte." De la interpretación sistemática de las normas transcritas se constata que el legislador dispuso expresamente que el Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el Centro Nacional de Control de Energía, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En ese orden, la regla general implica que las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, compuesto por la red nacional de transmisión, redes generales de distribución, centrales eléctricas que entreguen energía eléctrica a las anteriores y equipos e instalaciones del Centro Nacional de Control de Energía, adquieren la naturaleza de administrativos. Sin embargo, también se dispuso como excepción que en lo no previsto por la Ley de la Industria Eléctrica, es decir, los actos diversos a las actividades enumeradas con anterioridad, deben considerarse mercantiles y se regirán por el Código de Comercio y supletoriamente por el Código Civil Federal. De ese modo, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad prevé que a los actos que emita les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza. Excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa. Por tal motivo, los conflictos nacionales en que participe la Comisión, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos derivados de un procedimiento administrativo, se resolverán en vía mercantil o civil por los tribunales de la Federación, o bien, a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Concretamente, los conflictos en los que se involucre a la Comisión Federal de Electricidad, por determinación del legislador, tienen naturaleza mercantil; en efecto, en el contrato de suministro de energía eléctrica (contrato señalado en el numeral segundo del escrito aclaratorio que en esta data se recibe con número ********************) dicha empresa productiva del Estado y el particular tienen obligaciones y derechos recíprocos, de ahí que la relación jurídica existente entre las partes corresponde a la de una relación de comercial y de correspondencia entre el interés del organismo subsidiario y el particular usuario del servicio. Luego, tratándose de relaciones contractuales es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, pues los contratos, por regla general, se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad. En ese sentido, del contenido de la ejecutoria que originó la invocada jurisprudencia 2a./J.156/2017, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que contra los actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica procede la vía ordinaria mercantil. Lo sostuvo así, al exponer que de la interpretación armónica de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, tal como lo sustentó la propia Sala al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014, del cual derivó la tesis 2a.XLII/2015 (10a), registro 2009410, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LA NEGATIVA A DEVOLVER CANTIDADES PAGADAS CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)].La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que la negativa a devolver cantidades pagadas con motivo de dicho servicio es una cuestión de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común." Dicho lo anterior, tomando en cuenta lo manifestado en el capítulo de hechos del escrito de demanda, así como en el escrito aclaratorio en el que la parte promovente manifestó, en primer término, haber celebrado un contrato de servicio de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad, lo cual incluso se ve robustecido con la documental relativa al recibo de pago de la Comisión Federal de Electricidad, con número de servicio ********************, que adjuntó a su escrito de demanda. Asimismo, refirió que de manera verbal se enteró que pretendían cortar el suministro de energía en el domicilio del impetrante de amparo, donde personal de Comisión Federal de Electricidad le informó que iban a realizar el corte de luz por falta de pago. En ese tenor, es dable sostener que, a pesar de la manifestación del aquí quejoso en el sentido de encontrarse al corriente de los pagos del servicio de energía eléctrica, el corte que por esta vía reclama tiene su origen en el contrato celebrado con la citada empresa, ello por tratarse de la existencia del adeudo de la cantidad señalada en el oficio aludido en el párrafo que antecede, cuyo origen es el mencionado acuerdo de voluntades. En consecuencia, como ha quedado establecido de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y la abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como el Código de Comercio, los actos reclamados en la demanda de amparo derivan de una relación contractual entre el usuario (promovente) y la empresa productiva del Estado, es decir, dichos actos tienen origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, por lo tanto, tales controversias derivadas de los derechos y obligaciones generadas con motivo y en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica, no son susceptibles de control constitucional, sino que deben ventilarse y decidirse en la vía mercantil. Por consiguiente, si los actos reclamados derivan del contrato de suministro de energía eléctrica (contrato señalado en el numeral segundo del escrito aclaratorio que en esta data se recibe con número ********************) pactado entre ******************** y la Comisión Federal de Electricidad, entonces resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio, en tal razón, el juicio de amparo deviene improcedente por disposición de jurisprudencia obligatoria para quien esto resuelve, actualizándose la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, de la ley de la materia. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera fehaciente la causal de improcedencia en estudio, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo legalmente procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Yonaji Nuria Juárez Rivas, secretaria con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo presentado por Vicente Ferrer Megias, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 577/2023, debiéndose capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. PREVENCIÓN: Ahora, para emitir el pronunciamiento que corresponda, procede traer a contexto los artículos 108, 110 y 114 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación. Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De los preceptos transcritos se advierten los requisitos que debe contener la demanda, en la inteligencia que si se omite alguno el juzgador se encuentra obligado a requerir a la parte promovente para que subsane dichas irregularidades. En ese orden, del ocurso de cuenta se advierte que Vicente Ferrer Megias señala como acto reclamado el inminente corte del suministro de energía, por parte de Comisión Federal de Electricidad, en el inmueble ubicado en Punta Salina, número treinta y ocho, El Estero, Punta Villa Rica y Punta R Partida, El Estero fraccionamiento B+, código postal 91938, Mandinga y Conchal, Veracruz. Por otra parte, en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, se aprecia que el promovente refiere que tiene el servicio con Comisión Federal de Electricidad con número 886071105197 con RMU 91938 07-11-30 XAXX-010101 001 CFE, en el domicilio ubicado en calle Punta Salina, número treinta y ocho, El Estero, Punta Villa Rica y Punta R Partida, El Estero fraccionamiento B+, código postal 91938, Mandinga y Conchal, Veracruz, y que personal de comisión se presentó en el citado fraccionamiento argumentando que iban a realizar el corte del servicio de energía eléctrica. Lo anterior, en virtud de que Carlos de Jesús Sedan Zapata quedó como aval del Epifanio González Rodríguez, y como este último no pagó, el personal de comisión tenía la orden de cortar el suministro en su domicilio, para lo cual llevaban una orden a su nombre, siendo el caso de que el promovente no es la persona que quedó como aval de Epifanio González Rodríguez. Además, manifestó que no guardaba ninguna relación con el convenio que realizaron Carlos de Jesús Sedan Zapata y Epifanio González Rodríguez con la Comisión Federal de Electricidad, sin que refiera qué relación guarda el promovente de amparo, con las referidas personas, si se trata de algún arrendamiento, o bien que especificara a nombre de quién se encuentra el contrato celebrado con la citada Comisión, pues si bien adjuntó a su demanda el comprobante de pago del servicio de energía eléctrica a su nombre correspondiente al mes de mayo del año en curso, a nombre de éste, lo cierto es que también adjuntó un recibo de facturación a nombre de Epifanio González Rodríguez, con fecha reciente de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, con RMU 94277860403XAXX010101002 CFE Así como un diverso documento de fecha anterior correspondiente al año dos mil veintidós de veinticuatro de noviembre, que aparece al nombre del promovente. Sin embargo, con dichos documentos no queda claro quién tiene una relación contractual con la Comisión Federal de Electricidad, lo cual resulta necesario establecer de manera clara a fin de proveer lo que en derecho corresponda. Ahora, en el capítulo de autoridad responsable, la parte quejosa señala, entre otra, a la Comisión Federal de Electricidad Distribución "División de Distribución Oriente" de la ciudad de Xalapa, Veracruz y/o "CFE Suministrador de Servicios Básicos", sin embargo, el acto reclamado lo hizo consistir en el corte de suministro de energía y cualquier otro que tenga por objeto privar de dicho servicio a la parte quejosa en su domicilio ubicado en el municipio de Alvarado, Veracruz, por lo que, no resulta claro el motivo de su señalamiento, puesto que tiene residencia en Xalapa, Veracruz, esto es, en un municipio diverso en el que se ejecutara el acto reclamado. Consecuentemente, con fundamento en los arábigos 110 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, mediante escrito con copia para cada una de las partes, cumpla con lo siguiente: 1. Manifieste bajo protesta de decir verdad que relación guarda con las personas Carlos de Jesús Sedan Zapata y Epifanio González Rodríguez, con el presente juicio de amparo; y 2. Precise quién es el titular del contrato de prestación de servicios celebrado con Comisión Federal de Electricidad respecto del domicilio que habita, si se trata del mismo en el que se pretende hacer el corte del servicio y la fecha en que tuvo conocimiento de dicha orden de corte del servicio. 3. Especifique el acto que le reclama a la autoridad que señaló como Comisión Federal de Electricidad Distribución "División de Distribución Oriente" de la ciudad de Xalapa, Veracruz y/o "CFE Suministrador de Servicios Básicos", con domicilio en Xalapa, Veracruz. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no cumplir con la prevención que se realiza en el término de cinco días, la demanda de amparo se tendrá por no presentada. Se destaca a la parte quejosa que el objetivo de la prevención que ahora se formula es fijar correctamente la litis constitucional, requisito que a la postre representa un beneficio para el solicitante de la protección federal al momento de realizar el estudio de la constitucionalidad del acto y una posible restitución en el goce del derecho humano violentado; además de que contribuye al adecuado trámite del juicio de amparo. Ello, pues el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; de lo que se obtiene la tutela al derecho de acceso a la justicia, entendido como un valor social que debe ser realizado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES: Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el que señala en el escrito de demanda. Asimismo, se tiene como autorizados con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados César Jiménez Martínez, Eduardo Pérez Castillo, Cecilia Columba Arellano Hernández, Lorena Oyola Hernández y Teresita del Niño de Jesús Guerrero Colina, por encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho mediante el registro de sus respectivas cédulas en el en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. De igual forma, con las restricciones que impone el citado numeral a Luis Eduardo Martínez Romero y Guillermo Alan Llanillo Piedras, toda vez que en el citado Sistema no se encontró que contaran con su respectiva cédula profesional registrada. Por otra parte, se toma conocimiento del correo electrónico que proporciona el cual será utilizado únicamente como medio de contacto tratándose de comunicaciones no procesales para brindar atención a las personas justiciables, precisándose que a través de dicho medio no se pueden realizar notificaciones toda vez que no se encuentra previsto por la ley de la materia. ACCESO Y CONSULTA AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De igual manera, como lo solicita el referido quejoso, con fundamento en el artículo 1, 14, 34, 39, 55 y 58 del Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el numeral 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se habilite para que pueda acceder y consultar vía electrónica los acuerdos correspondientes a través del portal www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx, con la clave de usuario EduardoMarRom. En razón de lo anterior, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar el usuario EduardoMarRom, para que pueda ingresar y consultar vía internet el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de aparatos electrónicos o cualquier otro medio para copiar o reproducir las actuaciones que se dicten en este asunto, previa comparecencia de la persona legítimamente facultada ante el personal actuante, previa identificación respectiva; en atención a que no existe impedimento legal para ello. Asimismo, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente asunto, a las personas legítimamente facultadas para ello, previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Yonaji Nuria Juárez Rivas, Secretaria con quien actúa y da fe.
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