Vicente Farias Sánchez
Expediente 1769/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1769/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Vicente Farias Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a dos de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que obste que aún no se cuenta con el acuse de notificación de la sentencia a la autoridad responsable, en virtud que no se encuentra facultada para impugnar la presente determinación. No obstante ello, se ordena remitir copia de tal determinación, para los efectos legales respectivos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria que autoriza y da fe
- Principal
En Victoria, Tamaulipas, a las once horas con cincuenta minutos del treinta de noviembre de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1769/2021, promovido por Vicente Farías Sánchez, por conducto de su apoderado legal licenciado José Guadalupe Báez Ibarra; encontrándose en audiencia pública el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con la asistencia del licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin la comparecencia personal de las partes ni de sus autorizados. Enseguida, el Secretario hace una relación de las constancias de autos, y certifica: que obran las de emplazamiento de las partes, con excepción del tercero interesado, ya que por auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó postergar su emplazamiento hasta en tanto obrara el informe justificado de la autoridad responsable, mismo que ya se encuentra agregado dentro del presente sumario. Que las partes no manifestaron su intención de comparecer a la presente audiencia, mediante el método de video conferencia. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, toda vez que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable, sobre ordenar el emplazamiento del tercero interesado, así como diferir la presente audiencia a fin de que medie el plazo contemplado dentro del artículo 117 de la ley de la materia a fin de que las partes se impongan de su contenido, no ha lugar a ello, pues lo único que traería sería el retardo del fallo y lo que se busca consagrar con la presente celebración es el principio contenido en el artículo 17 Constitucional; aunado a ello el sentido de la resolución no variaría. En ese orden, toda vez que ninguna de las partes manifestó su intención de comparecer a la audiencia de ley, a través del sistema de video conferencia, se procede a realizar la presente audiencia vía tradicional (física). A continuación se abre el período probatorio: el Secretario da cuenta con las constancias allegadas por la autoridad responsable al presente sumario. Asimismo, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, constituye un hecho notorio el diverso juicio de amparo 1030/2019, del índice de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, promovido por el mismo quejoso Vicente Farías Sánchez y otro, y acto reclamado al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, derivado del juicio laboral de origen 113/M/2007. De las cuales, para mejor proveer se ordena agregar las copias certificadas conducentes al presente juicio. El Juez acuerda: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales de referencia, y como no se ofrecieron más elementos de convicción se cierra dicha etapa. Enseguida se abre el periodo de alegatos: el Secretario hace constar que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. El Juez acuerda: Al no haber alegatos que relacionar, se declara el cierre de dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1769/2021, promovido por Vicente Farías Sánchez, por conducto de su apoderado legal licenciado José Guadalupe Báez Ibarra; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad, y que fuera turnado y recibido por este juzgado el día siguiente, Vicente Farías Sánchez, por conducto de su apoderado legal licenciado José Guadalupe Báez Ibarra, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, que, en su escrito de demanda, hizo consistir literalmente en: "ACTO RECLAMADO: Acordar mis escritos de fechas: a) 22 de Noviembre del 2019 y recibido en fecha 25 del mismo mes y año. b) 17 de diciembre del 2019 y recibido en fecha 18 del mismo mes y año. c) 9 de Marzo del 2020 y recibido en fecha 11 del mismo mes y año. d) 9 de junio del 2020 y recibido en fecha 6 del mismo mes año. e) 6 de agosto del 2020 y recibido en fecha 20 del mismo mes y año. f) 30 de Octubre del 2020 y recibido en fecha 10 de noviembre del mismo año. En los que solicite constancia de personalidad y se diera vista al Gobernador Constitucional para que de conformidad con lo establecido en el art. 91 fracciones XV de la constitución del Estado a fin de que AUXILIE EN EL CUMPLIMENTO DE LAUDO:". Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno se tuvo por cumplida la prevención contenida en el diverso de veintiuno de octubre del mismo año, por lo que se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 1769/2021; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se postergó el emplazamiento del tercero interesado, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como al escrito aclaratorio de la misma, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de acordar los escritos de veintidós de noviembre y diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, nueve de marzo nueve de junio seis de agosto y treinta de octubre de dos mil veinte, y las peticiones ahí contenidas. La omisión de tomar las medidas necesarias a efecto de lograr la ejecución del laudo, dentro de los autos del expediente laboral número 113/M/2007. Sin que sea el caso de tener como actos reclamados los que la parte impetrante enuncia como tales en su escrito de demanda, pues como ya se hizo mención, analizada en su integridad la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se llega a la certeza de que lo que la parte quejosa reclama es la omisión precisada. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado, si bien, refirió que es cierto el acto que se le atribuye, consistente en la omisión de proveer sobre los escritos mencionados, dentro del expediente laboral 113/M/2007; sin embargo, también refiere que el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno se proveyó respecto de los ocursos motivo del presente amparo. Lo que se corrobora con las constancias que en copia certificada que remitió la autoridad responsable, mismas que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto reclamado a la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de Improcedencia del juicio. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece como obligación para los juzgadores de amparo el analizar las causales de improcedencia, siendo que esto se realice de manera oficiosa, o que en su caso lo hagan valer las partes; previo a cualquier otra cuestión. En primer orden, respecto a la omisión de acordar los escritos ocursos de veintidós de noviembre y diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, nueve de marzo nueve de junio seis de agosto y treinta de octubre de dos mil veinte, y las peticiones ahí contenidas, este juzgador advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado. Previo a explicar el porqué de dicha causal, es necesario transcribir el contenido del precepto legal y fracción que la prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" De la literalidad del precepto mencionado, se deduce que para que opere la improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. En el presente asunto, dicha causal encuadra a través de la emisión del acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, la responsable tuvo por recibidos los escritos de veintidós de noviembre y diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, nueve de marzo nueve de junio seis de agosto y treinta de octubre de dos mil veinte, a través de los cuales, el apoderado legal de la parte actora solicitó se tomaran las medidas necesarias a fin de lograr el cumplimiento del laudo y se diera vista al Gobernador del Estado a efecto de que auxiliar al cumplimiento del laudo solicitado. En esa virtud, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión reclamada al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, dentro de los autos del expediente laboral número 113/M/2007, pues con el dictado del acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, desaparece el estado de abstención en que incurrió dicha autoridad, actualizándose, en consecuencia, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, es necesario traer a la vista la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora, respecto a la omisión de tomar las medidas necesarias a efecto de lograr la ejecución del laudo dictado dentro de los autos del expediente laboral número 113/M/2007, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio, pues se advierte la actualización de la causal prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 192, 193 y 217, todos de la Ley en comento; preceptos que se traen a la vista para una mejor comprensión: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico.". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. (.)". Ello, toda vez que como se demostrará a continuación, su impugnación tiene como objetivo que se cumpla con la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, al resolver el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia del Amparo Indirecto 249/2019-I del índice de este juzgado, promovido por Blanca Leticia Coy Briones, en su carácter de Síndico del Ayuntamiento de Llera, Tamaulipas, el cual se encuentra en etapa de ejecución. En efecto, es un hecho notorio para este juzgador la existencia del juicio de amparo 1030/2019, que fue promovido por el mismo quejoso Vicente Farías Sánchez y otro, en el cual reclamó textualmente lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS. Lograr el cumplimiento del laudo de fecha 11 de Diciembre del 2012 emitido dentro del expediente laboral 113/M/2007, cubriendo la cantidad de $325.068.47 pesos (trecientos veinticinco mil sesenta y ocho pesos 47/100 m. n.) a favor del actor C. JOSÉ LUIS AVALOS GUTIERRES y la cantidad $406,330.93 pesos (cuatrocientos seis mil trecientos treinta pesos 93/100 m. n.) a favor del actor C. VICENTE PARIAS SANCHES en términos del artículo 33 y 118 de la Ley de los Servidores Públicos, aplicando las medidas de apremio previstas en el artículo 731 de la Ley Federal del trabajo. [.] " De los hechos de la demanda presentada para substanciar dicho juicio de garantías, se advierte que la pretensión buscada en el referido amparo, era que el Tribunal responsable, aplicara las medidas necesarias a efecto que se culminara en su totalidad la resolución emitida en el juicio laboral de origen. Objetivo que logró, pues la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la resolución constitucional emitida por este juzgador el trece de agosto de dos mil diecinueve, medio de impugnación que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo; así mediante ejecutoria emitida en fecha diez de septiembre de dos mil veinte, dictada en el recurso de revisión número 149/2019-I, se confirmó la sentencia pronunciada por este órgano constitucional, concediendo al impetrante el amparo y protección, para que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios procediera: "(.) realice en forma pronta y expedita el trámite y conclusión del procedimiento de ejecución del laudo de once de diciembre de dos mil doce, dictado dentro del juicio laboral 113/M/2007, respecto a la resolución de liquidación de tres de diciembre de dos mil trece, y se le cubra al citado promovente la cantidad de $406,330.93 (cuatrocientos seis mil trescientos treinta pesos 93/100 m.n.) que fuera determinada en dicho fallo, observando los plazos y términos legales, lo cual implica el deber de llevar a cabo los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin.". Con motivo a lo anterior, recibida la ejecutoria de la superioridad, el treinta de septiembre de dos mil veinte, se procedió a requerir su cumplimiento, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo. Lo hasta aquí expuesto revela que el juicio de amparo 1030/2019, actualmente se encuentra en etapa de cumplimiento y, el objetivo de éste como ya se vio, es que la autoridad responsable proveyera lo conducente hasta lograr el cumplimiento del laudo dictado dentro expediente laboral 113/M/2007, hasta su conclusión. Luego, por lo anterior relatado, es inconcuso que se busca lograr el cumplimiento de la ejecutoria dictada por este juzgado al resolver el juicio de amparo indirecto 1030/2019. Siendo así, la parte quejosa debe ajustarse al procedimiento que para ese fin establece la Ley de Amparo en los artículos 192 y 193, y que además se plasmaron en la jurisprudencia P.J.54/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. La cual resulta obligatoria en términos del artículo 217 del Ordenamiento Legal en cita. Por ende, las omisiones o retardos en que incurra la responsable para cumplir una ejecutoria de amparo, no deben ser reclamadas en la vía de diverso amparo, sino que debe observarse lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, gestionando lo que en derecho corresponda dentro de la etapa de cumplimiento del expediente correspondiente. En esas condiciones, atento al acto reclamado en el presente juicio, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 192, 193 y 217, todos de la Ley de Amparo; y siendo esto así, consecuentemente, con fundamento en la fracción V del precepto 63 de la Ley de la Materia, debe sobreseerse en el presente juicio respecto de dicho acto reclamado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 62, 63, 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido Vicente Farías Sánchez, contra el acto que reclamó del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, que fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos y razones expuestas en el último del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Fernando Ureña Moreno, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, actuando con el Secretario Edgar Iván Cruz Lerma, que autoriza y da fe. En la misma fecha se libró el oficio a la responsable, al tenor de la minuta que se agrega. Conste. L'EICL/Vane.
- Principal
agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito signado por la licenciada Marcela González Arjona, autorizada de la parte quejosa y en atención a su contenido, resérvese proveer lo conducente, hasta en tanto las autoridades vinculadas se encuentren notificadas del auto de fecha once de noviembre de este año. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA, DE LA SENTENCIA DE LA FECHA EN CITA, EN LA QUE SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Diana Brisseida Céspedes González y Hebert Cuauhtemoc Tovar de la Garza, contra el acto reclamado y autoridad responsable precisados en el considerando segundo de este fallo, de conformidad con los fundamentos y motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
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