VICENTE EMMANUEL OCAÑA SÁNCHEZ y Otros.
Expediente 581/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 581/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- VICENTE EMMANUEL OCAÑA SÁNCHEZ y Otros.
- Adolfo Gustavo Torrentera Romero
- Vicente Emmanuel Ocaña Sánchez
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 581/2023-IX.. Puebla, Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de ocho de junio de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el auto por el que se desechó la demanda, causó estado. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Incidente de suspensión original. No ha lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues como la demanda de amparo se desechó, no se abrió dicho incidente. Carátula del juicio de amparo. Se instruye a la secretaria encargada de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de que causó estado el auto dictado y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si la parte quejosa deseará conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese; y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 581/2023.. Radicación del expediente. Vista la demanda signada por +++++++++++++, en su carácter de defensor particular de ++++++++++, contra actos del agente del Ministerio Público de la Zona Centro, adscrito a la Fiscalía Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla y otra autoridad. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2 . En el caso, se tiene una demanda de amparo, en la cual se reclama lo siguiente: Del agente del Ministerio Público de la Zona Centro, adscrito a la Fiscalía Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, reclamo : a) La omisión en agravio de los imputados, de realizar la entrega a la Defensa de la COPIA GRATUITA, cotejada, completa y legible, de los registros de investigación que obran en la carpeta de investigación número ++++++, que se integra en la Fiscalía Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, no obstante haber sido citados los imputados (aquí quejosos) a comparecer para que se les formule imputación en la Causa Penal número +++++++ (pues le habían sido devueltas las que entregó en audiencia inicial, por estar incompletas); violando con esta omisión el derecho de los hoy Quejosos previsto en la fracción VIII del artículo 113, en relación con los diversos 218 y 219, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, afectando así sus derechos humanos a una Defensa Adecuada y a un Debido Proceso. b) La falta de respuesta al escrito que se le formuló con fecha dieciséis de marzo del presente año, mediante el cual, además de volver a requerirle la entrega de las referidas copias de los registros de investigación que obran en la carpeta de investigación número CDI ++++++, expresamente se le solicitó que, al haber advertido la defensa que en la indagatoria de mérito obra agregada una DETERMINACIÓN de fecha 15 de octubre del año 2021, firmada por el mismo agente del Ministerio Público, referente al NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL por NO Delito y NO localizarse en actuaciones posteriores acuerdo ministerial alguno, por el cual se haya ordenado la reactivación, reinicio o reanudación de la investigación en contra de mis defendidos o el reingreso de la Carpeta de Investigación relacionada con dicha indagatoria, INFORMAR EXPRESAMENTE A LA DEFENSA, a) Si con motivo de la aludida determinación ministerial de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, la persona que se asume como Parte Agraviada y/o su Asesor Jurídico formuló en tiempo y forma alguna impugnación en términos del artículo 258 del Código Único adjetivo penal; y en caso afirmativo, me informe qué Juez de Control conoció de dicho procedimiento; con qué número de expediente o carpeta administrativa se radicó la Impugnación de mérito y cuál fue el sentido de la resolución dictada en dicha Impugnación; y b) En consecuencia, si con motivo de la resolución judicial referida en el inciso que antecede, la Representación Social emitió algún acuerdo ministerial ordenando la reactivación, reinicio o reanudación de la investigación en contra de mis defendidos o el reingreso de la Carpeta de Investigación relacionada con dicha indagatoria; en cuyo caso, expidiera a la Defensa copia cotejada de dicho acuerdo ministerial; escrito al cual al día de hoy NO LE HA RECAÍDO ACUERDO MINISTERIAL ALGUNO, o al menos ni a los Imputados, hoy Quejosos, ni al suscrito Defensor se nos ha notificado resolución alguna recaída a tal petición. Del Juez de Control de la Región Judicial Centro, con Sede en Puebla, Puebla, señalado como Autoridad Responsable, reclamo: c) La falta de respuesta, acuerdo y notificación del mismo, que hubiere recaído al escrito de fecha treinta de marzo del presente año, por el cual se promovió ante dicha autoridad un Control Judicial Previo por las referidas omisiones del Ministerio Público; asimismo, se le comunicó el fracaso de Medios Alternativos y se le hizo del conocimiento la preexistencia de la Determinación de No Ejercicio de la Acción Penal por parte del Ministerio Público en la Carpeta de Investigación, anterior a la judicialización, sin que, aparentemente, haya sido legalmente reactivada la integración de la indagatoria; escrito al que AL DÍA DE HOY NO LE HA RECAÍDO RESOLUCIÓN JUDICIAL ALGUNA, o al menos ni a los Imputados, hoy Quejosos, ni al suscrito Defensor se nos ha notificado resolución alguna recaída a tal petición.". Como se observa, tales actos convergen a la omisión del juez de control responsable de dar respuesta a la parte quejosa al escrito por el cual solicitaron el control judicial previo a fin de que cese la omisión del ministerio público y se les dé respuesta a sus solicitudes de copia autentica de la carpeta de investigación citada y se aclare si existió acuerdo o actuación posterior a la determinación de no ejercicio de la acción penal. De ahí que, es válido afirmar que el actuar omisivo del Ministerio Público se encuentra subjudice a lo que resuelva o actúe el juez de control responsable, pues al haber promovido un control judicial previo en términos de lo dispuesto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo afirma el promovente en su demanda, la omisión reclamada al ministerio público no puede estudiarse de forma autónoma, al estar supeditada su actuar a lo que dicte el juez de control. Ahora bien, esta juzgadora considera que antes de ejercer la acción de tutela constitucional, la parte quejosa debe agotar el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que al no hacerlo así, se actualiza de momento la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas...". Esa causal de improcedencia se actualiza, en el caso, porque el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece una ruta ordinaria de impugnación para cualquier acto procesal que no se realizado dentro de los plazos establecidos por el citado ordenamiento, a saber: "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido". Del precepto legal transcrito, se desprende que cualquier omisión procesal del juzgador de primera instancia: de no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado para ello, puede ser impugnada a través del recurso ordinario de queja. Además, el mencionado recurso está habilitado para todas las partes en el procedimiento, y se tramitará con el objeto de reparar la omisión de trámite en que haya incurrido el juez de control, sin perjuicio de las demás consecuencias legales que tenga esa omisión. En ese sentido, es válido afirmar que la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la omisión del juez de control responsable de no dar contestación a su solicitud de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, para que el Ministerio Público proporcione las copias cotejadas de la carpeta de investigación e informe si existió una actuación posterior a la determinación de no ejercicio de la acción penal. Sobre todo, porque el mencionado recurso de queja está previsto para cualquiera de las partes, entre las cuales se ubican los quejosos, por ser imputados en la causa penal de origen, y pueden hacerlo valer contra el juez responsable porque éste ha sido omiso en dar contestación a su escrito de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, a través del cual, instaron el control judicial previsto en el diverso numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, resulta indudable que antes de acudir a esta instancia de amparo, la parte quejosa estaba en condiciones de interponer el mencionado recurso de queja ante la autoridad responsable, con el propósito de que el juez se ajuste a los plazos establecidos por la ley de la materia. Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 113 de la ley de la mantera, procede desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse la improcedencia estudiada, en forma indudable y manifiesta. Ello porque la parte quejosa decidió promover el juicio de amparo indirecto, aun cuando tuvo la posibilidad de interponer el recurso de queja contra el juez de control responsable, para que éste atendiera su solicitud. Dicho de otro modo, promovió este juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a pesar de que tiene a su alcance ese medio ordinario de impugnación, al grado de poder interponerlo a la presente fecha dado que no existe un plazo para ello, por tratarse de una omisión de realizar un acto procesal dentro del plazo establecido para ello. En consecuencia, debe operar la improcedencia en este juicio por la desatención al principio de definitividad, consagrado en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia PC.VI.P. J/4 P (11a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Sexo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 4642, Tomo V, Libro 21, Enero de 2023, materias Común, Penal, con registro digital 2025770, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PARA TENERLO POR SATISFECHO, PREVIO A INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN CONTRA DE LAS OMISIONES DE LOS JUECES DE CONTROL, CUANDO ESTAS OMISIONES CONSTITUYEN EL ACTO RECLAMADO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a soluciones distintas al analizar si para tener por satisfecho el principio de definitividad, previo a interponer el juicio de amparo indirecto el quejoso debe o no agotar el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de las omisiones de los Jueces de Control, cuando éstas se señalan como acto reclamado, ya que mientras para dos de ellos sí debe agotarse el recurso de queja, para el otro puede acudirse directamente al juicio de amparo porque la procedencia de dicho recurso está sujeta a una interpretación adicional, en tanto que el referido recurso no se ubica en el apartado de "Recursos" del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino en el denominado "Jueces y Magistrados". Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito determina que sí debe agotarse el principio de definitividad, esto es, sí es necesario interponer el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra el juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por el citado código, dado que dicho precepto no requiere interpretación adicional. Justificación: El artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que procederá el recurso de queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal. Ahora bien, el hecho de que dicho recurso no esté incluido en el título de "Recursos" del código referido, obedece a que en éste el legislador sólo aludió a los que proceden en contra de las resoluciones judiciales, y no contra omisiones. Luego, no se requiere interpretación adicional del precepto en atención a lo que sostuvo sobre el acto de "interpretación" el Pleno de la Suprema Corte en su anterior integración, esto es, que se debe tener presente el texto o sentido gramatical de las palabras y la intención o propósito que llevó al legislador a dictar la ley. Así, cuando el sentido gramatical de las palabras va enteramente de acuerdo con el fin que se persigue, no habrá duda sobre su aplicación, pero si examinados los propósitos del legislador se encuentra una palpable contradicción entre esos propósitos y el aparente significado de las palabras empleadas, todo hará suponer que esa significación no es la real. En el caso, el sentido gramatical del artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales es acorde con el fin que persigue -reparar las omisiones de los Jueces-. Además, si por suficiente regulación debe entenderse aquella que da certeza jurídica a los justiciables sobre los requisitos que deben satisfacer para tener acceso a un medio de impugnación ordinario cuando precisan impugnar un acto que consideran contrario a derecho, es decir, les garantiza el acceso a un medio de impugnación efectivo, entendido como tal, aquel que es capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, permitiendo al tribunal competente desarrollar el análisis a efecto de determinar si ha habido o no alguna transgresión al orden jurídico en perjuicio del solicitante y, en su caso, proporcionar una reparación, entonces el recurso de queja previsto en el artículo 135 citado constituye un medio de impugnación efectivo, dado que está expresamente establecido para subsanar las omisiones de los Jueces, y a través de éste puede obtenerse el pronunciamiento omitido." Así como la diversa tesis, en lo conducente y por las razones que la integran, emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenido en la jurisprudencia I.6o.C. J/37 de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Sólo resta decir que la desatención de la parte quejosa a la impugnación ordinaria de los actos combatidos en la demanda, no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Máxime que resultan ajenas al caso, las hipótesis de gravedad previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, porque la falta del acuerdo de respuesta al escrito de treinta y uno de marzo del año en curso, de ninguna forma encuadra en los actos de peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, entre otros de similar gravedad que prevé el artículo invocado. Por lo que se sostiene que aquel debe agotar el recurso ordinario antes de promover el juicio de tutela, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde pueden intervenir como partes. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, titulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó la parte quejosa, porque el acto que pretende reclamar actualiza una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis4 del tenor siguiente: IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes. Domicilio procesal y usuario electrónico para consulta. Luego, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señaló en la demanda. Asimismo, como lo solicita, se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a los usuarios "++++++++++++++", lo cual les permitirá dicha consulta y la presentación de escritos por la misma vía (electrónica). Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Ante la solicitud expresa de la quejosa de que sus datos sean reservados en el presente juicio, con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, habrán de salvaguardarse sus datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese en forma personal a la parte quejosa.
- Principal
SE DEJO CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA UICIO DE AMPARO 581/2023.. Radicación del expediente. Vista la demanda signada por +++++++++++++, en su carácter de defensor particular de ++++++++++, contra actos del agente del Ministerio Público de la Zona Centro, adscrito a la Fiscalía Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla y otra autoridad. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2 . En el caso, se tiene una demanda de amparo, en la cual se reclama lo siguiente: Del agente del Ministerio Público de la Zona Centro, adscrito a la Fiscalía Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, reclamo : a) La omisión en agravio de los imputados, de realizar la entrega a la Defensa de la COPIA GRATUITA, cotejada, completa y legible, de los registros de investigación que obran en la carpeta de investigación número ++++++, que se integra en la Fiscalía Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, no obstante haber sido citados los imputados (aquí quejosos) a comparecer para que se les formule imputación en la Causa Penal número +++++++ (pues le habían sido devueltas las que entregó en audiencia inicial, por estar incompletas); violando con esta omisión el derecho de los hoy Quejosos previsto en la fracción VIII del artículo 113, en relación con los diversos 218 y 219, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, afectando así sus derechos humanos a una Defensa Adecuada y a un Debido Proceso. b) La falta de respuesta al escrito que se le formuló con fecha dieciséis de marzo del presente año, mediante el cual, además de volver a requerirle la entrega de las referidas copias de los registros de investigación que obran en la carpeta de investigación número CDI ++++++, expresamente se le solicitó que, al haber advertido la defensa que en la indagatoria de mérito obra agregada una DETERMINACIÓN de fecha 15 de octubre del año 2021, firmada por el mismo agente del Ministerio Público, referente al NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL por NO Delito y NO localizarse en actuaciones posteriores acuerdo ministerial alguno, por el cual se haya ordenado la reactivación, reinicio o reanudación de la investigación en contra de mis defendidos o el reingreso de la Carpeta de Investigación relacionada con dicha indagatoria, INFORMAR EXPRESAMENTE A LA DEFENSA, a) Si con motivo de la aludida determinación ministerial de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, la persona que se asume como Parte Agraviada y/o su Asesor Jurídico formuló en tiempo y forma alguna impugnación en términos del artículo 258 del Código Único adjetivo penal; y en caso afirmativo, me informe qué Juez de Control conoció de dicho procedimiento; con qué número de expediente o carpeta administrativa se radicó la Impugnación de mérito y cuál fue el sentido de la resolución dictada en dicha Impugnación; y b) En consecuencia, si con motivo de la resolución judicial referida en el inciso que antecede, la Representación Social emitió algún acuerdo ministerial ordenando la reactivación, reinicio o reanudación de la investigación en contra de mis defendidos o el reingreso de la Carpeta de Investigación relacionada con dicha indagatoria; en cuyo caso, expidiera a la Defensa copia cotejada de dicho acuerdo ministerial; escrito al cual al día de hoy NO LE HA RECAÍDO ACUERDO MINISTERIAL ALGUNO, o al menos ni a los Imputados, hoy Quejosos, ni al suscrito Defensor se nos ha notificado resolución alguna recaída a tal petición. Del Juez de Control de la Región Judicial Centro, con Sede en Puebla, Puebla, señalado como Autoridad Responsable, reclamo: c) La falta de respuesta, acuerdo y notificación del mismo, que hubiere recaído al escrito de fecha treinta de marzo del presente año, por el cual se promovió ante dicha autoridad un Control Judicial Previo por las referidas omisiones del Ministerio Público; asimismo, se le comunicó el fracaso de Medios Alternativos y se le hizo del conocimiento la preexistencia de la Determinación de No Ejercicio de la Acción Penal por parte del Ministerio Público en la Carpeta de Investigación, anterior a la judicialización, sin que, aparentemente, haya sido legalmente reactivada la integración de la indagatoria; escrito al que AL DÍA DE HOY NO LE HA RECAÍDO RESOLUCIÓN JUDICIAL ALGUNA, o al menos ni a los Imputados, hoy Quejosos, ni al suscrito Defensor se nos ha notificado resolución alguna recaída a tal petición.". Como se observa, tales actos convergen a la omisión del juez de control responsable de dar respuesta a la parte quejosa al escrito por el cual solicitaron el control judicial previo a fin de que cese la omisión del ministerio público y se les dé respuesta a sus solicitudes de copia autentica de la carpeta de investigación citada y se aclare si existió acuerdo o actuación posterior a la determinación de no ejercicio de la acción penal. De ahí que, es válido afirmar que el actuar omisivo del Ministerio Público se encuentra subjudice a lo que resuelva o actúe el juez de control responsable, pues al haber promovido un control judicial previo en términos de lo dispuesto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo afirma el promovente en su demanda, la omisión reclamada al ministerio público no puede estudiarse de forma autónoma, al estar supeditada su actuar a lo que dicte el juez de control. Ahora bien, esta juzgadora considera que antes de ejercer la acción de tutela constitucional, la parte quejosa debe agotar el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que al no hacerlo así, se actualiza de momento la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas...". Esa causal de improcedencia se actualiza, en el caso, porque el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece una ruta ordinaria de impugnación para cualquier acto procesal que no se realizado dentro de los plazos establecidos por el citado ordenamiento, a saber: "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido". Del precepto legal transcrito, se desprende que cualquier omisión procesal del juzgador de primera instancia: de no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado para ello, puede ser impugnada a través del recurso ordinario de queja. Además, el mencionado recurso está habilitado para todas las partes en el procedimiento, y se tramitará con el objeto de reparar la omisión de trámite en que haya incurrido el juez de control, sin perjuicio de las demás consecuencias legales que tenga esa omisión. En ese sentido, es válido afirmar que la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la omisión del juez de control responsable de no dar contestación a su solicitud de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, para que el Ministerio Público proporcione las copias cotejadas de la carpeta de investigación e informe si existió una actuación posterior a la determinación de no ejercicio de la acción penal. Sobre todo, porque el mencionado recurso de queja está previsto para cualquiera de las partes, entre las cuales se ubican los quejosos, por ser imputados en la causa penal de origen, y pueden hacerlo valer contra el juez responsable porque éste ha sido omiso en dar contestación a su escrito de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, a través del cual, instaron el control judicial previsto en el diverso numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, resulta indudable que antes de acudir a esta instancia de amparo, la parte quejosa estaba en condiciones de interponer el mencionado recurso de queja ante la autoridad responsable, con el propósito de que el juez se ajuste a los plazos establecidos por la ley de la materia. Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 113 de la ley de la mantera, procede desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse la improcedencia estudiada, en forma indudable y manifiesta. Ello porque la parte quejosa decidió promover el juicio de amparo indirecto, aun cuando tuvo la posibilidad de interponer el recurso de queja contra el juez de control responsable, para que éste atendiera su solicitud. Dicho de otro modo, promovió este juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a pesar de que tiene a su alcance ese medio ordinario de impugnación, al grado de poder interponerlo a la presente fecha dado que no existe un plazo para ello, por tratarse de una omisión de realizar un acto procesal dentro del plazo establecido para ello. En consecuencia, debe operar la improcedencia en este juicio por la desatención al principio de definitividad, consagrado en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la jurisprudencia PC.VI.P. J/4 P (11a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Sexo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 4642, Tomo V, Libro 21, Enero de 2023, materias Común, Penal, con registro digital 2025770, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PARA TENERLO POR SATISFECHO, PREVIO A INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN CONTRA DE LAS OMISIONES DE LOS JUECES DE CONTROL, CUANDO ESTAS OMISIONES CONSTITUYEN EL ACTO RECLAMADO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a soluciones distintas al analizar si para tener por satisfecho el principio de definitividad, previo a interponer el juicio de amparo indirecto el quejoso debe o no agotar el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de las omisiones de los Jueces de Control, cuando éstas se señalan como acto reclamado, ya que mientras para dos de ellos sí debe agotarse el recurso de queja, para el otro puede acudirse directamente al juicio de amparo porque la procedencia de dicho recurso está sujeta a una interpretación adicional, en tanto que el referido recurso no se ubica en el apartado de "Recursos" del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino en el denominado "Jueces y Magistrados". Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito determina que sí debe agotarse el principio de definitividad, esto es, sí es necesario interponer el recurso de queja previsto en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra el juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por el citado código, dado que dicho precepto no requiere interpretación adicional. Justificación: El artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales refiere que procederá el recurso de queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal. Ahora bien, el hecho de que dicho recurso no esté incluido en el título de "Recursos" del código referido, obedece a que en éste el legislador sólo aludió a los que proceden en contra de las resoluciones judiciales, y no contra omisiones. Luego, no se requiere interpretación adicional del precepto en atención a lo que sostuvo sobre el acto de "interpretación" el Pleno de la Suprema Corte en su anterior integración, esto es, que se debe tener presente el texto o sentido gramatical de las palabras y la intención o propósito que llevó al legislador a dictar la ley. Así, cuando el sentido gramatical de las palabras va enteramente de acuerdo con el fin que se persigue, no habrá duda sobre su aplicación, pero si examinados los propósitos del legislador se encuentra una palpable contradicción entre esos propósitos y el aparente significado de las palabras empleadas, todo hará suponer que esa significación no es la real. En el caso, el sentido gramatical del artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales es acorde con el fin que persigue -reparar las omisiones de los Jueces-. Además, si por suficiente regulación debe entenderse aquella que da certeza jurídica a los justiciables sobre los requisitos que deben satisfacer para tener acceso a un medio de impugnación ordinario cuando precisan impugnar un acto que consideran contrario a derecho, es decir, les garantiza el acceso a un medio de impugnación efectivo, entendido como tal, aquel que es capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, permitiendo al tribunal competente desarrollar el análisis a efecto de determinar si ha habido o no alguna transgresión al orden jurídico en perjuicio del solicitante y, en su caso, proporcionar una reparación, entonces el recurso de queja previsto en el artículo 135 citado constituye un medio de impugnación efectivo, dado que está expresamente establecido para subsanar las omisiones de los Jueces, y a través de éste puede obtenerse el pronunciamiento omitido." Así como la diversa tesis, en lo conducente y por las razones que la integran, emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenido en la jurisprudencia I.6o.C. J/37 de rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Sólo resta decir que la desatención de la parte quejosa a la impugnación ordinaria de los actos combatidos en la demanda, no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Máxime que resultan ajenas al caso, las hipótesis de gravedad previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, porque la falta del acuerdo de respuesta al escrito de treinta y uno de marzo del año en curso, de ninguna forma encuadra en los actos de peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, incomunicación, entre otros de similar gravedad que prevé el artículo invocado. Por lo que se sostiene que aquel debe agotar el recurso ordinario antes de promover el juicio de tutela, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde pueden intervenir como partes. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, titulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó la parte quejosa, porque el acto que pretende reclamar actualiza una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Decisión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis4 del tenor siguiente: IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes. Domicilio procesal y usuario electrónico para consulta. Luego, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señaló en la demanda. Asimismo, como lo solicita, se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a los usuarios "++++++++++++++", lo cual les permitirá dicha consulta y la presentación de escritos por la misma vía (electrónica). Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Ante la solicitud expresa de la quejosa de que sus datos sean reservados en el presente juicio, con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, habrán de salvaguardarse sus datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese en forma personal a la parte quejosa.
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