Vicente Daniel Esquivel Palacios
Expediente 585/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 585/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/09/2023
Partes del expediente
- Vicente Daniel Esquivel Palacios
- Vicente Daniel Esquivel Palacios y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio que remite el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual solicita la vinculación del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa. Atento a lo anterior, se instruye a la Oficial judicial "A" para que realice las gestiones necesarias a efecto que se le permita al homólogo el acceso al expediente electrónico del sumario en que se actúa, llevando a cabo la vinculación correspondiente. Notifíquese y personalmente a la Oficial judicial "A".
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de ser DESTRUIDO, por lo que tal valoración deberá constar en la caratula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción. Finalmente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, cinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, por el cual remite los autos originales del juicio de amparo 903/2023, de su índice, promovido por ********* y otro, toda vez que estimó carecer de competencia para conocer de dicho asunto por razón de territorio y materia, respecto del acto reclamado y autoridades responsables ahí precisados. En su atención, se acepta la competencia declinada y este juzgado se avoca al conocimiento de tal asunto. Acúsese de recibo al estilo correspondiente. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 585/2023-II. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de la Litis De la lectura de la demanda se desprende que se reclama el acto consistente en: "Cambio de dormitorio que pretenden llevar a cabo las autoridades responsables a diverso dormitorio, zona o estancia distinta a la que nos encontramos, poniendo en riesgo nuestra integridad psicofísica y que se comentan actos prohibidos por el artículo 22 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo.". Consideración previa Respecto del acto reclamado consistente en el cambio de dormitorio de los aquí quejosos, se manifestó que tal reubicación "pone en riesgo su integridad psicofísica y que se comentan actos prohibidos por el artículo 22 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo". En cuanto a lo anterior, este juzgado considera que las manifestaciones relacionadas con el acto reclamado por los quejosos, relativos a la reubicación de éstos, se trata únicamente de actos futuros de realización incierta y, además, para que exista la posibilidad inminente de que dichos actos se realicen, primero se tendría que reubicar a los quejosos, lo que tampoco ha sucedido en la especie de acuerdo a lo mínimamente narrado en la demanda, por lo que dichas manifestaciones se traducen en simples expectativas o suposiciones relacionadas por los quejosos a dicho acto. Por otro lado, respecto a la manifestación que hicieron consistir en "actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 ley de amparo de tracto sucesivo", los amparistas no mencionaron expresamente alguno de los actos prohibidos en el artículo 22 constitucional o del diverso precepto 15 de la ley de la materia. Máxime que, los justiciables no señalan ni siquiera indiciariamente en los antecedentes de los actos cómo se han materializado éstos por las autoridades que señala como responsables. En ese tenor, únicamente pudiera inferirse que dichos "actos" se destacan como mera consecuencia del acto reclamado primigenio consistente en la orden de cambio de dormitorio. Desechamiento En el caso, el escrito de demanda aparentemente promovido por ********* y otro carece de firmas autógrafas, huellas digitales o firmas electrónicas; es indudable que, no contiene la voluntad de éstos en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar el signo gráfico correspondiente a su firma o firma electrónica, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de la persona que aparece como suscriptor; toda vez que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento. En ese tenor, al ser de estudio preferente se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I de la Carta Magna, y con el diverso numeral 6° de la ley de la materia. De conformidad con las disposiciones señaladas, el juicio de amparo, constituye un medio de control constitucional, que se inicia mediante la acción de una persona por sí o en representación de persona diversa, quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o su legal representante; manifestación de la voluntad que se exterioriza, al asentar en la demanda de amparo o del documento respectivo, la firma autógrafa, o bien la firma electrónica de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo. Atento a ello, es necesario precisar que la demanda que se analiza fue presentada de manera electrónica por medio de las herramientas tecnológicas instauradas para ello; ahora, dicha circunstancia no exime a la parte promovente de la obligación de manifestar su voluntad por medio de la firma, que será el medio por el cual se cumple con el requisito necesario de que la demanda sea promovida siempre a instancia de parte agraviada -principio de instancia de parte-. La firma electrónica de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia, hará las veces de la firma autógrafa, es decir, será ésta la que acredite la voluntad de promover el juicio de amparo, en el caso de que las demandas sean presentadas vía electrónica. Asimismo, de conformidad con los artículos 10, 14, 16, 17 interpretado a contrario sensu, 45 y 46 todos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se advierte que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es el sitio web a través del que las partes podrán promover solicitudes, demandas, promociones, recursos y escritos iniciales; para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del Acuerdo General invocado. El registro de los usuarios en el sistema, así como la firma electrónica en el archivo que contenga la demanda de amparo, no serán exigibles cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; es decir, que en los demás casos, como el que se analiza, será exigible dicho registro, así como que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente, PUES EN LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO COMO YA SE PRECISÓ, NO SE RECLAMA ALGUNO DE LOS ACTOS ANTES CITADOS. En virtud de lo anterior, al ser presentada la multicitada demanda a través de los medios electrónicos permitidos y no encontrarse firmada electrónicamente por los directo quejosos, no se encuentra manifiesta la voluntad de éstos y en consecuencia no se cumple con el principio de instancia de parte, previsto en la Ley de Amparo. Entonces, de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, en relación con los diversos 6o. y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida.". En otro orden de ideas, aun cuando en la especie estuviera debidamente firmada la demanda, de cualquier manera procedería desecharla, al actualizarse motivos diversos. Lo anterior, debido a que se actualizaría la diversa causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que los peticionarios no agotaron el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer en contra de la orden de reubicación el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Tiene aplicación de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo.". En tales condiciones, se itera, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, ni actualizarse otro de los supuestos de excepción que contempla la norma, se actualiza la causa de improcedencia invocada, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable. Domicilio de los quejosos Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte provente, las listas de este juzgado federal, al no encontrarse acreditada la voluntad de promover el juicio de amparo, y por ende, no haber señalado lugar alguno para tales efectos. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo, así como los del incidente suspensión. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese.
- Principal
(Razón de notificación) con esta fecha se notifica por lista de acuerdos el proveído de 05 de julio de 2023 a la parte quejosa, el cual en lo conducente dice:"Ciudad de México, cinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, por el cual remite los autos originales del juicio de amparo 903/2023, de su índice, promovido por ********* y otro, toda vez que estimó carecer de competencia para conocer de dicho asunto por razón de territorio y materia, respecto del acto reclamado y autoridades responsables ahí precisados. En su atención, se acepta la competencia declinada y este juzgado se avoca al conocimiento de tal asunto. Acúsese de recibo al estilo correspondiente. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 585/2023-II. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de la Litis De la lectura de la demanda se desprende que se reclama el acto consistente en: "Cambio de dormitorio que pretenden llevar a cabo las autoridades responsables a diverso dormitorio, zona o estancia distinta a la que nos encontramos, poniendo en riesgo nuestra integridad psicofísica y que se comentan actos prohibidos por el artículo 22 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo.". Consideración previa Respecto del acto reclamado consistente en el cambio de dormitorio de los aquí quejosos, se manifestó que tal reubicación "pone en riesgo su integridad psicofísica y que se comentan actos prohibidos por el artículo 22 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo". En cuanto a lo anterior, este juzgado considera que las manifestaciones relacionadas con el acto reclamado por los quejosos, relativos a la reubicación de éstos, se trata únicamente de actos futuros de realización incierta y, además, para que exista la posibilidad inminente de que dichos actos se realicen, primero se tendría que reubicar a los quejosos, lo que tampoco ha sucedido en la especie de acuerdo a lo mínimamente narrado en la demanda, por lo que dichas manifestaciones se traducen en simples expectativas o suposiciones relacionadas por los quejosos a dicho acto. Por otro lado, respecto a la manifestación que hicieron consistir en "actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 ley de amparo de tracto sucesivo", los amparistas no mencionaron expresamente alguno de los actos prohibidos en el artículo 22 constitucional o del diverso precepto 15 de la ley de la materia. Máxime que, los justiciables no señalan ni siquiera indiciariamente en los antecedentes de los actos cómo se han materializado éstos por las autoridades que señala como responsables. En ese tenor, únicamente pudiera inferirse que dichos "actos" se destacan como mera consecuencia del acto reclamado primigenio consistente en la orden de cambio de dormitorio. Desechamiento En el caso, el escrito de demanda aparentemente promovido por ********* y otro carece de firmas autógrafas, huellas digitales o firmas electrónicas; es indudable que, no contiene la voluntad de éstos en comprometerse con su contenido, pues el acto de estampar el signo gráfico correspondiente a su firma o firma electrónica, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de la persona que aparece como suscriptor; toda vez que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento. En ese tenor, al ser de estudio preferente se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I de la Carta Magna, y con el diverso numeral 6° de la ley de la materia. De conformidad con las disposiciones señaladas, el juicio de amparo, constituye un medio de control constitucional, que se inicia mediante la acción de una persona por sí o en representación de persona diversa, quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o su legal representante; manifestación de la voluntad que se exterioriza, al asentar en la demanda de amparo o del documento respectivo, la firma autógrafa, o bien la firma electrónica de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo. Atento a ello, es necesario precisar que la demanda que se analiza fue presentada de manera electrónica por medio de las herramientas tecnológicas instauradas para ello; ahora, dicha circunstancia no exime a la parte promovente de la obligación de manifestar su voluntad por medio de la firma, que será el medio por el cual se cumple con el requisito necesario de que la demanda sea promovida siempre a instancia de parte agraviada -principio de instancia de parte-. La firma electrónica de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia, hará las veces de la firma autógrafa, es decir, será ésta la que acredite la voluntad de promover el juicio de amparo, en el caso de que las demandas sean presentadas vía electrónica. Asimismo, de conformidad con los artículos 10, 14, 16, 17 interpretado a contrario sensu, 45 y 46 todos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se advierte que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es el sitio web a través del que las partes podrán promover solicitudes, demandas, promociones, recursos y escritos iniciales; para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del Acuerdo General invocado. El registro de los usuarios en el sistema, así como la firma electrónica en el archivo que contenga la demanda de amparo, no serán exigibles cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; es decir, que en los demás casos, como el que se analiza, será exigible dicho registro, así como que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente, PUES EN LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO COMO YA SE PRECISÓ, NO SE RECLAMA ALGUNO DE LOS ACTOS ANTES CITADOS. En virtud de lo anterior, al ser presentada la multicitada demanda a través de los medios electrónicos permitidos y no encontrarse firmada electrónicamente por los directo quejosos, no se encuentra manifiesta la voluntad de éstos y en consecuencia no se cumple con el principio de instancia de parte, previsto en la Ley de Amparo. Entonces, de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, en relación con los diversos 6o. y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida.". En otro orden de ideas, aun cuando en la especie estuviera debidamente firmada la demanda, de cualquier manera procedería desecharla, al actualizarse motivos diversos. Lo anterior, debido a que se actualizaría la diversa causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que los peticionarios no agotaron el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer en contra de la orden de reubicación el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Tiene aplicación de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo.". En tales condiciones, se itera, al no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada, ni actualizarse otro de los supuestos de excepción que contempla la norma, se actualiza la causa de improcedencia invocada, por lo que SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable. Domicilio de los quejosos Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte provente, las listas de este juzgado federal, al no encontrarse acreditada la voluntad de promover el juicio de amparo, y por ende, no haber señalado lugar alguno para tales efectos. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo, así como los del incidente suspensión. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese. ".
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