Vicente Damián Moreno Islas

Expediente 1551/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1551/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
22/11/2019

Partes del expediente

  • Vicente Damián Moreno Islas

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja al que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en contra del acuerdo de ocho de los corrientes, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda en el presente asunto. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión de plano. Lo anterior, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el citado expediente al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, once de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, por Ministerio de Ley, en ausencia de su Titular, y anexo que acompaña, mismos que remite con relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en estos autos y mediante el cual manifiesta lo siguiente: "Que con fecha 05 de noviembre del año en curso, este Tribunal dictó un acuerdo mediante el cual se tuvo por recibido del Ayuntamiento de Seye Yucatán, su oficio número PRES/JUR/129/2019, al que anexaron copia de los oficios enviados a la Institución Bancaria BANCO BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANONIMA DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER y a la SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, así como la respuesta que dichas entidades le dieron a sus peticiones, por lo cual, se le concedió al AYUNTAMIENTO DE ********************, el término de diez días hábiles, para que, con fundamento en el artículo 45 de la ley de la materia, realicen las adecuaciones correspondientes al presupuesto vigente, es decir del año 2019, a fin de que les paguen en una sola exhibición a los C.C. ********************, quejosos del presente amparo..." En atención a lo anterior, requiérase al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para que una vez fenecido el plazo de diez días concedido al AYUNTAMIENTO DE ********************, acuerde lo conducente y lo haga del conocimiento de este juzgado, debiendo remitir copia certificada de las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de proveer lo que en derecho corresponda. Ahora bien, entre las constancias remitidas por la autoridad oficiante no obra la relativa a la notificación del AYUNTAMIENTO DE ********************, del referido auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, para lograr el resultado que se pretende y, en su caso, se pueda hacer efectivo el apercibimiento decretado, es necesario que el aludido Ayuntamiento tenga conocimiento pleno de lo acordado; por tanto, se requiere al Tribunal responsable para que remita a este juzgado la constancia de notificación respectiva. Apercibido que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vistas las constancias actuariales de cuenta, de las que se advierte que los directos quejosos Vicente Damián Moreno Islas y Francisco Javier Rojas Polanco, al momento de la notificación del acuerdo de siete de noviembre del año en curso, no ratificaron la demanda de amparo promovida a su favor por Mario Eugenio Moreno Islas; por tanto, se acuerda: Haciendo efectivo el apercibimiento contenido en el citado proveído, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO que dio origen a este expediente, quedando sin efectos las providencias dictadas en estos autos. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Mario Eugenio Moreno Islas, a favor de los directos quejosos Vicente Damián Moreno Islas y Francisco Javier Rojas Polanco, contra los actos que reclama del Fiscal General, Director de Investigación y Atención Temprana, ambos de la Fiscalía General del Estado, así como del Secretario de Seguridad Pública, Director y Comandante en turno de la Policía Estatal de Investigación, éstos del Estado y Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado, todos con residencia en esta ciudad, consistentes en: La detención, incomunicación y tortura de los directos quejosos, por lo que señala violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 15 y 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y anótese su ingreso bajo el número estadístico 1551/2019-VII-A, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora bien, toda vez que la parte promovente del amparo señala como actos reclamados, entre otro, la detención, incomunicación y tortura que sufren los directos quejosos, con fundamento en los artículos 20 y 126 de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, se decreta de oficio la suspensión de plano para el efecto de que cesen de inmediato la incomunicación y tortura, así como cualquier acto que pudiera poner en riesgo la vida de los directos quejosos; asimismo, para que cesen de inmediato todos aquellos que constituyan tormentos, tortura psicológica y/o física, malos tratos o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, en el entendido de que las autoridades responsables señaladas en la demanda deben acatar la suspensión otorgada. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables, bajo su estricta responsabilidad, que en el caso de que la privación de la libertad de los directos quejosos sea con motivo de alguna falta administrativa impuesta como sanción o arresto administrativo, la suspensión de plano otorgada tendrá el efecto de interrumpir su ejecución, mas no de extinguirla, por lo que podría reanudarse la misma, de negarse el amparo en el juicio que en su caso se tramite. Sin que sea el caso pronunciarse sobre el acto reclamado relativo a la detención, ya que dicho acto no se encuentra dentro de los contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, ni de los previstos en el 22 Constitucional, por lo que será hasta que, en caso de ratificarse la demanda, se provea al respecto. En otro orden de ideas, requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que informen dentro del plazo de veinticuatro horas, acerca de la forma y términos en que den cumplimiento a esta medida suspensional. Hágase del conocimiento de las partes que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, ilícito que si se llegara a consumar, de inmediato serán consignados los responsables para el ejercicio penal que corresponda. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 20 y 26 de la Ley de Amparo, se comisiona a uno de los actuarios judiciales de la adscripción, a efecto de que se presente en el domicilio en donde tengan su sede las autoridades responsables, así como en cualquier otro distinto en el que se pudiera encontrar al directo quejoso en caso de no hallarlo en el señalado de las autoridades responsables, con el fin de buscarlo y localizarlo, así como de notificar a dichas responsables y a los agraviados Vicente Damián Moreno Islas y Francisco Javier Rojas Polanco, el contenido del presente acuerdo. Asimismo, requiérase a los directos quejosos Vicente Damián Moreno Islas y Francisco Javier Rojas Polanco, para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días computados legalmente, manifiesten si ratifican la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados en el presente juicio, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión de la demanda; apercibiéndolos que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la misma y se dejarán sin efectos las providencias decretadas en este proveído; y en el supuesto de encontrarse en libertad, se haga la notificación relativa en el domicilio señalado en la demanda para oír y recibir notificaciones. Se autoriza al actuario judicial adscrito a este juzgado, para que dé fe del estado físico en que se encuentren los quejosos, así como también para que les pregunte si han sido objetos de tortura psicológica o física o golpes por parte de las autoridades y asiente en su caso las manifestaciones que al respecto desearan realizar; lo anterior para lograr un efectivo cumplimiento de la medida suspensional otorgada y no sea incumplida o violada por parte de las responsables. En atención a lo anterior, prevéngase a las autoridades responsables para que otorguen las facilidades necesarias al actuario judicial de este juzgado, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído y pueda realizar la diligencia en forma privada con los directos quejosos, pero salvaguardando en todo momento la integridad de dicho funcionario judicial; apercibidas que de no cumplir se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 236, fracción I y 259, de la citada Ley de la materia y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se señala en el escrito de demanda y como autorizados de los quejosos a las diversas personas que se mencionan, pero con las limitaciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. Ello, hasta en tanto acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se les otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente y regístrese.

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