Vicente Cortes Hernández
Expediente 18/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 18/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 10/02/2023
Partes del expediente
- Servicios Educativos Integrados al Estado de México (Seiem)
- Vicente Cortes Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
CERTIFICACION
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de febrero de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de dos de febrero de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de febrero de dos mil veintidós. Vista la comparecencia de cuenta, de la que se desprende que el quejoso Vicente Cortes Hernández, ratifica el contenido y firma del escrito presentado en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito en fecha veinticuatro de enero, y registrado bajo el número folio 1070 del propio índice, a través del cual, pretendía desahogar la prevención que le fue decretada por auto de diez de enero de la presente anualidad; por lo tanto, téngase por ratificado el contenido del escrito en comento. En consecuencia, y vista el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, téngase por desahogada la prevención citada en el párrafo que antecede. Ahora bien, del escrito ratificado por el quejoso, se advierte que precisa el acto reclamado que señaló en su escrito inicial de demanda, el cual se hace consistir en: La notificación realizada por medio de boletín laboral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, del acuerdo de fecha diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, emitido indebidamente por la autoridad responsable, en el expediente laboral número J.4/260/2015. Por tanto, téngase por cumplido el requerimiento efectuado en proveído de diez de enero en curso. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que respecto al acto reclamado establecido con anterioridad, se actualiza la causa de improcedencia que deriva de lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;..." La citada hipótesis normativa dispone que previo a la promoción del juicio constitucional la parte que se considere agraviada con actuaciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deberá agotar los recursos o medios de defensa que la ley ordinaria le concede, con el propósito de que sean modificadas, revocadas o nulificadas. Como puede verse, la citada causal de improcedencia supone que antes de acudir a la vía constitucional extraordinaria, se agoten todas las posibilidades que la ley ordinaria concede a efecto de que la determinación o actuación judicial que genera afectación sea revocada, modificada o nulificada; salvo las excepciones expresamente delimitadas en la propia legislación. Por su parte, los artículos 752, 762, fracción I y 763 de la Ley Federal del Trabajo, disponen: "Artículo 752. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo." "Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. Nulidad; .". "Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Lo establecido en los párrafos anteriores no aplica en lo que se refiere al juicio individual ordinario previsto en el capítulo XVII del presente Título. Al promoverse un incidente, se señalarán los motivos de este y acompañarse las pruebas en que lo funde; de no cumplir con dichos requisitos, el tribunal lo desechará de plano. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes.". De los dispositivos legales transcritos, se aprecia que en contra de las diligencias practicadas en el juicio laboral, hechas fuera del marco que establece la propia Ley del Trabajo, es procedente el incidente de nulidad, que tiene como propósito nulificar la actuación que se estima de ilegal. En ese contexto, el aquí quejoso estuvo en aptitud de promover dicho incidente de nulidad contra la notificación que reclama, antes de acudir al juicio de amparo, ya que es el medio que expresamente establece la legislación ordinaria aplicable, mediante el cual puede ser nulificada esa actuación judicial; sobre todo, cuando el inconforme es parte formal en el juicio de origen, pues como se aprecia de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad manifestó, es actor en el juicio laboral J.4/260/2015 del índice de la responsable, por lo que, antes de acudir al juicio constitucional, debió agotar ese medio de defensa ordinario, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional; por tanto, como no se satisfizo ese presupuesto procesal, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia que se analiza. En apoyo a lo anterior, por analogía se cita la tesis jurisprudencia 26/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 430, Tomo XXI, Abril de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 178685, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." También es aplicable al caso, la jurisprudencia J/37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 902 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, registro 187016, de rubro y contenido siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías" En apoyo a lo anterior, por analogía se cita la tesis, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo, consultable en la página 339, Tomo XI, Mayo de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro: 216375 cuyo rubro y texto, son los siguientes: "INCIDENTE DE NULIDAD, PROCEDE CONTRA LA NOTIFICACION DEL LAUDO PREVIAMENTE AL AMPARO. Cuando los quejosos comparecieron al juicio laboral, ofreciendo pruebas y convalidando con ello cualquier violación que hubiese habido en el emplazamiento, la notificación personal del laudo que se haya realizado en forma defectuosa, debe impugnarse mediante el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 762 fracción I y 763 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que la responsable resuelva lo procedente, y no así directamente en amparo biinstancial." Cabe destacar que el acto reclamado en estudio, no encuadra en ninguna de las excepciones al principio de definitividad establecidas en la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso es parte en el juicio laboral de origen y no tercero extraño, como se destacó; además, no se trata de una ley o de un acto de privación de libertad que lo exima de la obligación de agotar los recursos ordinarios antes de acudir en solicitud de amparo, por lo que estaba obligado a cumplir con el principio de definitividad aludido; por tanto, debido a que el promovente no agotó el incidente de nulidad, debe considerarse que el principio de definitividad no quedó colmado, ya que, se insiste, se encontraba obligado a interponer el mecanismo de defensa que la ley confiere contra el acto que se reclama. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia que bajo el número 573 aparece publicada en la página 515 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, solo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional". Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en concordancia con la fracción IV, párrafo segundo, del numeral 107, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 del mismo cuerpo normativo, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Vicente Cortes Hernández, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca.
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COMPARECENCIA DE RATIFICACIÓN DE ESCRITO
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