Vicente Chavero Alonso
Expediente 595/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 595/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/05/2019
Partes del expediente
- Vicente Chavero Alonso
Actuaciones
- Principal
...Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja...ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ...archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción...no tiene relevancia documental...
- Principal
ECEPCIÓN Y DEMANDA: Téngase por recibida la demanda promovida por *** , por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en San Juan del Río, Querétaro y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos. DESECHAMIENTO. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte en la especie una causa manifiesta e indudable de improcedencia de la demanda, lo que impone a desechar la misma, como se explica enseguida. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: . Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis, es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". ACTO RECLAMADO En el caso que nos ocupa, la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en San Juan del Río, Querétaro, de dictar laudo dentro del expediente laboral *** . ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO De las manifestaciones vertidas por el quejoso en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, se advierte lo siguiente: Que el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la aquí quejosa, a través de su apoderado, presentó demanda en la vía laboral, por despido injustificado, de la que correspondió conocer a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con residencia en San Juan del Río, Querétaro,bajo el expediente *** . En veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se llevó a cabo el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Finalmente, en cuatro de marzo de dos mil diecinueve, se cerró instrucción en el juicio laboral de origen, turnando los autos del expediente para proyecto de laudo. En la especie, se advierte la actualización de manera notoria y manifiesta, de una hipótesis de improcedencia dado que la resolución reclamada tiene injerencia sobre una decisión jurisdiccional intraprocesal, cuyo alcance jurídico y material carece del carácter de irreparable en perjuicio de la hoy parte quejosa, por lo que se actualiza lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, el último aplicado en sentido contrario que disponen lo siguiente: . Las letras reproducidas revelan que la procedencia del amparo tratándose de actos sucedidos en el juicio, presupone como requisito que sus efectos sean de imposible reparación por afectar derechos sustantivos reconocidos por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación a la evolución histórica de la procedencia del amparo respecto de los actos sucedidos en el juicio bajo el esquema de la abrogada Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la regla general es que un acto es de imposible reparación y, en consecuencia, reclamable a través del amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando la violación afecta de manera inmediata o directa algún derecho sustantivo o fundamental, y que para discernir entre aquéllos que lo son de los que no, es un parámetro válido atender si sus efectos trascienden más allá del ámbito procesal y afectan derechos sustantivos, por lo que a pesar de que el gobernado obtuviera una sentencia favorable a sus intereses, no se vería reparado el perjuicio ocasionado por el acto reclamado, pues entonces la afectación no sería el resultado de la secuela procesal. Asimismo, consideró que existe la posibilidad de que sea procedente el juicio de amparo indirecto bajo el esquema de aquella ley, contra actos dentro del juicio que tuvieran aparejada una afectación en grado predominante respecto de cuestiones procesales. Bajo esta última premisa, se había venido estimando que el juicio de amparo indirecto es procedente contra resoluciones que aborden temas meramente procesales, pero que ahora está vedado con motivo del nuevo debate surgido en la actividad jurisdiccional por causa del texto de la porción normativa antes transcrita, que llevó a determinar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 que derivó de la contradicción de tesis 377/2013, sustentada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Así es, en dicha ejecutoria el Máximo Tribunal del país consideró que los actos, para ser considerados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De igual manera, determinó que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. A la luz de ello, concluyó que las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, son: I. La exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. II. Esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En esa tesitura, dispuso que el texto actual del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, quedando excluidos los de naturaleza formal o adjetiva. Así, cuando un particular, se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: omisión de proveer respecto del exhorto de que se trata y de llevar a cabo el emplazamiento encomendado. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; sin que, en el caso, de la demanda de amparo, se advierta que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo. Así, el hecho de que las autoridades laborales no cumplan con los plazos previstos en las normas aplicables, por sí solo no hace procedente el amparo, ni puede considerarse como ejecución irreparable, pues ello no se traduce en una abierta dilación, no obstante que de las disposiciones aplicables se advierte que la autoridad una vez concluido el desahogo de pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no existen pruebas por desahogar, declarará cerrada la instrucción y turnara el expediente al proyectista para que éste, dentro de los diez días siguientes formule por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. Conforme a lo anterior y apreciado el artículo 17 Constitucional, en función del procedimiento ordinario laboral, puede decirse que las Juntas de Conciliación y Arbitraje faltarán a la garantía de administración de justicia pronta cuando no tramiten ni resuelvan los juicios laborales en los plazos y términos precisados con antelación, como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 219/2006-SS en sesión de siete de marzo de dos mil siete. Sin embargo, no por la simple violación a los términos procesales establecidos en las leyes, se considerará de forma automática que se transgrede el artículo 17 constitucional, sino sólo cuando el retardo en el procedimiento sea ocasionado por la propia autoridad, y sin justificación alguna. En efecto, en relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución de los asuntos, particularmente en materia laboral, el más alto Tribunal del País, ha establecido que la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión, que se sucede de momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual, por tanto, se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias ya apuntadas, que se materializan de la misma manera. En vinculación con lo anterior, en cuanto a los términos y plazos establecidos en las leyes procesales, no puede admitirse como válida, la interpretación tendente a su inobservancia de manera reiterada y deliberada, pues ello implicaría la también inaceptable postura de hacer irrelevante la garantía de celeridad en la administración de justicia, prevista en el artículo 17 constitucional; tales conclusiones resultarían más absurdas a la luz de la exposición de motivos de las reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, y en las que se reafirmaron los principios que rigen el juicio ordinario laboral, como el de celeridad, economía, concentración y sencillez en el proceso, así como los términos en los que éste se substanciará. En este sentido, a fin de armonizar la inexorable observancia de los derechos fundamentales del gobernado, con relación a la justificación que aducen los órganos labores respecto a la excesiva carga de trabajo a la que están sometidos, es preciso acudir a la normatividad internacional, en la que se obtiene que el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , coincidente en lo sustancial con el artículo 6° del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales , establece como uno de los elementos del debido proceso, que los tribunales decidan los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recogiendo lo hecho por la Corte Europea, ha establecido cuatro elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso, que son: a) la complejidad del asunto ; b) la actividad procesal del interesado ; c) la conducta de las autoridades judiciales , y d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso . Además de los elementos anteriormente descritos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que llama el "análisis global del procedimiento", que consiste en analizar, en su conjunto, el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para de ahí determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. En cuanto al tópico debatido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido como elementos a considerar para determinar un plazo razonable, a saber: a) complejidad del asunto; b) conducta del demandante; y, c) comportamiento de las autoridades competentes . Por tanto, para precisar el plazo razonable en la resolución de determinado asunto, debe atenderse al caso particular y sopesar o ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para de ahí poder emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede llegar a constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales , contenidas tanto en los artículos referidos anteriormente, como en el propio artículo 17 constitucional. Conforme a esas ideas, el "plazo razonable", debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y correlativamente como uno de los deberes más intensos del Juez, no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa sino fundamentalmente cualitativa. De modo que, el método para determinar el cumplimiento o el incumplimiento por el Estado del deber de resolver el conflicto en su jurisdicción en tiempo razonable, se traduce en un test de sentido común, de sensata apreciación, en cada caso concreto, de ciertas y propias modalidades del asunto. De esta manera, a partir de la vigencia de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros ordenamientos internacionales, el estado mexicano cuenta con un catálogo afinado de derechos y garantías que vinculan normativamente y permite (o debiera permitir) salvar situaciones que diversas leyes plantean, partiendo de la dimensión objetiva que esos derechos ejercen sobre todo el orden jurídico, tomando en cuenta que el plazo previsto en las leyes pudiera no corresponder a la realidad, siendo factible acudir en tal supuesto a los ordenamientos internacionales a fin de establecer un plazo razonable conforme las particularidades del caso, más aún, un criterio de razonabilidad y justificación de eventuales demoras, aplicando directamente el contenido de los artículos 8° y 25 de la Convención aludida, los cuales integran a nuestro sistema un bloque de derechos y garantías que permiten configurar con seriedad un proceso justo o una tutela judicial racional. Pero aún más, mediante este fenómeno integrador, se incorporan nuevos contenidos a los derechos contemplados en el texto constitucional y legal. En la doctrina mexicana, se ha señalado lo relativo a la duración de los procesos la celeridad, la diligencia, la prontitud elementos estrechamente vinculados con el debido proceso mismo, el cual tiene que ver con la seguridad jurídica y toca el propio tema de la justicia. El concepto de plazo razonable es aplicable a la solución jurisdiccional de una controversia pero también aplicable a procedimientos análogos, lo que a su vez implica que haya razonabilidad en el trámite y la conclusión de las diversas etapas del procedimiento que llevarán al dictado de las sentencias definitivas o proveídos, como a la diligencia en la ejecución de los fallos judiciales, que son el eslabón final de la cadena que principia y se desarrolla en el proceso . Lo anterior, se relaciona con el tercer elemento destacado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para la determinación de un plazo razonable (comportamiento de autoridades competentes); respecto del cual, ese Tribunal ha sostenido que, en forma reiterada los Estados contratantes, aducen la sobrecarga de trabajo, a fin de justificar el exceso de la duración de las causas, reflexionando -dicho Tribunal- que, una de las atenuantes para tal cuestión, consiste en que las autoridades demuestren haber adoptado las medidas pertinentes a fin de aminorar los efectos de tales sobrecargas; sin embargo, refiere que cuando esa sobrecarga ha dejado de tener el carácter de excepcional y adquiere el carácter de estructural, entonces las dilaciones en el procedimiento carecen de justificación alguna. En ese orden de ideas, cabe precisar que la Ley Federal del Trabajo establece: ... ..dentro de los diez días siguientes se formulará por escrito el proyecto del laudo, del que se entregará una copia a cada uno de los miembros de la junta, para que dentro de los cinco días siguientes, si es el caso, soliciten la práctica de diligencias que estimen conducentes, posteriormente, el Presidente de la junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, la que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes, es decir, la junta responsable cuenta con el término legal de veinticinco días hábiles para el dictado del laudo correspondiente, una vez cerrada la instrucción. Así en el caso, según el dicho del propio quejoso, la responsable cerró instrucción el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, por lo que el término para que la junta laboral emitiera el laudo correspondiente, lo fue del cinco de marzo al nueve de abril del año en curso, sin contar los días inhábiles que mediaron en el mismo. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir el criterio jurisprudencial 2ª./J. 33/2019 (10a), con número de registro 2019400, estableció que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntivamente en dictados de laudos, el juicio de amparo procede cuando transcurran más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyo el plazo en que legalmente debió pronunciarse, tomando en cuenta que ese es el periodo máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil. En virtud de lo anterior, si en el caso, el nueve de abril de dos mil diecinueve, fue la fecha en que en la que concluyó el plazo en que legalmente, la junta debió pronunciar el laudo respectivo, al sumarle los cuarenta y cinco días naturales a que se refiere el criterio jurisprudencial antes citado, éstos concluyen el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Lo que permite concluir que no exista paralización del procedimiento, toda vez que ya se encuentra concluido en todas sus fases, ya que únicamente se encuentra pendiente dictar el laudo correspondiente; asimismo, la parte quejosa en sus antecedentes señala, bajo protesta de decir verdad, que el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, la Junta responsable cerró instrucción en el juicio laboral de origen, ni existe una abierta dilación, pues aun y cuando la responsable no ha actuado conforme a los plazos que prevé la legislación aplicable, de conformidad con el criterio antes citado, el tiempo que ha transcurrido no se considera como una abierta dilación. Apoya lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia 2ª./J 33/2019 (10ª.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro 2019400, que indica: . Así como la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1086 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, Décima Época, del rubro y texto siguiente: .. Por tanto, con fundamento en los artículos fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último mencionado interpretado a contrario sensu, y con base en lo que establece el ordinal 113 de dicha legislación, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. CAPTURA DE PROVEÍDO.captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. .fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado...
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