Vicente César Varela Rojas
Expediente 1703/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1703/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2016
Partes del expediente
- Vicente César Varela Rojas
Actuaciones
- Principal
III. Toluca, Estado de México; veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis. Por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, a través del cual informa que acepto la competencia planteada por este juzgado mediante auto de diez de noviembre del año en curso, para asumir el conocimiento de éste asunto, mismo que registró con el número de amparo 1725/2016. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido), pues se resolvió mediante un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes en el punto segundo de las disposiciones generales, inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III. APERTURA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Toluca, Estado de México, a las once horas con treinta minutos del diez de noviembre de dos mil dieciséis, hora y día señalados en autos para la audiencia constitucional, relativa al juicio de amparo indirecto 1199/2016-III, promovido por Fernando Zaragoza Avilés por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México y otras autoridades, en audiencia pública Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo vigente procedió a celebrarla, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia por el Juez, el Secretario da lectura a las constancias que obran en autos, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas, en atención a las consideraciones contenidas en la tesis de la Octava Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, visible en la página 185, cuyo rubro es: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de las constancias para los efectos legales conducentes. PERIODO PROBATORIO. Enseguida, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se abre el período probatorio y el Secretario hace constar: que la parte quejosa ofreció los siguientes medios de prueba: 1. La instrumental de actuaciones; 2. La presuncional en su doble aspecto, legal y humana; 3. La documental pública, consistente en las copias simples del expediente J1/268/2015. Asimismo, la presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México remitió las constancias consistentes en el juicio laboral J1/268/2015. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidos, admitidos y desahogados los medios de convicción relatados, sin necesidad de diligencia previa dada su propia y especial naturaleza, debiendo tomarse en consideración al momento de resolver el presente asunto, según el valor probatorio que merezcan. Sin más que actuar, se cierra el período probatorio en que se actúa. PERIODO DE ALEGATOS. Se da apertura al periodo de alegatos, y el Secretario hace constar: Que las partes ni la representación social de la adscripción los formularon. Sin más por actuar se cierra el periodo en que se actúa. CIERRE DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No habiendo escrito pendiente de acordar, se da por concluida esta audiencia y el Juez procede a dictar la resolución siguiente: SENTENCIA VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1199/2016-III; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. Fernando Zaragoza Avilés por propio derecho, mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se mencionan: "III. NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: Tienen tal carácter: a) Junta Especial Número 01 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca. b) C. Presidente Titular de la Junta antes referida. c). La C. Actuario adscrita a la H. Junta indicada. (.) IV. ACTOS RECLAMADOS De la Junta Especial señalada como responsable reclamo la falta de emplazamiento en el juicio seguido por las terceras interesadas DIANA CRUZ SILVA Y SALLY SABRINA VÁZQUEZ LEÓN, en contra del suscrito que se tramitó con el número de expediente J1/268/2015; el haber seguido el procedimiento a mis espaldas; el no haber suspendido las audiencias de CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES así como la de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS por falta de legal emplazamiento al suscrito, como consecuencia, también se combate el laudo dictado dentro del expediente así como la posible ejecución. Del Presidente de la Junta Especial señalada como responsable, la ejecución que pretenda hacer del laudo indicado. De la actuario de dicha Junta Especial tanto el ilegal emplazamiento como la ejecución del laudo en cuestión". SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS VULNERADOS. La parte quejosa señaló como derechos humanos vulnerados, los establecidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO. Recibida que fue la demanda de amparo ante este órgano de control constitucional, por auto de once de agosto de dos mil dieciséis, se radicó el expediente bajo el número 1199/2016-III y se previno a la parte quejosa a fin de que aclarara diversas cuestiones en relación a su libelo de garantías. Acontecido lo anterior, por auto de uno de septiembre siguiente, se admitió a trámite; se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación; se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, párrafo primero y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; al reclamarse una determinación, atribuida a un tribunal del trabajo cuya residencia se encuentra dentro del territorio donde este órgano de control constitucional tiene competencia. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ante todo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar que los actos reclamados se hacen consistir en: El emplazamiento al juicio laboral J1/268/2015, promovido por Diana Cruz Silva y Sally Sabrina Vázquez León contra Royal Lim S.A de C.V. y/o Ecobusiness Center S.A. de C.V. y/o Fernando Zaragoza Avilés y/o Oscar Aguilar Beltrán y/o Salvador García Alonso. El laudo emitido el cuatro de abril de dos mil dieciséis, por la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, en el mencionado juicio laboral J1/268/2015. TERCERO. ANTECEDENTES De la revisión efectuada a las constancias de autos, del expediente J1/268/2015 destacan los siguientes: 1. El treinta de abril de dos mil quince Diana Cruz Silva y Sally Sabrina Vázquez León por conducto de su apoderado legal demandaron en la vía laboral a Royal Lim S.A de C.V. y/o Ecobusiness Center S.A. de C.V. y/o Fernando Zaragoza Avilés y/o Oscar Aguilar Beltrán y/o Salvador García Alonso diversas prestaciones laborales. 2. Mediante proveído de treinta de abril siguiente, se registró bajo el expediente J1/268/2015 ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México y la admitió a trámite, en la que señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, asimismo ordenó el emplazamiento de la parte demandada. 3. El actuario adscrito realizó el emplazamiento respectivo, en términos de lo asentado en las diligencias de veintiocho y veintinueve de mayo de dos mil quince, las cuales se transcriben a continuación: La razón del citatorio previo literalmente establece: "EXPEDIENTE J1/268/2015 ACTOR: Diana Cruz Silva DEMANDADO: ROYAL LIM S.A DE C.V. Y/O ECOBUSINESS CENTER S.A. DE C.V. Y/O FERNANDO ZARAGOZA AVILES Y/O OSCAR AGUILAR BELTRÁN Y/O SALVADOR GARCÍA ALONSO Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE Y/O PROPIETARIO DE LA FUENTE DE TRABAJO. En Toluca, Estado de México, siendo las trece horas con cinco minutos del día veintiocho de mayo de dos mil quince, Nancy Delgado González, actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, a efecto de dar cumplimiento al acuerdo de fecha treinta de abril de dos mil quince, me constituyo en el domicilio de la demandada ubicado en: calle Sor Juana Inés de la Cruz, número seiscientos catorce, colonia Cuauhtémoc, Toluca, Estado de México, entre la calle Juan Álvarez y Arteaga, y cerciorada de ser el domicilio correcto por así indicarlo los siguientes elementos: ser el municipio, colonia y boulevard visible en placas oficiales del lugar, el número visible en el exterior del inmueble y por manifestación expresa del compareciente que sale del interior del domicilio en el cual se actúa y por informes de los vecinos del lugar y afirmación expresa de la persona con la que atiendo la diligencia de que es el domicilio correcto y de que en el mismo es el domicilio de la demandada y labora el demandado, así como por afirmación de los vecinos del lugar y compareciendo ante la suscrita quien dijo llamarse Rosario de la cual se da su media filiación sexo femenino, complexión media, tez blanca, cabello obscuro, estatura media de aproximadamente treinta y ocho años de edad, quien se ostenta en la fuente de trabajo con el carácter de empleada, y a continuación le requiero la presencia del representante legal de: Royal Lim S.A de C.V. y/o Ecobusiness Center S.A. de C.V. y/o Fernando Zaragoza Avilés y/o Oscar Aguilar Beltrán y/o Salvador García Alonso y/o Quien Resulte Responsable y/o Propietario De La Fuente De Trabajo, la persona que comparece ante mí, manifiesta que el (los) requerido (s) no se encuentra (n), por lo que en atención a lo dispuesto por la fracción III del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, procedo a dejar con el (la) compareciente, citatorio a efecto de que la (s) personas requerida (s) se sirvan esperar al suscrito en este mismo domicilio a las trece horas con quine minutos, trece horas con veinte minutos, trece horas con cinco minutos veintinueve de mayo de dos mil quince, haciendo los siguientes apercibimientos, de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo antes invocado que establece '.si no obstante el citatorio, no está el interesado o su representante legal, la notificación se hará a cualquier persona que se encuentre en la casa o local y si estuvieran cerrados, se fijara una copia de la resolución en la puerta de la entrada', dando por terminada la presente diligencia a las trece horas con treinta minutos. Doy fe". Por su parte, los citatorios previos a la letra dicen: "CITATORIO PREVIO EXPEDIENTE J1/268/2015 ACTOR: DIANA CRIZ SILVA DEMANDADO: Fernando Zaragoza Avilés. EL C. FERNANDO ZARAGOZA AVILES Con domicilio: calle Sor Juana Inés de la Cruz, número seiscientos catorce colonia Cuauhtémoc, Toluca, Estado de México entre la calle Juan Álvarez y Arteaga en el expediente arriba citado, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, con fecha TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, dictó un acuerdo en el que se ordena notificar a usted (s) en forma personal, por lo anterior, sírvase esperarme en este mismo domicilio el próximo día VEINTINUEVE del mes de MAYO DEL DOS MIL QUINCE, precisamente a las trece horas con quince minutos, pues de no hacerlo se entenderá la diligencia de notificación, con quien se encuentre presente en ese momento y de no haber quién me atienda dejaré en la puerta de entrada del domicilio en el que se actúa, la notificación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por las fracciones III y IV del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo. Lo notificó en términos del presente citatorio que dejo hoy VEINTIOCHO del mes de MAYO DE DOS MIL QUINCE, siendo las TRECE horas con QUINCE minutos, y en poder de quien dio bajo protesta de decir verdad, manifiesta llamarse: ROSARIO y ser EMPLEADA en el domicilio en el cual se actúa, quien recibe el original del presente y se anexa copia a los autos para todos los efectos legales a que haya lugar. Doy fe". Asimismo, obran la constancia que dice: "EXPEDIENTE J1/268/2015 ACTOR: DIANA CRUZ SILVA DEMANDADO: ROYAL LIM S.A DE C.V. Y/O ECOBUSINESS CENTER S.A. DE C.V. Y/O FERNANDO ZARAGOZA AVILES Y/O OSCAR AGUILAR BELTRÁN Y/O SALVADOR GARCÍA ALONSO Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE Y/O PROPIETARIO DE LA FUENTE DE TRABAJO. En Toluca, Estado de México, siendo las trece horas con cinco minutos del veintinueve de mayo de dos mil quince, Nancy Delgado González, actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, con domicilio en Rafael M. Hidalgo número trescientos uno esquina Ignacio López Rayón, colonia Cuauhtémoc, Toluca, Estado de México, a efecto de cumplimentar el acuerdo de fecha treinta de abril de dos mil quince, me constituyo en el domicilio de la demandada ubicado en: calle Sor Juana Inés de la Cruz, número seiscientos catorce colonia Cuauhtémoc, Toluca, Estado de México entre la calle Juan Álvarez y Arteaga de la parte demandada citada al rubro, y cerciorada de ser el domicilio correcto, así como de que en el (habita, trabaja o tiene su domicilio) las personas demandadas por ya haberlo identificado debidamente, como consta en mi razón que antecede y a la cual me remito en lo conducente, comparece ante el suscrito quien dijo llamarse Rosario y ser empleada en el domicilio en que se actúa a quien le requiero la presencia del representante legal de: Royal Lim S.A de C.V. y/o Ecobusiness Center S.A. de C.V. y/o Fernando Zaragoza Avilés y/o Oscar Aguilar Beltrán y/o Salvador García Alonso Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE Y/O PROPIETARIO DE LA FUENTE DE TRABAJO persona que me atiende en estos momentos no se encuentra (n) presente (s) la (s) persona (s) requerida (s) no obstante del día hábil anterior, por lo que de conformidad por lo dispuesto por la fracción IV del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, procedo a notificar y emplazar a las personas anteriormente requeridas y mencionadas en líneas arriba señaladas, por conducto de la persona compareciente y que me atiende, corriéndole traslado con copias simples de la demanda, acuerdo de radicación del treinta de abril de dos mil quince, debidamente selladas y cotejadas, para cada demandado aquí mencionado, acuerdo que le notifico en este momento, así como también la cédula de ley original quien la oye, recibe y no firma al margen del acuerdo original que se cumplimenta para constancia legal. Doy fe". Finalmente, se advierten las cédulas de notificación que textualmente dicen: "CÉDULA DE NOTIFICACIÓN EXPEDIENTE 1/268/2015 ACTOR: DIANA CRUZ SILVA DEMANDADO: FERNANDO ZARAGOZA AVILES Diligencia practicada en Toluca, Estado de México, a las trece horas con quince minutos del día VEINTINUEVE del mes de MAYO del dos mil QUINCE y que consiste en notificar y EMPLAZAR A JUICIO A FERNANDO ZARAGOZA AVILES cuyo domicilio es el ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número seiscientos catorce colonia Cuauhtémoc, Toluca, Estado de México entre la calle Juan Álvarez y Arteaga dejando en poder de quien bajo protesta de decir verdad dijo llamarse ROSARIO los siguientes documentos: LA DEMANDA Y ACUERDO DE RADICACIÓN DE FECHA TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE, debidamente selladas y cotejadas, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 751 de la Ley Federal del Trabajo. Doy fe". 5. El catorce de julio de dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en donde se le tuvo por inconformes con todo arreglo conciliatorio, por lo que se señaló fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas la cual tuvo verificativo el ocho de octubre siguiente, en donde se asentó que se le tuvo por perdido su derecho a ofrecer pruebas a la demandada. 6. Seguidos los trámites de ley, el cuatro de abril de dos mil dieciséis, la Junta responsable emitió el laudo correspondiente, condenando a la parte demanda, en la forma y términos que precisó, el cual se notificó a la parte demandada el cinco de julio de dos mil dieciséis. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO El Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y la Presidenta y Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia del acto reclamado. Lo cual se corrobora con las constancias que remitió al rendir dicho informe, consistentes en expediente J1/268/2015, documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2 de la Ley de Amparo. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al respecto, toda vez que las partes no los hicieron valer, ni este juzgador advierte de oficio alguna causa de improcedencia, se procede al estudio del asunto. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y FIJACIÓN DE LA LITIS. La parte quejosa esencialmente hizo valer los siguientes conceptos de violación: a) El actuario adscrito a la Junta responsable, infringió el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, pues como se advierte de las diligencias de veintiocho y veintinueve de mayo de dos mil quince, éste asentó que se trataba del domicilio correcto, pero no se cercioró debidamente si se trataba del lugar en el que habita, trabaja o tiene su domicilio la persona buscada, además sin allegarse de medios de convicción que le permitieran asegurarse que se trataba del domicilio de las personas buscadas. b) La Junta responsable no observó las formalidades establecidas en la Ley Federal del Trabajo, en lo tocante a las reglas de emplazamiento con lo que vulneró las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica contemplados en los preceptos 14 y 16 constitucionales Conforme a lo anterior, se precisa que la litis se constriñe a determinar, si el emplazamiento realizado por el actuario adscrito a la Junta responsable, se apegó a los requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. SÉPTIMO. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS AL EMPLAZAMIENTO REALIZADO EN EL JUICIO LABORAL J1/268/2015. Precisado lo anterior, se procederá a examinar la constitucionalidad del acto reclamado cuya existencia se encuentra acreditada en autos. Resultan esencialmente fundados los conceptos de violación y, por ende, suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, por los motivos y consideraciones que se expondrán. El emplazamiento es la primera notificación que se hace en el juicio a la parte demandada y reviste gran importancia porque permite el cumplimiento de la garantía de audiencia, establecida en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la garantía de audiencia, consagrada en el precepto antes transcrito, obliga a las autoridades, antes de la emisión de un acto privativo, a seguir un juicio en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, dentro de las que se encuentra la notificación del inicio del procedimiento, y que de no cumplirse con ellas se infringiría la referida garantía de audiencia, cuya finalidad es evitar que el particular quede en estado de indefensión. Así lo ha sostenido el Pleno en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Por su parte, los artículos 742, fracción I y 743 de la Ley Federal del Trabajo, en la parte que interesa, establecen lo siguiente: "Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones siguientes: I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo;." "Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquélla; III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; (.) En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye." Los preceptos transcritos disponen que se notificará personalmente el emplazamiento a juicio; el actuario que realice la primera notificación personal en un juicio laboral, dentro de las cuales destaca el emplazamiento, debe cerciorarse de que la persona que busca, habita, trabaja o tiene su domicilio en donde se constituye, que debe ser la casa o local señalado en autos para realizar la notificación. En esas condiciones, la ausencia de emplazamiento o el emplazamiento que no cumple con los requisitos legales establecidos para llevarlo a cabo, resultan violatorios de la garantía de audiencia y, por consiguiente, es comprensible que el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo señale detalladamente las reglas básicas de la primera notificación personal, cuya finalidad se encuentra en asegurar que tal notificación se haga a la persona directamente interesada o a su representante legal, para que con pleno conocimiento del asunto, tenga la oportunidad de comparecer a juicio y ser oído en su defensa. En tal sentido, el precepto en cuestión, en su fracción I, establece que el actuario debe cerciorarse que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en el local señalado para hacer la notificación. Cabe hacer la acotación de que la notificación personal que, en materia laboral, se hace a una persona distinta del interesado, no es necesario que el actuario se cerciore de circunstancias tales como pueden ser, entre otras, el nombre de la persona que lo atendió, sus características personales, el puesto que desempeña, el carácter con que se ostentó, la razón de que esté en el domicilio, la relación que guarda con el interesado, pero que también consigna que el actuario antes de realizar la diligencia con una persona distinta del interesado, ya tuvo que cerciorarse de que esa persona habita, trabaja o tiene su domicilio en ese lugar, tal como lo sostiene el siguiente criterio jurisprudencial. Contradicción de tesis 9/94. registro: 207698, de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 79, Julio de 1994, jurisprudencia: 4a./J. 26/94, página: 29, que a la letra dice: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA LABORAL. CUANDO SE PRACTICAN CON PERSONA DISTINTA DEL INTERESADO POR NO ESTAR PRESENTE ESTE NI SU REPRESENTANTE A PESAR DEL CITATORIO QUE SE DEJO, EL ACTUARIO DEBE ASENTAR LOS ELEMENTOS QUE LO LLEVARON A LA CONVICCIÓN DE QUE AQUELLA VIVE, TRABAJA O ES DEL DOMICILIO, SIN ESTAR OBLIGADO A CERCIORARSE DE TALES EXTREMOS. Para que la notificación personal se haga en la forma que establece la fracción IV del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, es necesario que previamente se hayan satisfecho los requisitos que establecen las fracciones I y III de ese precepto, es decir, que con anterioridad el actuario ya se haya constituido en la casa o local señalado; que ya se haya cerciorado de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en esa localidad y que, no habiéndolo encontrado, le dejó citatorio con la persona del domicilio que lo atendió; a partir de ahí, siguiendo la regla procesal, si pese al citatorio no están presentes el interesado o su representante, el actuario hará la notificación por conducto de la persona que se encuentre en la casa o local y sea del domicilio, haciendo constar en el acta las circunstancias relativas como pueden ser, entre otras, el nombre de la persona que lo atendió, sus características personales, el puesto que desempeña, el carácter con que se ostentó, la razón de que esté en el domicilio, la relación que guarda con el interesado, pero sin que sobre tales datos se tenga que cerciorar, porque la obligación de asegurar la veracidad de la información que recibe no se establece en ninguna disposición en esta fase de la diligencia, independientemente de que ello retardaría y dificultaría las actuaciones de modo innecesario, puesto que el actuario ya hizo todo lo posible porque la notificación llegara al interesado que, inclusive, desacató el citatorio." El término cerciorar significa asegurar a alguien la verdad de una cosa y, de ahí, cerciorarse se entiende como asegurarse de la verdad de algo. De manera que si la Ley Federal del Trabajo establece, en su artículo 743, fracción I, que el actuario que realice la primera notificación personal en un juicio laboral En esas condiciones, por ser la primera notificación a juicio un acto de suma importancia que permite el cumplimiento de la garantía de audiencia, contenida en el artículo 14 constitucional, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que si, al realizar el emplazamiento en un juicio laboral, alguien informa al actuario que "por el momento no se encuentra" la persona que busca, no se cumple con lo dispuesto en el artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a dicho funcionario a cerciorarse de que la persona por notificar habita, trabaja o tiene su domicilio en el lugar señalado para eso. Lo anterior se sustenta con la jurisprudencia 2ª./J.9/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro electrónico 194555, Tomo IX, Febrero de 1999, página 121, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra establece: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO LABORAL. NO BASTA QUE ALGUIEN INFORME QUE "POR EL MOMENTO NO SE ENCUENTRA LA PERSONA QUE BUSCA" PARA CONSIDERAR QUE EL ACTUARIO SE CERCIORÓ QUE EN ESE LUGAR HABITA, TRABAJA O TIENE SU DOMICILIO EL DEMANDADO. El emplazamiento a juicio laboral es un acto procesal que reviste gran importancia, por permitir el cumplimiento de la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional y, por eso, el artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establece que al realizarlo el actuario debe cerciorarse que en el lugar señalado en autos habita, trabaja o tiene su domicilio la persona que busca; por lo que cuando alguien le informa que "por el momento no se encuentra" la persona que busca, ese funcionario debe recabar otros datos objetivos que le permitan asegurarse de que verdaderamente ahí habita, trabaja o tiene su domicilio el destinatario de la notificación, puesto que aquella afirmación no conduce inequívocamente al estado de certeza que exige el precepto legal en cuestión, sino que puede llevar a cometer errores que no permitirían o impedirían al particular conocer el inicio del procedimiento. Así en el caso particular, tal como lo refiere el quejoso, se estima que la diligencia de emplazamiento no cumple con el cercioramiento, pues si bien es cierto, la fedataria asentó los datos del domicilio, tales como "calle Sor Juana Inés de la Cruz, número seiscientos catorce colonia Cuauhtémoc, Toluca, Estado de México entre la calle Juan Álvarez y Arteaga", sin embargo, no se cercioró que la persona buscada Fernando Zaragoza Avilés verdaderamente tuviera su domicilio en ese lugar. Ello habida cuenta que el mismo domicilio se tuvo como el de diversas personas; sin que se especificara con dato objetivo que el quejoso tuviera su domicilio en el lugar donde se practicó la diligencia en cuestión. En efecto, en el citatorio de mérito, llevado a cabo el veintiocho de mayo de dos mil quince, la fedataria asentó que se cercioró de la siguiente forma: "y cerciorada de ser el domicilio correcto por así indicarlo los siguientes elementos: ser el municipio, colonia y boulevard visible en placas oficiales del lugar, el número visible en el exterior del inmueble y por manifestación expresa del compareciente que sale del interior del domicilio en el cual se actúa y por informes de los vecinos del lugar y afirmación expresa de la persona con la que atiendo la diligencia de que es el domicilio correcto y de que en el mismo es el domicilio de la demandada y labora el demandado, así como por afirmación de los vecinos del lugar y compareciendo ante la suscrita quien dijo llamarse Rosario de la cual se da su media filiación sexo femenino, complexión media, tez blanca, cabello obscuro, estatura media de aproximadamente treinta y ocho años de edad, quien se ostenta en la fuente de trabajo con el carácter de empleada, y a continuación le requiero la presencia del representante legal de: Royal Lim S.A de C.V. y/o Ecobusiness Center S.A. de C.V. y/o Fernando Zaragoza Avilés y/o Oscar Aguilar Beltrán y/o Salvador García Alonso y/o Quien Resulte Responsable y/o Propietario De La Fuente De Trabajo". Como se aprecia, el fedatario asentó que eran varios los demandados, esto es: Royal Lim S.A de C.V. y/o Ecobusiness Center S.A. de C.V. y/o Fernando Zaragoza Avilés y/o Oscar Aguilar Beltrán y/o Salvador García Alonso, y luego refirió de modo general que la persona con quien entendió la diligencia le dijo que era el domicilio correcto, pero sin hacer precisión de a qué persona se refería, esto es, el domicilio de cuál de los buscados. Además el fedatario únicamente expresó que entendió la diligencia con Rosario, no agregó la identificación con la cual constató tal circunstancia dicho funcionario, ni tampoco de cuál empresa era empleada, pues sólo se limitó a exponer que era la empleada en el domicilio de la demandada, empero si de lo antes expuesto se observa que fueron varios los buscados, era imprescindible que la fedataria diera cuenta de cuál persona buscada era la que tenía su domicilio en el lugar según el dicho de la persona con la que entendió la diligencia y los demás elementos que tomó en consideración. Es decir, la persona que atendió la diligencia, no precisó con cuál de los demandados laboraba o trabajaba, sin que la actuaria recabara más información, siendo que estaba obligada a agotar todos los medios para poder tener cercioramiento y dar certeza jurídica en su actuar. Lo que genera, duda e incertidumbre que el fedatario haya cumplido con el mandato judicial, de cercioramiento que le impone la norma, tal como lo refirió la Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 75/98., sustentada por los Tribunales Colegiados Sexto y Séptimo en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 15 de enero de 1999, que en la ejecutoria se asentó lo siguiente: "La expresión "por el momento no se encuentra" la persona que se busca, no implica inequívocamente que tal persona ahí habita, trabaja o tiene su domicilio, sino que puede llevar a cometer errores. Por citar un ejemplo, piénsese que se busca a una persona en el domicilio de un familiar, donde evidentemente lo conocen, y que en ese lugar alguien informa "que por el momento no se encuentra", situación en la cual sería incorrecto concluir que el actuario sí se cercioró de que ahí habita, trabaja o tiene su domicilio el interesado, pues sin actualizarse alguno de esos supuestos obtuvo como respuesta que "no se encuentra por el momento". Igual situación puede presentarse si, tratándose de personas morales que explotan establecimientos mercantiles, se busca a su representante en una de las sucursales, donde pueden conocerlo y manifestar que "no se encuentra por el momento", pero donde no necesariamente tiene su domicilio legal la persona moral que se intenta notificar. Además, debe tomarse en consideración que, de tenerse por cierto que en el lugar donde informan al actuario que "por el momento no se encuentra", necesariamente habita, trabaja o tiene domicilio la persona que busca, se facilitaría la comisión de actos que maliciosamente tienden a burlar la realización del emplazamiento para evitar que la persona interesada tenga conocimiento del procedimiento al cual se le cita; por ejemplo, cuando el propio actor señala un domicilio falso para realizar el emplazamiento de su contraparte o se encuentra coludido con otra persona para que reciba la notificación. En conclusión, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que el emplazamiento en el juicio laboral es un acto procesal que reviste gran importancia, por permitir el cumplimiento de la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, y que, por consiguiente, cuando alguien informa al actuario "que por el momento no se encuentra" la persona que busca, ese funcionario debe recabar otros datos objetivos que le permitan asegurarse de que verdaderamente ahí habita, trabaja o tiene su domicilio el destinatario de la notificación, para así cumplir con lo dispuesto en el artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo; por lo que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia la tesis siguiente: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO LABORAL. NO BASTA QUE ALGUIEN INFORME QUE "POR EL MOMENTO NO SE ENCUENTRA LA PERSONA QUE BUSCA" PARA CONSIDERAR QUE EL ACTUARIO SE CERCIORÓ QUE EN ESE LUGAR HABITA, TRABAJA O TIENE SU DOMICILIO EL DEMANDADO.-El emplazamiento a juicio laboral es un acto procesal que reviste gran importancia, por permitir el cumplimiento de la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional y, por eso, el artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establece que al realizarlo el actuario debe cerciorarse que en el lugar señalado en autos habita, trabaja o tiene su domicilio la persona que busca; por lo que, cuando alguien le informa que "por el momento no se encuentra" la persona que busca, ese funcionario debe recabar otros datos objetivos que le permitan asegurarse de que verdaderamente ahí habita, trabaja o tiene su domicilio el destinatario de la notificación, puesto que aquella afirmación no conduce inequívocamente al estado de certeza que exige el precepto legal en cuestión, sino que puede llevar a cometer errores que no permitirían o impedirían al particular conocer el inicio del procedimiento." Por ello, los datos antes narrados influyen en el ánimo de este juzgador para restar eficacia a la diligencia de citatorio y emplazamiento que nos ocupa, ya que se no se colma el requisito de cercioramiento de que en el lugar donde se practicó la diligencia, el destinatario de la notificación, verdaderamente tuviera su domicilio el quejoso. En consecuencia, resulta que el emplazamiento dirigido al quejoso, por parte de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, practicado el veintiocho de mayo de dos mil quince, resulta ilegal, por lo que procede otorgar el amparo y protección de la Justicia de Federal, para que la responsable: Deje insubsistente lo actuado en el juicio laboral J1/268/2016, a partir del emplazamiento al quejoso de veintiocho de mayo de dos mil quince, incluyendo el laudo, así como todos los actos tendientes a ejecutar el mismo, pero exclusivamente en cuanto al quejoso se refiere; y en su caso, ordene efectuar el emplazamiento a la parte demandada hoy quejoso, amparo que resulta extensivo a los actos de las ejecutoras. Debe precisarse que el amparo aquí otorgado sólo beneficia al quejoso, sin que queden insubsistentes los actos que afecten a otros demandados, ya que no se demostró la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 102/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 161570, Tomo XXXIV, Julio de 2011, Página: 659, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es de tenor siguiente: "LITISCONSORCIO PASIVO EN MATERIA DE TRABAJO. SU CONFIGURACIÓN Y CONSECUENCIAS. El litisconsorcio pasivo necesario u obligatorio existe cuando las cuestiones jurídicas ventiladas en un juicio afectan a dos o más personas, de manera que no pueda pronunciarse sentencia válida y eficaz sin oírlas a todas, entendiendo por esto último que la resolución debe ser igual para todos los demandados, es decir, no se está en el supuesto de que alguno o algunos de ellos puedan ser absueltos y otros condenados, sino que el fallo debe contener igual resultado para todos, porque al conformar una unidad, debe ser idéntico para todos como si fueran uno solo, a diferencia del litisconsorcio pasivo voluntario o de la pluralidad de demandados, en el que la sentencia puede ser diferente para cada uno sin que por ello pierda su validez. En efecto, cuando se trata del litisconsorcio pasivo necesario, los demandados están unidos de tal manera que hacen las veces de un solo sujeto procesal, es decir, se convierten en una unidad por la relación inescindible existente entre ellos; en cambio, cuando simplemente hay pluralidad de demandados cada uno puede correr una suerte distinta en el resultado del juicio, de modo que bien puede condenarse sólo a uno hasta el final, porque resulte el único patrón del trabajador actor y responsable de la relación de trabajo; y sean absueltos los demás, si la relación entre éstos y el trabajador no era de trabajo. Asimismo, cuando se está en esta última situación, la actora puede modificar sus pretensiones respecto de los demandados en forma independiente, al grado de poder desistir de la demanda por alguno o algunos de ellos sin afectar la relación procesal con los restantes, por quienes el juicio puede proseguir hasta su conclusión y emisión de la sentencia o laudo correspondiente. Cabe señalar que en virtud de que el concepto de violación antes analizado resultó fundado y, por ende, suficiente para conceder la protección constitucional solicitada, deviene innecesario abocarse al estudio de los demás argumentos de inconformidad vertidos por la quejosa, ni procede declarar la incompetencia respecto del laudo reclamado al tenor de la tesis aislada P. XXVI/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, página 122, con número de registro: 199464, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguiente: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL, Y ACTOS POSTERIORES. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACION. En la jurisprudencia publicada con el rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACION." (último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página ciento sesenta y ocho), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en esos supuestos compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo; y, porque además, en esa vía el quejoso cuenta con la posibilidad de aportar las pruebas necesarias, para demostrar la ausencia o ilegalidad del emplazamiento. Asimismo, ha precisado que, de prosperar la acción, se invalidarían todas las actuaciones posteriores. Ahora bien, cuando se estima que el emplazamiento es legal, o sea, en la hipótesis contraria a la señalada, y se reclaman los actos posteriores al emplazamiento, como pueden ser la sentencia o laudo dictados en el procedimiento respectivo, esto último no faculta al Juez de Distrito para declararse legalmente incompetente para conocer de los actos posteriores al emplazamiento, estimando que deben ser impugnados en el juicio de amparo directo. Ciertamente, cuando se declara ilegal o inexistente el emplazamiento, el amparo que se concede a la quejosa lógicamente no puede limitarse a esa diligencia, sino que se extiende a todas sus consecuencias, comprendiendo incluso actos, como pueden ser la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, así como los de ejecución, observándose en este punto que la actuación del Juez no se limita a la concesión del amparo por cuanto al emplazamiento, ni se declara incompetente para conocer de los restantes actos, sino que su resolución abarca o comprende a todos los reclamados. Por la misma razón, cuando el emplazamiento se estima legal, ello no conlleva declarar la incompetencia del Juez de Distrito para conocer de los actos posteriores, pese a que ellos, dentro de la regla general establecida por el artículo 158 de la Ley de Amparo, sean impugnables en la vía directa, pues si se procediera de esa manera se daría lugar a una violación al principio de indivisibilidad de la demanda y a la posibilidad de la existencia de sentencias contradictorias. La competencia del Juez de Distrito para conocer de los restantes actos reclamados una vez establecida la legalidad del emplazamiento, deriva de la misma regla específica a que se refieren los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, esto es, de la circunstancia de que la acción del quejoso se sustentó en el hecho de que su situación se equipara a la de un tercero extraño a juicio. Así, aunque se reclame también una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, el Juez debe seguir conociendo del asunto y resolver como proceda en relación con estos actos, dado que la cuestión relativa al emplazamiento se encuentra estrechamente vinculada con ellos al constituir su presupuesto. Desde luego, en el procedimiento ante el Juez de Distrito, las pruebas que el quejoso puede ofrecer y rendir en esa hipótesis, únicamente son las referidas a la legalidad del emplazamiento y no las relativas a los restantes actos, pues la aplicación de la regla específica se funda en la posibilidad de permitir al quejoso demostrar la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, exclusivamente. Esta delimitación es necesaria porque, de otra manera, se podrían afectar las defensas de la autoridad responsable y las del tercero perjudicado. Evidentemente, si la premisa de que parte la acción del quejoso, o sea de la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, no se justifica, queda sujeto a las consecuencias que puedan derivarse de dicha consideración, dentro de las que pueden encontrarse la improcedencia del juicio por lo que respecta a los actos posteriores al emplazamiento". Por lo expuesto, fundado y, además, con apoyo en los artículos 76, 77 y 78, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Fernando Zaragoza Avilés por propio derecho, contra el acto y autoridades que quedaron precisados en los considerandos segundo y cuarto, para los efectos asentados en el último considerando de la presente determinación. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza y da fe. Karen Userralde
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