Vicente Castañeda Vargas

Expediente 265/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
265/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
18/05/2021

Partes del expediente

  • Vicente Castañeda Vargas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 265/2021, promovido por ***, contra los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos a juicio del quejoso, señala como autoridad responsable a la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca y como acto reclamado la falta de contestación al escrito de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, donde presuntamente le solicitó que le sea expedida una línea de captura para su concesión de mototaxi. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ***, promovió juicio de amparo mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec y enviado al día siguiente a este Juzgado de Distrito, al que correspondió por razón de turno. Señaló como responsable a la autoridad referida con anterioridad. El quejoso denunció la violación del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 265/2021. Una vez agotados los trámites correspondientes, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque la autoridad señalada como responsable en este juicio de amparo indirecto tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable al rendir su informe justificado, negó categóricamente la existencia del acto reclamado. No. Denominación de la autoridad Sentido del informe 1 Director Jurídico de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca Niega Lo anterior, toda vez que de conformidad con el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción (texto que plasma el principio general del Derecho enunciado como "El que afirma está obligado a probar"), y en el caso concreto, la parte quejosa no acreditó ni aun indiciariamente haber presentado la solicitud escrita cuya omisión de respuesta atribuye a la autoridad responsable y, por tanto, al negar esta última su existencia, la carga de la prueba recayó en el disidente. Apoya lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Siendo así, lo procedente es sobreseer en el juicio debido a que la parte quejosa no ofreció ni exhibió prueba alguna con la que se desvirtúe la negativa de las autoridades responsables. DECISIÓN En consecuencia, como no existe prueba en contrario, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que procede en este asunto es decretar el sobreseimiento, por inexistencia del acto reclamado a la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, contra el acto reclamado a la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de abril de dos mil veintiuno. En atención al estado procesal de los autos y a la certificación de cuenta, se advierte que en proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a las partes con el informe justificado del Director Jurídico de la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca; sin embargo, de una revisión a dicho asunto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que el aludido proveído se encuentra pendiente de notificar. Atento lo anterior, como dicha circunstancia constituye una omisión atendible, previa celebración de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento y se ordena notificar por lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio señalado en la cuenta y téngase al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, formulando sus alegatos en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente de conformidad con el precepto 2° de la ley de la materia, expídase, en su oportunidad, copia certificada de la resolución que se dicte en este juicio. NOTIFÍQUESE.

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