Vicente Busto Alavarez

Expediente 993/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
993/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
11/11/2019

Partes del expediente

  • Vicente Busto Alavarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    agréguese el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad.En atención a su contenido, se tiene a la oficiante remitiendo copia certificada de la ejecutoria de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, pronunciada por el referido órgano colegiado en el recurso de queja 189/2019, formado con motivo de la interposición del citado medio de impugnación interpuesto en contra del auto de treinta y uno de julio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. Consecuentemente, acúsese el recibo de estilo correspondiente y téngase a la autoridad oficiante comunicando que el Pleno del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja.". Por tanto, se ordena archivar el presente asunto como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Vista la razón actuarial que elaboró la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado de Distrito, en la que hizo constar la imposibilidad de notificar de manera personal a la parte quejosa por los motivos expuestos. En consecuencia, con apoyo en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquesele el proveído de mérito y el presente acuerdo, por medio de lista que se fije en un lugar visible de este Juzgado.

  3. Principal

    agréguese el escrito signado por ***, por su propio derecho y en su calidad de descendiente de quien en vida respondiera al nombre de ***, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de treinta y uno de julio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y demás numerales aplicables y relativos de la Ley de Amparo; este órgano jurisdiccional tiene por interpuesto dicho recurso, agregándose una copia del escrito de agravios al presente expediente.Asimismo, una vez hecha la notificación de este proveído, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito en turno, con residencia oficial en esta ciudad, comunicándole que es cierto el acto recurrido en queja.Por tanto, envíese al órgano colegiado correspondiente el original y copia del escrito de expresión de agravios, copia certificada de las constancias que se estiman necesarias para el mejor conocimiento del asunto, así como el referido informe de ley.

  4. Principal

    agréguese el escrito signado por ***, por su propio derecho y en su calidad de descendiente de quien en vida respondiera al nombre de ***, mediante el cual en atención al requerimiento formulado por este Juzgado de Distrito, exhibe copia certificada de un acta de nacimiento, señala no haber recurrido ante la potestad local el acuerdo que constituye lo reclamado y, además, exhibe las copias solicitadas.Al respecto, se tiene por satisfecha la prevención efectuada por este Juzgado de Distrito el veinticinco de julio de dos mil diecinueve y, por ende, es procedente proveer sobre el escrito inicial de demanda, en los términos que se exponen:Vista la demanda de amparo que dio origen a este juicio de amparo, promovida por ***, por su propio derecho y en su calidad de descendiente de quien en vida respondiera al nombre de ***, contra el acto reclamado al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Cuautla, Morelos.Sin proveer sobre su admisión, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en virtud que de su contenido, en relación con el escrito aclaratorio de cuenta, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia bajo el cual debe declararse improcedente el juicio constitucional que se intenta.Máxime que, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento y ningún efecto práctico tendría admitir la demanda a trámite y alcanzarse dicha conclusión al dictarse la resolución correspondiente. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece en su primera parte, que el juicio de amparo resulta improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.Dicha porción normativa contempla uno de los principios rectores en la procedencia del juicio constitucional, denominado como de definitividad, el cual se traduce en que previo a la promoción del juicio de amparo la parte agraviada debe agotar el recurso o medio de impugnación contemplado en la legislación secundaria a fin de que sea, en primera instancia, la potestad local quien remedie o resarza las posibles violaciones cometidas en perjuicio de quien pretende acudir a esta instancia extraordinario.Por tanto, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida.Por lo que, de no haberse hecho valer el recurso ordinario correspondiente es inconcuso que el juicio de amparo es improcedente en términos de la porción normativa invocada, como así acontece en el caso que nos ocupa.Lo anterior es así, pues al tratarse el acto de molestia de un acuerdo dictado dentro de un procedimiento sucesorio que se encuentra en la primera etapa, es claro que lo reclamado es susceptible de reclamarse mediante el recurso de revocación contemplado en el artículo 566, del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos.Luego, si en el escrito aclaratorio de la demanda, el promovente del amparo manifiesta bajo protesta de decir verdad que no agotó ningún recurso en contra del acuerdo que reclama de fecha primero de julio del año en curso, pronunciado por el juez responsable dentro del expediente ***, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de ***, mediante el cual se desechó por improcedente el incidente de oposición que dice el inconforme hacer propuesto después de habérsele emplazado como posible sucesor, en contra del acuerdo que decretó medidas de conservación del bien inmueble objeto de dicha providencia, es evidente que el presente juicio de amparo es improcedente, pues los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener lo solicitado, se puede abrir el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo.No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b), c) y d) de la porción normativa antes invocada, en el sentido de que no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas, pues, como se ha visto, lo que se reclama en la demanda de amparo se refiere al auto de uno de julio de dos mil diecinueve, en el que la autoridad responsable desechó el incidente de oposición, de modo que el acto de molestia no encuadra en las excepciones mencionadas, las cuales son de aplicación estricta.A lo anterior, se suma el hecho de que en el caso, tampoco cobra vigencia la diversa excepción al principio de definitividad contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la legislación en consulta, en cuanto establece que el quejoso quedará en libertad de interponer el recurso procedente o acudir al juicio de amparo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla.Esto último, porque el texto del artículo 566 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos; es claro al establecer expresamente la procedencia del recurso de revocación, respecto de los autos y proveídos dictados por el juez o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso; por lo que no se requiere realizar una argumentación de forma adicional para determinar racional y objetivamente la procedencia de dicho medio de impugnación, así como tampoco resulta deficiente el fundamento legal para determinar que previo a la tramitación de este juicio de amparo, la parte inconforme debe agotar el aludido medio ordinario de defensa; de ahí que, sea indudable la actualización de la causal de improcedencia citada, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la Materia.En tales condiciones, al actualizarse de manera clara e indubitable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de que se trata, en términos de los arábigos 112 y 113 de la Ley de la Materia.

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